Reproducimos a continuación los Manifiestos que don Juan de Borbón y Borbón hizo públicos entre 1941 y 1969. También reproducimos las palabras que pronunció de renuncia de sus derechos a la Corona. De la simple lectura de ellos se desprende el cambio que se fue operando en las relaciones de don Juan con Franco. Lean: 

 Manifiesto de Ginebra 1941

 

 

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El llamado Manifiesto de Ginebra fueron unas declaraciones de don Juan de Borbón al periódico suizo Journal de Genéve publicadas el 11 de noviembre de 1942 en las que le reclamaba al general Franco, entonces en el poder en España , que diera paso a la restauración de la monarquía en su persona, como legítimo heredero del rey Alfonso XIII  fallecido en febrero del año anterior. Las declaraciones fueron hechas inmediatamente después de que se produjera el desembarco aliado en Marruecos y Argelia  que dio un giro a la Segunda Guerra Mundial y que amenazaba la supervivencia de la Dictadura franquista alineada con las potencias del Eje. 

Don Juan de Borbón, heredero al trono de España tras la abdicación y muerte de su padre el rey Alfonso XIII, apoyó al régimen franquista en los primeros años, lo que era coherente con sus convicciones políticas pues durante la República había mantenido relaciones estrechas con la derecha autoritaria de Acción Española —uno de cuyos fundadores, Eugenio Vegas Latapié, fue su consejero durante mucho tiempo—. Cuando estalló la guerra civil intentó alistarse por dos veces en el bando sublevado impidiéndoselo el general Mola, la primera, y el general Franco, la segunda, y durante la misma se identificó totalmente con los nacionales, con lo que «desaprovechó la oportunidad de perfilarse ya entonces como el rey de todos los españoles». 

A principios de 1941 don Juan buscó el apoyo de la Alemania nazi para la restauración de la monarquía. Así en abril un representante suyo viajó a Berlín para establecer un enlace directo con el ministerio de asuntos exteriores alemán y de esa forma reducir la influencia británica entre los círculos monárquicos españoles y la propia cuestión sucesoria, pero el representante de Ribbentrop le contestó que Alemania no estaba interesada en la propuesta —pues ya ejercía una gran influencia en España a través de la Falange y de Serrano Suñer—, aunque mantendría buenas relaciones con un gobierno «nacional» que pudiera establecerse en Madrid —de hecho el enviado de don Juan había pedido que el gobierno alemán presionara a Franco para que abandonara el poder y evitar así un golpe de estado que estaban preparando los generales monárquicos—. A pesar del fracaso del viaje a Berlín los contactos con la Alemania nazi prosiguieron en los meses siguientes después de que don Juan se trasladara de Roma a Lausana.   

 Manifiesto de Lausana 19 de marzo 1945 

 

 

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Españoles: 

Conozco vuestra dolorosa desilusión y comparto vuestros temores. Acaso lo siento más en carne viva que vosotros, ya que, en el libre ambiente de esta atalaya centroeuropea, donde la voluntad de Dios me ha situado, no pesan sobre mi espíritu ni vendas ni mordazas. A diario puedo escuchar y meditar lo que se dice sobre España. 

Desde abril de 1931 en que el Rey, mi Padre, suspendió sus regias prerrogativas, ha pasado España por uno de los períodos más trágicos de su historia. Durante los cinco años de República, el estado de inseguridad y anarquía, creado por innumerables atentados, huelgas y desórdenes de toda especie, desembocó en la guerra civil que, por tres años, asoló y ensangrentó la Patria. El generoso sacrificio del Rey de abandonar el territorio nacional para evitar el derramamiento de sangre española, resultó inútil. 

Hoy, pasados seis años desde que finalizó la guerra civil, el régimen implantado por el General Franco, inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las potencias del Eje, tan contrario al carácter y a la tradición de nuestro pueblo, es fundamentalmente incompatible con las circunstancias que la guerra presente está creando en el mundo. La política exterior seguida por el Régimen compromete también el porvenir de la Nación. 

Corre España el riesgo de verse arrastrada a una nueva lucha fratricida y de encontrarse totalmente aislada del mundo. El régimen actual, por muchos que sean sus esfuerzos para adaptarse a la nueva situación, provoca este doble peligro; y una nueva República, por moderada que fuera en sus comienzos e intenciones, no tardaría en desplazarse hacia uno de los extremos, reforzando así al otro, para terminar en una nueva guerra civil. 

