En distintos periódicos se ha señalado que un total de 23 cargos situados en los más altos niveles de la Administración General del Estado serán ocupados por personas de confianza de cada uno de los dos partidos políticos que forman la coalición de Gobierno. Habrá 14 del PSOE y nueve de Unidas Podemos.

Hay que tener presente que el artículo 66.1 de la Ley 40/2015 señala que “Los Directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio”. Según el mismo precepto, “Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional”. El problema es que, siendo una regla excepcional, se va a aplicar como regla general peligrosamente utilizada el nombramiento de personas que, por no ser funcionarios, probablemente tendrán un escaso conocimiento de cómo funciona la Administración Pública.

El artículo 103 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley 40/2015 establecen que “Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho”. Ahora bien, para llevar a efecto el precepto no hay otra opción que la de conocer la normativa y sus implicaciones. Que los directores generales tengan que ser, por regla general, funcionarios, no responde a un deseo caprichoso de los redactores de la normativa, sino a la necesidad de garantizar que la Administración Pública, como entramado organizativo e instrumento técnico, sea absolutamente apolítica y regular en cuanto a su funcionamiento, de manera que no se afecte negativamente a la objetividad de los funcionarios que en sus entidades se encuentran ni la eficiencia de la actividad administrativa.