DURANTE DOS MESES MADRID FUE LA CAPITAL DE LA MUERTE Y EL TERROR
Contra lo que se ha dicho o se piensa en aquella España de 1936 no había Centro, sólo había, sólo hubo, Izquierdas y Derechas.
Que las Cortes, las emisoras de radio, las televisiones y los periódicos estén recordando hoy a Clara Campoamor es una sastifación para los que amamos la Historia. Han pasado 90 años desde aquel 1 de octubre de 1931 tan decisivo para la mujer española, porque aquel día, y gracias principalmente a una mujer se aprobó el voto femenino en España.
Pero Clara Campoamor, además de su lucha en defensa de la mujer, tuvo otra vida. La de la política que tuvo que moverse en un campo de hombres, pues no otra cosa eran los Partidos Políticos y si importante fue su labor como diputada no menos lo fue como profesional del Derecho.
Por eso para mí tiene tanto interés lo que opinaba y opinó después sobre el derecho electoral de la mujer en su obra "El voto femenino y yo. Mi pecado mortal". Su visión política del momento que vivía.
Por ella misma sabemos que el 18 de julio le cogió en Madrid y por ella sabemos (escrito está en su obra "La Revolución Española vista por una republicana") lo mal que lo pasó: "yo huí en los primeros días de septiembre y me marché al exilio por miedo a los milicianos rojos... Durante dos meses Madrid fue la capital de la muerte y el terror... Ni los nacionales eran fascistas, ni los republicanos eran demócratas... En aquella España de 1936 no había Centro sólo había Izquierdas y Derechas.
Por su interés "El Correo de España" publica hoy otras páginas de "La Revolución Española vista por una republicana".               
    
 

CAPÍTULO IX:

 ¿FASCISMO CONTRA DEMOCRACIA? 

 

SEGÚN las afirmaciones gubernamentales, la sublevación militar estaba prevista para el mes de octubre de 1936. El asesinato del Sr. Calvo Sotelo la precipitó.

¿Acaso se creyó en el crimen de Estado y, en consecuencia, en el desencadenamiento de persecuciones por parte de las autoridades públicas?

Los simpatizantes de la sublevación han pretendido que el alzamiento no hacía sino adelantarse a la revolución social-comunista que debía desencadenarse en el mes de agosto. Lo cual parece sin embargo poco probable. Los extremistas no tenían motivos para rebelarse contra un gobierno que todos los días abandonaba un poco de su débil poder entre sus manos. Incluso se encaminaban rápidamente hacia la conquista total del poder y las facilidades que el Sr. Azaña concedía a esos elementos extremistas[1] (sin embargo opuestos a sus propias opiniones, según él antimarxistas), les habría facilitado la introducción pacífica de la dictadura del proletariado.

Si ese era el acontecimiento al que los sublevados querían adelantarse, su preocupación no carecía de fundamento y esa idea de «adelantarse» a la revolución comunista se hace más clara.

Lo cierto es que el 17 de julio, cinco días después del asesinato de Calvo Sotelo, estalló la sublevación.

Su extensión debiera haber hecho reflexionar al gobierno. España, patria de los pronunciamientos, es decir de las sublevaciones militares en favor de una idea o de un personaje, no había conocido hasta entonces un alzamiento tan extendido, tan general, tan completo. A las antiguas y numerosas conspiraciones militares que habían estallado sin éxito contra la dictadura y contra la monarquía desde 1923, les seguía una sublevación prácticamente total del ejército.

Otras veces, por ejemplo en 1930, la sublevación se había mostrado más heroica y más extendida en la teoría que en la práctica y de las numerosas guarniciones comprometidas todas salvo una habían permanecido acuarteladas con distintos pretextos. Esta vez, más de veinte provincias se alzaron y, además, la sublevación comprendía el ejército del Protectorado Marroquí, el único ejército preparado para la guerra, junto a los temibles refuerzos de la Legión extranjera y de los regulares marroquíes.

¿Cuáles eran la ideología y el objetivo de los insurrectos?

