Pocos habrían imaginado hace una década que la Esquerra Republicana de Cataluña, formación sobre la que el insigne escritor catalán Josep Pla había dicho que estaba “llena de los tópicos del humanismo más insincero y tronado”, sería decisiva en 2020 para sostener el gobierno de España, pese haber intentado proclamar la república catalana en una intentona golpista y estar sus líderes encarcelados cumpliendo condena por sedición. En el caso español, sin duda se cumple a rajatabla eso de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.

ERC nace en 1931 a partir del partido Estat Catalá de Macía, un ex coronel del ejército que se había pasado del españolismo al catalanismo. Personaje un tanto ridículo, imitador de Mussolini, que elucubró en 1926, desde Francia, una marcha “liberadora” sobre Cataluña con apenas 500 voluntarios armados, incluidos franceses e italianos, que se desbarató sin llegar a cruzar los Pirineos. A él se unió el grupo de Companys, un abogado que había adquirido cierto renombre defendiendo anarquistas y que presidía la agrupación Republicá Catalá, además participaban otros elementos procedentes del entorno del periódico L´Opinió. Se trata pues de un partido nacionalista, pero a diferencia de la LLiga, que contaba con un pensamiento y estrategia más elaborados, propugna un credo catalanista elemental, mezclado con una ideológia jacobina pequeño burguesa.

La proclamación de la II República da la posibilidad a este grupúsculo de obtener un protagonismo impensable frente al nacionalismo de Cambó y la Lliga, hasta entonces principal representante del catalanismo. Maciá secundado por Companys, concejal electo, se apropia el día 14 de abril de 1931, por la fuerza, del ayuntamiento y diputación de Barcelona proclamando la República Catalana. Instaurada la II República tras la huida de Alfonso XIII, ERC, aprovecha la popularidad ganada por el golpe de efecto que aunó republicanismo y catalanismo en el momento más oportuno, y obtiene en Cataluña, en las primeras elecciones republicanas, un magnifico resultado, que una vez aprobado el polémico estatuto de autonomía de Cataluña, catapultó, primero a Macía, y tras su muerte a Companys, a la presidencia de la Generalidad de Cataluña.

Instalado en el poder Companys apostó por un separatismo cada día más extremista. Con ocasión de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Contratos de Cultivo de la Generalidad, por parte del Tribunal de Garantías Constitucionales creado por el gobierno Azaña, que estimó un recurso de la Lliga, es decir del catalanismo de derechas, al considerar que el parlamento catalán había vulnerado el reparto de compendias al entrar a regular tal cuestión, Companys, en vez de acatar la decisión judicial decidió forzar un enfrentamiento con la autoridades republicanas en Madrid.

Companys se negó deliberadamente a la salida negociada del conflicto, acudiendo a la demagogia ramplona de siempre, para espolear los sentimientos catalanistas, presentando la cuestión como una afrenta del gobierno de centro-derecha, y en definitiva de España, a los catalanes. Companys dijo que los catalanes sufrían una agresión “de los lacayos de la monarquía y de las huestes fascistas monárquicas” y advirtió, en clara incitación al uso de la violencia, que no se repetirían las ocasiones en que los catalanes habían sido injuriados y no habían sabido responder con la violencia precisa. Mientras el órgano de ERC, el diario L´Opinió proclamaba: “El parlamento catalán, que es soberano responderá a España […] ¡No somos más que catalanes¡, y en el Parlamento en Madrid, el portavoz de ERC denunciaba las “agresiones tan manifiestas a la autotomía de Cataluña” y la retirada de las Cortes de su formación.

Companys siguió alimentando el fuego de la radicalización. Instaló como conseller de gobernación a Dencás otro patético personaje, que, imitando los aspavientos teatrales de Maciá, había creado los “escamot” una milicia de atrezo para el partido, a modo de bufa imitación de los fascios italianos, que hacía gala de un furibundo credo secesionista. El conflicto entre Generalidad y Estado se saldó con un acuerdo por el que la Ley se adaptaba en su reglamento a las peticiones del gobierno central. Sin embargo, la violencia había anidado en el ánimo de la sociedad catalana, y la quema del Palacio de Justicia de Barcelona por unos nacionalistas exaltados, anunciaba que más que una solución, se abría un paréntesis en espera de acontecimientos.

