Ya se han presentado cerca de medio millón de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en nuestro país y en consecuencia cerca de 4 millones de trabajadores se han ido al paro a causa de la crisis sanitaria del coronavirus.

Con el fin de que todos estos trabajadores y empresas no cayeran en situación de alta vulnerabilidad económica, el Gobierno estableció una serie de prestaciones para todos aquellos trabajadores y empresas afectadas por el cierre inminente de las mismas. El pago de estas ayudas supone para el Estado un esfuerzo y un gasto económico de entre el 75% y el 100% de la asignación que pagan las empresas a cada trabajador afectado. 

Cuando la crisis del coronavirus estalló en nuestro país a mediados de marzo y el Gobierno demandó a todos los ciudadanos el confinamiento en sus viviendas declarando el Estado de Alarma, se creó una nueva situación laboral y económica que dispararon las estafas de quienes querían aprovecharse de la necesidad de todos los españoles de recibir las ayudas del Servicio Público de Empleo Estatal.

Los ciudadanos comenzaron a recibir cientos de mensajes de texto en nombre del SEPE donde se les ofrecía apoyo para percibir la prestación correspondiente por haber sido despedidos. En el mismo SMS se solicitaba el número de cuenta bancaria para realizar el ingreso de la prestación con el fin de conseguir los datos de los trabajadores afectados y poder acceder a sus cuentas.

Finalmente, el asunto fue denunciado por los sindicatos y la UGT junto con CCOO y el SEPE se pronunciaron en que estos mensajes nunca fueron emitidos y que son las empresas las que tenían que notificar al organismo correspondiente su situación y la de cada uno de sus trabajadores. 

Los intentos de estafa no concluyeron con esta tentativa. Debido a la crisis económica derivada del confinamiento y al déficit de producción de muchas empresas, algunas de estas también han hecho su intento de estafa. Muchas compañías han utilizado los ERTEs para dejar de pagar a sus empleados mientras estos continúan con su actividad laboral con normalidad.

Gracias a las denuncias de varios trabajadores y de juristas que encontraban irregularidades fijadas por sus empresas se están investigando de forma exhaustiva todos los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y el martes 21 de abril el Gobierno aprobó una sanción especial para todas aquellas compañías que soliciten un ERTE falsamente. Las multas para las empresas que pretendan pagar las nóminas de sus trabajadores durante la pandemia con dinero público rondarán desde los 6.200 hasta 187.000 euros.

Esta sanción se considera muy grave por lo que la ley ha sido endurecida. Según el Ejecutivo no se puede permitir que las personas trabajadoras perciban prestaciones de forma indebida o superiores a las correspondientes y en base a presentar solicitudes o documentación falsa.

La Inspección de Trabajo establecerá la cantidad de la sanción que deberán pagar las empresas fraudulentas. El nivel mínimo de intento de estafa tendrá una multa máxima de 25.000 euros. Si la sanción es de grado medio el máximo podrá ascender a 100.00 euros y si es de grado máximo se elevará a 187.515 euros.

Según ha señalado el Ejecutivo, todas las ayudas y prestaciones dispuestas para hacer frente al impacto económico del coronavirus en nuestro país y proteger a las empresas, trabajadores y sanidad asciende a 135 millones de euros. 

Fuente: www.jobatus.es