El alzamiento ha sido calificado desde el principio como «fascista». Conviene sin embargo no dejarse embaucar por falsas ideas que simplifican en exceso tan compleja cuestión. Además, el gobierno republicano, a través del órgano de su intérprete cualificado, el Sr. Indalecio Prieto, creyó ser su deber -sin duda por buenos motivos­ el borrar esa idea simplista del espíritu del público tanto fuera como dentro de España. En el tercero de sus discursos, pronunciado en la radio y radiodifundido más tarde en varios idiomas -discurso reproducido en el artículo de fondo del diario de Madrid Informaciones-, Prieto habló del «movimiento insurreccional extenso y complejo cuyos objetivos y alcance nos son totalmente desconocidos».

Por tanto se ha confesado oficialmente que no se atribuía un objetivo absoluta o totalmente fascista al movimiento iniciado.

También desde el otro bando niegan, no sin motivo, a los elementos gubernamentales la condición de representantes puros y auténticos de la democracia.

Añadamos que los insurrectos mostraron al principio muy poca unidad. Así, las emisiones radiofónicas de las diversas capitales sublevadas terminaban con himnos distintos: mientras que en Burgos se tocaba el himno fascista, en Sevilla se interpretaba el himno de Riego (himno nacional republicano) y en otras se tocaban simples marchas militares. Sólo al cabo de tres semanas dejó de oírse el himno de Riego sin que, por otro lado, se interpretara en todas partes el himno fascista[2]. Lo mismo ocurrió con la bandera: en todas las provincias sublevadas siguió enarbolándose la bandera tricolor de la República. Sólo tras el 15 de agosto -un mes después del alzamiento- la bandera fue sustituida por la antigua bandera española, sobre la que se conservó el escudo republicano en lugar del escudo monárquico[3].

¿Fascismo contra democracia? No, la cuestión no es tan sencilla. Ni el fascismo puro ni la democracia pura alientan a los dos adversarios.

La confusión que reina en la opinión pública de todos aquellos países que se muestran interesados o angustiados por nuestro espantoso drama nacional, confusión que amenaza sumirlos a todos en el error, se origina en este impreciso esquema de los móviles de la lucha.

La realidad actual y todos los indicios que permiten entrever cuán difícil será la solución futura, evidencian la gran complejidad de las fuerzas en lucha. Intentemos analizarlas enumerando los muy distintos partidos que se han agrupado de cada lado:

 

Del lado insurgente se encuentran:

a) Militares republicanos tales como los generales Queipo de Llano y Cabanellas y el aviador Franco que habían tomado parte en la revolución contra la monarquía;

b) Militares que se habían adherido a la República y la habían servido desde 1931 como los generales Franco, Goded y Fanjul;

e) Militares que, sirviendo la monarquía, eran de opiniones liberales, incluso avanzadas, lo cual los hacía poco simpáticos a los ojos de la realeza. Es el caso singular del general Mola que podía haberse hecho adicto de la República y servirla si no hubiese sido la víctima de ridículas persecuciones debidas, en realidad, al hecho de que había sido director general de Seguridad durante el último gobierno monárquico[4];

d) Miembros de partidos políticos de la derecha católica que, como republicanos, habían gobernado durante el periodo de 1934-1935;

e) Monárquicos constitucionales partidarios de Alfonso de Borbón;

f) Los carlistas y los tradicionalistas, es decir, los partidarios de una monarquía absoluta y del regreso a un lejano pasado;

g) Los católicos a machamartillo;

h) Los fascistas, miembros de Falange Española.

 

En el lado gubernamental se encuentran:

a) Partidos republicanos, es decir el partido de Izquierda Republicana (Sr. Azaña) y el de Unión Republicana (Sr. Martínez Barrio) teniendo el primero y más importante de los dos menos de 4.200 miembros en la capital de España[5];

b) Los socialistas divididos en tres grupos: evolucionistas, centristas y revolucionarios. La formación de esos grupos se debe a divergencias internas. Ese partido sólo contaba en Madrid con 5.000 afiliados[6];

c) Los comunistas rusófilos, que formaban una organización bastante pequeña comparada con la de los socialistas;

d) La izquierda catalana;

e) Los nacionalistas vascos con una representación parlamentaria de veinte diputados, que además del deseo de autonomía de las tres provincias vascas, profesan una ideología ultra-católica, tradicional y nacionalista que prácticamente se confunde con la de los tradicionalistas;

