Preliminar

La cordillera Cantábrica separa el litoral norteño de la meseta, propiciando esta rigurosidad orográfica que, durante la pasada guerra civil, este territorio se dividiera en dos partes irreconciliables, cuyo enfrentamiento bélico ya se había atisbado en el ensayo que supuso la revolución marxista de 1934. Pues bien, en julio de 1936, ocurrió algo parecido: la zona septentrional quedó anegada por la izquierda revolucionaria y el nacionalismo vascongado, por entonces no tan independentista ni criminoso; en cambio, la derecha sociológica, el regionalismo carlista vasco-navarro y la incipiente Falange se posicionarían, principalmente, en Galicia, en el eje sectorial de León-Palencia-Burgos-Álava y en el territorio navarro. Esta lucha regional, empero, sólo duraría hasta octubre de 1937, fecha en que serían derrotadas las tropas asturianas que defendían los postulados frentepopulistas,   desapareciendo con ello el llamado Frente del Norte. Únicamente, quedarían activos escasísimos efectivos del disuelto Ejército republicano, quienes se refugiarían en los montes más inhóspitos, iniciando así una lucha sin cuartel y bandoleril que teñiría de luto determinados poblados y aldeas del noroeste peninsular.

Con todo, el terror rojo generaría en toda esta zona septentrional un victimario de unas nueve mil almas durante la guerra civil, que bien puede totalizar una cifra absoluta de diez mil muertes si uniéramos a este martirologio bélico los asesinatos perpetrados por la izquierda durante la revolución de octubre del 34 y los homicidios cometidos en la población civil por las partidas del maquis en nuestra larga posguerra.

 

El sector vasco

La provincia de Guipúzcoa, hoy muy abertzale, era en 1936 una jurisdicción provincial bastante conservadora, hasta el punto de existir serias sospechas de manipulación en el proceso electoral de febrero. Por ello, la represión practicada por las milicias social-comunistas, con la anuencia del nacionalismo vasco, generó en la provincia la comisión de 449 asesinatos en el poco espacio de tiempo que duró su tiranía hasta la liberación casi completa de la provincia por las columnas navarras en aquel otoño. Pues bien, como signo de crueldad, hemos de significar que entre los masacrados encontramos 27 menores de edad, diecisiete mujeres, cuatro sacerdotes y hasta dos frailes, aparte de relevantes personalidades como Víctor Pradera, el general Muslera o el dramaturgo Maura Gamazo.

En lo que respecta a los daños materiales irrogados a las propiedades de la Iglesia, como consecuencia de profanaciones, destrucciones y devastaciones en sus templos y edificios, hemos de decir que se valoraron pericialmente en más de 4.720.000 pesetas de la época. Peor le fue a las entidades bancarias, ya que los partidos de izquierda les obligaron, como primera medida intervencionista, a que les concedieran un crédito de medio millón de pesetas y otro de dos millones de francos, que obviamente no fueron reintegrados… Con todo, la cantidad de metálico, metales preciosos, alhajas y valores extraídos ilegítimamente de las entidades financieras operativas en la provincia, por cuenta del Frente Popular, suma una cantidad astronómica de 804.550.739 pesetas…

Por lo demás, las destrucciones de Irún, Eibar y Hernani mediante los incendios intencionados por parte de los milicianos, le supusieron a tales localidades unas pérdidas materiales de más de 32 millones de pesetas. También las compañías de transporte sufrieron daños muy graves por mor de la milicianada, concretamente 96 millones de pesetas. Como curiosidad, hemos de mencionar la incautación ordenada por el peneuvista Irujo de la biblioteca del investigador vascongado, el tradicionalista Julio de Urquijo, de gran valor filológico y etnográfico.

En cambio, la represión republicana en la provincia vizcaína fue mucho más amplia y persistente. El número de fallecidos por la persecución fue superior: en torno a 1450 decesos de carácter violento, a la luz de los datos estadísticos registrales manejados por el general Salas Larrazábal en 1977; contabilizándose en dicho martirologio unos cincuenta menores de edad y varias mujeres, algunas en estado de gestación. También fue mayor el personal religioso sacrificado: 43 sacerdotes y un seminarista asesinados; como también fue intensa la persecución contra las cosas sagradas, con múltiples incendios, profanaciones y asaltos practicados en edificios singulares vizcaínos: la basílica de Begoña, la iglesia y el convento de la Concepción de Bilbao; la iglesia parroquial de Guecho; la iglesia de San Juan de Orduña; la capilla y convento de Santa Clara de Portugalete, etc. Los daños materiales superaron entonces los 3.500.000 pesetas.

