Mientras ayer los españoles teníamos la vista puesta en EEUU y los medios de comunicación no hablaban de otra cosa que no estuviera relacionada con lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, saltaron a la luz noticias que pasaron desapercibidas, y en particular la que desvela que ayer el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Juan Aguirre, a través de denuncia presentada por la Guardia Civil, ha solicitado al Gobierno que presente todas las autorizaciones concedidas sobre las inversiones extranjeras que se produjeron durante el estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo por posible prevaricación.

Esta noticia aparece después de conocerse por la Guardia Civil una serie de escuchas telefónicas que han hecho saltar las alarmas, algo que por otro lado no nos sorprende viniendo de este gobierno que actualmente padecemos.

Después de que el pasado 31 de marzo se dictara un Real Decreto por el que se blindaba la inversión de empresas extranjeras en el capital de empresas españolas, para evitar la adquisición de acciones a precios por debajo de su valor, se ha sabido que se autorizó desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la adquisición por parte de Mitsubishi Corporation de un 25% del capital de la empresa logística española, Bergé, con sede en Madrid.

La llamada a la que habría tenido acceso la Guardia Civil se habría producido en el marco de un trato de favor de dicho Ministerio a Mitsubishi Corporation, y de ser cierta esta información, se habría incurrido en delitos contra la Administración, en concreto en el delito de tráfico de influencias y en el de prevaricación por parte del Ministerio que está al frente de Reyes Maroto y de los que la autorizaron.

En este trato de favor estarían implicado además el Banco Santander, al frente de cuya operación habría estado un empleado con el que ha hablado la Guardia Civil: Antonio Bernárdez Gumiel.

Puesto que para otorgar dichas autorizaciones a empresas extranjeras sería necesario el “si” del Consejo de Ministros, Industria alega que lo obtuvieron habiendo entregado ya la Guardia Civil, los listados de las autorizaciones concedidas por el mismo hasta la fecha.

Es por todo ello que el Juez ha solicitado Mandamiento de entrega inmediata al Ministerio de todas las autorizaciones concedidas sobre inversiones extranjeras durante el primer estado de alarma. La cual se cree que fue concedida en el mes de abril.

Por otro lado, consultado el ministerio de Maroto en vista de estas acusaciones, sostienen que no se produjo ningún trato de favor sino que a pesar de haber más de 800 solicitudes en pleno Estado de Alarma, se produjo “una gestión rutinaria de una consulta a Mitsubishi Corporation”.

Ante tal incertidumbre y el no querer asumir las responsabilidades oportunas, no sería de extrañar ante todo lo que está ocurriendo que se archivara la causa o que de ser cierto, rodaran otras cabezas que no sean las de los representantes de los Ministerios, sino de los que están a sus órdenes directas como los Secretarios de Estado y Directores Generales de los mismos.