f) La Unión General de los Trabajadores (U.G.T.), que actúa conforme a los métodos socialistas y a la que dirigen socialistas a pesar de que no pertenece a la unión de sindicatos de oficios y profesiones[7];

g) El Partido Obrero de Unificación Marxista (P.O.U.M.), compuesto por comunistas trosquistas y reforzado por el Bloque Obrero y Campesino catalán, dirigido por Maurín, enemigo también del comunismo estaliniano y partidario de un comunismo nacional;

h) La Confederación Nacional del Trabajo (C.N.T.), grupo antiestatal que predica el aniquilamiento del Estado y de cualquier organización distinta a los sindicatos de trabajadores, opuesto a la regulación de los conflictos laborales por la intercesión del Estado o de los tribunales. Este partido impone a sus miembros la acción directa[8] sobre los patronos para solucionar los conflictos laborales.

i) La Federación Anarquista Ibérica (F.A.I.), grupo anarquista que a los objetivos de la C.N.T. añade como ideal el grito, lanzado en Irún, de: «¡Viva la dinamita!»[9].

Se comprende fácilmente que el triunfo de uno de los bandos no resolverá la cuestión del gobierno de España. El bando vencedor verá nacer luchas internas entre los partidos tan contradictorios que lo componen, pretendiendo cada uno de ellos cosechar sólo para sí los frutos de la victoria.

No resulta por tanto descabellado prever que la lucha iniciada no supone más que una inmensa pérdida de energía ya que tras la victoria de uno de los dos grupos se recaerá en la agitación y el partido más fuerte acabará por vencer los demás, imponiendo una dictadura aplastante.

Pero lo que por ahora nos interesa es subrayar que palabras como democracia o fascismo que se pretende inscribir en las banderas de los gubernamentales o de los insurrectos son del todo exageradas y no permiten explicar los objetivos de la guerra civil ni justificarla.

 

* * *

 

 

CAPÍTULO X: 

LOS ERRORES DE LOS REPUBLICANOS 

 

UN hecho incontrovertible se destaca en primer lugar de la conflagración nacional española: que los insurgentes se han alzado contra un Estado de derecho, establecido a raíz de una consulta popular. Se han levantado contra un gobierno nacido de unas Cortes con mayoría de izquierdas, constituidas tras las elecciones de febrero de 1936. El posible triunfo de los insurrectos que confirmaría la eterna fórmula de que «la fuerza prima sobre el derecho» nos invita a examinar qué motivos han podido ser más fuertes que el respeto a la voluntad popular para llevar los insurrectos a luchar con tanta fuerza y en tan gran número contra un Estado de derecho. 

Consideremos primero dos características políticas de España: la dirección política de las masas y luego el estado de madurez democrático de esas masas, es decir, la medida en la que son capaces de entender las consecuencias inevitables de su actividad electoral. 

En lo que se refiere al primer punto, observamos que España no es un país de partidos sino un país de opinión. El número de miembros inscritos en Madrid, entre los dos grandes partidos -Izquierda Republicana y socialistas-, es muy elocuente a este respecto. 

En la capital de España, con una población que sobrepasa el millón de habitantes y un censo electoral que en 1933 se elevaba a 499.903 votantes[10], los partidos más fuertes del Frente Popular comprendían entre 5.000 y 4.200 miembros entre los cuales muchos jóvenes no gozaban todavía del derecho a votar[11] y representaban el 2% de los electores. Añadamos que el partido de derecha (Sr. Gil Robles) nunca, ni en sus mejores momentos, pasó de 10.000 miembros y que el partido fascista, que se decía muy reforzado tras el triunfo del Frente Popular, proporcionaba como espléndido número, en Madrid, el de 11.000 miembros. Encontramos una prueba de esta indiferencia de las masas hacia la defensa de sus intereses en el hecho de que los 100.000 miembros de la U.G.T. no estén todos inscritos en partidos de izquierda[12]. 

