PUBLICADO EN ABC EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020

La entrada en vigor de la Ley de la Defensa de la República, el 22 de octubre de 1931, indignó tanto a los españoles como hoy se sorprenden de los intentos de Pedro Sánchez por utilizar la crisis del coronavirus para extralimitarse en la suspensión de derechos, el recorte de la libertad de información, la filtración de las preguntas de los periodistas y el control de los medios de comunicación.

ABC fue, desde el primer momento, una de sus principales víctimas, tal y como lo reflejaba el contundente editorial del 30 de noviembre de 1932: «La suspensión gubernativa de este diario ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera... Durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal». Esta era la respuesta a uno de los golpes más duros que ha recibido la libertad de prensa en el siglo XX: la suspensión e incautación de más de 100 publicaciones, de un solo golpe y en un solo día, por parte del presidente tras la sublevación del general Sanjurjo. Pero no fue, ni mucho menos, la primera ni la última.

La Segunda República publicó la mencionada ley en las páginas de la Gaceta de Madrid, que hacía las veces del actual Boletín Oficial del Estado, con un mensaje muy claro contra los periódicos que alzaran su voz contra el nuevo régimen, instaurado el 14 de abril. Su artículo primero decía: «Son actos de agresión a la República y queda sometido a la presente ley la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público». Mientras que el artículo dos advertía de que «podrán ser confinados o entrañados, por un período no superior al de vigencia de esta ley, o multados hasta la cuantía máxima de 10.000 pesetas, ocupándose o suspendiéndose según los casos, los medios que hayan utilizado para su realización, los autores materiales o los inductores de hechos comprendidos en los puntos del uno al diez del artículo anterior».

Esta norma, por lo tanto, daba potestad al Gobierno de Azaña para perseguir a los directores de los periódicos y a sus periodistas, así como a cerrar las publicaciones que la incumplan… siempre, claro, según la interpretación del ministro de Gobernación, Santiago Casares Quiroga, (hoy es Pablo Iglesias) de lo que significara «agresión a la República» o «perturbación de la paz. Por algo firmaba la ley junto al presidente y hacía las veces de ministro del Interior. Y, lo que es peor, podía hacerlo sin necesidad de un juicio.

Todos estos castigos implementados por la recién instaurada Segunda República se aplicaban, además, a todos los periódicos que hicieran «apología del régimen monárquico», como podía ser el caso de ABC, o que protagonizaran una «acción o expresión que redunde en el menosprecio a las Instituciones del Estado». ¡¡¡Qué parecidos argumentos a la actualidad!!!

La ley dio pie a situaciones absurdas, como la sanción que recibió un diario de Ávila por reclamar que la entrada a los museos fuese gratuita los domingos. Aquello fue considerado por Casares Quiroga como una «campaña contra la República»

Fueron censurados, multados o cerrados periódicos nacionalistas como «Euzkadi» y «Bizkaitarra», católicos como «La Gaceta del Norte», «Adelante» y «La Tarde», semanarios como «Blanco y Negro» y cabeceras como «La Ribera Deportiva», «El Fusil» o «El Siglo Futuro». Todos eran susceptibles de atentar contra el orden establecido y todos sufrieron la mano censora del régimen y de esta ambigua ley.

«¿Vamos a llamar prensa a esos reptiles que circulan por la sombra, que van de mano en mano, corriendo por los rincones de la península y sembrando el descrédito, la burla o las malas pasiones? Eso no es prensa y contra eso vamos», amenazó Azaña en el Congreso durante la tramitación de la ley. ¿Les suena?