El Contubernio de Múnich fue un término despectivo, acuñado por el diario Arriba, con el que el régimen franquista quiso zaherir el IV Congreso del Movimiento Europeo, celebrado en esta ciudad entre el 5 y el 8 de junio de 1962, en plena oleada de huelgas mineras en Asturias. Participaron en él 118 políticos españoles de todas las tendencias opositoras al régimen franquista, tanto del interior como del exilio: monárquicos liberales, democristianos, socialistas, socialdemócratas, nacionalistas vascos y catalanes, reunidos bajo la alta autoridad moral de Salvador de Madariaga que, al concluir la reunión, afirmó: «Hoy ha terminado la guerra civil». Los 118 delegados españoles aprobaron por unanimidad la siguiente resolución:

«El Congreso del Movimiento Europeo estima que la integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todo país a Europa, exige de cada uno de ellos instituciones democráticas, lo que significa en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea de los Derechos del Hombre y la Carta Social Europea, lo siguiente:

1.- La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el Gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados; 2.- La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de libertad personal y de expresión, con supresión de la censura gubernativa; 3.- El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales; 4.- El ejercicio de las libertades sindicales; 5.- La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos.

Los delegados españoles, presentes en el Congreso, expresan su firme convencimiento de que la inmensa mayoría de los españoles desean que esa evolución se lleve a cabo de acuerdo con las normas de la prudencia política, con el ritmo más rápido que las circunstancias permitan, con sinceridad por parte de todos y con el compromiso de renunciar a toda violencia activa o pasiva antes, durante y después del proceso evolutivo».

En el transcurso del congreso, Rodolfo Llopis le pidió a Joaquín Satrústegui que transmitiera a Juan de Borbón: «El PSOE tiene un compromiso con la República que mantendrá hasta el final. Ahora bien, si la Corona logra establecer pacíficamente una verdadera democracia, a partir de ese momento el PSOE respaldará lealmente a la Monarquía». Como escribe Joaquín Pérez Madrigal:

«Los gobiernos de Francia, Reino Unido de América han cambiado impresiones respecto al actual gobierno español y las relaciones de aquellos con éste régimen. Se acuerda que en tanto el General Franco siga gobernando en España, el pueblo español no puede esperar una plena y cordial asociación con aquellas naciones del mundo que, mediante su esfuerzo común, han derrotado el nazismo alemán y el fascismo italiano, los cuales ayudaron al actual régimen español a alcanzar el Poder y sirvieron de patrón a tal régimen.

No se tiene la intención e intervenir en los asuntos internos de España. El propio pueblo español tiene, a la larga, que buscar su propio destino. A pesar de las medida represivas del actual régimen contra los esfuerzos ordenados del pueblo español para organizar y dar expresión a sus aspiraciones políticas, lo tres Gobiernos confían en que el pueblo español no será sometido a los horrores y enconos de la lucha civil.

Por el contrario, se tiene la esperanza de que los españoles patrióticos y de mentalidad liberal de más relieve, puedan pronto encontrar los medios para lograr la retirada pacífica del General Franco, la abolición de la Falange y el establecimiento de un gobierno interino o custodio, bajo el cual pueda el pueblo español tener la ocasión de determina el tipo de Gobierno que desee y elegir sus dirigentes. La amnistía política, el regreso de los españoles exiliados, la libertad de reunión y asociación política y la adopción de medidas para celebrar elecciones públicas libres, son esenciales. Un Gobierno interino que estuviese y permaneciese dedicado a estos fines, recibiría el reconocimiento y apoyo de todos los pueblos amantes de la libertad.

Tal reconocimiento comprendería plenas relaciones diplomáticas y la adopción de aquellas medidas prácticas para ayudar a resolver los problemas económicos de España que pudieran llevarse a cabo bajo las actuales circunstancias. La cuestión del mantenimiento o terminación de las relaciones diplomáticas con el actual régimen español por parte de los Gobiernos de Francia, Reino Unido y los Estados Unidos, es un asunto que se ha de decidir a la vez de los acontecimientos y después de ten en cuenta los esfuerzos del pueblo español para conseguir la libertad».

La reunión de los opositores españoles alcanzó aún más repercusión porque produjo la represión política más sonada de la oposición de centro y derecha durante todo el franquismo. Franco, encolerizado por el repentino activismo de grupos que hasta entonces no habían ejercido más que una tímida oposición al régimen dentro de las fronteras españolas, encarceló, deportó y exilió a los asistentes a medida que retornan a España. Fernando Álvarez de Miranda, Jaime Miralles, Barros de Lis, Joaquín Satrústegui, Cavero, Ruiz-Navarro, Prieto, Pons y Casals quedaron confinados en las diferentes islas de las Canarias. A José María Gil Robles, Dionisio Ridruejo, Jesús Prados Arrarte, José Federico de Carvajal, José Vidal Beneyto, Baeza y otros fueron enviados al exilio. En casa de Jorgina Satrústegui, primero, y de Enrique Tierno Galván, después, se reunieron el profesor, Enrique Ruiz-García, Vicente Piniés, Jaime García de Vinuesa y Luis María Anson para organizar la recogida de fondos en beneficio de las familias de los represaliados.

 

La ofensiva que en España organizó la prensa franquista contra el Contubernio de Múnich fue un escándalo nacional. Los falangistas maniobraron para hacer daño a los defensores del príncipe Juan Carlos. Para hacer frente a esta presión, el presidente del Consejo Privado del Conde de Barcelona, José María Pemán, acompañado por el secretario Valdecasas, visitó a Juan de Borbón, que navegaba en su velero, y redactaron la siguiente nota:

«El Conde de Barcelona nada sabía de las reuniones de Munich hasta que después de ocurridas escuchó en alta mar las primeras noticias a través de la radio. Nadie, naturalmente, ha llevado a tales reuniones ninguna representación de su Persona ni de sus ideas. Si alguno de los asistentes formaba parte de su Consejo, ha quedado con este acto fuera de él».

El ex ministro de la República, José María Gil Robles, que estuvo en Múnich y que formaba parte del Consejo Privado de Juan de Borbón, dimitió como miembro de este Consejo.

La reacción del Régimen contra los participantes de la reunión en Múnich causó fuertes críticas en el extranjero, sobre todo en la CEE a la que España había solicitado la asociación pocos meses antes, solicitud que quedó prácticamente sin posibilidades de avanzar a partir del Contubernio. Franco se dio cuenta de que su reacción ante el Congreso de Múnich había sido un grave error. Unas semanas después, el 10 de julio de 1962, liquidó, dentro de una crisis amplia de Gobierno, al ministro de información Gabriel Arias-Salgado, que ocupaba este cargo desde 1951 y al que Franco hacía responsable de la histeria de la Prensa sobre Múnich. A Gabriel Arias-Salgado le sustituyó Manuel Fraga Iribarne que, cuatro años después, con su ley de Prensa, abriría la crítica al Régimen y una cierta liberalización. El defensor máximo de la Regencia, que era la fórmula de decir no a la restauración borbónica, el general Agustín Muñoz Grandes, se convirtió en vicepresidente del gobierno. En 1963 el régimen creó el Tribunal de Orden Público para juzgar los delitos políticos, detuvo a mineros en Asturias durante las huelgas y ejecutó al líder comunista Julián Grimau.

Para conocer más sobre la vida y las falsedades que se han explicado, a lo largo de los años, sobre la figura y obra de Juan de Borbón, recomendar el libro publicado por SND Editores, con el título de Juan de Borbón. Ser rey, mi ambición personal. https://www.sndeditores.com/libro/juan-de-borbon_141593/