La violencia revolucionaria era admitida por las mentes más relevantes del socialismo nacional con ocasión de nuestra última guerra civil. No debemos engañarnos al respecto, habida cuenta de que ya en los inicios de la II República Luis Jiménez de Asúa había escrito en el periódico socializante La Libertad sus impresiones sobre la durísima represión llevada  a cabo por los bolcheviques rusos contras sus oponentes durante la Revolución de octubre de 1917 y la subsiguiente guerra civil. Pues bien, la portada del mencionado periódico del 26 de mayo de 1931 contenía un artículo firmado por dicho criminalista, en el que se explicaban las razones por las que se habían producido tantas ejecuciones sumarias en el conflicto ruso de 1917-1924. Decía Jiménez de Asúa:

De cuanto se acaba de exponer resulta que la Checa (GPU) es un instrumento netamente  político y los fusilamientos que impone son un arma revolucionaria, una medida de defensa del régimen soviético ejercida con desmedido arbitrio y excesiva frecuencia; pero no son una penalidad (…) no puedo menos de reconocer que esos fusilamientos ordenados por la GPU son tan sólo eliminatorios y no sancionadores. Buena prueba de ello se halla en que únicamente se hacen públicos en contados casos. Si se tratase de una pena con objetivo intimidador se buscaría la publicidad como medio de alcanzar su fin. Por tanto, una cosa es la pena de muerte que con tal carácter imponen los Tribunales y otra muy diversa los fusilamientos decretados por la checa (GPU). La pena de muerte es un medio penal –reprobable-, pero jurídico; el fusilamiento por motivos políticos y sin garantías procesales es un resorte de afirmación revolucionaria, un episodio guerrero, más que un castigo legal. Con esto no quiero justificar la pena de muerte. Soy abolicionista convencido y me parece que esa pena irreparable debe desterrarse de los códigos. Menos doy mi beneplácito a los fusilamientos ejecutados por orden de organismos administrativos cuyo menester es la lucha revolucionaria. Mas el juicio sobre tales procedimientos es de difícil logro en la paz de un gabinete de trabajo. En horas de revolución la serenidad no puede exigirse. En suma, creo que las copiosas sentencias de muerte que se pronuncian y ejecutan en Rusia nada tienen que ver con un régimen jurídico y han de cargarse a la cuenta de las vicisitudes políticas por que el país atraviesa.

Pues bien, Jiménez de Asúa, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Central, defendería como letrado a Largo Caballero por la intentona revolucionaria de octubre de 1934, donde se habían producido varios fusilamientos sin intervención de los tribunales de justicia: propiamente conducidos por comités de socialistas rebeldes. Con todo, Asúa obtendría, merced a su brillantez,  la libre absolución de su patrocinado, saliendo Largo de la cárcel el mismo día en que el Tribunal Supremo notificó la sentencia a las partes, sin contar siquiera con la pertinente autorización de las autoridades penitenciarias. Curiosamente, su defendido mantendría una postura muy similar al del jurista socialista -aunque quizá más radical-, con ocasión del levantamiento militar de julio de 1936, tal como manifestaría a los delegados del UGT, tras su cese como Presidente del Consejo de ministros en 1937, al revelar que en la zona gubernamental se produjeron multitud de asesinatos, robos y ejecuciones sumarias por las milicias y colectivos izquierdistas, pero que no se opuso a tales desmanes por hallarse en un proceso revolucionario…  No en vano, fue el mismo Largo Caballero quien exigió en julio de 1936, ante el gobierno del Frente Popular, que se repartieran armas entre los distintos partidos y sindicatos adictos al izquierdismo con el fin de frenar el levantamiento militar en el territorio nacional, lo que vino a propiciar una persecución cruelísima en toda la nación. Con todo, una labor de depuración revolucionaria contra los adversarios políticos estaba prevista en el programa del servicio de inteligencia del Partido Socialista, el cual, según leemos en el periódico El Socialista, ya se hallaba operativo en marzo de 1936. Pues bien, la complicidad del socialismo patrio con tanta desgracia no fue ni casual ni sobrevenida, sino intencionada, tal como desvelan algunos documentos conservados en la Causa General, como el que lleva por título El Terror Marxista en la Zona Roja española (1936-1939), cuyo contenido copiamos a continuación.

