En estos días en los que hemos conocido los ponentes que intervendrán en la redacción de las pretendidas modificaciones de la Ley de Seguridad Ciudadana -PSOE, Podemos, PCE, Bildu, PNV y ERC-, es decir, la anti-España en estado puro con golpistas, filoetarras, marxistas, separatistas, comunistas y socialistas que, caso de llevarse a cabo, dejarán a la Policía inerme ante la delincuencia y los revoltosos y, en consecuencia, desprotegida a la gente de orden, convendría volver la vista atrás para conocer la reforma policial llevada a cabo por el gobierno del frente popular en diciembre de 1936 y tratar de buscar paralelismos y extraer consecuencias.

Para ello, se hace necesario volver atrás en el tiempo para comprobar la fuerte politización a la que quedó sometida la Policía en las regiones afectas al frente popular a partir de finales de 1936, lo que nos da una idea de la pretensión que siempre han tenido los partidos de izquierda y ultraizquierda a la hora de concebir a la Policía como un instrumento al servicio de sus ideologías y no de la ciudadanía en general que es al de quien tiene que estar.

Este principio se ha puesto de manifiesto y está vigente en todos aquellos países gobernados por la ultraizquierda -Venezuela, Cuba, Corea del Norte, China, Nicaragua, etc.- cuyas fuerzas policiales, totalmente politizadas, se han convertido, al igual que sus respectivos Ejércitos, en el sostén no solo de estos sistemas totalitarios, donde el concepto de libertad está excluido, sino también, cuando menos, en cómplices necesarios de las corruptelas de sus políticos.

Países convertidos en auténticos Estados policiales, al más rancio estilo bolchevique, donde el control de la ciudadanía es total y la delación, por parte de afines o de aquellos que anhelan prebendas y privilegios, está a la orden del día.

Pero volviendo al tema que nos ocupa que no es otro que la reorganización de la Policía frentepopulista, con fecha 26 de diciembre de 1936, tras algo más de cinco meses de guerra civil, el gobierno del frente popular, salido de las elecciones fraudulentas de febrero anterior, reorganiza la Policía gubernativa por medio de un Decreto en cuyo artículo 7º establece la nueva estructura policial.

Por este Decreto, expedido en Barcelona en la fecha ya indicada, se determina la disolución de los Cuerpos existentes hasta ese momento: Guardia Nacional Republicana -nombre que había recibido, poco antes, la Guardia Civil-, Seguridad y Asalto, Investigación y Vigilancia y Milicias de retaguardia, así como cualquier otro, fuese cual fuese su denominación y la entidad que lo hubiera organizado, siendo sustituidos por el nuevo Cuerpo de Seguridad.

Este nuevo Instituto queda configurado sobre la base de dos Grupos que pasan a denominarse:

A.- Grupo Uniformado, dividido en las Secciones de Seguridad rural, Seguridad urbana y Seguridad de vanguardia.

B.- Grupo sin uniforme que se divide en las Secciones de fronteras, Judicial y de Investigaciones especiales.

En consecuencia, todas las fuerzas policiales, tanto las encargadas del mantenimiento del orden público, como las dedicadas a labores investigativas, quedan reunidas bajo un solo mando y dirección. Hay que recordar, sin embargo, que, en 1912, cuando el Conde de Romanones presentó un proyecto para refundir en uno solo los Cuerpos de Vigilancia y de Seguridad, la izquierda se opuso de forma vehemente a tal fusión por lo que suponía de unificar, bajo un solo mando, el grueso de los efectivos policiales, oposición que, a lo que se ve, no tomó en consideración esa misma izquierda al llegar al poder y, sin recato, unifica en uno todos los Cuerpos existentes.

Además de lo referido, el precitado Decreto de 26 de diciembre, dispone igualmente le creación de un Consejo Nacional de Seguridad, que será el encargado de gestionar, como veremos, todo lo relacionado con la dirección y control de las fuerzas de orden público y los servicios policiales.