Por lo que a los perjuicios bancarios respecta, hemos de precisar que los partidarios del gobierno de Euzkadi llevaron a efecto un expolio continuado de proporciones gigantescas; a saber: créditos abiertos a favor del Gobierno vasco por bancos nacionales sin posterior reintegro (550.000.000 ptas.); alhajas, joyas y metales preciosos incautados (10.677.653 ptas.); oro apropiado (4.402.194 ptas.); emisión de papel moneda y monedas de níquel sin garantías (145.000.000 ptas.); divisas y valores de carácter internacional (720.000 ptas.)… Por lo demás, los saqueos y daños intencionados causados a las diversas empresas y compañías del territorio provincial fueron evaluados por la Causa General en más de 113 millones de pesetas; y los irrogados a la riqueza de la provincia por causa de incendios y saqueos de edificios públicos, privados y de naturaleza religiosa, así como los generados por la voladura de puentes, totalizaron, según la misma fuente, 34 millones de pesetas. De hecho, el plan de destrucción era más ambicioso, pues pretendieron volar la Universidad de Deusto mediante la colocación de artefactos explosivos.

Mientras tanto, la parte pequeña de provincia alavesa controlada por los milicianos de izquierda generó solamente 51 asesinatos políticos, incluyéndose en dicho listado tres sacerdotes y dos menores de edad, de diecisiete y trece años, respectivamente. Los daños materiales en templos, iglesias y ermitas arrojaron un montante negativo de 233.000 pesetas, mientras que el robo de las alhajas de la parroquia de Llodio supondría la pérdida de medio millón de pesetas de la época. En cambio, los daños ocasionados en dicho territorio a compañías, comercios y particulares llegaron casi hasta los cinco millones de pesetas.

 

La zona cántabra

Los ejecutados y asesinados durante la contienda en la antigua provincia santanderina  llegan hasta los 1529, en conformidad con los datos obrantes en el santuario nacional de la Gran Promesa de Valladolid. Como mínimo, en este listado, se hallan incluidos varios menores, 34 mujeres y 161 religiosos (77 sacerdotes y 84 frailes). Y es que la persecución religiosa se cobró a mayores la demolición completa de 102 templos y la profanación del resto de iglesias y ermitas de la provincia, con destrucción de su ajuar litúrgico, así como la incautación de todos los bienes de la diócesis, llevándose valores por importe de casi quince millones de pesetas. Ciertos crímenes cometidos en esta provincia fueron francamente repugnantes, en la línea de las atrocidades observadas en Aragón o el Levante, debiendo recordarse, por su malignidad, las labores de limpieza efectuadas por las checas socialistas de Santander y Reinosa.

La rapacidad económica del republicanismo tampoco tuvo límites en Cantabria, habida cuenta su riqueza provincial. Así, fueron extraídos de las diversas entidades bancarias los siguientes fondos: títulos valores, 582.087.253 pesetas; oro y plata, 967.574 pesetas; empréstitos no reintegrados, 4.150.000 pesetas; talones al portador fraudulentos, 20.040.000 pesetas; cuentas corrientes, 21.487.556 ptas. Hubo también 234 casos de incautaciones y control de industrias y comercios de propiedad particular, produciendo perjuicios y pérdidas de consideración a sus dueños y empresas.

El tesoro artístico de la provincia fue sometido a incautación y destrucción. Las incautaciones de pergaminos, cartularios, incunables y demás documentos históricos apilados en bibliotecas y archivos no fueron reintegradas a sus titulares, llegándose a la barbaridad de emplear pergaminos para fabricar pasta de papel, a fin de confeccionar periódicos. El arte sacro sufrió un ataque destructor que supuso para la provincia pérdidas irreparables, con el aniquilamiento de múltiples retablos, tallas policromadas, orfebrería preciosa y hasta dos iglesias románicas. He aquí un sucinto corolario del desastre: 3.217 imágenes y 765 retablos completamente inutilizados.

En fin, una destrucción total e incomprensible, pues incluso se volaron puentes de indudable valor histórico, como los de Puente Viesgo o San Vicente de la Barquera; de época romana y renacentista, respectivamente.