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El marxismo, en su diversas ramas, no solamente comunista sino también socialdemócrata, aporta intensa y amplia contribución a la criminalidad de sangre y al terror impuesto en zona roja, durante sus tres años de dominación, por el Frente Popular.

Si se considera Madrid solamente, como ejemplo del terror que imperó en las demás capitales españolas, así como en extensas zonas rurales, puede afirmarse –según ha quedado puesto de relieve tanto en la  propia prensa roja de la época, como en las ulteriores actuaciones judiciales nacionales y en la estrictamente informativa e histórica de la Causa General- que suman muchos millares las víctimas cuyo asesinato, sin la mínima figura de enjuiciamiento, fue debido a las actividades persecutorias de checas, comités, milicias y agrupaciones afiliadas al Partido Socialista Obrero Español o a su trasunto sindical, denominado Unión General de Trabajadores (UGT).

Funcionaron en Madrid numerosas checas socialistas y ugetistas, con multitud de víctimas nominalmente comprobadas, en cada una de ellas, independientemente de la participación socialista, a cargo de representantes del Partido y de la UGT, en las checas centrales de Bellas Artes y Fomento, integradas por delegados de las distintas fracciones del régimen frentepopulista; sin contar su intervención durante la primera época, en centros comunistas y de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y la que mantuvo el socialismo durante toda la revolución, en Organismo Oficiales represivos y militares responsables de desmanes criminales, carentes de signo político definido.

Así, pueden señalarse, en la capital de España, las siguientes checas socialistas y de la UGT:

Checa de la Agrupación Socialista Madrileña, Fuencarral 103, palacio del Conde de Eleta.

Centros socialistas y Casas del Pueblo: Círculos Socialista de Latina-Inclusa, Norte, Sur, Este, Congreso-Centro, Puente de Toledo, Casa del Pueblo de Carabanchel, etc.

Checas Socialistas diversas: Checa de Atadell o Brigada del Amanecer; Checa del Convento Salesiano, Ronda de Atocha, 23; Milicia Socialista Motorizada, palacio de Medinaceli.

Milicias Socialistas: Milicias de Vigilancia de Retaguardia (MVR), en la que la participación socialista de la UGT fue importante; Checa de Milicias Socialistas de la calle de Marqués de Riscal –esta checa, al servicio personal del ministro rojo Ángel Galarza, cometió numerosos asesinatos y saqueos y estuvo integrada por milicianos del Círculo Socialista del Sur; Checa de la 36 Brigada del Ejército Rojo, de filiación socialista, cuyo Puesto de Mando funcionó en la calle Cáceres núm. 10 (el mando militar y el comisario político de esta unidad militar tramó el famoso crimen del túnel de Usera, al que fueron atraídos por un agente provocador, con el pretexto de ayudarles a evadirse de la zona marxista, numerosos refugiados de Embajadas, que fueron despojados de cuantos objetos de valor llevaban consigo y asesinados; los cadáveres fueron hallados e identificados al tiempo de la liberación de Madrid por las tropas Nacionales).

Checas de la UGT: Sindicato de la Construcción, Montera 22; Sindicato del Transporte, palacio de Villapadierna, Goya 10; Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE), Paseo de Recoletos, 23; “Leones Rojos”, del sindicato de dependientes de comercio, calle Martínez Campos, 23.

Destaca, por el número y características de sus crímenes y por las expoliaciones que los acompañaron, la checa, exclusivamente socialista y tristemente célebre, de GARCÍA ATADELL, conocida también por Brigada del Amanecer, establecida en la calle Martínez de la Rosa. La aprobación del partido socialista a las actividades criminales de esta checa era plena, hasta el punto de ser considerada como neta organización socialista represiva. Puede servir de expresiva comprobación la fotografía aparecida en el semanario Crónica de 7 de septiembre de 1936, con el siguiente pie: “Los Diputados  socialistas Lamoneda, Anastasio de Gracia, (ministro actualmente), Bujeda y Alvar, con el Director de las Milicias de Investigación García Atadell y un grupo de milicianos de los que trabajan a sus órdenes”. (Esta fotografía figura en el libro de la Causa General)

