En esta situación de pandemia y de gravísima crisis económica que se cierne sobre nuestra Nación, se suscitan interesantes cuestiones sobre la cuantiosa deuda hipotecaria que comparten el Vicepresidente del Gobierno para Asuntos Sociales y la Ministra de Igualdad, ambos altos representantes del Partido político de índole comunista que cogobierna en España junto con el Partido Socialista.

 

Si me he animado a escribir este artículo es para crear otro plano de debate paralelo al que desde la principal cadena televisiva de Mediaset se ha impuesto con rango de máxima noticia de vital interés nacional, en esta época de pandemia con decenas de miles de muertos a sus espaldas, relativo al asunto de este triángulo amoroso del que está siendo objeto el periodista Alfonso Merlos, que en opinión del máximo gurú televisivo que lo presenta tiene, dicho de forma sarcástica, su “vínculo” con una conspiración bolivariana.

 

Es por ello que tienen aquí, con este artículo de opinión, otro objeto de debate en esos platós para que podamos entre todos descubrir nuevos campos de análisis a cuestiones alternativas a las que hoy en día son objeto de máxima atención por la opinión pública española, como los que plantea el famoso vídeo de Alfonso Merlos.

La primera cuestión que se me suscita con esta nueva crisis o mejor dicho crack financiero que tenemos actualmente es si la deuda hipotecaria de la pareja gubernamental Iglesias - Montero ha sido ya o va a ser objeto de venta inminente a un Fondo Buitre o a un Fondo de Titulización; Caja Ingenieros, la entidad crediticia tendrá, como todas, en breve una necesidad acuciante de liquidez, de apremiante solvencia, provocado por los impagos masivos que habrá entre sus socios cooperativistas a raíz de la crisis económica, y es por lo que se abre ese nuevo escenario previsible consistente en que, como le ha pasado ya a millones de españoles, la hipoteca de los susodichos miembros del Consejo de Ministros sea vendida a un Fondo Buitre o bien a un Fondo de Titulización, con lo que desde ese momento el Vicepresidente de Asuntos Sociales y su pareja, la Ministra de Igualdad, serían deudores de dichos entes financieros desregulados por la vía de la cesión de su hipoteca. 

Sería interesante que se informara además del precio de dicha cesión de crédito, para que incluso, de no haberse hecho todavía, hubiera la posibilidad de hace una subasta o puja pública por dicho crédito hipotecario, porque al igual que hay millones de españoles que sin quererlo, pero tolerado por todo el espectro parlamentario, son deudores de Fondos Buitre o Fondos de Titulización, también habrá muchos españoles con recursos económicos que querrían ser acreedores hipotecarios de Pablo Iglesias y de su Señora, y estarían dispuestos a pujar por ello en un sistema de concurrencia competitiva. Aquí debería aplicarse una “igualdad” a los subasteros que optaran a esa deuda y una eficacia máxima al objeto de garantizar el mejor precio para Caja Ingenieros por su venta.

En cualquier caso, habría que evitar que dicha deuda hipotecaria cayera en manos de un Fondo Buitre controlado por George Soros pues de lo contrario se produciría una automática condonación de dicha deuda, por cuanto que los vínculos políticos y económicos existentes entre las partes afectadas serían notorios.

Por otro lado es importante destacar que ambos deudores, los Señores Iglesias - Montero no están casados, por lo cual no hay bienes compartidos entre ellos, salvo la vivienda en cuestión y una cuenta bancaria de bajo importe, y es de suponer que esa deuda hipotecaria se ha dado en condiciones de solidaridad para ambos, por lo cual, más allá de la garantía real sobre el inmueble, en lo que no cubra éste la totalidad del crédito hipotecario pendiente de pago, existirá una corresponsabilidad personal de ambos por el total de la deuda concedida para adquirir la vivienda, de tal manera que cada uno de ellos será responsable de la totalidad del crédito hipotecario vivo o pendiente una vez ejecutada por el Fondo Buitre, en su caso, y lo que existirá entre ellos será un derecho de repetición contra el otro por el exceso sobre el 50% de la deuda viva que haya tenido que afrontar el perjudicado por la reclamación de la entidad titular de la misma.

De no regir este principio de la solidaridad sobre las deudas que gravitan sobre un bien compartido como es el Chalet de Galapagar, es obvio que los codeudores comunistas estarían disfrutando de una situación de privilegio en el otorgamiento de ese crédito hipotecario que convendría aclarar, pues al resto de españoles se les suele exigir una responsabilidad personal sobre la totalidad de la deuda viva o pendiente, aunque los codeudores vivan en un régimen de unión de facto.

Y es sin duda éste un tema que requeriría un análisis profundo, el aclarar qué pasaría con la deuda pendiente del crédito hipotecario sobre Galapagar en caso de impago, por cuanto de la declaración patrimonial del propio Vicepresidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados se deduce que tiene un préstamo hipotecario al 50% concedido el 9 de mayo de 2018 por un importe total de 540.000 euros, del cual tiene un saldo pendiente de 467.657,27 euros, datos que coinciden con los de su señora pareja. Los españoles tenemos derecho a saber cuál es la deuda real y potencial que gravita sobre cada uno de ellos, y de sus declaraciones de bienes y rentas no hay claridad al respecto.

