La historiografía moderna sobre la guerra civil en la provincia de Almería apenas profundiza sobre los responsables de la represión republicana en dicha circunscripción provincial; o al menos como debiera haberse tratado, teniendo en cuenta las características especiales que revistió la persecución almeriense. Tenemos que inspeccionar, pues, fuentes primarias, sin descuidar los estudios y monografías publicados después de la contienda, caso de Los Mártires de Turón de 1941 o La Dominación Roja en España de 1943.

En cualquier caso, la represión izquierdista en dicha provincia no fue tan cuantiosa como lamentablemente ocurrió en las provincias limítrofes de Jaén o Granada, pero sí fue brutal en intensidad. La persecución produjo 719 defunciones en la provincia, entre ellas la muerte de cinco mujeres y la de varios menores de edad, como la de un bebé de sólo un año de vida, en consonancia con los datos obrantes en la Causa General. En cambio, el hostigamiento a la Iglesia fue tremendo, tal como sucedió en el resto de la región andaluza, alcanzando el porcentaje de víctimas mortales a más del treinta por ciento del personal eclesiástico disponible; se asesinó a dos obispos (el de Almería y el de Guadix); a 21 religiosos de vida consagrada (adoratrices, dominicos, josefinos, franciscanos, jesuitas y hermanos de la Salle); y a 85 individuos pertenecientes al clero secular (párrocos, canónigos, ecónomos, presbíteros, etc.), incluyéndose en el listado hasta un humilde sacristán. Además, la vesania izquierdista destruyó o deterioró todos los conventos, iglesias, casas rectorales, ermitas, etc. de la provincia, generando unos daños altísimos al patrimonio eclesiástico y artístico, en cuanto supuso la pérdida de casi todo el ajuar litúrgico de la diócesis almeriense. De hecho, la catedral gótica fue destinada a almacén de víveres, destrozando su pavimento, aniquilando y rapiñando capillas, retablos, estatuas y variadas obras de arte de la seo, entre ellas la cruz procesional de plata conservada en el tesoro catedralicio; desapareciendo igualmente gran parte del archivo. Los daños más graves, según la Comisaría de Zona del Patrimonio Artístico, fueron ocasionados en la catedral, en las parroquias almerienses de San Pedro, Santiago, San Sebastián, Sagrada Familia, San Agustín, Sagrado Corazón y San Juan y en los conventos de Santo Domingo, las Claras y las Puras. En la provincia, el informe mencionado de 1941, refiere daños de consideración en los edificios religiosos de las siguientes localidades: Alicún, Benizalón, Bentarique, Berja, Cuevas de Almanzora, Fondón, Mojácar, Tabernas, Ohanes, Viator y Vélez Blanco.

En fin, obras de Salzillo, Espinosa, Pablo de Rojas, Alonso Cano o Ventura Rodríguez desaparecieron para siempre, provocando un desastre histórico-artístico sin paliativos.

Por su parte, los daños generados por la izquierda revolucionaria en lo tocante a la propiedad inmobiliaria fueron contabilizados en 1943 por la Cámara de la Propiedad Urbana en 5.327.699 pesetas de las de entonces, tras inspeccionar 170 edificios completamente destruidos y 313 parcialmente dañados. Mientras, los daños generados a la propiedad inmueble de carácter agrícola fueron tasados en 1941 por la Cámara Oficial Agrícola provincial en un montante de más de 92 millones de pesetas y los estragos en la riqueza ganadera de la provincia, en setenta millones. Sin duda, una gran ruina para el territorio de Almería, como recalcaba in fine dicho informe agronómico.

La riqueza mobiliaria de la provincia también sufrió de lo lindo. Así, los valores sustraídos o trasladados forzosamente a la capital de España arrojan la cantidad de más de 20 millones de pesetas de la época, cantidad que por fortuna pudo ser recuperada al término de la guerra. En cuanto a las alhajas desposeídas en la jurisdicción provincial, fueron sustraídos varios depósitos particulares de ellas, custodiados en las entidades de crédito, constituyendo una cantidad superior a las 400.000 pesetas, Por su parte, el oro expoliado superaría el millón de pesetas, si bien era propiedad del Banco de España.