La franja septentrional de Burgos y Palencia

El dominio territorial de la izquierda republicana se extendió por los terrenos mesetarios de Burgos y Palencia, que lindan con la cadena cantábrica, donde quedó fijada la línea del frente hasta bien entrado 1937. Obviamente, hasta tales territorios se extendió el terror típico izquierdista, mediante ejecución de disidentes, destrucción de bienes eclesiásticos y saqueos generalizados. No obstante, aquí la represión republicana posee otra variedad: la persecución contra los mismos soldados y oficiales que no simpatizaban con el ideal frentepopulista, vigilados de cerca por los comisarios y el servicio de información republicano. Desgraciadamente, no podrá saberse la cuantía de tal acosamiento, pero podemos señalar que las tropas franquistas enterraron en sus avances 83.033 cadáveres de soldados enemigos abandonados, presumiéndose que un porcentaje ignorado de tales muertos corresponden a fusilamientos ordenados sobre la marcha por los republicanos en el teatro de la guerra. De hecho, en el norte se conocen varios de estos casos luctuosos –incluso del personal militarizado en labores de fortificación-, sin olvidar que el mando republicano del sector era muy fanático, no en vano permitió el uso de armas químicas en el frente burgalés, como nos ha recordado el coronel Manrique García.

Con todo, Salas Larrazábal fijaba en 65 personas las víctimas de la represión en el Burgos rojo y, solamente, en veintiuna, las causadas en el territorio palentino ocupado por los revoltosos, refiriendo otras fuentes más fallecidos. Sin embargo, sí existió ferocidad, así como una persecución religiosa similar en intensidad a la observada en la zona cantábrica. De hecho, la diócesis de Burgos cuenta entre sus mártires con trece religiosos, siendo destruidos dieciséis templos y devastados otros 159; y, en la de Palencia, serían varias las iglesias que sufrirían devastaciones, perdiéndose también su ajuar litúrgico.

Atrocidades singulares

La barbaridad vascongada más conocida del Frente Popular y sus aliados conservadores, los nacionalistas del lendakari Aguirre, fueron las matanzas perpetradas contra los presos políticos hacinados en los buques-prisión que se hallaban fondeados en las aguas bilbaínas. Así, los barcos Cabo Quilates, Altuna Mendi y Aranzazú Mendi, han pasado a la historia patria como sinónimo de ignominia y humillación. Pues bien: se sometía a los reclusos a continuos insultos e improperios; también, a diversas agresiones físicas, mediante el empleo de vergajos, palos y chicotes humedecidos; e, incluso, se les obligaba a digerir un rancho repugnante, al verter en las marmitas toda clase de inmundicias, incluso evacuaciones fisiológicas, lo que provocó no pocas intoxicaciones… No contentos con tales insanias, el 25 de septiembre de 1936, se fusilaría a 50 detenidos de los primeros vapores referidos, bajo el pretexto de un raid de la aviación nacional sobre la villa de Bilbao. Justificación cínica e infantil, cuando días más tarde, el dos de octubre, unos marineros y oficiales del acorazo Jaime I* subirían a bordo del Cabo Quilates, liquidando a otros 38 prisioneros más, utilizando el mismo subterfugio: que subieran los detenidos seleccionados a cubierta para prestar declaración… Intentaron los asesinos abordar seguidamente el Altuna-Mendi, con iguales intenciones mortíferas, pero afortunadamente se lo impidió la fuerza pública.

En cambio, la policía no se hallaba presente, cuando cientos de izquierdistas cegados por el odio intentaron asaltar las cárceles de Bilbao el cuatro de enero de 1937, como represalia por la presencia nuevamente de aviones enemigos sobre el cielo bilbaíno. Así, en la cárcel de Larrinaga, los asaltante asesinaron 56 reclusos indefensos, incluyendo entre las víctimas a los catorces internos que se hallaban enfermos… En la cárcel habilitada de Los Ángeles Custodios, los asaltantes lograron matar 97 presos, acabando incluso con la vida de los ancianos; lo mismo sucedió en la prisión provisional de Casa Galera, pereciendo 51 detenidos. No obstante, en la del Carmelo, los asaltantes sólo pudieron matar cinco reclusos, pues los internos se rebelaron, impidiéndolo.

Los autores de tamaña enormidad fueron principalmente batallones asturianos -de la UGT, precisamente-, quienes siguiendo las órdenes de sus jefes inmediatos y con la asistencia de varios paisanos habían tomado manu militari las prisiones bilbaínas; y es que la acción de castigo estaba bien organizada, no fue fruto de la espontaneidad.  Con todo, no solamente en la capital bilbaína se toleraron sacas irregulares de presos políticos, seguidos de martirio; también sucedió otro tanto en algunas localidades vizcaínas como Sestao o Durango. En total, 356 reclusos fueron sacados de las cárceles de la provincia e inmediatamente ejecutados sin trámites procesales previos.

