La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidió ayer en la Real Casa de Correos la firma del Pacto Regional por la Vivienda, un acuerdo en colaboración con los principales agentes inmobiliarios de la región con el que el Gobierno regional marca las pautas de actuación a seguir en este sector, clave para la recuperación económica madrileña como consecuencia de la crisis originada por el COVID-19. Se trata “del pilar de otros futuros pactos” para paliar “los efectos económicos y sociales de la pandemia, impulsar el sector inmobiliario y facilitar un derecho institucional, el acceso a la vivienda”, ha indicado la presidenta.

“Queremos convertir la complicada situación actual en una oportunidad para transformar y actualizar el sector de la vivienda y que este Pacto sea el impulso definitivo para la profesionalización del sector y la generalización del I+D y los criterios de sostenibilidad”, ha señalado la jefa del Gobierno regional, que ha destacado que se movilizarán todos los recursos disponibles, públicos y privados, para reactivar el sector y generar vivienda asequible.

El Pacto se asienta sobre siete pilares que buscan contribuir a crear empleo y riqueza en la Comunidad de Madrid a través de un sector que genera el 7% del empleo directo, el 15% del indirecto, y aporta hasta el 10% del PIB madrileño. Así, en primer lugar, se va a ahondar en la fórmula de colaboración público-privada como medio eficaz para movilizar todos los recursos disponibles que reactiven el sector para cumplir con el fin público de generar vivienda digna a un precio asequible.

También se contempla una adecuada fiscalidad en materia de vivienda, ya que la repercusión de los impuestos sobre el precio final de la vivienda puede oscilar hasta en un 25% de su valor. El Gobierno regional y el sector consideran imprescindible desarrollar políticas fiscales que bonifiquen y promuevan la vivienda, ya que redundará en un mayor volumen de actividad, generando así mayor recaudación.

El tercer punto pasa por fomentar un mayor apoyo a la vivienda social, de la que la Comunidad de Madrid es líder nacional, creando las condiciones que permitan seguir incrementando el parque público, en un entorno de dificultad presupuestaria como el actual, y colaborando con el tercer sector en cuanto a situaciones de vulnerabilidad social.

De este modo, la Comunidad de Madrid sigue trabajando para que su parque de 23.200 viviendas públicas, gestionadas a través de la Agencia de Vivienda Social, se incremente en otras 1.500 viviendas a lo largo de la presente legislatura. A lo largo del próximo otoño se avanzará en la tramitación administrativa que permitirá iniciar las 400 primeras viviendas sociales.

La cuarta de las medidas recogidas en este Pacto contempla la necesidad de llevar a cabo una modernización administrativa. La burocracia en materia de suelo y vivienda provoca cuellos de botella que, junto con la dilación en el tiempo, ponen en riesgo los proyectos inmobiliarios y los de los propios residentes además de encarecer el precio final.

Seguridad jurídica y financiación suficiente 

La seguridad jurídica es el quinto de los puntos acordados, teniendo en cuenta que en un momento de incertidumbre económica como el actual, el sector debe de contar con un clima de seguridad que favorezca la atracción de nuevas inversiones y la implantación de nuevos negocios y proyectos inmobiliarios que generen riqueza y empleo. Para ello, hay que disponer de un marco regulatorio, estable, transparente y equilibrado que atraiga dicha inversión.