La simple lectura del artículo 2º de este Decreto determina el alto grado de politización de este Consejo y su escaso valor desde la óptica de la operativa policial al tener cabida en él la mayor parte de las Organizaciones de ideología afín a los frentepopulistas cuya presencia en el Consejo supera, en número, a la representación del personal profesional.

El citado Consejo Nacional de Seguridad se constituye en la forma siguiente: Presidente, Ministro de la Gobernación; Vicepresidente, Director general de Seguridad; Consejeros: dos representantes elegidos libremente por la U.G.T., dos representantes igualmente elegidos por la C.N.T., más cinco Consejeros, uno por cada partido político de organización nacional, afectos al frente antifascista, que elegirán libremente; un Jefe del Cuerpo de Seguridad (grupo uniformado), elegido por votación de todos los Jefes; una Clase, del mismo Cuerpo y grupo, elegido por votación de todas las Clases, y un Guardia, elegido por votación entre todos los Guardias, de igual Cuerpo y grupo; un Inspector, elegido por votación de los de igual categoría del Cuerpo de Seguridad (grupo sin uniforme); un Jefe, elegido por votación de todos los Jefes, de igual Cuerpo y grupo; un Agente, elegido por votación entre todos los Agentes, de igual Cuerpo y grupo.

A este organismo, formado mayoritariamente, como se aprecia en su composición, por elementos procedentes de los partidos coaligados en el frente popular sin vinculación ni conocimientos de nada de lo relacionado con las funciones y cometidos de las fuerzas policiales, se les asignan, entre otras, las siguientes funciones:

1ª. Dictar el Reglamento de orden interior, por el cual se ha de regir el mismo.

2ª. Proponer los Reglamentos que sean necesarios para el mejor funcionamiento del Cuerpo, en sus diferentes grupos y secciones.

3ª. Determinar la uniformidad y armamento reglamentarios.

4º. Crear los Centros de Enseñanza y proponer a los cuadros de profesores.

5ª. Resolver, en última instancia los recursos presentados por el personal.

6ª. Proponer las plantillas y su distribución en las diferentes provincias de España.

7ª. Examinar y proponer las condiciones para el acceso del personal a los grupos y secciones del Cuerpo.

8ª. Proponer ascensos y recompensas, así como sanciones, incluida la de expulsión y baja definitiva del Cuerpo.

9ª. Informar sobre todo aquello que someta a su estudio el Ministro de la Gobernación, así como emitir los dictámenes correspondientes sobre las posibles reformas que se consideren convenientes.

En resumen, que cualquier decisión que se adopte relacionada con la funcionalidad de las fuerzas policiales deberá contar con la aprobación del citado Consejo Nacional que cuenta, a nivel provincial, con los correspondientes Consejos.

En cuanto a los Consejos provinciales, que se crean por este mismo Decreto, con sede en cada una de las capitales, estarán formados por un representante por cada una de las sindicales obreras; dos, elegidos por los partidos republicanos; tres, elegidos por los partidos políticos proletarios; un representante del Cuerpo de Seguridad (sección uniformada), y un, representante del Cuerpo de Seguridad (sección sin uniforme). 

En consecuencia, todo lo relacionado con la seguridad nacional en la zona afecta al frente popular queda, mayoritariamente, en manos sindicatos y partidos políticos, todos ellos de filiación izquierdista lo que permite, fácilmente, vislumbrar el tipo de medidas y decisiones que van a adoptar y que, en buena medida, afectarán a la brutal represión llevada a cabo en esta zona contra aquellos que no comulguen con sus principios ideológicos.

Sin embargo, como era de esperar, esta reorganización no debió dar respuesta a las expectativas previstas ya que, tan solo menos de un año después, el 12 de agosto de 1937, un nuevo Decreto, expedido en Valencia, modifica sustancialmente el anterior.

Este nuevo Decreto, establece que el Cuerpo de Seguridad, creado en diciembre anterior, estará integrado por dos grupos, el uniformado y el civil.