Además de las siniestras figuras de GARCÍA ATADELL y Ángel Pedrero (que llegó a ser Jefe del SIM o Servicio Militar de Información rojo, con el grado de Teniente Coronel) pertenecieron a la fracción centrista del Partido Socialista, gozando de la confianza personal de Indalecio Prieto, individuos tales como el pistolero [Luis] Cuenca, ejecutor material del asesinato del señor Calvo Sotelo, en la madrugada del 13 de julio de 1936. También pertenecía a la misma fracción socialista de Prieto –quien entregó, en Méjico, el cargamento del Yate Vita, constituido por el botín de los saqueos en España –[Enrique] Puente, jefe de la Milicia Motorizada Socialista que durante el verano y otoño de 1936 tuvo instalada en el Palacio de Medinaceli su checa propia, por la que, entre otras muchas personas, fueron asesinados, previa tortura, el sacerdote D. Roque  Guillén Garcés y siete religiosos más de San Vicente de Paul, cuyos cadáveres aparecieron en la barriada de Vallecas.

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 Igualmente, merece fijarse en las declaraciones que en diciembre de 1941   efectúa ante las autoridades judiciales de la Causa General el dirigente socialista       Zacarías Rodríguez Ramírez, afiliado al PSOE y a la UGT desde 1919, miembro de la Junta político-militar que monitorizó la Revolución de octubre del 34; comité que actuaba en Madrid en calidad de Junta Central, convirtiéndose el dicente, en agosto de 1936, en jefe del servicio de investigación e información de la checa de Bellas Artes, denominada Comité de Investigación Pública de Madrid (dependiente de la Dirección General de Seguridad); durante la contienda llegaría a ser juez militar y comandante de la comisión de obras ferroviarias…

Decían así las manifestaciones de Rodríguez Ramírez: Atribuciones para realizar fusilamientos, no sabe el declarante que las tuviera nada más que el Círculo de Bellas Artes y la checa de fomento que dirigía García Atadell, no pudiendo ignorar que otros muchos han realizado actos de esta naturaleza pero siéndole imposible precisar quiénes (…) Desde luego la dirección y órdenes de todo desmán partió de las directivas del Partido Socialista, CNT y organizaciones del Frente Popular, y quizá algún elemento del Gobierno que formaba parte de estas ejecutivas (…). Además, el susodicho estableció en la calle Velázquez el llamado Destacamento de Milicias del Círculo Socialista del Sur, checa que llevó a cabo muchos registros y detenciones, precisando lo que sigue: Todo el producto de los saqueos era entregado a un tal Mesto, hijo del Vicepresidente del Círculo Socialista del Sur adonde se llevaba el producto de todas estas requisas para la Caja de Reparaciones y en relación con el Ministerio de Hacienda (…). En alguna ocasión, lo percibido atropelladamente fue entregado a la socialista Margarita Nelken. Entre los detenidos por esta checa socialista, se halló desafortunadamente el duque de Veragua, descendiente directo de Cristóbal Colón, quien sería despojado y  asesinado poco tiempo después, aclarando este jefe chequista que ningún miembro del Gobierno ni del partido se preocupó por la suerte de personaje tan insigne, pese a las peticiones del embajador de Chile y decano del Cuerpo diplomático, Aurelio Núñez Morgado, mintiéndole por tanto el socialista Álvarez del Vayo, a la sazón ministro de asuntos exteriores del Frente Popular. Curiosidad delictual, lo constituye la forma tan singular de apoderarse de ciertos bienes de los detenidos: Que solamente fueron dos visitas las que el declarante hizo a la finca que el duque de Veragua tenía en Valjuanete, provincia de Toledo. La primera para hacerse cargo en nombre del Círculo Socialista de la finca en virtud de un documento de cesión firmado por el Duque de Veragua a favor del Partido Socialista (…) La segunda vez fue para legalizar esta situación y fiscalizarla.

