Lo normal en el uso de cualquier lengua es que su configuración filológica e implantación sean fruto de la evolución natural de la misma. Son sus hablantes quienes van conformando a lo largo del tiempo su forma, es su utilidad comunicativa la que determina su expansión y es su creación literaria, artística y científica la que reafirma su importancia cultural. Este proceso, fruto de los avatares de la historia, en España está siendo políticamente alterado, de arriba a abajo, a través de una planificación lingüística que bajo la fórmula de “normalización” lo que pretende es impugnar la evolución natural de las lenguas de nuestra patria. En definitiva, se trata de una obra de ingeniería social que consiste en negar la legitimidad del proceso socio-cultural que llevó al castellano a convertirse en el idioma común de todos los españoles, porque las lenguas regionales habrían sido relegadas, perseguidas o prohibidas.

Cuando se proclama en los estatutos de autonomía de Cataluña, Reino de Valencia, Baleares, Galicia y País Vasco, que sus respectivas lenguas regionales son su lengua “propia”, se está proclamando que el español es allí una lengua extraña o foránea. Cuando nuestros altos Tribunales, especialmente el Constitucional, han dado por buenas las normas de inmersión lingüística y el concepto de “normalización”, se está transmitiendo la idea de que hay que corregir una situación negativa, porque la denominada normalización supone adoptar una serie de medidas “compensatorias” que lleven a la “recuperación” generalizada de los niveles de conocimiento y uso de las lenguas regionales.

Evidentemente no hace falta ser muy listo para comprender que no sólo se pretende rehacer la realidad lingüística de España, sino corregir la historia misma. Lo que verdaderamente se persigue es la ruptura de la continuidad histórica de España como Nación. El proyecto de Pedro Sanchez de hacer oficiales el catalán, gallego y vascuence en toda España, es paralelo a su nación de mininaciones. Viene a negar la existencia de una lengua nacional común, el español, para consagrar legalmente la existencia de varias lenguas nacionales, entre las cuales, el castellano, sería una más.

No se trata de defender el castellano. La evolución hizo que fuese la lengua franca que se convirtió en el español, pero habría sido indiferente que tal papel lo hubiera desempeñado el gallego, el catalán o, por improbable que resulte, el vasco. Lo importante es defender España y oponerse a quienes a través de la disculpa de las lenguas autóctonas niegan la existencia del español y la nación española.

El hecho de que en España existan una serie de lenguas regionales que en su evolución no alcanzaron la difusión del castellano, convertido en el idioma español por mor de ser la lengua común de todos los españoles y la lengua mayoritaria en toda España, no debería suscitar controversia alguna. Si la cuestión se contemplase desde un punto de vista cultural, lingüístico y de pleno respeto a los derechos de los hablantes, en estos tiempos de globalización, el discurso coherente de quienes nos oponemos a la destrucción de las comunidades naturales, ningún inconveniente debe ver en reivindicar las señas de identidad culturales de la Nación y su lengua común y las de sus regiones, incluida la diversidad lingüística.

Pero es que en España las lenguas han sido contempladas, reguladas e interpretadas como concepto ideológico excluyente y separador, a través de unos criterios que se apartan de los fines lingüísticos y culturales, para perseguir unos fines políticos, que encima tampoco respetan los derechos de todos los hablantes. El objetivo último es eliminar el español de Cataluña, Baleares, Valencia, Galicia y Vascongadas para ser sustituido por las respectivas lenguas regionales como parte indispensable de un proceso de deconstrucción nacional que persigue destruir España.

Nos encontramos con una sistemática política de imposición lingüística, donde los hablantes están al servicio de la mesiánica misión de salvar las lenguas regionales y conseguir que ocupen el lugar que se merecen. Y ese lugar no es otro que el de lengua nacional.

Urge por tanto abolir el separatismo lingüístico que impregna nuestro ordenamiento jurídico y garantizar la libertad lingüística de todos los españoles como única fórmula para salvaguardar que el español siga siendo nuestra lengua común, a la vez que impedimos que nuestras lenguas regionales se conviertan en instrumento de los enemigos de España.