Desde el comienzo de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, han sido muchas las empresas que se han visto afectadas económicamente debido al enorme impacto que ha tenido la pandemia sobre nuestro modelo económico, especialmente dentro del sector del turismo y la hostelería,

Un importante número de empresas ha tenido que echar el cierre, invernando hasta que salga la luz y el calor del verano, última esperanza para muchas PYMES. Este proceso de paralización ha sido posible, en gran medida, gracias a prestamos subvencionados como los ICO o ayudas gubernamentales como los expedientes temporales de regulación del empleo (ERTES).

Sin embargo y pese a todo, serán muchas las empresas que no serán capaces de remontar después de este duro bache, resultando imposible para muchas, antes de echar el cierre definitivo, afrontar las cuantiosas indemnizaciones por despido o el salario de un gran número de trabajadores.

En este caso, aquello trabajadores afectados pueden dirigirse al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Empleo, cuya función principal es actuar como garante del efectivo cobro por los trabajadores de salarios e indemnizaciones por extinción de la relación laboral cuando la empresa se encuentra en estado de insolvencia.

En este sentido, para que el trabajador pueda acudir a este organismo, deben darse dos requisitos; por un lado, una resolución judicial o acto de conciliación previo que declare la existencia y cuantía de un crédito salarial, y, por otro, debe existir una declaración judicial que reconozca la situación de insolvencia de la empresa, presupuestos estos necesarios para acceder a la cobertura salarial.

Por ello, desde Amagna Legal recomendamos que, para el caso de que un trabajador no perciba, debido a la insolvencia de la empresa, la preceptiva indemnización o alguno de los salarios devengados durante el desarrollo de la actividad laboral, acuda a un profesional para tramitar el correspondiente expediente ante el FOGASA.