Por su parte, en la comunidad de Cantabria ocurrió una persecución más tremenda, pues el socialismo regional, como sucedería también en Asturias, se vio libre de las cortapisas que imponían los nacionalistas vascos, motivado por sus reticencias político-religiosas; no en vano en Álava habían secundado el levantamiento militar del general Mola. Como consecuencia de ello, la represión izquierdista en esta parte del litoral cantábrico presenta bastantes similitudes con la tristemente observada en el mediodía peninsular. De hecho, muchos de los fusilados, fueron previamente apaleados y torturados, llegándose incluso a arrojar al mar reos con vida: algún cadáver decapitado arribaría a las costas francesas, según la prensa… Por ende, expondré una breve enumeración de tales brutalidades: asalto a prisiones flotantes con asesinato de sus ocupantes (buque Alfonso Pérez); cadáveres con amputación de orejas (Bárcena de Cicero); muerte a machetazos (Potes); asesinados a golpes de azada (Las Rozas); apaleamientos mortales (Santander); religiosos quemados vivos (Torrelavega); colgamientos de detenidos (Castro-Urdiales); asesinato de inválidos (Suances); mutilaciones de cadáveres de combatientes y disidentes (Reinosa); violación y asesinato de menores de edad (Vega de Pas); amputación de mano (Villanueva de Henares*); abusos sexuales y saqueos (Ontaneda); degollamiento de mujer (La Pared); arrastramiento y pisotones de moribundos (Castro-Urdiales); asesinato de hospitalizados (Reinosa); homicidios de ciudadanos extranjeros etc. Con todo, el colmo de la barbarie fue la muerte por quemaduras de 53 personas, mediante previa impregnación con gasolina de las prendas de la víctima, según testimonio del juez instructor de la Causa General.

Episodios espeluznantes, sin duda. Pues bien, uno de los mayores responsables de tanta inhumanidad fue el socialista Manuel Neila Martín, un antiguo sastre salmantino, quien detentaba una curiosa jurisdicción policial sobre toda la provincia; hasta el punto que, previendo la capitulación de Santander, ordenó una transferencia del Banco de España a favor de su cuenta corriente en Valencia, de quince millones de pesetas. Seguidamente, huyó a Francia, donde fue procesado, para recalar de forma definitiva en Méjico. 

Permítaseme, por último, que exponga tres sucesos, tan sádicos como ignorados, y que acaecieron en las provincias más occidentales durante los primeros meses de la guerra, motivado por no venir lo suficientemente detallado en la Causa General. Pues bien, recién iniciada la contienda en el territorio peninsular, tienen lugar en el término palentino de Villada varios desórdenes político-sociales, resultando asesinados varios individuos por la izquierda local, entre ellos una persona a quien le cortaron el cuello con una hoz, pese a implorar clemencia a uno de los ejecutores, amigo de la víctima. Meses más tarde, en octubre, son martirizados en los montes próximos a Reinosa un padre e hijo, ambos militares de artillería, barones de la noble familia gallega Varela de la Cerda, cuyos antepasados habían combatido en la famosa batalla de Puentesampayo de 1809. El hijo, teniente e ingeniero de la Naval de Reinosa, fue descuartizado, muriendo antes que el padre, teniente coronel; el cual, tras su exhumación, apareció también con signos de haber sido sometido a bárbaros tormentos. Y, semanas después, en la localidad burgalesa de Quisicedo, las tropas rojas asesinaron a un falangista a hachazos y le vaciaron a otro infeliz los ojos, expirando pocos después, sin que los soldados del coronel Gárate pudieran hacer nada al respecto, quienes tras liberar el pueblo también enterraron a un paisano que había sido fusilado.

Conclusiones

Las cifras expuestas hablan por sí solas: la persecución izquierdista y republicana de la guerra civil en esta zona del norte peninsular laminó la riqueza de una región laboriosa, como la cantábrica, con un expolio económico y artístico asombroso; y segó, de paso, la vida de más de 3.500 personas, como mínimo, sin preterir los niños forzosamente enviados al extranjero. Poco puede argumentarse al respecto, desde una perspectiva histórica y moral. Únicamente, el silencio.

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Bilbao.- Puente de San Anton, volado con dinamita por los rojos, al huir de esta población.

* La tripulación de dicho acorazado había constituido en el buque un comité y una guardia roja para dirigirlo, adaptándose así  a las recomendaciones de la III Internacional. En cualquier caso, se conocía su forma de proceder, pues acababan de asesinar en Cartagena a un centenar de oficiales de la marina, recordando las matanzas bolcheviques de 1917.

* Provincia de Palencia, lindando con Cantabria.