Hasta aquí el relato literal de determinados pliegos de la Causa General que, por su importancia y trascendencia, merecen algún comentario. En primer lugar, no se trata esta documentación de escritos elaborados en el fragor de la contienda, pues las fechas de dichas piezas judiciales llevan como años referenciales, 1941-1968; es decir, representan una reflexión y reflejo del acerbo documental de la Causa General.

La Caja de Reparaciones, por mor de responsabilidades civiles derivadas de acciones contrarias al Frente Popular durante el Alzamiento Nacional, fue creada en zona republicana por decreto de 23 de septiembre de 1936, siendo competente para dictar el embargo de bienes de los sospechosos un Tribunal Popular formalmente constituido, considerando los comités provinciales de los partidos y sindicatos izquierdistas como meros auxiliares. Nada de esto fue respetado por los grupos y colectivos del Frente Popular como lo prueba el hecho que el duque de Veragua fuera asesinado días antes de publicarse este decreto en la Gaceta de Madrid. En realidad, los detenidos por las checas y diversos comités eran despojados de todos su bienes materiales en el instante de la detención, llegando incluso a forzar a los detenido con donaciones simuladas a fin de salvar su vida, como ocurrió con Cristóbal Colón y Aguilera. Con todo, fue un negocio criminal muy lucrativo en la que participó plenamente el socialismo de entonces, no sólo con la actuación de sus checas y policías paralelas en tales latrocinios sino también mediante la erección por el diputado socialista Enrique de Francisco de una entidad fantasma madrileña (Comisión de Información Electoral Permanente), encargada de gestionar los arriendos de las fincas urbanas cuyos titulares habían sido despojados despóticamente de sus bienes.

Entre tales rapiñas, sobresalen las efectuadas por los subalternos y conocidos del ministro socialista Ángel Galarza; un individuo sin ningún escrúpulo moral, pues aparte de desear la muerte del diputado Calvo Sotelo en plenas Cortes, pretendió seguidamente matar al general Sanjurjo en Portugal, ordenando, siendo ya ministro, el asesinato de uno de sus rivales políticos en la provincia de Zamora, Luis Calamita Ruy-Wamba. Pues bien, Galarza ordenó el traslado de las alhajas y joyas sustraídas -tras su transformación en lingotes preciosos por la DGS-, antes de abandonar Madrid, para establecer plácidamente el ministerio de la Gobernación en la ciudad de Valencia en el otoño del 36. Curiosamente, este letrado vivió sin agobios económicos en el exilio mejicano, que bien pudiera ser catalogado para algunos exiliados como El Dorado americano que buscaran infructuosamente siglos atrás los conquistadores españoles; lo mismo puede decirse de Indalecio Prieto, tras apropiarse del flete precioso del Vita, convirtiéndose su mandatario Enrique Puente en un afortunado hombre de negocios merced a dicho cargamento, fruto de los saqueos y pillajes perpetrados en zona republicana.

Por otro lado, la persecución espantosa diseñada contra los disidentes madrileños del Frente Popular fue relatada minuciosamente por el citado diplomático chileno, Núñez Morgado, miembro del partido radical socialista, habiendo sido hasta 1933 senador por el distrito de Antofagasta, el cual, tras investigar con el cuerpo diplomático los innumerables secuestros, detenciones y ejecuciones cometidos en Madrid por las hordas del Frente Popular, llegó a estimar que los republicanos madrileños habían pasado por las armas, hasta diciembre de 1936, del orden diario de unas 300 personas. Es decir, aproximadamente, unos 45000 infelices desde que se iniciaron las hostilidades bélicas. Tal vez sea un cálculo exagerado, a la luz de los datos obrantes en la Causa General, precisamente donde existe un fichero de víctimas en Madrid de 19000 hombres y mujeres asesinados. Con todo, no podemos olvidar que se trató de una persecución cuantiosamente terrible, no observada por entonces en ninguna provincia del resto del Estado. Incuestionablemente atroz, desde cualquier perspectiva que se mire. No en vano, las indagaciones de la Causa General, sobre personas de orden desaparecidas por causa de la represión izquierdista en Madrid, se prolongaron hasta la década de 1980.