El Bando

El otro día, un buen amigo me remitió este viejo documento que creo no tiene desperdicio, especialmente en estos tiempos en los que la obsesión por recuperar esa falsa memoria histórica, gran tapadera gubernamental para que perdamos el horizonte de los gravísimos problemas que, por su manifiesta incompetencia y por su insano afán de perpetuarse en el poder a cualquier precio, nos están llevando a la ruina.

El documento en cuestión, un “Bando” emitido por el llamado “Comité Revolucionario de esta Ciudad” -se refiere a Játiva (Valencia), naturalmente-, constituye, por sí solo, toda una declaración de criminales intenciones por parte de aquel o aquellos que lo firmaron, secundaron y promulgaron.

Bandos como este justifican, en buena medida, lo sucedido en España a partir del 18 de julio de 1936 y hacen buena aquella frase de Gil Robles en la que advertía: “Desengañaos, señores diputados, una masa considerable de la opinión pública española que es, por lo menos, la mitad de la nación, no se resigna implacablemente a morir”.

El contenido del Bando demuestra la ínfima calidad tanto humana como moral de los salvajes que lo firman, un grupo de patibularios sin escrúpulos de tipo alguno, el matonismo elevado a la enésima potencia muy propio de los milicianos y milicianas -también las hubo- del “glorioso” frente popular, ese en el que buscan un referente muchos de los que nos gobiernan en la actualidad.

El Bando en cuestión se inicia con un más que elocuente “ordena” que reemplaza al característico “hace saber” propio de este tipo de documentos. La primera pregunta surge entonces, ¿de qué poder estaba imbuido este comité revolucionario para ordenar algo?, ¿quién se lo había otorgado?

Y continúa: “a todos los vecinos que depositen en la plaza pública más inmediata a su domicilio y en sitio que no interrumpa el tráfico, todos cuantos objetos, imágenes, estampas, etc., de carácter religioso tengan en su poder, con excepción de los que por ser de metales preciosos o corrientes o de alguna otra materia aprovechable puedan tener valor material, de los cuales se desprenderán igualmente entregándolos en el Departamento de Orden Público de este Comité…”

El párrafo no deja lugar a dudas. De una parte, aquello que carece de valor material y que no merezca la mínima atención se depositará en cualquier plaza supongo que con el fin de quemarlo; sin embargo, no sucede lo mismo con los objetos que si posean algún valor, en cuyo caso se entregarán en ese supuesto Departamento de Orden Público, imagino para ser fundido y repartido su valor entre los afectos a ese putrefacto comité. Una forma como otra cualquiera de robar amparados en su supuesta revolución. Medida esta característica de aquel malsano frente popular que, al ver que las cosas se torcían en los campos de batalla, huyeron, muy “valientes” ellos, con el rabo entre las piernas, llevándose, eso sí, no solo el oro, sino también todo aquello que de valor tuviesen los españoles para una vez en el exilio vivir tan ricamente.

Sin embargo, es la lectura del último párrafo la que realmente pone los pelos de punta y demuestra, más allá de toda duda, que clase de gentuza formaba aquel siniestro comité y todos aquellos, sin excepción, que secundaban sus ideas. Dice así: “se concede para estas operaciones un plazo de CINCO DIAS, pasados los cuales se realizará investigación en todos los domicilios y en el que se encontrasen objetos de los indicados serán declarados facciosos sus moradores y en tal carácter serán pasados por las armas…” Sigue la fecha, “Játiva 24 de octubre de 1936”, y la firma, “El Comité”. El documento aparece sellado con un cuño en el que se lee claramente las organizaciones firmantes: C.N.T. y U.G.T.”, ahí es nada.

A la vista de este último párrafo cabría preguntarse ¿dónde están las garantías jurídicas de la población?, ¿de qué omnímodo poder estaba revestido este comité? No se trataba de acceder impunemente a los domicilios de aquellos que hubiesen sido delatados por los cobardes “policías de balcón”, ni siquiera de los que se tuviese conocimiento fehaciente de su vinculación con la Iglesia católica, no, la medida de acceder, de forma indiscriminada, a los domicilios se aplica con carácter general. Nadie, salvo los que integraban ese comité, estaba libre de ver saqueada su casa por la chusma patibularia frentepopulista que formaba esa banda de delincuentes y asesinos denominada Comité Revolucionario.

Pero hay más, cualquiera al que se le ocupase un Crucifijo, fuese o no creyente o practicante, incluso aquel que quisiese conservarlo como un recuerdo familiar, sería pasado por las armas o asesinado, vilmente a las puertas del cementerio -la especialidad de aquella gentuza-, sin tan siquiera ser oído en declaración y, mucho menos, sometido a un juicio justo con las debidas garantías judiciales.

Sería mucho mejor que estos que nos están llevando a la más miserable de todas las ruinas, enterrasen su maldita ley de memoria democrática pues al final va a quedar demostrado, más allá de toda duda, que los verdaderos asesinos, los que regaron de sangre los suelos de España son, precisamente, aquellos de los que dicen ser herederos.