La responsabilidad política por todos estos desastres ha de descansar a priori sobre las espaldas de los distintos gobernadores civiles. No en vano, la figura del Gobernador de aquella época está íntimamente relacionada con la defensa y protección del orden público. Por ende, es el último responsable jurídico en lo tocante a detenciones, salidas de prisión, multas y sanciones gubernativas, etc. En puridad, podía servirse de la draconiana Ley de Orden Público de 1933 para dictar resoluciones durísimas que incluso contemplaran castigos ejemplares contra la vida, siempre que hubiera sido declarado el estado de sitio; cosa que, paradójicamente, no se aprobó en zona republicana hasta el año 1939… No obstante, no todos los gobernadores almerienses de la guerra actuaron de la misma manera, por lo que nosotros únicamente vamos a fijarnos en los socialistas Cayetano Martínez Artés y Eustaquio Cañas Espinosa.

El primero de ellos había nacido en 1899 y militaba en la UGT desde los años veinte, siendo uno de los entusiastas de Largo Caballero en la circunscripción de la provincia. En junio de 1937, ocupó el Gobierno Civil muy pocos días; pero, en cambio, fue el presidente del denominado Comité Central del Frente Popular almerienses (mayoritariamente socialista)*, desde los primeros instantes de la contienda. Con el fin de restablecer el orden público**, dicho organismo revolucionario ad hoc actuaba como supremo órgano legislativo y ejecutivo en todo el ámbito provincial, con atribuciones para decidir sobre la vida y hacienda de los ciudadanos. Los elementos probatorios que se conservan en la Causa General, como el prontuario del fiscal instructor de la causa, son lo suficientemente elocuentes al respecto; valga como ejemplo ilustrativo las declaraciones que, en diciembre de 1940, efectúa ante las autoridades el anarquista Juan del Águila Aguilera, quien era el principal encargado de ejecutar las resoluciones extrajudiciales de dicha comisión:

Que el pleno del Comité Central estaba constituido por los representantes de los distintos partidos y organizaciones marxistas de esta provincia, recordando que figuraban en el pleno de dicho comité los siguientes individuos: Cayetano Martínez, Presidente, Benito Vizcaíno Vita, Secretario, y como vocales, Manuel Alférez Samper, alcalde rojo que fue de esta capital (…) que al pleno de dicho Comité Central se le daba cuenta de los asesinatos de los presos nacionales y de las personas afectas a la Causa Nacional cuyo pleno daba la aprobación de los asesinatos. Que quien daba cuenta al pleno de los asesinatos, era la Comisión ejecutiva del referido Comité Central integrado por Cayetano Martínez, como presidente, cargo que ejercía también en el pleno, Benito Vizcaíno, como secretario, y Alférez Samper como vocal. Que esta comisión ejecutiva era quien primeramente tomaba los acuerdos de asesinar a las personas afectas a la Causa Nacional (…) que el comité central se relacionaba constantemente con el Gobierno de la república, unas veces directamente y otras por medio del gobernador civil de la provincia, razón por la que el Gobierno de la república estaba correctamente informado y al corriente de cuantas decisiones se tomaban no sólo por dicho Comité Central sino por los organismos de él dependientes como eran, entre otros, la delegación de presos, que él que relata presidía; que el Gobierno de la república directamente o por medio de su Gobernador civil aprobaba cuantas decisiones se tomaban por el Comité Central y demás organismos de él dependientes, incluso el asesinato de presos nacionales y personas afectas a la Causa Nacional

Los citados Vizcaíno y Alférez fueron dos dirigentes del socialismo provincial, el primero fue secretario de la Agrupación Socialista de Almería en mayo de 1936 y militante de la UGT desde la época de Primo de Rivera; el segundo, comunista y afiliado a la UGT, fue alcalde de la capital. Las actividades represivas del Comité Central se prolongaron hasta finales de 1936 y fueron sustituidas por el Tribunal Popular de la provincia, siendo uno de los primeros vocales el mencionado Vizcaíno, quien desde octubre del 36 simultaneaba su actividad represiva con el cargo de secretario particular del Gobernador, el también socialista Gabriel Morón.