La falta de organización política de las masas tuvo por consecuencia obligar a los partidos a formar grandes coaliciones electorales que pudiesen reunir los numerosos votos desperdigados[13]. Por otra parte, este hecho obligaba a elaborar programas electorales de circunstancia, cuajados de promesas atractivas con el fin de atraer el voto de la enorme masa de opinión que quedaba fuera de las organizaciones políticas y cuyas reacciones, siempre imprevisibles, sumían en la inquietud a los partidos que participaban en la refriega electoral. Así, tanto los partidos de derecha como los de izquierda se vieron obligados a prometer importantes reformas sociales que luego no pudieron llevar a cabo. 

Cautivos de la primera de estas tristes necesidades, los dirigentes de los partidos de izquierda formaron una coalición electoral que iba de los republicanos de izquierda a los anarquistas. Debido a la segunda de las mencionadas necesidades se elaboró un programa de reivindicaciones obreras que los republicanos sólo a duras penas conseguían moderar. 

Algunas de esas reivindicaciones son muy significativas. Así, la reincorporación en sus antiguos puestos de trabajo de los obreros insurrectos de octubre de 1934, despedidos en su día por el gobierno Lerroux-Gil Robles; el pago de todos los salarios desde esa fecha y la promesa de indemnizaciones bajo forma de pensiones a las familias de las víctimas de la represión. Esto suponía aprobar a posteriori una sublevación reprimida por un gobierno de centro-derecha y anular las medidas tomadas por el Estado contra los vencidos revolucionarios. 

Ese programa rompía una vez más cualquier continuidad de la política del régimen anulando las medidas legales tomadas por el anterior gobierno. 

Es cierto que se seguía en esto el ejemplo de la derecha, la cual, llegada al poder en 1934, había sido la primera en volar en pedazos la legislación reformadora elaborada por los partidos de izquierda[14]. 

Los rostros huraños, violentos y fanáticos se mostraban sin velos y sin matices. 

No se trataba más que del siniestro augurio del encarnizamiento que presidiría el combate el día en que se lucharía de otro modo que a golpe de decreto. 

La derecha también había amnistiado los sublevados de agosto de 1932. También había pretendido devolver su mando a los militares que se habían alzado contra el régimen. Pero la atenta vigilancia del presidente Alcalá-Zamora había intervenido. Se había opuesto a esta pretensión declarando que, mientras él estuviese a la cabeza del Estado, a quienes se hubieran alzado contra el régimen no les devolverían sus empleos. Cierto es que el programa de recompensa a los sublevados adoptado por el Frente Popular -llevado a cabo mediante decretos que, por cierto, en su mayor parte fueron obra del gobierno Azaña- implicaba una llamativa prima a la sublevación de la clase obrera que no habiendo tenido a su favor la ley contra la cual se alzó, tampoco tuvo de su lado, en virtud de su derrota, la fuerza que primara sobre el derecho que más tarde le habría servido de justificación. 

Sin embargo este programa no pareció asustar a nadie. Sólo el Sr. Sánchez Román, jefe de un minúsculo partido republicano que estaba en proceso de negociación con la coalición de las izquierdas llegó a preocuparse. Retomó su libertad quedando al margen del Frente Popular sin presentar lista de candidatos. Actitud honesta que sólo le valió el odio de los gubernamentales y el de los insurrectos. 

Las difíciles circunstancias electorales y la necesidad de atraerse la opinión pública enigmática y amorfa, forzaron al Frente Popular a una propaganda sin duda exagerada si lo que buscaba era arrastrar ese electorado dubitativo y alcanzar un éxito del que él mismo dudó hasta la víspera de las elecciones. 

Los errores del anterior gobierno de derechas proporcionaron una excelente base a dicha propaganda. Si el periodo de gobierno Lerroux-Gil Robles había sido poco hábil en lo que se refiere a las reformas sociales, había resultado nefasto para la dignidad del Estado por la forma en que se aplicó la justicia cuando se juzgó la sublevación obrera de Asturias de octubre de 1934. 

El gobierno se había encarado entonces a un movimiento que sobrepasaba todo lo que España había conocido hasta entonces en materia de sublevaciones. Había sobrepasado en fuerza, en intensidad y por sus consecuencias el movimiento de la Comuna de París. Aplastada la sublevación, el gobierno se halló ante la siguiente alternativa: o una represión severa y rápida pero que, siguiendo el duro ejemplo de Thiersx en 1871, hubiese proporcionado al país un sólido apaciguamiento, o bien una generosa clemencia que hubiese borrado en el pueblo las fuentes mismas del odio. 

