Elogiaba don Miguel de Unamuno el contenido del Manifiesto o plan de gobierno, que una comisión formada por José Indalecio de Caso, Julio Nombela, y el canónigo Vicente Monterola, presentaron al pretendiente carlista en 1874. Y le sorprendía hasta el punto de advertir por carta a Joaquín Costa, de la carga de socialismo rural, como él lo llamaba, que contenía dicho manifiesto, y que representaba la expresión del sentimiento de las masas carlistas, del que destacó cinco puntos principalmente: 1) las Cédulas de profesión en lugar de las cédulas de vecindad, y al que no acredite profesión no puede demandar en pleito; 2) Imponer a la aristocracia la obligación de fundar y dirigir colonias agrícolas. 3) Declarar forzosa para las gentes acomodadas la tutela de huérfanos pobres (el plan dice «mandar hacer lo que manda la caridad»; 4) Con atención a que se gobierna para los ricos a costa de los pobres, y debe suceder lo contrario… quede la pequeña propiedad dispensada de todo tributo; y 5) El trabajo representado por el trabajo.

Como sabemos por el curso de la historia contemporánea de España, el plan no pasó de ser un propósito – don Miguel de Unamuno lo calificó de utópico socialismo- que hoy día haría pensar a más de uno acerca de la paternidad ideológica de las grandes ideas, y no quiero decir con ello que, en el caso que nos ocupa, fueran los carlistas los creadores de las políticas socialistas en estado puro, o rural, como decía el gran pensador vasco.

Aunque no conste en acta, una gran parte de la carga ideológica del aludido manifiesto fue de José Indalecio de Caso. Joven colaborador de prensa, se dio a conocer también como polemista, en la Academia Científica y Literaria de la ciudad vetusta, enfrentándose con los liberales Manuel Pedregal Cañedo y José Hipólito Álvarez de la Borbolla. Con este último protagonizó un duro enfrentamiento al salir al paso de un opúsculo titulado Examen del dogma de la soberanía del pueblo, al que replicó Caso con otro titulado Soberano y súbdito, en 1856, polémica que no era otra que la prevalencia de dos diferentes maneras de entender los derechos y los deberes. Asunto tan viejo como el liberalismo doctrinario nacido de la Ilustración, aunque pueda sorprender a muchos seguidores del actual Pablo Iglesias.

Para los jóvenes de hoy, alejados ya de las teorías decimonónicas, desconocedores de cuantos manifiestos han intentado, a lo largo de la historia reciente, alcanzar un reparto justo de la riqueza de una manera sostenida, sin privar del derecho de la propiedad y guiando a las personas en la senda del trabajo, el sobredimensionado gobierno que preside Pedro Sánchez, pero que maneja Pablo Iglesias, anuncia y subraya la solución (¿no sabemos a qué?), de la renta mínima. El Estado como donante del subsidio gratuito, garantía a su vez del voto cautivo, vínculo de la dependencia del subsidiado.

La sombra de esa medida sería la falta de estimulación para ascender en el orden social, la falta de ambición para crecer en el orden personal y la falta de compromiso con una sociedad entregada a la no tan lenta agonía, al carecer del empuje de los más jóvenes, de la experiencia de los más mayores y del legítimo derecho de cada uno a disponer de su futuro. El dilema, como se puede ver, es el caos o la libertad. Luchar por la libertad no es patrimonio de la aristocracia, ni de la burguesía capitalista, sino del ser humano.

José Indalecio de Caso era de origen humilde, parece ser que su madre se ganaba la vida haciendo dulces que vendía por las casas, con lo que pudo ayudar al joven periodista a matricularse en la Universidad de Oviedo para estudiar Derecho, mientras él también daba clases. Abandonó la política, más adelante, para dedicarse a la abogacía defendiendo casos perdidos que hoy harían las delicias de los guionistas de series para cualquier plataforma televisiva, y murió exiliado en Paris, con estrecheces, como había vivido siempre, pero con la misma dignidad con la que combatió a cuantos querían hacerle ver que lo negro no es de ese color.

La renta mínima lobotomizará los estímulos de los jóvenes para sumirlos en la vida vegetativa, y privará a la sociedad de la necesaria y vital renovación de profesionales, frustrando los deseos de muchos jóvenes revolucionarios, inconformistas con la miseria que Pablo Iglesias y sus colaboradores proponen.