No obstante, la violencia cainita no desapareció con la llegada de Morón al Gobierno Civil. Ni mucho menos. Es entonces cuando se producen los execrables crímenes de Adra en que perecen varios vecinos y, especialmente, Carmen Godoy Calvache, una mujer madura de ideología tradicionalista, pero afiliada a Acción Popular, que apareció asesinada el 1 de enero de 1937 en la albufera, tras pasar por un auténtico vía crucis. Así relataba la alcaldía el sacrificio de esta piadosa mujer:

Detenida durante más de tres meses en el edificio del Comité rojo fue objeto de las mayores torturas por parte de sus guardianes. No solamente se la tuvo privada de alimento, sino cuando tenía sed se le daba de beber orines, y se le obligaba a que hiciese sus necesidades en el suelo de la habitación en que se encontraba, siendo además maltratada de palabra y obra. Momentos antes de ser asesinada todos sus asesinos tuvieron acceso carnal y objeto de otras aberraciones impropias de citar por decoro. No siendo las heridas que le causaron mortales de necesidad fue enterrada viva…

Fueron incontables las salvajadas que cometieron los izquierdistas con la  desafortunada (entre ellas el homicidio de su hermano), quien fuera traída desde Madrid por orden del comité de sangre de la localidad andaluza, con la finalidad de apropiarse del dinero, las alhajas y el oro que suponían tenía escondidos, según informe de la Guardia Civil en 1941. Murió cristianamente y hoy se halla beatificada; si bien, la culpabilidad de su muerte ha de atribuirse al comité de sangre local, como aseguraba el informe del municipio en diciembre de 1940, estando ya fallecidos de aquélla parte de sus miembros y hallarse otros huidos, como el ugetista José López Vargas.

Los pozos de Tabernas y los Filabres

La actividad más reprobable del Comité Central fue el autorizar los atroces asesinatos cometidos por los esbirros de Juan del Águila y demás cómplices en el municipio de Tabernas y sobre lo que queda constancia gráfica y documental. Pues bien, la idea de trasladar los presos hacinados en las cárceles de la capital a dicho lugar, para ser allí inmediatamente ejecutados y tirados a los pozos artesianos del entorno, partió de un miembro del tenebroso Comité Central, llamado Rafael Álvarez, quien había trabajado en dicho término municipal. La propuesta fue admitida por el Comité Central y puesta en práctica por la delegación de presos que dirigía el referido Juan del Águila, según propia confesión judicial.

No obstante, con anterioridad se había organizado ya la primera saca de presos para ser pasados por la armas en las playas próximas a la capital. Así, el catorce de agosto de 1936, fueron extraídos 25 presos (la mayoría paisanos) de la cárcel flotante Capitán Segarra. La noticia de este fusilamiento múltiple corre por la ciudad y, en consecuencia, el comité prefiere cambiar el lugar de las ejecuciones por otro más solitario y desapercibido. Fue seleccionado, como queda dicho, el municipio de Tabernas, si bien la primera expedición no recala el 29 de agosto en dicho lugar sino en el barranco del Chisme, a unos doce kilómetros de la capital en dirección Málaga, dándose muerte a los aludidos obispos, diez sacerdotes y dos paisanos; entre ellos, se hallaba un fornido picador de toros que, pese a las descargas, logró huir atado, desnudo y descalzo, amparándose en la oscuridad, si bien terminó siendo descubierto por una vecina del término de Vícar y por tanto fusilado igualmente. La siguiente expedición, dos días más tarde, ya llega a las inmediaciones de los pozos de Tabernas. Son, en total, 31 presos escogidos sin ninguna peligrosidad social (23 sacerdotes, dos hermanos de las Escuelas Cristianas y seis paisanos), hacinados en el buque-prisión Astoy-Mendi que fondea en el puerto almeriense. Fueron matados uno a uno, al pie del pozo de la Lagarta, a unos quince kilómetros de la localidad de Tabernas. El pavor que les produjo dicho lugar desértico y la forma de martirio escogido (en un oscuro pozo), incitaron a los prisioneros a rehusar el lugar exacto de la ejecución, por lo que fueron azuzados con un palo largo, que fue hallado en las exhumaciones practicadas con posterioridad. Sin solución de continuidad, los milicianos vertieron paletadas de tierra y cal por el brocal para cubrir los cadáveres arrojados. A esta expedición mortífera, le siguen otras tres más, en las que se mezclan sacerdotes, dominicos y hasta un menor de edad, un muchacho de 16 años domiciliado en Cabo de Gata. El pozo de La Lagarta se llena con tantos muertos y los ejecutores optan por otros pozos del término de Tahal. Así, el trece de septiembre, se selecciona a 21 presos de la prisión habilitada en el colegio de la Salle, entre ellos diez sacerdotes, dos religiosos de las Escuelas Cristianas, ocho vecino de Huéscar (Granada) y el jefe de la Comunión Tradicionalista que va a medio vestir, quienes son asesinados en la noria de Cantavieja; tres días más tarde, vuelve otra expedición a dicho municipio de Tahal, con un cargamento de 40 reos, entre ellos catorce vecinos de Galera (Granada) que ni siquiera han pasado por la cárcel y los prisioneros sacados a propósito del barco-prisión referido: la Causa General refiere que algunos de estos infelices, tras ser atados fortísimamente, fueron arrojados a la noria aún con vida. Días después, el 26 de septiembre, se acerca a esta noria siniestra dos autobuses atestados con 47 presos del Astoy-Mendi, cuyos integrantes son todos muertos en el paraje citado. El pozo queda atestado y ya piensa el Comité Central en utilizar otras fosas de los contornos, pero el nuevo Gobernador Civil, Gabriel Morón, logra paralizar las expediciones, con lo que los seleccionados son remitidos al campamento militar de Sotomayor, donde los milicianos de Juan del Águila deciden matar cada noche a uno o a dos de los internados; el gobernador logra, por fin, que los detenidos vuelvan a la cárcel de la capital, cuando iban ya veinte fusilamientos. No obstante, por entonces se habían iniciado las ejecuciones extrajudiciales en el cementerio de Almería, contra los prisioneros que se hallaban enfermos en el Astoy-Mendi y contra aquellos que condena el cuartel de milicias y la comisaria de policía. Todo esto ocurre en noviembre y diciembre de 1936.