El grupo uniformado se dividirá en dos Secciones: Asalto y Urbana lo que nos recuerda la tradicional estructura del Cuerpo de Seguridad anterior a diciembre de 1936, dividido en Asalto y Servicios Locales.

Por su parte, el grupo civil estará integrado por las Secciones de Policía interior, Policía exterior y Policía especial.

En todos los casos, el Decreto de referencia asigna una función específica a cada una de las Secciones en las que queda estructurado el Cuerpo.

Igualmente, se modifica la composición del Consejo Nacional que queda integrado por el Ministro de la Gobernación, como presidente; dos vicepresidentes, el Subsecretario del Ministerio de la Gobernación y el Director general de Seguridad y como Vocales, el Inspector general de los Cuerpos uniformados, el Jefe Superior de Policía, un Oficial y un Agente, designados por los distintos Cuerpos uniformados y civiles; un Secretario, funcionario del Ministerio de la Gobernación, sin voz ni voto.

Como se aprecia, parece que se retorna a la racionalidad, prescindiendo de toda la representación de partidos y sindicatos y primando la presencia de personal profesional para poder asumir las funciones que poseía el anteriormente referido.

También, por este Decreto, desparecen los Consejos provinciales con toda su estructura.

Ahora, en estos tiempos de “vuelta atrás”, nos enfrentamos a unas posibles modificaciones de uno de los instrumentos legales que sirven de sostén a las actuaciones policiales, sin embargo, esto no deja de ser un paso más, dado por este nuevo frente popular que nos desgobierna, para perpetuarse en el poder a sabiendas de que las medidas que pretenden implantar beneficiarán a un sector de la población -golpistas, podemitas, ocupas, revoltosos, ilegales, menas, perroflautas, etc.- con lo que tratarán de asegurar su voto cara a unos próximos comicios y así poder llegar a asumir el poder absoluto.

Sin embargo, una vez socialistas y marxistas se aúpen al poder con mayoría absoluta, esto cambiará y de nuevo implantarán una Policía política al estilo de la que funciona en los países donde su criminal ideología ha triunfado y con los mismos estándares que sirvieron para llevar adelante la reforma de diciembre de 1936.

Como he señalado, ejemplos hay más que suficientes y quien no lo quiera ver así es que es ciego o tonto. Aunque, claro, habrá mucho simplista que crea que todo esto son elucubraciones sin fundamento alguno y prefieran mirar para otro lado

Sin embargo, convendría recordar que, si estas reformas que pretenden llevar adelante llegasen a implantarse, tipos miserables como el “rastas” o aquella tipa podemita que agredió a una policía en Madrid, no habrían sido jamás encausados. De igual modo, la merma tanto de la credibilidad como del uso de los medios disponibles por parte de la Policía permitirá que de las calles se adueñen los revoltosos y los delincuentes, campando a sus anchas sin posibilidad de que las fuerzas del orden, privadas de sus medios para la represión del vandalismo y la delincuencia, puedan hacer frente, con una mínima garantía, a estos hechos, yendo todo en perjuicio de la gente de bien que quedará sometida al imperio del desorden.

Pero que nadie lo olvide. Si alguna vez, socialistas y comunistas alcanzan una mayoría absoluta que les permita maniobrar libremente, su primera medida será implantar un régimen totalitario que implica la existencia de una Policía política y politizada que le servirá de sostén. Tiempo al tiempo.

Pero lo más grave de todo esto es la catadura moral y política de los ponentes para estas reformas: socialistas, entregados en los brazos de la malvada “podemía”; podemitas, los comunistas denostados en todos los países serios; golpistas catalanes que pretenden destruir España y de ello dan muestras constantes; separatistas de la derechona vasca y filoetarras, descendientes a aquellos asesinos marxistas que tantas vidas se llevaron por delante. Un plantel de primer nivel, lo dicho, la anti España en estado puro.

Evitemos, como sea, que estas reformas entren en vigor si queremos mantener, aunque sea en su mínima expresión, unos estándares elementales de libertad.