No se siguió ninguno de estos dos métodos sino que con triste torpeza se tomó un poco de éste y otro poco de aquel, aplicándolos con trágico despropósito. La represión, en lugar de ser rápida y corta se fue alargando de forma incomprensible: dieciséis meses después de la sublevación, en febrero de 1936, todavía había juicios pendientes. Por otra parte la represión fue cobardemente débil en su aspecto visible y exterior: todos los dirigentes, incluso los jefes militares, salvaron la vida; hasta aquellos cuya responsabilidad no ofrecía duda fueron absueltos. El gobierno concentró toda su severidad sobre tres pobres diablos: un sargento del Ejército[15] y dos ladrones fueron los únicos ejecutados en un pueblo asturiano. 

En cambio la represión fue cruel y feroz en sus métodos. Se dio tormento a los acusados en las prisiones; se fusiló a presos sin formación de causa en los patios de los cuarteles, se cerró los ojos ante las persecuciones y las atrocidades cometidas por los agentes de la autoridad durante esos dieciséis meses. 

¡Tres únicas condenas oficiales! ¡Gran demencia! Pero, a cambio, miles de prisioneros, centenares de muertos, de torturados, de lisiados. ¡Execrable crueldad! He ahí el balance de una represión que si hubiese sido severa pero legal, justa y limpia en sus métodos, habría causado mucho menos daño al país. Ofrecía un magnífico campo para la propaganda electoral en un país demasiado individualista, ingenuo y sentimental, inclinado a admirar las hazañas de los sublevados heroicos y perseguidos y que experimenta una tendencia exagerada a devolver la libertad a los inculpados por el seguro y cómodo medio del escrutinio electoral. 

La propaganda fue mordaz. La posibilidad de exponer en los mítines la verdad sobre la represión de la sublevación de Asturias e incluso de exagerar esa sombría verdad fue aprovechada por oradores exaltados, poco escrupulosos y preocupados sobre todo de conjurar una posible derrota. Las reuniones electorales se convertían en auténticos tumultos. El gobierno de centro formado por el presidente de la República con el ambicioso pero poco realista designio de llevar a las Cortes un grupo moderado que secundara su política, tuvo que silenciar en ocasiones tan tormentosa propaganda. 

Sin embargo tuvo éxito, y se ganó a la opinión pública que, hallándose al margen de los partidos, se dejó arrastrar tan fácilmente como lo fuera por la derecha en las elecciones de 1933 cuando aquella ponía en evidencia la elocuente tendencia de la izquierda hacia el marxismo. 

Las elecciones que tuvieron lugar bajo la República y sus resultados ponen de relieve un hecho doloroso: el de la débil madurez democrática del pueblo español. Este hecho debiera haber hecho reflexionar a los republicanos. Ese movimiento de péndulo efectuado por el cuerpo electoral, el cual votaba alternativamente a izquierdas o a derechas con más entusiasmo que sensatez era tan peligroso para un régimen naciente como poco aleccionador para sus defensores. Los republicanos, en lugar de dedicarse a corregir esas peligrosas tendencias, de pretender la educación de un pueblo que, mantenido por la monarquía bajo una decepcionante ficción electoral, se arriesgaba a emplear mal una libertad política adquirida de un día para otro, cometieron el error de explotar sus vicios en lugar de reforzar sus virtudes. Los dirigentes hubiesen debido quedar por encima de la refriega y tratar de guiar al elector en lugar de halagar sus debilidades. Los partidos debieran haberse mantenido en las esferas superiores de la moral política -si es que hay alguna- y no rebajarse recurriendo al populismo y la ciega agitación, buscando el beneficio personal, que por cierto resulta tan efímero como peligroso. 

En vez de eso los partidos políticos cada vez más debilitados por divisiones originadas en ambiciones personales y en sutiles matices -incomprensibles para las masas- simplificaban sus programas en el marco de grandes alianzas donde se sacrificaban los principios en aras de alcanzar el poder. 

