Se hizo pública el 6 de junio de 1935

Y esta fue la sentencia del tribunal de garantias

Podemos condenar y condenamos:

A 30 años de reclusión mayor por un delito de rebelión militar para cada uno de los procesados

  1. Luis Companys Jover, don Juan Bautista Lluhi Vallescá,  don Martín Esteve y Guau, don Martín Barrera Maresma, don Pedro Zoilo Mestres Albert, D. Buenaventura Gassol Rovira y  D. Juan Comorera Solé

(el consejero de  gobernación, Josep Dencás, por ausencia, fue declarado en rebeldía,)

Sin embargo, el comandante Pérez i Farrás, jefe de los mossos de escuadra y a otros dos militares el Tribunal les condenó a la máxima pena, o sea, pena de muerte, con el indulto ya prefijado.

 

 

El juicio contra Companys y los Consejeros de su Gobierno se inició en Madrid el 5 de enero de 1935,  cuando ya llevaban en la cárcel 3 meses. Al parecer, y según algunos testigos, el señor Companys el primer día a la entrada se dirigió al Fiscal y le dijo: “si el Fiscal no me pide pena de muerte, me estafa”. Le defendía el famoso abogado Ángel Osorio Gallardo.

 

Y esta fue la sentencia que se hizo pública el 6 de junio de 1935:

Tribunal de Garantías Constitucionales

 

Don Joaquín Herrero Mateos, Secretario general accidental del Tribunal de Garantías Constitucionales.

Certifico: Que el Tribunal de Garantías en pleno ha dictado, en la causa seguida por el delito de rebelión militar contra el ex Presidente y ex Consejeros de la Generalidad de Cataluña, D. Luis Companys Jover, don Juan Lluhi Vallescá, D. Martín Esteve y Guau, D. Martín Barrera Maresma, D. Pedro Mestres Albert, D. Ventura Gassol Rovira, D. Juan Comorera Solé y D. José Dencás Puigdollers, este último en rebeldía, la siguiente sentencia:

“Excmos. Sres.: D. Fernando Gasset Lacasaña, D. Manuel Miguel Traviesas, D. Manuel Alba Bauzano, D. Francisco Alcón Robles, D. Basilio Álvarez Rodríguez, D. Francisco Basterreceha Zaldívar, D. Francisco Beceña González, D. Pedro J. García de los Ríos, D. Gil Gil y Gil, D. Gabriel González Taltabull, D. Luis Maffiotte de la Roche, D. Francisco Mahíquez Mahíquez, D. Carlos Martín y Álvarez, D. Eduardo Martínez Sabater, D. Gonzalo Merás Navia, D. Juan Salvador Minguijón, D. José Manuel Pedregal, D. Víctor Praderúa Larrumbe, D. Carlos Ruiz del Castillo, D. José Sampol Ripoll, D. Antonio María Sbert Massanet.

 

En la villa de Madrid a 6 de junio de 1935.

Vista en juicio oral y público, ante el Tribunal de Garantías Constitucionales en pleno, la causa seguida a virtud de querella interpuesta por el Consejo de Ministros de la República y en nombre del mismo por su Presidente, representado en este acto por el Sr. Fiscal de la República, por el delito de rebelión militar, contra los procesados:

  1. Luís Companys Jover, de cincuenta y un años de edad, hijo de José y de Luisa, natural de Tarrós y vecino de Barcelona, de estado casado, de profesión Abogado;

    D. Juan Bautista Lluhi Vallescá, de treinta y siete años de edad, hijo de Joaquín y de Trinidad, natural y vecino de Barcelona, de estado casado, de profesión Abogado;

    D. Martín Esteve y Guau, de cuarenta años de edad, hijo de José y de Asunción, natural de Torá, provincia de Lérida, vecino de Barcelona, de profesión Abogado;

    Don Martín Barrera Maresma, de cuarenta y cinco años de edad, hjo de Juan y de Cristina, de estado casado, natural de La Bisbal, provincia de Gerona, vecino de Barcelona, de profesión impresor;

    D. Pedro Zoilo Mestres Albert, de treinta y tres años de edad, hijo de Pedro y de Dorotea, de estado casado, natural y vecino de Villanueva y Geltrú, provincia de Barcelona, de profesión Perito Industrial;

    D. Buenaventura Gassol Rovira, de cuarenta y un años de edad, hijo de Buenaventura y de Úrsula, de estado casado, natural de Selva del Campo, provincia de Tarragona, vecino de Barcelona, de profesión publicista;

