Es bastante conocida la cancelación del Mobile World Congress de Barcelona. Sin embargo, resultan misteriosas las verdaderas causas de una decisión que ha provocado daños y perjuicios para numerosas personas en la capital catalana, sobre la que se habían depositado, como todos los años, espectaculares expectativas económicas.

Hay que tener presente que la entidad que gestiona el Mobile World Congress ha alegado motivos vinculados con el coronavirus para justificar la cancelación del evento con la clara finalidad de defenderse de todos aquellos que pretendan obtener una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la supresión de toda la programación del congreso. Sin embargo, no resulta sencillo que la persona jurídica que se encarga del Mobile World Congress pueda evitar efectivamente que se declare su obligación de indemnizar a todos los sujetos perjudicados.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (s. 5ª) de 21 de diciembre de 2011 indica que “La "fuerza mayor" ha de consistir en una fuerza superior a todo control y previsión (S. 20 de julio de 2.000), y para ponderar su concurrencia habrá de estarse a la normal y razonable previsión que las circunstancias exijan adoptar en cada supuesto concreto, o inevitabilidad en una posibilidad de orden práctico (S. 4 de julio de 1983, reiterada en las de 31 de marzo de 1995, 31 de mayo de 1997, 20 de julio de 2000 y 15 de febrero de 2006)”. Por ese motivo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería de 6 de octubre de 2011 determina que “La fuerza mayor que menciona el artículo 1105 del Código Civil, es la que actúa imponiendo inevitablemente el resultado dañoso ocasionado”, estableciendo que para que pueda estimarse la existencia de una fuerza mayor, como causa de exoneración de la responsabilidad civil, es preciso que:

  • a) “Se trate de un hecho o acontecimiento independiente de la voluntad del agente causante y, por tanto, no imputable a él”, pues “Ha de tratarse de una fuerza superior a todo control y previsión y que excluya toda intervención de culpa”, de modo que “El evento decisivo proceda exclusivamente de un acaecimiento impuesto y no previsto ni previsible; o si se hubiese previsto que resulte insuperable e inevitable por su ajenidad y sin intervención de culpa alguna el agente demandado”.

  • b) “El acontecimiento debe ser, o bien imprevisto e imprevisible, o bien previsto pero inevitable”, destacándose la “Imprevisibilidad dentro de la normal previsión que las circunstancias exigen en el caso de que se trate es, pues, requisito esencial para la aparición de estas causas que provocan la rotura del nexo causal”.

  • c) “Entre el mencionado acontecimiento y el subsiguiente evento dañoso debe existir un necesario vínculo de causalidad, sin que intervenga en esta relación como factor apreciable la actividad, dolosa o culposa, del agente”.

  • d) “Debe probarse el evento de una forma cumplida y satisfactoria (sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2006 (RJ, 20 de julio de 2000 (RJ, 24 de diciembre de 1999 (RJ, 28 de diciembre de 1997 (RJ, 15 de diciembre de 1996 (RJ, 2 de abril de 1996 (RJ, 31 de marzo de 1995 (RJ, 28 de marzo de 1994 (RJ, entre otras muchas)”.

Ciertamente, resulta complicado poder justificar la cancelación del Mobile World Congress por la concurrencia de una circunstancia vinculada con la fuerza mayor. El coronavirus no ayuda a sostener jurídicamente la corrección del cambio de planes de la organización del evento porque no se ha declarado una crisis sanitaria en España y tampoco se conocen numerosos casos graves de los que se pueda deducir un riesgo de gran entidad para la salud de los que transiten por el territorio español.

Parece probable que el evento se haya cancelado por motivos más vinculados con la imagen que habría dado un congreso del Mobile World Congress desértico que con una enfermedad que está generando más inseguridad de la que debería en España. No obstante, habrá que esperar para ver qué sucede, si se alcanzan acuerdos transaccionales con indemnizaciones suficientes para evitar litigios o si finalmente se inician procesos judiciales con los que resolver la controversia.