En plena crisis de la Restauración, don Antonio Maura, líder de la derecha dinástica, afirmó que “la libertad se ha hecho conservadora”, ante una izquierda, como la representada por Pablo Iglesias Posse, para quien el sistema democrático se había convertido en sinónimo de “dominación excluyente y avasalladora”. De nuevo, la historia de repite.

Y es que estamos recogiendo la cosecha de cuarenta años de incuria y abandono en lo que respecta a la batalla cultural. A lo largo de este longevo período, el conjunto de las izquierdas han logrado configurar una especie de oligarquía cultural y mediática que, mediante múltiples rituales de exclusión simbólica, construyó un sistema basado en la distinción neta entre interlocutores legítimos e ilegítimos, excluidos del debate social y cultural.

De ahí que el sociólogo Víctor Pérez Díaz criticara la clara hegemonía, en el campo intelectual español, de los denominados “líderes exhortativos”, es decir intelectuales ligados a partidos políticos, y cuya función era, y es, estrangular la emergencia de ideas críticas mediante el recurso al silencio sistemático, en detrimento de los “líderes deliberativos”, independientes. De esta forma, los medios de comunicación hegemónicos han utilizado el tipo de lenguaje que el historiador John Pocock ha denominado “political bad faith”, cuyo fundamento último es la relación amigo/enemigo, definiendo al discrepante, al “otro” de forma que no admita réplica y con ello se le lleva a la destrucción. En ese sentido, la izquierda ha instaurado una especie de “neolengua”, cuyo motivo conductor no ha sido otro que inculcar en el conjunto de la población pensamientos “políticamente correctos”, tópicos o jerga estereotipada. 

La “neolengua”, cuyos contenidos son difundidos machaconamente, insiste en palabras tales como “país”, “Estado español”, “constitucionalismo”, “izquierda”, “autonomía”, “descentralización”, “democracia”, “libertad”, “tolerancia” o “feminismo”, cuyo contrapunto negativo es “conservador”, “derechista”, “derechización”, “fascista”, “franquista”, “nazi”, “ultraderechista”, “intolerante”, “patriarcalista”, “homófobo”, “nacionalista español”, “españolista”, etc, etc, etc. En el campo específicamente historiográfico, se ha promovido, sobre todo por parte de los herederos y seguidores del historiador marxista Manuel Tuñón de Lara, una interpretación del pasado y, por lo tanto, del presente y, sobre todo, del futuro, para legitimar la práctica política cotidiana de las izquierdas. Resumiendo su mensaje, podríamos denominarlo “vulgata antifranquista”, porque se trata de una mitificación de la II República y la execración sistemática, absoluta del régimen de Franco, presentado como el compendio de lo grotesco y de lo repugnante, algo que produce indignación y que, al mismo tiempo, supera los límites del absurdo. En ese contexto, no resulta extraño que algunos historiadores de izquierda demandaran la instauración nada menos que de una “memoria de Estado”. Y en eso estamos.

Porque ahora, la izquierda en el poder, una amalgama socialista-comunista, ha llegado mucho más lejos, llevando hasta sus últimas consecuencias prácticas el discurso demonológico y discriminador. Su gran recurso han sido y seguirán siendo las leyes de memoria histórica, mediante las cuales no sólo se ha erradicado cualquier vestigio de la cultura material del régimen nacido de la guerra civil, sino que, ante la pasividad del conjunto de la derecha y lo que es más grave de la jerarquía eclesiástica, lograron exhumar los restos mortales del general Franco de su tumba en el Valle de los Caídos. Y de una forma tan ignominiosa como teatral y oportunista. A medio y largo plazo, ese acontecimiento tendrá sus consecuencias sociales y políticas, aunque ciertos estamentos no hayan sido conscientes de ello. Por eso, ahora el gobierno presidido por Pedro Sánchez nos amenaza con una nueva ley de memoria histórica, en la que se propugna, entre otras cosas más o menos extravagantes, la creación de un “Consejo de la Memoria”, órgano colegiado consultivo y con participación de las asociaciones memorialistas, y que estaría presidido por el ministro competente, quizá el de Justicia. En un gesto de humor negro, el que esto escribe se pregunta qué historiadores se prestarían a formar parte de esta institución que parece salida de las peores pesadillas de las novelas de George Orwell. Estoy seguro que orates como Ángel Viñas –el Fray Gerundio de la historiografía española-, el esquizofrénico y edípico Alberto Reig Tapia o el hirsuto Francisco Espinosa, entre otros, disfrutarían como enanos –lo que son- censurando y quemando libros o depurando de las universidades a los “revisionistas” que no comparten sus prejuicios. No menos inquietante resulta el anuncio de la tipificación como delito en el código penal de la apología del franquismo. Por ello, todas las miradas se centraron en la Fundación Nacional Francisco Franco, que ya había sido objeto de múltiples amenazas por parte del gobierno presidido por Pedro Sánchez. En una entrevista, Paul Preston, desde Gran Bretaña, abogaba por su ilegalización, mientras hacía propaganda del proceso separatista catalán.