El elector no tenía elección: o votaba a la derecha o a la izquierda, o se abstenía, lo cual fue el caso de los más conscientes. 

Cuando una u otra coalición triunfaba, los extremistas se salían con la suya en la acción gubernamental. Reclamaban a los moderados el precio de los votos que les habían prestado. Este fue el caso de los primer y tercer gobiernos republicanos para la izquierda y el del segundo para la derecha. Esos extremistas, estimando valiosísima la ayuda mendigada por los moderados, imponían su programa, que pretendían aplicar bajo el ala protectora y debilitada de sus aliados del día. 

De este modo la joven República española se ha columpiado alternativamente durante cinco años entre el clima de soluciones extremistas de la izquierda y el de la derecha. Esto sin duda demuestra su robusta salud, pero muestra también que no hay organismos, por fuertes que sean, que puedan resistir los peligrosos experimentos de los aprendices de la política. 

Y hete aquí que sobreviene la peligrosa crisis. La derecha siente despertar en ella una aguda inquietud ante el segundo intento extremista de la izquierda. Juzgando, no sin motivo, que España no era en el fondo más que el teatro de una pura lucha revolucionaria dirigida alternativamente por los dos extremos políticos tras el frágil biombo de las instituciones legales, se ha saltado las etapas y se ha lanzado al ruedo con el fin de zanjar la cuestión con la fuerza de las armas. 

Desde el principio de la refriega, el orgullo de las dos fuerzas beligerantes les ha ocultado la gravedad de la situación y el peligro que suponía dejar escapar -como hizo el gobierno- la ocasión de detener la lucha con el gabinete de conciliación que proponía el Sr. Martínez Barrio. 

Los militares habían acariciado la ilusión de que entre Madrid y ellos sólo había un paseo triunfal, y que el gobierno se rendiría sin condiciones ante la amenaza de alzamiento. De este modo despreciaban la ardiente fe del pueblo. 

El gobierno, también engañado por el entusiasmo seductor de las masas que se alzaron con las primeras victorias, creyó que la sublevación sería rápidamente aplastada. Menospreciaba de este modo la técnica y la disciplina. 

Una vez más, como siempre en las luchas políticas, se cometía el error de desconocer y subestimar el adversario. 

¿Creía el gobierno que los insurgentes no eran lo suficientemente fuertes como para arrostrar una larga resistencia? Si es así, se ha mostrado responsable de un grave error, el de no contar con las tropas de Marruecos. No hay duda de que en todos los frentes las tropas de choque están formadas por efectivos marroquíes cuyo número parece inagotable. 

Uno se pregunta por qué el gobierno no impidió, cuando todavía estaba a tiempo, que los futuros insurgentes dispusieran de tan formidables efectivos militares. No ignoraba, sin embargo, el peligro que aquellas tropas podían representar. Ya se habían producido altercados entre los socialistas y tropas de la Legión en Ceuta. El ministro de la Guerra había destituido en aquella ocasión a uno de los jefes que, sin embargo, permaneció en Marruecos. 

¿Cómo es posible que el gobierno republicano no reemplazara como medida de precaución a todos los mandos de Marruecos ya que debía prever que, en caso de sublevación, aquellas tropas se verían arrastradas por sus jefes? El gobierno hubiera debido pensar en ello tanto más cuanto que en dos ocasiones la República había empleado aquellas fuerzas contra la Metrópoli. La primera vez bajo el gobierno Azaña que mandó dos columnas de marroquíes a Sevilla contra la sublevación de Sanjurjo. La segunda vez con el gobierno Lerroux que las utilizó durante la insurrección de Asturias. La República siguió en esto el ejemplo de la monarquía que había recurrido a la Legión extranjera contra la Metrópoli -por primera vez- en 1930, en Alicante y Valencia, en previsión de un levantamiento republicano. 

El gobierno Giral-Prieto y, con él, el régimen republicano, tenía más que perder que ganar en la lucha que se avecinaba. Una sublevación que no es aplastada desde el principio se convierte en un peligro para el régimen contra el que se produce. Un gobierno legal que no consigue ahogar desde los primeros momentos un movimiento revolucionario, se arriesga a perder cada día una parte de su fuerza moral y de su autoridad. En definitiva, una revolución que se prolonga demuestra que se sustenta en una sólida base. 