Todas estas operaciones de limpieza política implicaban, necesariamente, un previo planeamiento logístico, que desarrollaba a su criterio el frentepopulista Comité Central. Con todo, el horror que padecieron las víctimas en Tabernas y Tahal debió de ser imponente, tal como se desprende de los restos mortales exhumados tras la liberación del territorio.

Turón, campo de exterminio

Cuando en la primavera de 1938 dirigía la provincia de Almería el socialista Eustaquio Cañas Espinosa, se hallaba comandando las tropas del sector de la serranía de La Contraviesa José María Galán, con la categoría de teniente coronel –teniente de Carabineros en 1936-, quien por su capacitación y relaciones personales -era de ideología comunista- le catapultaron en noviembre de 1937 a dirigir un cuerpo de Ejército en el frente andaluz. Por su parte, Cañas era un metalúrgico socialista que procedía de Baracaldo, habiendo sido comisario del Ejército en Santander y de la fábrica de armas de Trubia. En consecuencia y como era conveniente para las tropas el terminar una carretera entre las localidades granadinas de Turón y Murtas, por razones meramente estratégicas, decidió el gobernador de Almería enviar un contingente de trescientos presos políticos a dicha zona para trabajar en la carretera en construcción. Consta en la Causa General la conversación habida entre estos dos personajes, tal como corrobora Alfonso Zamora en su libro sobre este campo de trabajo: Ahí te envío 300 fascistas; cuando se te acaben, te mandaré más…, meses después, se enviraría otro contingente. Palabras, en fin, que revelan la verdadera intención de los organizadores de estas expediciones de presos a los contornos del nudo estratégico de Haza del Lino.

En realidad, la estadística de morbilidad y mortalidad  nos indica que, en este caso concreto, un campo penal de trabajos forzados se transformó en un lugar de exterminio, convirtiéndose en uno de los penales de trabajo más siniestros de la Península. En realidad, podría considerarse como el primer campo de exterminio de la Europa occidental, si bien en miniatura. La exterminación se infiere de los siguientes datos: 301 reclusos ingresados en 1938, noventa son asesinados, quedando el personal sobreviviente inutilizado para actividades laborales por enfermedades diversas. O, dicho en términos procesales, en conformidad con lo expuesto por el fiscal instructor de la Causa General, tras las investigaciones pertinentes:

A setenta y cinco asciende el número de víctimas de la primera expedición a Turón y a quince, el de la segunda. De los supervivientes ninguno estaba sano; fracturas de costillas, esguinces, forúnculos, llagas de todas clases, trastornos intestinales, fiebres, etc. De 70 kilos hubo quien se quedó en 43 y así por el estilo.