Bajo estas opiniones y leyes subyace una especie de fundamentalismo democrático, que presenta al régimen demoliberal como un producto de derecho natural. Claro que, bajo la denominación democrática, no pocos de estos fundamentalistas intentan colocar de matute no poca mercancía averiada, incluso, como en el caso de Pablo Iglesias Turrión y su troupe, nada menos que la dictadura del proletariado. En cualquier caso, sería necesario, para las nuevas generaciones de historiadores y para el conjunto de la población, introducir en su aprendizaje un mínimo de perspectiva historicista. Como decía el oscuro Heráclito, “todo fluye, nadie se baña dos veces en el mismo río”. Todo es histórico; porque está dotado de una existencia relativa al tiempo y al espacio; a circunstancias y contextos que son ellas mismas temporales, en la sucesión ininterrumpida y perpetuamente cambiante de tiempos y de circunstancias. En ese sentido, el historiador italiano Emilio Gentile, en un libro reciente, La mentira del pueblo soberano en democracia, recordaba la obviedad de que el régimen demoliberal ha tenido un comienzo y, como todo lo histórico, tendrá un final. La democracia liberal no configura el final de la historia; ni ella ni cualquier otro sistema político. Y es que el sistema demoliberal no es universal ni exportable sin más a todas las latitudes de distinta contextura social, económica y cultural; lo estamos viendo en China, Rusia o África; y exige, por tanto, una serie de requisitos que no se daban en la España de los años treinta. No en vano el historiador y politólogo italiano Guigelmo Ferrero calificó, en su obra El poder, a la II República como un régimen político “prelegítimo”, porque ninguna de las fuerzas políticas en liza lo consideró como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para llegar, en el caso de las izquierdas, a la revolución. Por ello, resulta indefendible considerar defensores no ya de la II República, sino de la democracia liberal, a socialistas revolucionarios, comunistas, anarquistas, republicanos jacobinos y demás ralea. De ahí que, como señaló el pensador liberal Raymond Aron, el régimen del general Franco fuese producto de una “necesidad trágica”, en un contexto de subdesarrollo económico, polarización política, crisis de la democracia liberal y ascenso del comunismo y del fascismo. ¿Puede haber un régimen político no democrático “decente”?. Así lo cree un liberal de izquierdas como el filósofo John Rawls, en su libro El derecho de gentes. El régimen de Franco fue un régimen jerárquico, no-liberal, decente. Nunca fue un régimen totalitario, sino autoritario, que progresivamente admitió la libertad religiosa e intelectual, el libre mercado, el derecho a la vida y la igualdad ante la ley. Además, garantizó un evidente progreso económico y social desde los años sesenta. El historiador Juan Pablo Fusi ha documentado, en ese sentido, que durante la etapa central del régimen de Franco se consiguieron importantes “espacios de libertad”, que se tradujeron en una etapa de gran creatividad cultural. Como señaló Raymond Aron: “En la España franquista, los estudiantes y los intelectuales no fingían ser franquistas a la manera de los intelectuales y estudiantes de la Europa del Este debían manifestar su adhesión al marxismo-leninismo. Los estudiantes de Madrid no disimulaban, en modo alguno, sus opiniones más o menos marxistas, las obras de Marx y sus discípulos se vendían en todas las librerías”. Opinión corroborada por Julián Marías: “La carencia de libertad política, por lamentable que fuera, no había sofocado una amplia libertad social y, sobre todo, personal”.

Por todo ello, resulta inadmisible el contenido de las nuevas leyes de memoria histórica, ya que suponen una seria restricción de la libertad de opinión, de investigación y de interpretación. Un régimen demoliberal no puede instaurar una “memoria de Estado” y mucho menos ilegalizar fundaciones como la Francisco Franco, por motivos ideológicos. Como señaló uno de mis maestros, el historiador italiano Renzo de Felice, en Rojo y negro: “La democracia no es una varita mágica y mucho menos un comodín para la justicia. Es un método imperfecto, pero también el único perfectible. Al contrario del totalitarismo, que no tolera antitotalitarios, la democracia debe tolerar antidemocráticos. También debe garantizar la libertad de pensamiento a sus enemigos, y medirse con ellos en el terreno de lo racional”. Lo malo es que en España los auténticos totalitarios se encuentran, hoy, en el gobierno. Léase Unidad Podemos.

En definitiva, un régimen demoliberal decente no puede ni debe legitimarse mediante el antifranquismo, ni mediante cualquier otro tipo de legitimidad más o menos espúrea. Antes al contrario, debe garantizar la libertad de prensa y de opinión e investigación en condiciones de igualdad jurídica; y, sobre todo, posibilitar y fomentar el debate científico. Se trata, en fin, de poner de relieve que la historia es una disciplina académica abierta a crítica y revisión. Hay que destacar que en España apenas ha habido “revisionismo” en el sentido académico del término, es decir, el defendido, no por aficionados cuando no plagiarios, sino por profesionales de la historia como el ya citado Renzo de Felice, François Furet, George L. Mosse, Ernst Nolte o Stanley G. Payne. Sin embargo, lo fundamental es la defensa del pluralismo no ya ideológico, sino asociativo. Y, por ello, la defensa de la existencia de la Fundación Nacional Francisco Franco. Y es que se empieza ilegalizando fundaciones y se acaba aboliendo ideas, derechos y propiedades. La libertad debe ser considerada indivisible, si somos liberales y demócratas y nos encontramos bajo la égida de un auténtico Estado de Derecho. Tal es el reto de nuestra situación.