El Derecho de información se conceptúa en nuestra Constitución como un derecho de acceso a la información, contenido y documentos que obran en poder de la Administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones (art. 105 b). Este reconocimiento expreso se encuentra directamente ligado con lo que la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información publica y buen gobierno, engloba dentro de su objeto que es el “garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias de su incumplimiento”.

A partir de aquí se forja por la Administración General del Estado el portal de la Transparencia con el fin de cumplir con los mandatos legales anteriormente citados. Sencillamente, y para satisfacer el derecho constitucional, existe un portal de transparencia donde los ciudadanos pueden acudir para poder recabar la información relativa a la actividad del Gobierno, pudiendo acceder a documentos y datos que derivan del ejercicio de sus funciones.

Eso es lo debería ser, pero la realidad es antagónica en el cumplimiento de los fines propios al Derecho. Durante todo el proceso de excepcionalidad que ha marcado el estado de alarma esta plataforma no ha ofrecido las exigencias necesarias de transparencia en las múltiples actuaciones que se han producido por la situación inherente a la pandemia. Hubiese sido deseable el acceso a datos que a día de hoy siguen sin conocerse con la pulcritud y transparencia, propias de un Estado democrático. Dicho de otro modo, se han suspendido la tramitación de todas las solicitudes de acceso de información por el Gobierno impidiendo conocer datos que conculcan ese derecho de una manera evidente.

Se han acumulado miles de peticiones sin respuesta ante cuestiones esenciales. Es incomprensible desde cualquier óptica, validar el posicionamiento del Ejecutivo ante la absoluta opacidad, al amparo de la suspensión de plazos en el sector público,- incluyendo el acceso de datos públicos-.

Solamente en España y China se desconoce aún la realidad exacta de fallecidos por el Covid, con la obvia referencia de que en China, el monopolio reside en un régimen comunista. En nuestro país nada se ha hecho de manera oficiosa en cuanto a algo tan sensible y necesario como certificar los fallecidos por la pandemia, y, cada día se omite esta responsabilidad, alargando una agonía innecesaria, injusta, e indigna, como tributo a las familias de todas esas personas que hemos dejado por el camino.

Nada hemos sabido de las adjudicaciones de compra de suministros de material sanitario, cuando conceptualmente están dentro de las obligaciones de la ley de Transparencia. Sin embargo, hemos sido conscientes de los constantes fracasos en la adquisición de material defectuoso lo que ha ocasionado que no llegara en tiempo y forma y fuese en algunos casos gravemente perjudicial para la salud pública.

El artículo 8, precisamente de mencionada Ley, establece como obligación “el hacer público como mínimo la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica”. Nada se sabe de los contratos, indicación del objeto, adjudicación y adjudicatarios, importes de compra, y procedimiento utilizado para la celebración…Esta es la realidad difícil de digerir! y con la legalidad aplicable ello sería objeto de infracciones graves por el perjuicio a los ciudadanos que deberían conllevar la destitución del cargo público, y la indemnización por los daños derivados de la actuación negligente. Existe una responsabilidad patrimonial en los actos de la administración en los que se derivan perjuicios para el ciudadano junto con las posibles acciones que en el seno de otras jurisdicciones fueran incardinables.

Si se ha paralizado la tramitación de solicitudes, y el portal de transparencia ha estado cerrado durante el estado de alarma, como se garantiza el derecho de información al ciudadano?...¿ Hablamos de transparencia o por el contrario de opacidad?, ¿ Que tiene pensado el Ejecutivo una vez alzado el estado de alarma respecto a las miles de solicitudes que están esperando respuesta al estar paralizadas? ….

Impropio de un Estado democrático seria pensar en que todas las omisiones en la información de datos esenciales se acercan a la policía de pensamiento según el criterio de la distopia orwelliana, pero cada día que pasa, cobra mayor sentido el pensar en dicho concepto, siendo lo no deseable, pero con el que hemos de convivir.

El Premio Nobel de literatura J. Saramago, vislumbró ya en 1995 en su obra de ficción el pánico generalizado que causa una pandemia denominada ceguera blanca y donde el Gobierno pese a intentar contener el contagio aparente y mantener el orden, lo real es que las medidas cada vez eran más represivas e ineptas. “Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven”.

Si algo tiene de enseñanza la magnífica obra de J. Saramago es la alerta de la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron, y, no en balde, la ficción a veces se convierte en una realidad que está presente, viva, y que gracias a su autor recobra especial sentido.

Mientras que en la obra de Saramago ningún personaje es ciego natural sino que su ceguera es consecuencia de la epidemia, en la obra de Buero Vallejo “En la ardiente oscuridad”, el personaje principal es ciego de nacimiento.

Dada la similitud del ensayo y la especial significancia con los tiempos, la pandemia, la muerte en vida, deberíamos ambicionar el mismo final que el ensayo recoge, y que la distopia se transformara en una recuperación de la visión por toda la humanidad como lección de esta pandemia.

Sin perder de vista esta gran metáfora, y novela política, conviene como siempre decía la viuda del Nobel, leer en voz alta, y encontrar las soluciones de la vacuidad política cuando no tiene en cuenta los problemas del ser humano.

Sofía Martín Aldea, abogada