Solo la Monarquía Tradicional puede ser instrumento de paz y de concordia para reconciliar a los españoles; solo ella puede obtener respeto en el exterior, mediante un efectivo estado de derecho, y realizar una armoniosa síntesis del orden y de la libertad en que se basa la concepción cristiana del Estado. Millones de españoles de las más variadas ideologías, convencidos de esta verdad, ven en la Monarquía la única Institución salvadora. 

Desde que por renuncia y subsiguiente muerte del Rey Don Alfonso XIII en 1941, asumí los deberes y derechos a la Corona de España, mostré mi disconformidad con la política interior y exterior seguida por el General Franco. En cartas dirigidas a él y a mi Representante hice constar mi insolidaridad con el régimen que representaba, y por dos veces, en declaraciones a la Prensa, manifesté cuán contraria era mi posición en muy fundamentales cuestiones. 

Por estas razones, me resuelvo, para descargar mi conciencia del agobio cada día más apremiante de la responsabilidad que me incumbe, a levantar mi voz y requerir solemnemente al General Franco para que, reconociendo el fracaso de su concepción totalitaria del Estado, abandone el Poder y dé libre paso a la restauración del régimen tradicional de España, único capaz de garantizar la Religión, el Orden y la Libertad. 

Bajo la Monarquía –reconciliadora, justiciera y tolerante- caben cuantas reformas demande el interés de la Nación. Primordiales tareas serán: aprobación inmediata, por votación popular, de una Constitución política; reconocimiento de todos los derechos inherentes a la persona humana, y garantía de las libertades políticas correspondientes; establecimiento de una Asamblea legislativa elegida por la Nación; reconocimiento de la diversidad regional; amplia amnistía política; una más justa distribución de la riqueza y la supresión de injustos contrastes sociales contra los cuales no solo claman los preceptos del Cristianismo, sino que están en flagrante y peligrosísima contradicción con los signos político-económicos de nuestro tiempo. 

No levanto bandera de rebeldía, ni incito a nadie a la sedición, pero quiero recordar a quienes apoyan al actual régimen la inmensa responsabilidad en que incurren, contribuyendo a prolongar una situación que está en trance de llevar al país a una irreparable catástrofe. 

Fuerte en mi confianza en Dios y en mis derechos y deberes imprescriptibles, espero el momento en que pueda realizar mi mayor anhelo: la Paz y la Concordia de todos los españoles. 

¡Viva España! 

JUAN 

Lausanne, 19 de marzo de 1945 

Manifiesto de Estoril 7 de abril 1947 

 

 

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Españoles: 

El General Franco ha anunciado públicamente su propósito de presentar a las llamadas Cortes un proyecto de Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, por el cual España queda constituida en Reino, y se prevé un sistema por completo opuesto al de las Leyes que históricamente han regulado la sucesión a la Corona. 

En momentos tan críticos para la estabilidad política de la Patria, no puedo dejar de dirigirme a vosotros, como legítimo Representante que soy de vuestra Monarquía, para fijar mi actitud ante tan grave intento. 

Los principios que rigen la sucesión de la Corona, y que son uno de los elementos básicos de la legalidad en que la Monarquía Tradicional se asienta, no pueden ser modificados sin la actuación conjunta del Rey y de la Nación legítimamente representada en Cortes. Lo que ahora se quiere hacer carece de ambos concursos esenciales, pues ni el titular de la Corona interviene ni puede decirse que encarne la voluntad de la Nación el organismo que, con el nombre de Cortes, no pasa de ser una mera creación gubernativa. La Ley de Sucesión que naciera en condiciones tales adolecería de un vicio sustancial de nulidad. 

Tanto o más grave es la cuestión de fondo que el citado proyecto plantea. Sin tener en cuenta la necesidad apremiante que España siente de contar con instituciones estables, sin querer advertir que lo que el país desea es salir cuanto antes de una interinidad cada día más peligrosa, sin comprender que la hostilidad de que la Patria se ve rodeada en el mundo nace en máxima parte de la presencia del General Franco en la Jefatura del Estado, lo que ahora se pretende es pura y simplemente convertir en vitalicia esa dictadura personal, convalidar unos títulos, según parece hasta ahora precarios, y disfrazar con el manto glorioso de la Monarquía un régimen de puro arbitrio gubernamental, la necesidad de la cual hace ya mucho tiempo que no existe. 

