A la vista de lo establecido en el art. 1.1 del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la administración de Justicia, publicado en el BOE de 29 de abril de 2020, que habilita los días 11 a 31 del próximo mes agosto para todas las actuaciones judiciales, resulta oportuno poner de manifiesto las siguientes consideraciones:

Que sin perjuicio de los acuerdos adoptados al respecto por el Consejo General de la Abogacía en el Pleno Extraordinario celebrado el 26 de abril de 2020, es conveniente ratificar a título individual, y fuera del ámbito corporativo, el compromiso demostrado e incuestionable de todos y cada uno de los profesionales de la Abogacía, así como de su personal auxiliar con la sociedad, con las personas afectadas directamente por el COVID-19, con el tejido empresarial, y con la Administración de Justicia.

En este sentido los profesionales de la Abogacía hemos estado desde el mismo instante en que se decretó el estado de alarma, de forma ininterrumpida y sin descanso (incluso en los días festivos) atendiendo las urgentes necesidades de nuestros clientes. Y ello con dos particularidades respecto del normal desenvolvimiento de nuestra actividad:

  1. Que la situación ha sido, en la mayoría de los casos, tan dramática como desesperada. Los problemas generados por el propio Covid-19 (por la enfermedad misma), y por la declaración del estado de alarma y sus restricciones, tanto a particulares como a empresas (detrás de las que invariablemente hay también particulares y familias), han afectado a derechos fundamentales, a las relaciones familiares y de dependencia, a la vivienda, y especialmente a la obtención y acceso a los recursos económicos mínimos y vitales (suspensión de contratos de trabajo, cierre de negocios y en definitivo pérdidas notables de ingresos).
  2. Que la avalancha de consultas, solicitudes de actuaciones y gestiones en el orden laboral, administrativo, civil y en ocasiones penal, ha tenido que ser atendida por los profesionales de la Abogacía y sus auxiliares en condiciones muy difíciles, en ocasiones precarias y siempre costosas.

 

En este escenario, hay que tener en cuenta que en el mosaico que conforma la variedad de profesionales que ejercen la Abogacía, encontramos por una parte las grandes firmas dotadas de recursos humanos técnicos, materiales y financieros capaces de afrontar eventualidades como la que nos ocupa con fortaleza y sin apenas costes de adaptación, pero por otra parte,  la gran mayoría de profesionales prestan sus servicios en organizaciones pequeñas o medianas, cuando no desde plataformas individuales, para todos los cuales la situación provocada por el COVID-19 ha supuesto:

La necesidad de dotarse de medios técnicos e infraestructura tecnológica, incluso la contratación de servicios informáticos y/o de telecomunicaciones, de los que no necesitaba disponer en condiciones normales, con el consiguiente coste sobrevenido.

3.La necesidad de mantener todos sus recursos humanos a pleno rendimiento, implementando el teletrabajo, sin descanso, por los motivos expuestos, tanto de los profesionales como de su personal auxiliar.

 

La eventualidad de verse obligados, por responsabilidad, ética deontológica y por solidaridad con sus clientes, a atender las peticiones de éstos sin posibilidad, en muchas ocasiones y debido a su precaria situación, de retribución de sus servicios, ofreciendo facilidades de pago, aplazamientos y, siempre, precios ajustados. Todo ello en la esperanza y deseo de que los servicios prestados sirvan para “salvar” a nuestros clientes de la catástrofe que ha supuesto la declaración del estado de alarma en todo su alcance.

4.La obligación de asumir la responsabilidad, que sólo nosotros conocemos, de interpretar día a día la avalancha de disposiciones legales que se vienen promulgando desde el 14 de marzo, de forma desordenada, improvisada en ocasiones y, dicho sea con el debido respeto, con una deficiente técnica de redacción legislativa. Porque el colectivo de abogados es quien ha asumido la labor de “traducir” y trasladar a los ciudadanos todas estas disposiciones, informando, aconsejando y orientando sus decisiones, a veces determinantes de su futuro, con la consiguiente responsabilidad que ello implica.

