En un interesante artículo publicado en Vozpópuli, Francisco Núñez afirma que “incluyendo las unidades públicas denominadas de mercado (que según Bruselas deben ingresar por sus servicios al menos el 50% de su gasto) y los entes con control mayoritario así como en gran medida el minoritario de las distintas Administraciones, a mediados de 2019 (último dato disponible) había 19.675 organismos públicos en España colgados del Estado, Autonomías, Ayuntamientos y Diputaciones”, dato que implica “que en España existe un organismo por cada 2.380 habitantes”, hecho que se debe a “la existencia de al menos 451 entidades por parte del Estado; 1.921 en las autonomías; y 17.285 en los ayuntamientos, incluyendo las administraciones generales”. Todo ello se debe a factores de naturaleza política que inciden en una aplicación absolutamente inadecuada de la normativa administrativa, cuya eficacia no se ajusta a su finalidad última, como se puede observar atendiendo a dos fenómenos.

En primer lugar, habría que hablar del abuso de la Administración Pública instrumental o institucional. Santiago Muñoz Machado, en Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público general, habla de la Administración Pública instrumental o institucional afirmando que “el fenómeno de la descentralización funcional comenzó en los primeros años del siglo XX y se concretó en la atribución a entidades dotadas de personalidad jurídica de la responsabilidad de atender servicios o ejercer competencias que con anterioridad asumía directamente la organización estatal centralizada” y Tomas de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo señala, en sus apuntes del curso Organización y Actividad de las Administraciones Públicas, que “lo primero que debe notarse es que la denominación de Administración instrumental no es propiamente una denominación legal que agrupe a todos las entidades dotadas de personalidad jurídica pública, sino que es un término que, más bien, emplea la doctrina para subrayar cómo todo ese conjunto de entidades dotadas de personalidad jurídica no es sino un conjunto de instrumentos al servicio de las distintas Administraciones de las que dependen”, constituyendo “una manipulación de la personalidad jurídica para obtener determinados efectos (menor control presupuestario, cajas separadas, más flexibilidad en el manejo del personal, mayor facilidad en algunos casos para someterse al Derecho privado, etc.)”. Antonio Fortes Martín coincide en las ideas de los dos otros autores al decir en sus apuntes del curso Principios de Derecho Administrativo que “son todas aquellas organizaciones dotadas de personalidad jurídica propia creadas por las Administraciones territoriales y por tanto en una situación de vinculación o dependencia con ellas (relación de instrumentalidad) para el desarrollo de cometidos o funciones de una manera descentralizada”, basándose en la idea de que “la descentralización funcional o lo que es lo mismo, crear una nueva entidad con desdoblamiento o separación de los centros de toma de decisiones y de responsabilidad de gestión”, añadiendo este autor que “la realidad de las Administraciones instrumentales conforma un conjunto organizativo que empieza a consolidarse a partir del siglo XIX con la intervención del Estado en los sectores sociales y, sobre todo económicos”.

En segundo lugar, habría que hablar de la huida del Derecho Administrativo. Sobre este fenómeno, indica Juan José González López, en su artículo titulado “La "huida del derecho administrativo" como factor criminógeno”, que “la expresión «huida del Derecho administrativo» se ha empleado para conceptualizar la creciente aplicación a las entidades públicas de normas de Derecho privado (civil, mercantil, laboral) en detrimento de las de Derecho administrativo que constituyen el Derecho estatutario propio de las Administraciones Públicas” y que “este fenómeno se ha relacionado fundamentalmente con la aparición y multiplicación de una serie de entes públicos sometidos en gran o principal medida al Derecho privado, pero no es exclusivo de estos, pues también se manifiesta en el ámbito de las Administraciones Públicas territoriales”. La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2012 establece que “la huida del Derecho Administrativo general, bien hacia un régimen administrativo singular (primera fase de la huida), bien hacia el Derecho Privado (segunda fase de la huida)”, debiendo destacarse que “Sobre estos entes instrumentales ha venido prevaleciendo la llamada "teoría del ordenamiento singular", según la cual las relaciones entre el Derecho administrativo ordinario y el Derecho propio de los entes instrumentales no se rigen por los principios propios de la distinción Derecho Común/Derecho Especial sino por los de la otra distinción Derecho General/Derecho Singular, y con la importante consecuencia de que el Derecho Administrativo "General" no tendría el valor de Derecho supletorio” para los entes institucionales, de modo que “Hay una ruptura de los esquemas conceptuales tradicionalmente aceptados para distinguir lo público de lo privado, y hay también, finalmente, un abandono de los criterios clásicos determinantes de la teoría General del Derecho de la personalidad jurídica diferenciada”. Por último, destaca la resolución que “Han sido razones de eficacia administrativa las que tradicionalmente se han invocado para justificar la creación de estas personificaciones diferenciadas que son los entes instrumentales”, que constituyen “puras técnicas organizativas dirigidas a conseguir en lo funcional y en lo financiero un marco de flexibilidad de actuación no ofrecido por el Derecho administrativo ordinario”.

Con la excusa de beneficiar a los ciudadanos prestando más servicios públicos y de forma más eficiente, se ha logrado alcanzar una estructura organizativa y un enorme gasto de dinero público dirigido en muchos casos a amigos y compañeros de juegos de poder con el que solo se ha logrado reducir la calidad de la actividad administrativa y el beneficio que la misma debería reportar a los ciudadanos. Todo ello se debe a la pretensión de satisfacer unos intereses cuya compensación se necesita para conseguir el mantenimiento de apoyos políticos suficientes para poder liderar un partido político y cualquier gobierno en los diferentes niveles territoriales de España.