Nuestro sistema de pensiones está quebrado desde hace 40 años por lo que se han ido poniendo parches de todo tipo (eliminar dobles pensiones; elevar la edad de jubilación; elevar el número de años cotizados; rebajar sus importes; etc…) al tratarse de una de las bolsas de voto más importantes en un país tan envejecido como España. Por eso la reforma del sistema ha sido siempre un problema difícil de afrontar para unos partidos políticos que sólo piensan en acceder al poder o en permanecer en el mismo, objetivo que choca frontalmente con la reforma que realmente necesita el mismo para ser viable.

Entonces ¿por qué abrir de nuevo ese debate ahora? Porque a la fuerza ahorcan. La crisis económica derivada de la nefasta gestión de la pandemia por el COVID-19 llevada a cabo por este gobierno ha terminado por reventar el esquema macroeconómico de España que ya no va a poder fiar a la Deuda Pública, como hasta ahora, la financiación de un sistema de pensiones deficitario desde hace muchísimos años -al financiarse con las cotizaciones de los trabajadores en activo y no con las contribuciones realizadas por los pensionistas a lo largo de su vida laboral- y que ahora se encuentra ya al borde del colapso al acercarse a un ratio imposible: el 1/1, es decir, un pensionista financiado por un trabajador cotizante.

Los números cantan: la llamada “hucha de las pensiones” que acumulaba 65.000M€ en 2011, con ZP, hoy apenas cuenta con 2.000M€ y bajando dentro de un sistema que consume 1/3 del gasto público total y que supone hoy la partida presupuestaria más grande de los PGE (más de 160.000M€ se han presupuestado para 2021). Con este escenario, no es de extrañar que muchos economistas se hayan llevado las manos a la cabeza cuando el gobierno ha presentado su PGE combinando una subida del 0,9% para las pensiones con restricciones fiscales para los planes de pensiones. Lo justito para acabar de dinamitarlo.

En abierta contradicción con lo que piensa el gobierno, los expertos en pensiones acaban de presentar un “decálogo para salvar las pensiones” con las siguientes medidas:

  1. La búsqueda de un Índice de Revalorización ajeno al IPC y que recoja otros factores como la evolución de los salarios y de las cotizaciones sociales a los que la financiación de las pensiones viene ligada.
  2. La unificación de regímenes para que todos, trabajadores y pensionistas, tengan las mismas reglas.
  3. Un nuevo ajuste en los parámetros de entrada: periodo de cotización mínimo (45 años) y base reguladora (toda la vida laboral), fundamentalmente.
  4. La recuperación del “factor de sostenibilidad” para poder realizar ajustes cada 3-5 años (con la esperanza de vida como fondo).
  5. La flexibilidad en cuanto a la edad de jubilación, dentro de un margen amplio (60/75 años) para que la decisión la tome el ciudadano y no el Estado fomentando, además, la jubilación parcial.
  6. La remisión de un informe anual a cada cotizante con la proyección a futuro de sus cotizaciones.
  7. El fomento de los planes de pensiones de empresa trasladándoles una parte de las cotizaciones sociales en origen combinado con una exigencia al trabajador en el mismo sentido.
  8. El establecimiento de una cuenta de ahorro a largo plazo para todos los mayores de edad con cargo al Estado con una regulación similar a la de las SICAV o los Fondos de Inversión.
  9. La reorganización presupuestaria estableciendo una Caja Única del Estado a la que cargar el déficit de la Seguridad Social.
  10. El mantenimiento de la contributividad en el sentido de relacionar prestación con contribución.

¿Se trata de algo revolucionario? No, se parece más a la invención de la rueda porque, salvo excepciones, en mayor o en menor medida el sistema actual ya tiene todo eso y no funciona. Algunos dirán que el problema de las pensiones en España va ligado inexorablemente al aumento de la esperanza de vida y a las bajas tasas de natalidad que han dado al traste con una pirámide poblacional sana y razonable abocándonos al ratio 1/1 (es decir, que ahora se parece más a un cilindro). Y es verdad, pero sólo en parte. La necesaria reforma de las pensiones para hacer el sistema viable y justo no dependería de esos factores porque la misma solo puede venir de sustituir la actual financiación con las cotizaciones de los trabajadores en activo por otro sistema donde exista una cuenta individual de cotización para cada trabajador que financiará su pensión con sus propias contribuciones y en la medida de éstas, por lo que dará igual como sea entonces la pirámide. Sólo contarán las contribuciones y la gestión financiera que se haga de las mismas. Nadie cargará con nadie y cada uno se financiará a sí mismo. Punto y final. Lo demás son cuentos. Está claro que para poder hacerlo hay que cortar cuanto antes (p.e. el 31.12.2020) de forma y manera que, desde enero 2021, los que entren a cotizar en 2021 ya no dependan para nada de los PGE mientras que, para los pensionistas actuales y para aquellos que ya llevan años cotizando, se establecerá un sistema transitorio que cuantifique sus cotizaciones hasta ese 31.12.2020 y que les apareje una prestación que guarde relación con su cotización. Cuanto antes se haga menos nos costará a todos y todos tomaremos conciencia de que todo depende de nuestro trabajo y no del trabajo de los demás ni del gobierno de turno que tampoco podrá capitalizar políticamente sus acciones sobre las pensiones.