Por otro lado, llama la atención que los susodichos hipotecados disfrutan de otros patrimonios inmobiliarios sustanciosos, la Ministra de Igualdad tiene cinco inmuebles adicionales a su chalet en Galapagar y el Vicepresidente de Asuntos Sociales, tiene un segundo inmueble, además de que la primera tiene adicionalmente 135.000 euros y el segundo 90.000 euros aproximadamente en varias cuentas bancarias, con lo que de destinar sus saldos bancarios al pago de su deuda hipotecaria, podrían cancelar aproximadamente el 50% de la misma, saneando así convenientemente sus pasivos y reduciendo el riesgo que ambos suponen para el sistema financiero español.

Sin embargo, hay que traer a colación que el préstamo hipotecario de los susodichos tiene un interés anual del 0,5%, inusualmente muy por debajo del precio de mercado, lo que explicaría el bajísimo coste financiero que conlleva para sus titulares y esa baja motivación de ambos por cancelar la deuda pendiente. 

Es evidente que la pareja gubernamental sabe de finanzas aplicada a su Familia y que en cierta manera están jugando con el valor del dinero, es decir, especulando claramente; coexistiendo en ellos altas cuantías de deuda con elevados importes en efectivo, comportamiento financiero que no es que sea lo habitual en el resto del Pueblo Español y que conlleva un notorio efecto distorsionador sobre la Economía.

Llama a atención que en sus declaraciones de bienes (ver la de Iglesias y la de Montero) no se realiza una valoración económica de sus inmuebles, que sí se hace en otros elementos patrimoniales, con lo que sería deseable que informaran a la opinión pública a cuanto asciende su patrimonio inmobiliario pues podría darse el caso de que estemos ante magnitudes propias de una SOCIMI, así como se informe a qué se destinan el excedente de sus viviendas (alquileres sociales, cesión a colectivos desfavorecidos, están okupadas o simplemente vacías y listas para su expropiación, por poner unos ejemplos). Una declaración patrimonial seria y rigurosa debería informar de todos estos extremos, pues tal y como está, como vemos, es claramente insuficiente.

Adicionalmente, debemos tener en cuenta que el inmueble que hace de garantía de la hipoteca conjunta objeto de análisis durante la Pandemia ha perdido aproximadamente 100.000 euros de su valor, con lo que, de vender ahora el Chalet de Galapagar, según los expertos, el precio de salida al mercado sería ahora de unos 500.000 euros, con lo que apenas cubrirían la totalidad de la deuda viva del préstamo concedido (467.657,27 euros). 

Es una situación que se suele dar en épocas de crisis económicas, en las que el valor de la deuda excede sobremanera al precio de la vivienda, con lo que, además, la pareja Iglesias – Montero tampoco se podrían acoger llegado el momento a una “dación en pago” (cancelación total de la deuda hipotecaria a cambio de la entrega de las llaves del Chalet), al no haber contemplado la reciente reforma legislativa del crédito hipotecario esta posibilidad (Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario), a no ser que ellos tengan una cláusula contractual ventajosa en este sentido, algo que sería un verdadero escándalo nacional.

Por otro lado, la pareja Iglesias – Montero es evidente que no tendrá necesidad de acogerse de momento a la normativa sobre la moratoria de la hipoteca durante la Pandemia, por cuanto que se sepa sus ingresos no se han visto afectados, pues entre ambos siguen ganando unos 150.000 euros anuales con cargo al erario público, su mayor parte, si bien no se sabe qué pasará con ellos políticamente en el corto plazo dada la situación actual de desestabilización máxima.

En cuanto a la Caja de Ingenieros que le concedió el préstamo conviene destacar que además de no ser de las más eficientes del sector, es la única entidad financiera catalana, junto con otra mucho más pequeña, que no han desplazado su domicilio fuera de Cataluña tras la Declaración Unilateral de Independencia, y es por ello, que en el caso de que el Gobierno independentista de Don Joaquím Torra i Pla decida seguir su proceso soberanista, quedaría fuera del amparo protector del Banco Central Europeo, con lo que la posición financiera de la pareja en cuestión requeriría un ulterior análisis más negativo aún. 

Hay que remarcar que esta Caja tiene muy buenas relaciones con el movimiento independentista catalán. Un miembro del patronato de su fundación es Don Joan Vallvé i Ribera, vicepresidente de “Omnium Cultural”. Además, el cheque para la fianza de Carme Forcadell, la sediciosa ex presidenta del Parlamento de Cataluña, partió de la propia Caja de Ingenieros. 

Aquí podemos destacar importantes vínculos financieros de los Iglesia – Montero con las finanzas independentistas, que son los máximos garantes, como vemos, de la tranquilidad hipotecaria en su privilegiado Hogar. Pareciese que ambos sirven en la vida pública a quien actuara como su Casero.

Estaremos muy atentos a la evolución de esta Hipoteca por ser la más destacada de toda España, y sólo espero que en los platós de televisión que han hecho de asuntos privados el motivo del único debate público existente en la actualidad, se animen ahora a profundizar en cuestiones alternativas como estas, donde ya no hay jocosas conspiraciones bolivarianas ni señoritas alegres que aparecen en el fondo de una pantalla de ordenador, sino cuestiones que afectan al constante privilegio financiero de los que han gestionado esta pandemia de forma calamitosa.

Guillermo Rocafort

Doctor en Economía

Experto en Fondos Buitre