Martínez Barrio lo vio a tiempo. Fue derrotado y se perdió la ocasión de impedir la carnicería. Una espantosa guerra civil iba a comenzar. 

Cualquiera que sea el juicio que el porvenir reserve a don Manuel Azaña, poder moderador de la República, esperemos que él lea de vez en cuando el libro de Dostoyevski, Crimen y Castigo. 



[1] Con ocasión de la primera crisis ministerial producida por su acceso a la presidencia de la República el Sr. Azaña encargó al socialista Prieto la formación de un gabinete. Éste no lo consiguió.

[2] Lo mismo ocurrió del lado gubernamental: las emisoras de Madrid, Barcelona, Valencia y otros lugares interpretaban a capricho el himno de Riego, la Internacional o los himnos comunistas, sindicalistas o anarquistas. Era la guerra de las radios...

[3] Así como en Madrid se sustituyó casi en todas partes la bandera tricolor republicana por la bandera roja socialista o rojinegra anarquista.

[4] Fue él quien decía en una circular de 3 de octubre de 1930 dirigida a los gobernadores civiles: «La nación odia indiscutiblemente la dictadura a pesar de que por desgracia la actitud de las masas parece pedirla a gritos».

[5] Las listas de afiliados correspondientes a octubre de 1935 publicadas por el partido incluían a 9.000 personas de las cuales 4.200 pagaban una cuota.

[6] Este hecho quedó patente en el diario del partido con ocasión de la votación efectuada en el mes de junio con vistas a la celebración de un congreso extraordinario con el fin de examinar una posible escisión basada en las ideas de esos tres distintos grupos.

[7] La U.G.T. cuya sede se halla en Madrid, cuenta allí con unos cien mil miembros que abonan una cuota. Ese número indica que dicho grupo, a pesar de la directiva socialista, comprende republicanos e indiferentes en materia política puesto que sobrepasa en 85.000 el número de adheridos al partido socialista de la capital. (N. del T. a Clara Campoamor no parecen salirle las cuentas, quizás exista una errata).

[8] Lo que viene en llamarse «acción directa» se traduce en definitiva por el uso del revólver contra los patronos recalcitrantes.

[9] Ya hemos indicado que la C.N.T. y la F.A.I. reunían a más de dos millones de miembros que pagaran cuota.

[10] El censo total de España se elevaba a 15.164.349 electores, de los cuales 7.208.887 hombres y 7.955.462 mujeres. En Madrid había 100 electoras por cada 77 electores varones.

[11] El derecho al voto se ejerce en España a partir de la edad de 23 años.

[12] Muchos miembros de la U.G.T. se afiliaron con vistas a encontrar más fácilmente empleo en industrias donde -con el triunfo de la izquierda- se exigía el carné de miembro. Por el mismo motivo muchos trabajadores habían emigrado a la C.E.D.A. (partido de derechas) en el momento en que la derecha gobernaba, de 1934 a 1935.

[13] Subrayemos que la ley electoral exigía una mayoría del 40 por ciento para que un candidato fuera elegido. Adoptar esa ley fue un error fatal para los republicanos que se maniataban así para el porvenir. Propuesta por el socialista Prieto, esa ley demoníaca subordinaba para siempre los republicanos a la benevolencia de los socialistas. Gracias a esta disposición el Frente Popular obtuvo su deslumbrante mayoría con 4.497.696 votos, aplastando a la derecha que sin embargo la sobrepasaba con 4.910.818 votos. Un fenómeno parecido se produjo en 1933 en beneficio de los partidos de derecha.

[14] La derecha había reducido los sueldos en el campo hasta 1,5 y 2 pesetas diarias y había votado una ley permitiendo expulsar a los arrendados de las tierras que trabajaban desde hacía veinte o treinta años.

[15] Mientras que el referido sargento era juzgado y ejecutado, el comandante Pérez Farras, en Cataluña, era amnistiado lo cual le ha permitido más tarde dirigir la defensa de Barcelona contra los insurrectos.