Una interesante sentencia del Tribunal Supremo ha resuelto un peculiar caso en el que era necesario estudiar con precisión la validez de una denuncia anónima para comunicar la noticia de un crimen cometido en una empresa. Concretamente, la resolución señala que “En el caso ahora analizado una denuncia interna, al modo del canal de denuncias aquí expuesto, provoca la apertura de la investigación que desemboca en el descubrimiento de las operaciones que estaban realizando los recurrentes durante el periodo de tiempo indicado en los hechos probados, y que causó el perjuicio económico que se ha considerado probado”.

Ello es lógico en la medida en que el artículo 31 bis del Código Penal impone establecer un mecanismo de denuncias para facilitar la esclarecimiento de hechos delictivos en una persona jurídica, resultando “necesaria la correlación entre el programa de cumplimiento normativo en la empresa para evitar y prevenir los delitos cometidos por directivos y empleados ‘ad intra’, como aquí ocurrió con los tres empleados, a fin de potenciar el control interno y el conocimiento de directivos y empleados de la posibilidad de que dentro de su empresa, y ante el conocimiento de alguna irregularidad, como aquí ocurrió perjudica a la propia empresa, y, al final, a los propios trabajadores, si el volumen de la irregularidad podría poner en riesgo y peligro hasta sus propios puestos de trabajo, pero más por el propio sentimiento de necesidad de la honradez profesional y evitación de actividades delictivas, o meras irregularidades en el seno de la empresa, circunstancia que de haber existido en este caso hubiera cortado la comisión de estos hechos, aunque sin que por su ausencia, por falta de medidas de autoprotección, derive en una exención de responsabilidad penal, como se propone en este caso por el recurrente”.

En la resolución comentada se habla analíticamente de la protección que la normativa de la Unión Europea establece para los denunciantes con el objetivo de garantizar el castigo para aquellos que ejecuten actuaciones ilícitas. Ciertamente, las denuncias anónimas deben ser admitidas en la medida en que sirven para iniciar investigaciones de manera que no existan perjuicios para los denunciantes, que precisamente intentan evitar, ocultando su identidad, actuaciones represivas que puedan poner en peligro su puesto. Además, impedir la eficacia de los actos que se puedan desarrollar a partir de denuncias falsas debilitaría la posición del Estado en la persecución de los delitos vinculados con las personas jurídicas, que han cobrado una especial trascendencia en el tráfico jurídico que las convierte en un buen instrumento para cometer delitos, que deben evitar precisamente la ejecución de infracciones penales para que la propia persona jurídica no sea declarada penalmente responsable y condenada a sanciones como la multa, la intervención o su disolución.