La rama valenciana de la pedofilia institucionalizada adquiere un nuevo tinte: la Fiscalía sitúa a la actual Vicepresidenta del gobierno valenciano y líder del partido catalanista “Compromis”, la ínclita Mónica Oltra, como encubridora del abuso sexual contra una menor tutelada perpetrado en 2017 por su entonces marido, Luis Eduardo Ramírez. El susodicho fue condenado en diciembre de 2019 a 5 años de cárcel por abuso sexual continuado contra una menor de 13 años tutelada en un centro de acogida dependiente de la Consejería de Igualdad regida entonces por la que era su esposa: Mónica Oltra.

La sentencia contra el hoy ex marido de Oltra fue clara. Por las noches, cuando la niña de 13 años se quedaba a solas en su habitación, entraba sigilosamente este sujeto que ejercía como “educador”. Cuando por fin se quedaba dormida, él sacaba su miembro sexual, agarraba la mano de la niña y se masturbaba con ella. Pensaba, el cuidador pedófilo, que la niña estaba dormida y que no se daba cuenta. Ella, en realidad, era consciente en todo momento. Pero estaba demasiado aterrada como para protestar, pues sabía que ese “educador” era el marido de la Vicepresidenta y Consejera de Bienestar Social del gobierno socialcatalanista valenciano, la poderosa Mónica Oltra.

El educador Luis Eduardo Ramírez Icardi, un monitor de origen argentino, fue marido de Oltra cuando se produjeron los abusos en los años 2016 y 2017. La niña relató los abusos al personal directivo del centro, que no elevó denuncia a la Fiscalía de Menores. El departamento de Mónica Oltra tuvo constancia en todo momento de los hechos, pero los silenció. Tuvieron que pasar largos meses hasta que la Policía puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos, relatados de forma ya agónica y temerosa por la niña de 13 años que durante meses estuvo sometida a la presión ambiental del centro para no denunciar al entonces marido de la Vicepresidenta valenciana y trabajador del centro.

Todo no acabó con la condena el pasado mes de diciembre al pederasta Luis Eduardo Ramírez. La Fiscalía pone ahora contra las cuerdas a la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra por el cada vez más palpable encubrimiento del delito que se habría producido al silenciar la denuncia de la menor y al encargar una prueba pericial sobre la niña que no fue entregada al Tribunal instructor de la causa penal contra el marido de Oltra.

La hipocresía canalla e inmoral de Mónica Oltra es palmaria. Emprendió en 2017 una lucha contra las organizaciones católicas que custodian menores desamparados, acusándolas de todo tipo de abusos. Las religiosas capuchinas del centro de menores de Segorbe fueron acusadas de “maltratar a menores, negarles la comida y ducharlos con agua fría”. Una denuncia que se reveló falsa y por la que Oltra no ha sido todavía condenada –hay interpuesta querella contra ella- pero que le sirvió para apoderarse de los menores, estigmatizar a las monjas y reubicar a los niños en otros centros donde el partido politico “Compromis” sitúa a sus trepas y enchufados. Y de 'incorruptible', Oltra pasó a corruptora: porque mientras perseguía sin pruebas y por motivos de odio anticatólico a curas y monjas, Oltra encubría y silenciaba los abusos a menores de su marido cuando éste era un enchufado en un centro dependiente de la Consejería dirigida por la propia Monica Oltra.

La trama pedófila valenciana del partido izquierdista Compromis camina junto a la balear. La balear es aquella protagonizada por la socialista Francina Armengol y sus socios podemitas del gobierno balear que se negaron en varias ocasiones –la última a petición de Vox- a iniciar una investigación sobre los presuntos abusos y coacciones de proxenetas contra menores tuteladas por el gobierno balear. Este pasado mes de enero afloraron 16 casos de abusos, cuyo número continua aumentando. La Fiscalía y la Policía, pese a la obstrucción del gobierno balear, dirigen la investigación.

El relato izquierdista de que es el Estado progre, y no los padres, los que mejor y más “correctamente” educan y tutelan a los niños se rompe. La aversión izquierdista por el “PIN parental” y su desenfrenado deseo por arrebatar niños a los padres y tutelarlos saca sus colores de la vergüenza cuando se analizan no sólo los casos de pedofilia, sino las subvenciones que la Unión Europea otorga por cada menor tutelado a los gobiernos regionales (entre 4000 y 9000 euros) y por cada centro de acogida (más de 60 mil euros anuales).

El chollo/negocio clientelar de los políticos de izquierda a cuenta de los menores tutelados y la espiral delictiva que arrastra es un inmenso océano de canallas donde seres sin escrúpulos como la valenciana Mónica Oltra o la balear Francina Armengol crean su red expoliadora y corruptora.