El Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda en Cataluña recogía una relevante modificación del artículo 3 de la Ley del derecho a la vivienda de esa Comunidad Autónoma, que quedó redactado de manera que afirmaba que es vivienda vacía “la vivienda que permanece desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de más de dos años”, siendo “causas justificadas el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de población y el hecho de que la propiedad o la posesión de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución”, añadiéndose que “La ocupación sin título legítimo no impide que se pueda considerar vacía una vivienda, salvo en el caso de que la persona propietaria acredite haber iniciado las acciones judiciales oportunas para la recuperación efectiva de la posesión antes de cumplirse el plazo para considerar la vivienda vacía”. Posteriormente, el Decreto-ley 1/2020, 21 enero, por el que se modifica el Decreto-ley 17/2019, cambió la redacción del citado precepto para que el incido final del mismo señale que “La ocupación sin título legítimo no impide que se pueda considerar vacía una vivienda”, suprimiéndose por tanto la excepción para el “caso de que la persona propietaria acredite haber iniciado las acciones judiciales oportunas para la recuperación efectiva de la posesión antes de cumplirse el plazo para considerar la vivienda vacía”.

Hay que tener presente que la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, establece que las personas titulares de viviendas vacías o de viviendas ocupadas sin título habilitante objeto de inscripción deben comunicar a la Agencia de la Vivienda de Cataluña el número y la relación de viviendas de que sean titulares en esa Comunidad Autónoma, donde deben hacer constar los datos relativos a la situación de las viviendas desocupadas u ocupadas sin título habilitante, la titularidad, la ubicación, la superficie, si disponen de cédula de habitabilidad y otros datos que permitan determinar las condiciones de conservación y mantenimiento del inmueble, en los términos y en la forma que se determinen por reglamento, de manera que el propietario de una vivienda usurpada por okupas y considerada vacía, además de sufrir esa situación ilícita, tendrá que soportar la posibilidad de que su bien inmueble quede disponible para cederse a esos okupas por un alquiler social contra la voluntad del titular dominical, aunque sea una persona física que ha adquirido la vivienda con su propio trabajo y que debería tener la posibilidad de elegir a su arrendatario conforme al artículo 33 de la Constitución, pues parece difícil defender que la función social del derecho de propiedad pueda servir para justificar arrendamientos forzosos en favor de okupas.

Las actividades de los okupas constituyen un grave problema que perjudica gravemente a la seguridad de los ciudadanos y a la economía, pues ayuda a fomentar la delincuencia y desincentiva la adecuada convivencia y la necesaria iniciativa económica. Sin embargo, todo ello parece importar poco a la Generalitat de Cataluña, que lleva años buscando dinamitar las relaciones sociales a costa de los derechos de los ciudadanos.