 

Sirva lo expuesto para reivindicar el reconocimiento de una dedicación que estamos seguros que jamás se producirá ni por los medios de comunicación ni por los agentes sociales, pero que justifica y legitima nuestro derecho a pronunciarnos a discrepar y a rechazar el planteamiento de determinadas medidas unilateralmente por parte del Gobierno de la Nación.

Desde esta perspectiva los profesionales de la Abogacía no pueden ser absolutamente ninguneados ni despreciada su especial idiosincrasia, a la hora de plantear una medida de tan profundo calado como la habilitación (total, parcial y extraordinaria o no) del mes de agosto para todo tipo de actuaciones judiciales.

El mes de agosto ha sido tradicional, e invariablemente, el ÚNICO período del que han podido disponer para el disfrute de sus vacaciones, de forma mayoritaria, los profesionales de la abogacía dedicados a la actividad procesal y judicial de forma prioritaria. Y ello porque la perentoriedad de los plazos y la imprevisibilidad de los hitos y resoluciones judiciales, impiden que un profesional responsable de la Abogacía pueda abandonar su despacho, durante más de dos o tres días seguidos, en los meses del año hábiles. Incluso aquellos profesionales integrados en una organización más o menos grande tienen dificultades para delegar sus responsabilidades respecto de los procedimientos judiciales, dado que como sabemos el conocimiento profundo y las particularidades de cada asunto son patrimonio exclusivo y difícilmente “transmisible” del profesional que lo dirige.

El resto de estamentos intervinientes en los procedimientos judiciales (los jueces, los funcionarios, los Letrados de la Administración de Justicia, etc.) pueden disponer (y disponen) sus períodos vacacionales con libertad de criterio, y desde luego, en cualquier mes del año, sin preocupación o limitaciones en lo que se refiere al trabajo y responsabilidades que les incumben, que esperan sin problemas a su vuelta.

Partiendo de estas consideraciones, el rechazo por parte de los profesionales que integran el colectivo de esta Asociación a la habilitación del mes de agosto está absolutamente justificado: el sobreesfuerzo personal, profesional y económico exigido por los efectos del COVID-19 no puede verse además penalizado con la privación del derecho al descanso vacacional durante un período de inhabilidad procesal durante el mes de agosto de 2020, que de otro modo tendríamos que diferir hasta el mismo mes del año 2021, si es que no sufrimos una nueva crisis el próximo invierno, lo cual no es descartable viendo la desastrosa gestión y la injustificable imprevisión que se han puesto de manifiesto en la crisis actual.

A mayor abundamiento no puede ser admitida la medida propuesta sin que por los estamentos que rigen la Administración de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y los órganos responsables de las Comunidades Autónomas hayan justificado y acreditado el agotamiento de otras medidas elementales que, por otra parte, vienen siendo demandadas reiteradamente por quienes sufrimos un retraso, cuando no colapso, judicial permanente para el que la administración siempre encuentran excusas ajenas a ella (crisis económica, judicialización de prácticas bancarias abusivas, profusión de determinados procedimientos judiciales -desahucio, Preferentes, Cláusulas suelo, etc-). Y así:

  • La asignación de medios humanos, espaciales y técnicos siempre supeditados a partidas presupuestarias para cuyo incremento perece que nadie lucha con verdadero ahínco.
  • El adecuado control del trabajo de los funcionarios de la administración de justicia, el control estricto del cumplimiento de horarios, de su productividad y de la asignación de sus responsabilidades.
  • La rigurosidad en la inspección del funcionamiento de los órganos judiciales y del régimen disciplinario aplicable.

Mientras no se racionalice, se dignifique y se exija el adecuado funcionamiento de los órganos judiciales de nada servirá habilitar el mes de agosto o ampliar los horarios para la programación de actuaciones judiciales, porque el colapso se producirá igualmente como viene produciéndose desde hace ya muchos años, como hemos dicho, por razones diferentes, pero siempre ajenas, según sus responsables, a la propia Administración de Justicia.

Todo lo cual queremos exponer y trasladar desde la reiteración del compromiso al que se ha hecho referencia en el inicio de este documento.

IUS ET FIDES

  • Inscrita Reg. Nal Asociaciones nº 599412-

Pedro Fernandez-Paíno Díez

Abogado Icam nº 73.931