En 2003, Hugo Chavez adoptó la política de control de precios. El gobierno fijó por decreto el precio máximo de 106 productos alimentarios y 63 de productos de higiene personal y limpieza del hogar. Pasta, pollo, harina, sardinas enlatadas, leche, arroz, dentífrico, pañales, papel higiénico, compresas o detergente pasaron a tener que venderse con las reglas de la economía comunista.

La mayoría de estos productos desaparecieron de los comercios. Los venezolanos se hacinan en largas colas en las entradas y calles adyacentes de los establecimientos con la esperanza de poder comprar algún producto de primera necesidad que venda el negocio al abrir sus puertas. Paralelamente surgía el mercado negro, los llamados bachaqueros, se dedicaban a la reventa con precios infinitamente más altos. En 2018, un pollo que teóricamente se debía vender por 65 bolívares sólo se encontraba por 600. La oferta llegó a niveles tan bajos que el gobierno tuvo que acudir a la cartilla de racionamiento y controlar la venta por el número del carnet de identidad y se vio obligado en 2016 a crear un programa de distribución de alimentos denominado CLAP.

En España de nuevo el gobierno aprovecha la crisis del coronavirus para ir acostumbrándonos a la política económica bolivariana. Si los ataques contra la propiedad privada antes han ido dirigidos contra los arrendadores, a través de la legalización del impago de los alquileres, o la introducción del concepto de expropiación del uso de viviendas vacías para satisfacer la necesidad de personas vulnerables o la intervención gubernativa de los laboratorios privados de análisis clínicos, ahora le ha tocado a los precios. Por decreto se ha fijado en 0,021 euros por mililitro el precio máximo de los geles y soluciones hidroalcohólicas y en 0,96 euros el precio de las mascarillas quirúrgicas desechables.

En principio, ante la emergencia sanitaria y para evitar la especulación, la medida no parece tan descabellada. Incluso la OCU ha pedido que se amplié a todo tipo de mascarillas. El problema es que no basta con fijar un precio máximo de venta, esperando que los mercados hagan sus ajustes para que la cadena de producción y distribución funcione eficientemente. Si se grava tan sólo al minorista, sin compensación alguna, en este caso principalmente farmacéuticos, evidentemente perderán dinero si tienen que vender un producto por debajo del precio de adquisición y acabarán por no tenerlo a la venta si le da perdidas. Lo mismo sucederá con el fabricante o el importador.

La consecuencia obvia cuando un burócrata fija el precio máximo de un producto, es que ignora cual es el coste de su producción, distribución y el margen de beneficio que debe dejar para ser rentable, y acaba por producirse el desabastecimiento. Durante la época soviética las tiendas de la URSS, a pesar de la económica planificada y centralizada, carecían las más de las veces de los productos esenciales que demandada el consumidor. Por ejemplo, el kilo de azúcar tuvo durante 10 años el mismo precio fijo de venta, 96 kopeks el de menor calidad y el caro de 104 kopeks. La consecuencia: colas para comprar azúcar cuando llegaba a las tiendas y carestía el resto del mes.

Ni siquiera la exitosa política de Hjalmar Schacht durante los años 1923-37, que acabó con la inflación, el paro y permitió la recuperación de Alemania, pudo inicialmente evitar las colas y el desabastecimiento provocado por el control de precios máximos de venta. La hiperinflación en la Alemania de la Republica de Weimar llego en la postguerra a pasar de un cambio de 320 marcos por dólar a 8.000 marcos por dólar. Como resultado, los precios de artículos de consumo aumentaban aceleradamente en pocos días, tornando inservible el dinero emitido por las autoridades, que no valía ni el papel en que se había impreso. Esta fue una de las razones que explican el ascenso al poder de Hitler. Aunque los nacionalsocialistas se mostrasen mucho más hábiles y eficaces que los comunistas en el manejo de una economía socialista, no se debe olvidar que tan sólo en el marco de un sistema totalitario fue posible desarrollar este tipo de medidas y dentro de un circuito económico autárquico en el que se controlaron tanto la oferta como la demanda, fijando los precios de minoristas, mayoristas, transportistas, fabricantes y suministradores de materias primas, además de fijar salarios. Una política cuyo éxito, además, no se puede entender sin otras medidas que la acompañaron, como el desarrolló una política de inversiones públicas, especialmente impulsando grandes obras, como la construcción de autopistas, y una reducción del déficit presupuestario del Estado para encontrar fondos sin subir impuestos.

Schacht dejó de colaborar con en el III Reich en 1937 y fue encarcelado en 1944 por su apoyo a los implicados en la operación Valkiria que atentaron contra Hitler el 20 de julio de aquel año. Había accedió al Reichsbank en 1923, bajo la República de Weimar, poniendo fin a la política de emisión masiva de papel moneda fiduciario, lo que logró frenar la hiperinflación.

En estos tiempos en que la Unión Europea prevé una mastodóntica emisión de deuda pública sin más respaldo que la política monetaria, convendría recordar lecciones pasadas, y que el papel moneda, o la deuda, no respaldada por activos reales, es dinero ficticio, dinero político, que sin asegurar la posibilidad de redimir, junto al control burocrático de precios, puede conducirnos a un desastre que nos conduzca al racionamiento y al hambre.