Javier Marzal - 9 diciembre 2021

María Jesús Montero

Ministra de Hacienda

 

Alberto Royuela Fernández, y su colaborador el periodista Juan Martínez Grasa, son los mayores denunciantes de fraudes tributarios de este siglo.

En los años 2001, 2002 y 2004, denunciaron ante la AEAT a 126 altos funcionarios y a sus familiares por no declarar 5.246 millones de euros, obtenidos mediante el rentable negocio de la corrupción (8%del PIB, UE 2018) que, como sabe, supera los beneficios de todas las grandes empresas y multinacionales juntas.

A pesar de esta decadente situación, Jesús Gascón Catalán, Director General de la AEAT, declaró en febrero de 2020 que está “cómodo” con esta situación y que el sistema de denuncias tributarias “está funcionando muy adecuadamente” para justificar que la AEAT no tenga incentivos para los denunciantes tributarios.

Gascón tiene razón si se pretende ayudar a los defraudadores, pero no funciona si se pretende disminuir la corrupción o tener un sistema justo, donde la mayoría no pague más impuestos de lo que deberían, para pagar lo que miles de altos funcionarios defraudan todos los años.

La Agencia Tributaria recaudó 140 millones de euros en 2018, procedentes de denuncias tributarias públicas, con un aumento del 0,7% respecto a 2017. Estas cantidades son insignificantes comparadas con las obtenidas por las referidas denuncias de Royuela y Martínez, en 2001, 2002 y 2004, por lo que se puede decir que fueron los denunciantes de mayores cantidades defraudadas en esos años y, en conjunto, son los mayores denunciantes del este siglo, al menos, de funcionarios públicos.

Además, en el último trimestre de este año, han denunciado varios cientos de millones de euros defraudados de nuevo por altos funcionarios públicos, algunos ya jubilados, aunque continúan defraudando.

Por ello, le solicitamos respuesta a estas tres solicitudes:

Atentamente,

Javier Marzal

Presidente de la asociación ANVIPED

 

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