La Dirección General de los Registros y del Notariado, creado en 1861 y regulado en normas como el Decreto 1530/1968, de 12 de junio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico del Ministerio de Justicia, siempre ha sido, desde su implantación, el órgano administrativo encargado, con carácter general, de estudiar, proponer y aplicar la política del Departamento en relación con las cuestiones inherentes a la fe pública notarial y a la materia registral que recaiga directamente sobre el Derecho privado, en los términos establecidos en la legislación vigente. Ahora el Gobierno ha decidido alterar el nombre de una institución fundamental para el tráfico de derechos de crédito y de la titularidad del dominio y de otros derechos sobre bienes, que comenzará a llamarse Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. 

Ignacio Gomá Lanzón, en su artículo titulado “Auge y caída de la Dirección General de los Registros y del Notariado”, ya describió lo que llegó a ser la Dirección General de los Registros y del Notariado en la década de 1980, indicando que “las resoluciones de la Dirección General eran como la palabra de un dios jurídico que morase en el Olimpo: sus decisiones eran inapelables procesalmente, pero también intelectualmente, por la altura de sus disquisiciones jurídicas y lo acertado de sus soluciones, que no eran simplemente la resolución de un conflicto entre el notario y el registrador sobre si un documento era o no inscribible, sino que verdaderamente creaban Derecho con soluciones novedosas o daban carta de naturaleza a interesantes creaciones jurídicas que resultaban de la fructífera discusión y contraste de pareceres entre dos profesionales muy preparados en Derecho privado como eran, y son, los notarios y registradores: pensemos en la propiedad horizontal, urbanizaciones privadas antes y después de las respectivas leyes, comunidades funcionales, y mil cuestiones mercantiles, entre ellas las mismas sociedades de responsabilidad limitada”. El problema, según ese mismo autor, es que después se suprimió el cuerpo de letrados de la institución, que, al no estar adscritos a los notarios o a los registradores, dictaban las resoluciones con una absoluta imparcialidad que ahora es difícil de apreciar, y, además, se estableció la revisión judicial de sus resoluciones que, siendo necesario, ocasionó inseguridad jurídica al permitir que diferentes juzgados pudieran dictaminar en sentidos diversos sobre materias concretas. Ahora, con el cambio de denominación, es posible hablar de otro paso más hacia la degradación de la institución atendiendo al primer paso adoptado por el nuevo Gobierno en torno a ella.

Puede pensarse en dos finalidades posibles para el cambio de denominación de la Dirección General de los Registros y del Notariado. La primera tiene una clara vinculación con las ganas de enviar un mensaje de control y de innovación, de manera que los ciudadanos puedan tener una percepción de cambios en la entidad que en realidad no se pueden producir por una simple alteración en el nombre de una institución tan antigua como la Dirección General de los Registros y del Notariado, que siempre se ha encargado de garantizar la fe pública y la seguridad jurídica aunque su denominación no incluyera esos términos. La segunda se encuentra especialmente relacionada con un visible deseo de diluir a los registradores y a los notarios, que formas dos cuerpos funcionariales por los que no parecen sentir mucho afecto los dirigentes de Unidas Podemos, que deben haber asociado a esos operadores jurídicos con entidades privadas que, como los bancos y las grandes corporaciones mercantiles, necesitan aprovechar los servicios notariales y registrales con frecuencia para lograr el adecuado desarrollo de sus actividades en el tráfico jurídico.

Con independencia de los motivos concurrentes, se puede decir que la implantación de un nuevo nombre para la Dirección General de los Registros y del Notariado es una gran tontería que para nada sirve y que nada ayuda a los ciudadanos, a los que cada vez se intenta distraer de manera más flagrante con nombres rimbombantes para instituciones y entidades en las que, para su idóneo reconocimiento, debe prevalecer el contenido de sus actividades antes que las palabras usadas para calificarlas.