En 1986 por un Real Decreto del Ministerio de Trabajo se estableció el Plan de Empleo Rural, PER. Su denominación y condiciones han sufrido modificaciones pero esencialmente se ha mantenido. El preámbulo del Decreto justifica el Plan para eliminar un agravio comparativo entre los parados del campo y los de los sectores industrial o servicios, ya que mientras éstos cobraban en situación de desempleo, sin trabajar, a los del campo para cobrar el subsidio se les exigía trabajar en el Empleo Comunitario que había establecido la UCD.  En el Real Decreto no justificaron porqué no eliminaron el agravio, pero al revés, es decir no justificaron porqué no adoptaron un Empleo Comunitario adecuado a los sectores secundario o terciario, con lo que desaparecía el agravio comparativo.

Esencialmente el PER consiste en el derecho que un trabajador tiene de percibir un subsidio siempre que acredite que el año anterior ha cotizado un número de jornadas o peonadas, bien en la agricultura o en obras incluidas en el Plan. El número de jornadas exigidas ha ido disminuyendo hasta las 20 actuales. Es decir una persona trabaja un año 20 días y tiene derecho a percibir el subsidio al año siguiente, siempre que siga en paro.

El PER se estableció y continúa establecido en Andalucía y Extremadura, por ser las zonas con más paro agrario. En esta decisión no mereció consideración alguna el agravio comparativo que se generaba entre estas dos regiones y el resto de España.

Tras los treinta y cuatro años de vigencia del PER, se han producido conductas fraudulentas en la acreditación de peonadas, cotizadas trabajando en obras municipales, siempre que estuvieras incluidas en el Plan. Pero como el número de jornales era limitado los ayuntamientos tenían que decidir quienes trabajaban y quienes no, introduciendo una discriminación de difícil objetivación lo que dio lugar, en ocasiones a extender falsas acreditaciones para logra las peonadas exigidas, falsedad que dio lugar a pleitos publicados en la prensa.

Otra de las conductas fraudulentas que se han producido en ocasiones es que una vez que el trabajador ha cotizado las actuales 20 jornadas en un año, se da de alta como parado para cobrar el subsidio y en el caso de que un empresario le ofrezca trabajo, es frecuente que le proponga trabajar sin darse de alta, lo que se conoce como trabajar en negro, para simultaneas el trabajo con el derecho a cobrar el paro. También se han dado casos en los que el trabajador pone como condición para trabajar, que por cada jornada de trabajo efectivo que realice, el empresario le justifique tres.

Esta situación en Andalucía y Extremadura está dando lugar a que mientras se ofrece trabajo a muchos inmigrantes, se mantiene la existencia de más de 100.000 trabajadores andaluces o extremeños percibiendo el subsidio.

El cuadro se completa encomendando la vigilancia para evitar el fraude a los alcaldes y además estableciendo el criterio de distribución de presupuesto entre los ayuntamientos para obras incluidas en el PER, en función del número de desempleados, con lo que un pueblo recibe más presupuesto para obras cuantos más parados tiene. Difícil tienen los alcaldes la vigilancia del fraude.

El trabajo es un necesidad de la persona y de esa necesidad se deduce el derecho al trabajo, pero si la retribución se percibe sin trabajar, a la larga se perjudica a quien la recibe y creando una dependencia de quien la concede que viene a sustituir la dependencia de los llamados “amos”, de hace más de un siglo, felizmente superada. Esta situación mantenida durante más de treinta años ha provocado que en estas dos zonas haya generaciones que nunca han visto a sus padres trabajando.

Ahora se anuncia el subsidio “Ingreso Mínimo Vital”, motivado por la crisis económica que ha provocado la enfermedad COVID19. Aún no se ha implementado, pero cuando se lleve a efecto espero que se establezca con un horizonte de provisionalidad y no de permanencia, evitando cometer los tremendos errores que tiene el PER en Andalucía y Extremadura y, sobre todo, que no cometa el mayor y más oculto de los errores, que es perder la madurez personal, la independencia económica, en definitiva la libertad y la dignidad humana a cambio de un plato de lentejas.