La razón de tanta brutalidad radica en no adaptarse la zona republicana al Convenio de Ginebra, en materia de campos de concentración, como sí hizo el bando sublevado desde 1937. Por lo tanto, en dicha coyuntura, cualquier desaprensivo podía llegar a extremos inverosímiles en una guerra civil. Y tanto Galán como Cañas Espinosa lo fueron en aquellas circunstancias dramáticas; con mayor motivo, si se tiene en cuenta que los regimientos republicanos estaban controlados por un comisario político.

Curiosamente, los campos de trabajo en la zona roja se regularon a finales de 1936, por decreto del 26 de diciembre, no fijándose ningún tipo de salario ni estipendio a favor de los presos, lo que, en puridad, podía generar una explotación extrema cuando los dirigentes de los establecimientos penitenciarios carecieran de un ápice de humanidad, como sucedió en nuestro caso. Por lo demás, la organización y funcionamiento de los campos de trabajo quedaron al arbitrio de los partidos y sindicatos del Frente Popular por virtud de dicho decreto, así como el cuerpo de vigilantes de los mismos, con lo que el sectarismo y la esclavitud resultaban previsibles.

Pues bien, los elementos probatorios de la Causa General y demás referencias nos muestran un auténtico calvario padecido por los prisioneros-trabajadores de Turón-Murtas, que guarda más relación con un cuadro de horror y sangre, propio de mentes psicopáticas, que con un duro campo de trabajo, por muy rígidas que fueran sus normas de funcionamiento. Alfonso Zamora, en la monografía mencionada, hasta refiere casos extremos de canibalismo, barbaridad que tampoco fue desconocida en zona republicana.

Para empezar, el teniente, jefe de los milicianos que custodiaban los presos, dio órdenes tajantes de matar a todos aquellos prisioneros que no trabajasen o no pudieran hacerlo, comenzando por las personas más veteranas; incluso empleando las bayonetas. Por ende, la barbarie sería el común denominador de la conducta de los vigilantes: enterramientos vivos, apaleamientos hasta ocasionar la muerte, asesinatos por jactancia, matanzas de enfermos, homicidios de los presos comunes, ranchos incomibles (incluso restos que ya había degustado la tropa), tajos inhumanos, calor y frío extremos sin ropas adecuadas, inasistencia sanitaria, etc. Con todo, la ferocidad con que se desenvolvieron los guardianes en la sierra de la Contraviesa puede quedar reflejada en el siguiente detalle que refiere el fiscal instructor de la Causa General:

A un muchacho de veinte años, también preso, le dicen que vaya a abrir un hoyo, para enterrar unos bichos que huelen mal. Resulta que los bichos son los cadáveres de dos presos, Ya enterrados, un centinela le ordena que tome unos higos y estando en esa faena, el preso recibe una tremenda descarga, que le deja muerto en el acto. Con saña increíble, los milicianos le abren la cavidad torácica y llamando a otros presos les exigen que le muerdan en el corazón a aquel perro fascista. Los presos se niegan y se limitan a besarlo. Y cosa inaudita: a pesar de haberse negado a morderle, no son asesinados…

Y estos terribles malos tratos***, se tradujeron obviamente en plagas de piojos y chinches, diarreas mortales, desnutrición y agotamiento físico. En fin, un sadismo terrorífico que hubiera terminado seguramente con todos los prisioneros políticos de Almería. No obstante, la existencia de una red clandestina de socorro blanco en la provincia permitió que tales atropellos contra el Derecho de Gentes fueran denunciados ante las instancias internacionales. Se puso en conocimiento del consulado inglés y de la Cruz Roja Internacional, y aunque en principio estos organismos no creyeron tales brutalidades, la insistencia del consulado argentino, merced a la labor humanitaria del cónsul Eduardo Romero y su hermano, produjo resultados positivos en pro de los prisioneros del campo de Turón- Murtas. Tanto fue así, que el eco de dicho escándalo llegaría también a los oídos de la prensa enemiga:

