El Tribunal Supremo es el último tribunal que conocerá un recurso ordinario en el proceso penal español y su Sala Segunda, será la que resuelva los recursos interpuestos contra sentencias condenatorias emitidas por los Tribunales Superiores de Justicia o las Audiencias Provinciales.

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Los recursos ante el Supremo no son estrictamente recursos de apelación, pero pueden entenderse como una segunda o tercera garantía para proteger los derechos de los ya condenados.

Las sentencias más conocidas del Supremo estos últimos años han sido, en relación a delitos de agresión sexual, la conocida como sentencia de “La Manada” en dónde el Alto Tribunal agravó la pena de 9 a 15 años de prisión a los cinco acusados; o en lo referente a delitos contra el orden público, la famosa sentencia del “procés”, donde se condenó a 9 de los independistas catalanes procesados, incluyendo al exvicepresidente del Govern de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, por un delito de sedición, recogiendo penas de 9 a 13 años de prisión.

Según fuentes oficiales del Poder Judicial, únicamente entre el 20 y 25 por ciento de los recursos de casación que se interponen ante la Segunda Sala llegan a sentencia. Según la ley, el Supremo podrá revisar si ha existido alguna vulneración de algún derecho fundamental del investigado como puede ser la presunción de inocencia, es decir, si la condena del juzgado o de la Audiencia Provincial se ha dictado sin pruebas suficientes.

“Los magistrados del Supremo revisarán el recurso interpuesto para valorar si en la sentencia de instancia inferior se han podido vulnerar las normas del derecho penal, esto es, que no se hayan aplicado todos los elementos necesarios del tipo de delito para que los 

hechos se consideren con relevancia penal. Por ejemplo, una condena de un presunto delito de estafa donde falte el engaño bastante o el dolo, debería haber sido tipificado como un mero engaño, lo que no debería haber sido considerado suficiente como para sentenciarse como un hecho delictivo”, comenta el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, experto en recursos en el Supremo.

¿Cómo encontrar un abogado penalista especializado en recursos de casación?

El recurso de casación en materia penal es la última posibilidad para conseguir y defender la libertad de una persona. Existe un plazo marcado por ley de 5 días para anunciarlo tras la notificación de la última resolución, y de 15 días más, por regla general, para formalizarlo si el Supremo da vista para ello.

Existen muchos despachos de abogados penalistas que se especializan en esta materia, por lo que, ¿cómo encontramos al mejor? España tiene grandes juristas y buenos penalistas, por ello, la mejor garantía solo puede ser avalada gracias a los casos de éxito ante el Tribunal Supremo y el reconocimiento dentro de la comunidad jurídica. Por ello, ante la dificultad del recurso, es muy importante conseguir la garantía de un abogado que ya haya litigado en sus salas y conozca el Supremo.

¿Cuáles son los mejores despachos de abogados para recursos de casación?

En el ámbito penal hay muchos despachos de abogados especializados en derecho penal, pero no en recursos de casación. Dada la escasez de los recursos que se admiten, pocos son los abogados penalistas conocidos como expertos en este tipo de recursos.

En España, ha destacado en Sevilla el abogado del juez de la Gürtel, Baena Bocanegra; o en Barcelona, los abogados Marc Molins i Raich y Cristóbal Martell. En Madrid, el ranking estaría encabezado por los penalistas José Antonio Choclán y Juan Gonzalo Ospina, quien, con tan solo 32 años, ha conseguido convencer recientemente a la Sala Segunda del Supremo.

Siendo uno de los abogados más jóvenes en ganar un recurso en el Alto Tribunal, el fundador de Ospina Abogados 

ha conseguido la absolución de un cliente condenado a 19 años de prisión por la Audiencia Provincial de Logroño, por dos delitos de abuso sexual que no cometió, quedando probado el ánimo espurio de su exmujer. Con un recurso admitido a trámite por el presidente de la Sala Segunda del TSJ, Manuel Marchena y resuelto por cinco magistrados encabezados por el exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, dicha resolución está reconocida como la única sentencia absolutoria del año en este tipo de delitos, sentando jurisprudencia en materia de denuncias falsas.

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Juan Gonzalo Ospina, abogado especialista en recursos ante el Tribunal Supremo

“La clave del éxito en este tipo de recursos no se basa exclusivamente en la aplicación y la experiencia jurídica, sino en el tiempo y el enfoque que se le pueda dedicar al mismo. Es fundamental la búsqueda de jurisprudencia -casos aplicables similares- para que el recurso pueda prosperar”, añade Ospina.

España está en el ranking 21 del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP). La labor de los magistrados de la Sala Segunda, con su determinación y aplicación de la ley, permite que España sea un Estado de Derecho líder en la protección de los derechos humanos y de las garantías de los acusados.