La Comunidad de Madrid será un espacio de encuentro libre para todos los trabajadores, autónomos, empresas y entidades civiles de nuestro país gracias a la nueva Ley de Mercado Abierto, una norma que será pionera en España en cuanto a la apertura del mercado regional a estos colectivos que estén afincados en otras comunidades autónomas.

Así lo ha manifestado el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, durante su intervención en el foro del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), quien ha subrayado que esta norma continúa su tramitación después de que el Consejo de Gobierno diera luz verde al anteproyecto de ley.

El consejero ha señalado que esta norma “eliminará trabas administrativas injustificadas e innecesarias que dificultan el progreso económico y social de la región”, y se convertirá en un instrumento “esencial para conseguir una economía más ágil y competitiva que rebaje los costes de producción, mejore la productividad y cree mayores niveles de empleo y de bienestar”.

La Ley permitirá que todo operador económico establecido legalmente en el territorio nacional pueda desarrollar su actividad libremente en la Comunidad de Madrid sin sujetarse a los requisitos de acceso previstos en la normativa autonómica.

“Esto contribuirá a reducir regulaciones innecesarias, potenciará la llegada de inversiones y ayudará a impulsar nuestra actividad económica”, ha declarado Giménez. Todo ello se conseguirá mediante la libre circulación de bienes y servicios y el reconocimiento automático de licencias, “para que empresas y profesionales de todo el territorio nacional puedan operar en nuestra Comunidad”, ha añadido.

En su opinión, “la actividad económica de la región necesita de un entorno institucional que permita incentivar una cultura emprendedora y abierta a todos los operadores económicos” que, tanto en los mercados de bienes como de servicios, cumplen sus respectivas normativas en cualquier lugar del territorio nacional. 

Con esta iniciativa legislativa, el Gobierno regional pretende renovar y reinterpretar los objetivos originales de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, desde el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, haciéndolo compatible con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.