Mañana la Historia, hoy los españoles, no me perdonarían si permaneciese silencioso ante el ataque que se pretende perpetrar contra la esencia misma de la Institución monárquica hereditaria, que es, en frase de nuestro Balmes, una de las conquistas más grandes y más felices de la ciencia política. 

La Monarquía hereditaria es, por su propia naturaleza, un elemento básico de estabilidad, merced a la permanencia institucional que triunfa de la caducidad de las personas, y gracias a la fijeza y claridad de los principios sucesorios, que eliminan los motivos de discordia, y hacen posible el choque de los apetitos y las banderías. 

Todas esas supremas ventajas desaparecen en el proyecto sucesorio, que cambia la fijeza en imprecisión, que abre la puerta a todas las contiendas intestinas, y que prescinde de la continuidad hereditaria, para volver, con lamentable espíritu de regresión, a una de esas imperfectas fórmulas de caudillaje electivo, en que se debatieron trágicamente los pueblos en los albores de su vida política. 

Los momentos son demasiado graves para que España vaya a añadir una nueva ficción constitucional a las que hoy integran el conjunto de disposiciones que se quieren hacer pasar por leyes orgánicas de la Nación, y que además, nunca han tenido efectividad práctica. 

Frente a ese intento, yo tengo el deber inexcusable de hacer una pública y solemne afirmación del supremo principio de legitimidad que encarno, de los imprescriptibles derechos de soberanía que la Providencia de Dios ha querido que vinieran a confluir en mi persona, y que no puedo en conciencia abandonar porque nacen de muchos siglos de Historia, y están directamente ligados con el presente y el porvenir de nuestra España. 

Por lo mismo que he puesto mi suprema ilusión en ser el Rey de todos los españoles que quieran de buena fe acatar un Estado de Derecho inspirado en los principios esenciales de la vida de la Nación y que obligue por igual a gobernantes y gobernados, he estado y estoy dispuesto a facilitar todo lo que permita asegurar la normal e incondicional transmisión de poderes. Lo que no se me puede pedir es que dé mi asentimiento a actos que supongan el incumplimiento del sagrado deber de custodia de derechos que no son solo de la Corona, sino que forman parte del acervo espiritual de la Patria. 

Con fe ciega en los grandes destinos de nuestra España querida, sabéis que podéis contar siempre con vuestro Rey. 

JUAN 

Estoril, 7 de abril de 1945 

  

Segundo Manifiesto de Estoril 19 de julio 1969 

 

 

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Españoles, 

En 1947, al hacerse público el texto de la llamada Ley de Sucesión, expresé mis reservas y salvedades sobre el contenido de esa ordenación legal en lo que tenía de contraria a la tradición histórica de España. Aquellas previsiones se han visto confirmadas ahora, cuando al cabo de veinte años se anuncia la aplicación de esa ley. Para llevar a cabo esta operación no se ha contado conmigo, ni con la voluntad libremente manifestada del pueblo español. Soy, pues, un espectador de las decisiones que se hayan de tomar en la materia y ninguna responsabilidad me cabe en esta instauración. 

Durante los últimos treinta años me he dirigido frecuentemente a los españoles para exponerles lo que yo considero esencial en la futura Monarquía: que el Rey lo fuera de todos los españoles, presidiendo un Estado de Derecho; que la Institución funcionara como instrumento de la política nacional al servicio del pueblo, y que la Corona se erigiese en poder arbitral por encima y al margen de los grupos y sectores que componen el país. Y junto a ello, la representación auténtica popular; la voluntad nacional presente en todos los órganos de la vida pública, la sociedad manifestándose libremente en los cauces establecidos de opinión; la garantía integral de las libertades colectivas e individuales, alcanzando con ello el nivel político de la Europa occidental, de la que España forma parte. 

Eso quise y deseo para mi pueblo, y tal es el objetivo esencial de la Institución monárquica. Nunca pretendí, ni ahora tampoco, dividir a los españoles. Sigo creyendo necesaria la pacífica evolución del sistema vigente hacia estos rumbos de apertura y convivencia democrática, única garantía de un futuro estable para nuestra Patria, a la que seguiré sirviendo como un español más y a la que deseo de corazón un porvenir de paz y prosperidad. 

JUAN 

Estoril, 19 de julio de 1969  

Renuncia de Don Juan 1977.

