Las dimensiones que ha alcanzado la pandemia en España la convierten en una gran hecatombe. Ya se ha cobrado más de 30.000 fallecidos, un verdadero drama que ha llevado la tristeza y el dolor a sus familias y a una sociedad civil inerme y asustada tras seis semanas bajo arresto domiciliario. Una tragedia que causa no solo la desafección o rechazo a la gestión del Gobierno como citaba la totalitaria orden cursada a nuestra Guardia Civil, sino auténtica repugnancia, pues buena parte de estas vidas se han perdido por la incompetencia y el sectarismo de Pedro Sánchez y su esperpéntico Gabinete, que de manera temeraria permitieron los actos multitudinarios del pasado 8 de marzo, anteponiendo su interés político e ideológico sobre la función primordial de todo Gobierno que es procurar el bien común. Provoca sana envidia ver los ratios de otros países europeos como Grecia, Hungría, Portugal o Alemania y comprobar se podían haber ahorrado muchas vidas. Una responsabilidad que habrá que exigir a nuestro ególatra e incapaz Presidente tan pronto como se controle la pandemia.

La crisis originada por el coronavirus nos ha facilitado también una radiografía del funcionamiento de servicios públicos fundamentales y una cura pragmática de humildad. El resultado nos muestra que nuestro mitificado sistema sanitario sufre carencias de todo tipo (no parece sea el mejor del mundo), así como el desastre de la organización y control de las residencias de nuestros mayores que, a la postre, han sido los grandes perdedores en esta pandemia. Curiosamente, ambos sistemas dependientes de los 17 reinos taifas que conforman nuestro fallido e infinanciable estado autonómico.

En el sistema sanitario el caos ha invadido todas sus facetas posibles: falta de material de protección del propio personal, de medicamentos, de camas en planta y de uci con sus respiradores, saturación de urgencias, etc. Y cuyas consecuencias se han traducido en un incremento de fallecidos difícil de cuantificar y en batir con diferencia el desgraciado record de profesionales contagiados. Muchos enfermos han muerto en los servicios de urgencia durante su espera de cama disponible, otros en sus domicilios porque se les había indicado no fuesen a los hospitales y cuando se dieron cuenta de la gravedad ya era demasiado tarde y, por último, las grandes víctimas del desaguisado nuestros mayores que integran la mayoría de los fallecimientos. Ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de ser atendidos en un centro sanitario. Se cursaron instrucciones a las residencias para que no los llevaran a los hospitales porque estaban al borde del colapso y han muerto poco menos que desahuciados sin que sus familias sepan si contaron al menos con asistencia paliativa. Realmente lo que se ha hecho con nuestros mayores raya en el geronticidio y daría para todo un debate deontológico.

En la misma cara de la moneda aparece el mejorable sistema de control e inspección de las residencias de la tercera edad, también dependiente de las respectivas consejerías autonómicas, mostrando unas carencias intolerables, con escasez de profesionales y de todo tipo de medios materiales, lo que ha propiciado que se conviertan en focos de infección para cuidadores y residentes, elevando sobremanera el número de fallecidos en este indefenso colectivo.

Ante esta cruda realidad, en mi humilde opinión, cabe exigir una reacción social contundente en demanda de responsabilidad al Gobierno por su pésima gestión y al propio tiempo medidas para corregir las gravísimas carencias apuntadas y paliar los efectos económicos derivados del confinamiento. Van a caer fuertemente los ingresos y sin embargo los gastos se van a disparar en el intento de proteger a trabajadores y sistema productivo. Todo un reto para un buen gestor que debería ver la forma de salvar el bache financiero sin poner en jaque la solvencia del Reino de España. Tan pronto se controle la pandemia, con la máxima urgencia posible se deberían acometer tres acciones primordiales:

La primera, el cese inmediato de Pedro Sánchez dada su inexcusable responsabilidad política por su pésima gestión, que de facto lo deslegitima para seguir al frente del Ejecutivo y liderar el gobierno de expertos que España va a necesitar para superar los difíciles retos inmediatos a los que se va a enfrentar. Por tanto, su cese debe ser una prioridad absoluta de la oposición y de la sociedad civil.

La segunda, es una necesidad indeclinable léanse los informes del FMI y del BdE sobre el panorama económico post pandemia, hay que elaborar un plan durísimo de recorte presupuestario en las tres administraciones: central, autonómica y local, suprimiendo sin contemplaciones todos los gastos innecesarios para el funcionamiento básico del Estado. Hay que eliminar las subvenciones de todo tipo y las duplicidades, aligerar todo el elefantiásico aparato de las administraciones y empresas participadas no estratégicas mediante la supresión de órganos innecesarios y la reducción drástica del número de políticos, empezando por el multitudinario Consejo de Ministros y acabando por la concentración de ayuntamientos. Existe un margen muy importante de ahorro en este capítulo que se hace imprescindible para generar confianza en los mercados y que la prima de riesgo no ponga en peligro la solvencia de España. Una acción determinante en este sentido, incluso si fuese necesario en función de los estudios pertinentes, contemplando reducciones temporales en salarios y pensiones públicas, también facilitaría la negociación con nuestros socios europeos que, sin duda, serían receptivos si observaran un claro cambio de actitud en pro del rigor presupuestario. Desde luego sería de una irresponsabilidad e ingenuidad inerrable no hacer nada pensando que Europa nos va a financiar nuestros excesos.

Y, la tercera, es necesario que el Estado recupere a la mayor brevedad la competencia sobre el sistema sanitario. La crisis del coronavirus no ha hecho sino poner al descubierto el inmenso error como, diría don Ricardo de la Cierva, que supuso su cesión a las comunidades autónomas en 2002. Una cesión a partir de la cual se disparó el gasto, sin que dicho incremento fuera destinado a una mejora de la calidad asistencial, sino al entramado burocrático aumentando de forma significativa el ratio de personal no sanitario. La recentralización del sistema solo conlleva ventajas de toda índole para los pacientes y para los contribuyentes. Permitiría un ahorro indiscutible en todo el aparato administrativo, una normalización salarial y de acceso a la plantilla de los profesionales sanitarios, una economía de escala en las compras de material, un sistema informático unificado para acceder a historiales y farmacia en todo el territorio nacional, una cartilla única y asistencia unificada en toda la red asistencial con un calendario único de vacunación. Y demostrando hemos aprendido algo de la durísima experiencia que ha supuesto esta pandemia, la elaboración de un plan de contingencias que prevea unos protocolos de actuación de los que hemos carecido y asegure el suministro inmediato del material sanitario estratégico necesario.

¿Hay algún político valiente y con sentido de Estado por ahí?