Se tiene noticias sobre la ola de terror marxista que se ha desencadenado en Almería. Las últimas recibidas sobre la barbarie roja dicen que 75 presos han sido destinados a trabajar en las fortificaciones de Turón, donde después de horrible martirio sin comer y bebiendo agua sucia, han sido asesinados muchos de ellos por los verdugos que les vigilan, casi todos presentan llagas producidas por los latigazos de los guardianes. En la cárcel de Almería hay bastantes mujeres extenuadas por los malos alimentos. Como contraste cruelísimo, los dirigentes rojos en la desventurada capital levantina, se dan una vida espléndida, gozando de los bienes usurpados a las personas por ellas asesinadas, o torturadas en la prisión****.

Fueron conducidos a las fortificaciones de Turón, donde después de sufrir grandes martirios, ya que los tenían trabajando sin darles comida, mataron a dos de ellos. A uno que pedía agua le dieron un cubo sucio, y al mismo tiempo un tiro en la frente, y a otro lo remataron a hachazos*****.

Terminada la guerra, el aludido funcionario consular (vicecónsul también del consulado mencionado) corroboraría en 1943 tales informaciones ante las autoridades judiciales españolas:

Que durante el mando en Almería del gobernador civil Cañas Espinosa fueron trasladados a Turón (Granada) gran número de presos nacionales, en cuyo lugar después de ser sometidos a duro y penoso cautiverio fueron asesinados. La idea de llevarlos presos a Turón con tan siniestro fin fue obra del citado Cañas y de José María Galán, jefe que fue del 23 Cuerpo del Ejército rojo, habiendo redactado las listas de presos que debían ser conducidos a Turón un individuo llamado Carlos Cueto García, que en la actualidad se encuentra cumpliendo condena, desconociendo el paradero de Cañas y del Galán. El hermano del declarante, D. Eduardo, tantas veces citado, se puso en contacto con el jefe de la Cruz Roja en Almería, para que éste, dada su destacada posición de extranjero, hiciese gestiones para poner fin al drama de Turón.

Y es que la responsabilidad de elementos socialistas, tanto en la génesis como en la ejecución de las matanzas en el sector almeriense-granadino, parece hoy día indiscutible. No en vano, el individuo que redacta las listas de los traslados a Turón, según el texto antes transcrito, militó también en el movimiento socialista, siendo concejal del ayuntamiento de Almería, aunque perteneciese sindicalmente a la CNT; cosa que también sucedió con la militancia socialista en otros partes del país. Sin embargo, las crueldades principiaron a decrecer merced a la presión extranjera, si bien el penal no desaparecería del todo hasta la conclusión de la guerra.

En cualquier caso, debiera tenerse presente que las atrocidades relacionadas con el campo de Turón sobrepasan en gravedad ¡pardiez! a las generalmente conocidas de los campos de reeducación estalinistas.

* El Comité Central Antifascista lo componían socialistas (13), anarquistas (7) y comunistas (2). Cf. Ramírez Navarro, A. (2014): Anarquistas y comunistas en la formación del movimiento obrero almeriense (1872-1939), tesis doctoral, Universidad de Almería, p. 882.

** “Comité Central. Al pueblo de Almería: este Comité en su activa labor de normalizar la situación (…) pone en conocimiento de la clase obrera de Almería y del pueblo en general, que ha quedado restituido el servicio de orden público y vigilancia que actuará con la mayor energía, para cortar todo intento de alteración que pueda redundar en perjuicio de los trabajadores y de la República (…) Almería, 27 de julio de 1936”. Fuente: Diario de Almería, (28.07.1936), p. 2.

*** Se consideran tormentos y torturas salvajes los sufrimientos habidos por los presos que se hallaban en este Destacamento, situado en la Iglesia, para la construcción de la carretera de este pueblo al de Turón. Dichos presos, a quienes tenían sin ropa, sin comida y sin cama, se les hacía trabajar duramente, dándoles constantemente fuertes palizas a muchos de ellos (Murtas, Causa General, 21 de enero de 1941).

**** Hoja Oficial del Lunes, Granada, (08.08.1938), p. 4.

***** La Prensa, Santa Cruz de Tenerife, (18.08.1938), p. 1.