Y estos llegaron el 6 de octubre de 1934. Companys apostó por la total ruptura con la legalidad democrática republicana alzándose en armas en connivencia con el PSOE en lo que fue, ni más ni menos, que un intento de golpe de estado. La disculpa, la entrada en el gobierno del partido más votado en las últimas elecciones, la derechista CEDA. Companys, desde los balcones de la Generalidad lanzó la siguiente arenga: “Las fuerzas monarquizantes y fascistas que de un tiempo a acá pretenden traicionar a la República han logrado su objetivo y han asaltado el poder. Los partidos y los hombres que han hecho publicas manifestaciones contra las menguadas libertades de nuestra tierra; los núcleos que predican constantemente el odio y la guerra contra Cataluña, constituyen hoy el soporte de las instituciones. Todas las fuerzas auténticamente republicanas y los sectores sociales avanzados, sin excepción ni distinción, se han levantado en armas contra la audaz tentativa fascista. Cataluña enarbola su bandera y llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al gobierno de la Generalidad, que, desde este momento, rompe toda relación con las instituciones falseadas. En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del parlamento, el gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña, proclama el estado Catalán dentro de la República Federal Española …”

Companys contaba con los aproximadamente 3.400 escamots de Dencás y Badia y unos 400 mozos de escuadra al mando de Pérez Farras, tanto la Guardia de Asalto como la Guardia Civil, pese a su dependencia formal de la Generalidad, no se sumaron a la intentona golpista. La intervención en Barcelona de las tropas del ejército leales a la República, compuestas de unos 500 hombres, bajo el mando del general Batet frustraron el golpe, sin apenas resistencia de los nacionalistas, que se rindieron tras los primeros intercambios de disparos. Los escamots salieron huyendo, demostrando que apenas servían para algo más que desfilar y fanfarronear ante fatuos mercaderes. En cuanto a los rabassaires, pequeños agricultores catalanes, cuyo apoyo popular esperaba la Esquerra, no se embarcaron en la insensata aventura de Companys. El pronunciamiento había comenzado el 6 de octubre y finalizó la mañana del día 7, apenas había durado unas horas, pero la estúpida ambición de Companys y la Esquerra dejó aproximadamente 73 muertos innecesarios.

Detenido y juzgado el sedicioso presidente de la Generalidad fue condenado a 30 años de prisión. Con el triunfo del Frente Popular en 1936 Companys salió de la cárcel, e increíblemente, pese a su reciente pasado delictivo fue restablecido en su cargo de Presidente de la Generalidad, como si nada hubiese pasado. De lo poco arrepentido que estaba de su actuación antidemocrática, y de lo poco que le importaban las vidas de los ciudadanos da fe el propio Azaña, que critica la intención de Companys una vez excarcelado, de presentarse inmediatamente en Barcelona para “tomar posesión del gobierno por la fuerza”, “disparate colosal, repetir otro 6 de octubre, y hacérmelo a mí”.

Desde la cárcel Companys había jugado sus bazas políticas al colaborar en la tarea del Frente Popular de atraerse los votos de los anarquistas. La Esquerra envió al diputado Trabal, que en compañía de Salvat y Farreras, negoció con los líderes anarquistas su apoyo electoral. A cambio, tras las elecciones de febrero del 36 y la llegad al gobierno de los frentes populistas, fue excarcelado y repuesto en su cargo.

Sin importar cual sea la legalidad española a violar, ya sea republicana o monárquica, la trayectoria golpista de ERC sin duda se trata de un hecho histórico incuestionable. Evidente resulta el paralelismo entre la falta de escrúpulos del gobierno de Pedro Sánchez y el del Frente Popular a la hora de anteponer su afán de poder frente al marco legal y lo que es peor, el bien común de los españoles.