 

 

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Mi padre, Su Majestad el Rey Alfonso XIII, el 14 de abril de 1931, en su mensaje de despedida al pueblo español, suspendió deliberadamente el ejercicio del poder, manifestando de forma terminante que deseaba apartarse de cuanto fuese lanzar un compatriota contra otro en fratricida guerra, pero sin renunciar a ninguno de sus derechos, que no consideraba suyos, sino, como dijo, "un depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme rigurosa cuenta". Esta actitud de mi padre, que revela un amor acendrado a España, que todos le han reconocido, ha sido una constante de mi vida, pues desde joven me consagré a su servicio. 

Por circunstancias especiales de todos conocidas recayó sobre mí este depósito sagrado y el Rey Alfonso XIII, el 15 de enero de 1941, en su manifiesto de abdicación, decía: "Ofrezco a mi Patria la renuncia de mis derechos para que por ley histórica de sucesión a la Corona quede automáticamente designado, sin discusión posible en cuanto a la legitimidad, mi hijo el Príncipe Don Juan, que encarna en su persona la institución monárquica y que será el día de mañana, cuando España lo juzgue oportuno, el Rey de todos los españoles". 

En su testamento recomendó a su familia que me reconociesen como Jefe de la Familia Real, como siempre le había correspondido al Rey en la Monarquía española. 

Cuando llegó la hora de su muerte, con plena conciencia de sus actos, invocando el santo nombre de Dios, pidiendo perdón y perdonando a todos, me dio, estando de rodillas, junto a su lecho, el último mandato: "Majestad: sobre todo, España". 

El 28 de febrero de 1941 yo tenía ventisiete años. No se habían cumplido todavía dos desde la terminación de nuestra guerra civil y el mundo se sumergía en la mayor conflagración que ha conocido la Historia. Allí, en Roma, asumí el legado histórico de la Monarquía española, que recibía de mi padre.

El amor inmenso a España, que caracterizaba fundamentalmente al Rey Alfonso XIII, me lo inculcó desde niño, y creo no solo haberlo conservado, sino quizáa aumentado en tantos años de esperanza ilusionada. El espíritu de servicio a nuestro pueblo, la custodia de los derechos de la dinastía, el amor a nuestra bandera, la unidad de la Patria, admitiendo su enriquecimiento con las peculiaridades regionales, han sido constantes que, grabadas en mi alma, me han acompañado siempre.

El respeto a la voluntad popular, la defensa de los derechos personales, la custodia de la tradición, el deseo del mayor bienestar posible promoviendo los avances sociales justos, han sido y serán preocupación constante de nuestra familia, que nunca regateó esfuerzo y admitió todos los sacrificios, por duros que fuesen, si se trataba de servir a España. En suma, el Rey tiene que serlo para todos los españoles. 

Fiel a estos principios, durante treinta y seis años he venido sosteniendo invariablemente que la institución monárquica ha de adecuarse a las realidades sociales que los tiempos demandan; que el Rey tenía que ejercer un poder arbitral por encima de los partidos políticos y clases sociales sin distinciones; que la Monarquía tenía que ser un Estado de Derecho, en el que gobernantes y gobernados han de estar sometidos a las leyes dictadas por los organismos legislativos constituidos por una auténtica representación del pueblo español, había que respetar el ejercicio y la práctica de las otras religiones dentro de un régimen de libertad de cultos, como estableció el Concilio Vaticano II; y, finalmente, que España, por su historia y por su presente, tiene derecho a participar destacadamente en el concierto de las naciones del mundo civilizado. 

No siempre este mi pensamiento político llegó exactamente a conocimiento de los españoles a pesar de haber estado en todo momento presidido por el mejor deseo de servir a España. También sobre mi persona y sobre la Monarquía se vertieron toda clase de juicios adversos, pero hoy veo con satisfacción que el tiempo los está rectificando.

Por todo ello, instaurada y consolidada la Monarquía en la persona de mi hijo y heredero Don Juan Carlos, que en las primeras singladuras de su reinado ha encontrado la aquiescencia popular claramente manifestada y que en el orden internacional abre nuevos caminos para la Patria, creo llegado el momento de entregarle el legado histórico que heredé y, en consecuencia, ofrezco a mi Patria la renuncia de los derechos históricos de la Monarquía española, sus títulos, privilegios y la jefatura de la familia y Casa Real de España, que recibí de mi padre, el Rey Alfonso XIII, deseando conservar para mí, y usar como hasta ahora, el título de Conde de Barcelona.

En virtud de esta mi renuncia, sucede en la plenitud de los derechos dinásticos como Rey de España a mi padre el Rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero el Rey Don Juan Carlos I. 

¡Majestad, por España, todo por España, viva España, viva el Rey!.