    D. Juan Comorera Solé, de cuarenta años de edad, hijo de Manuel y de Antonia, de estado casado, natural de Cervera, provincia de Lérida, vecino de Barcelona, de profesión periodista; todos de buena conducta, sin antecedentes penales, con declaración de insolvencia parcial y en prisión provisional por esta causa,

    y el procesado

    D. José Dencás Puigdollers, declarado en rebeldía;

    siendo parte, además del señor Fiscal de la República, en la representación que ostenta, los Letrados que representan y defienden a los procesados: D. Luis Jiménez de Asúa, D. Mariano Ruiz Funes, D. Augusto Barcia Tielles y D. Ángel Ossorio y Gallardo, siendo Ponente para este acto el Excmo. Sr. D. Manuel Miguel Traviesa: 


    Resultando que al producirse la crisis ministerial de Octubre último, y siendo a la sazón Presidente y Consejeros de la Generalidad de Cataluña los procesados, ante los insistentes rumores circulados sobre la posible participación en el Gobierno que se intentaba formar de elementos del llamado partido de Acción popular agrario, hicieron llegar ante quien tenia plenitud de facultades constitucionales para dar solución a la crisis, el disgusto con que vería Cataluña la entrada en el Gobierno de los elementos antes citados.

 

La resolución de la crisis, con la participación en el Poder de tres Ministros del mentado partido, causó hondo disgusto en el Gobierno de Cataluña. Alentado por las noticias de que algunos jefes de grupos políticos nacionales habían declarado en sendas notas que rompían por tal motivo toda relación con las instituciones, y por las noticias que llegaban de que en algunas provincias de la República se había declarado la huelga general, como protesta contra la constitución del nuevo Gobierno, al producirse también en Cataluña una huelga general con el mismo objeto, provocada por elementos pertenecientes a los partidos políticos representados en el Gobierno regional —y que fue apoyada y extendida por individuos del recién creado Somatén que, con pretexto de garantizar el orden, habían salido armados con rifles, a las doce de la mañana del día de autos, obedeciendo órdenes del Consejero de Gobernación, en cuya misión, si bien no oficialmente, fueron secundados por elementos de Estat Catalá y «escamots»— no solamente no realizó las gestiones convenientes para impedirla y resolverla, a pesar de los insistentes requerimientos que hizo el Gobierno central por conducto del Ministro de la Gobernación y del Delegado del Estado en Cataluña, sino que, reunidos en Consejo los hoy procesados, tomaron por unanimidad un acuerdo que don Luis Companys, como Presidente, hizo público en presencia de todos desde un balcón del Palacio de la Generalidad, el día 6 de Octubre, a las ocho de la noche, ante gran número de personas, algunas armadas, que se habían congregado en la plaza de la República, en virtud de la convocatoria hecha mediante hojas impresas distribuidas con profusión por Barcelona y los avisos que, durante todo el día, estuvo emitiendo la “radio”.


La alocución, leída en catalán, estaba concebida en los siguientes términos:

«Catalanes. las fuerzas monarquizantes y fascistas que de un tiempo a esta parte pretendían traicionar a la República, han conseguido su objetivo y han asaltado el Poder. Los partidos y los hombres que han hecho públicas manifestaciones contra las menguadas libertades de nuestra tierra y los núcleos políticos que predican constantemente el odio y la guerra a Cataluña, constituyen hoy el soporte de las actuales instituciones.

Los hechos que se han producido dan a todos los ciudadanos la clara sensación de que la República, en sus fundamentales postulados democráticos, se encuentra en gravísimo peligro. Todas las fuerzas auténticamente republicanas de España y los sectores sociales avanzados, sin distinción ni excepción, se han levantado en armas contra la audaz tentativa fascista.

La Cataluña liberal, democrática, republicana, no puede estar ausente de la protesta que triunfa por todo el país, ni puede silenciar [su voz de] solidaridad con los hermanos que en tierras hispanas luchan hasta morir por la Libertad y por el Derecho.

Cataluña enarbola su bandera, llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia debida al Gobierno de la Generalidad, que desde este momento rompe toda relación con las instituciones falseadas.

En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del Poder en Cataluña, proclama el Estado catalán de la República federal española, y al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el Gobierno provisional de la República, que hallará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República federal, libre y magnífica.

El Gobierno de Cataluña estará en todo momento en contacto con el pueblo. Aspiramos a establecer en Cataluña el reducto indestructible de las esencias de la República. Invito a todos los catalanes a la obediencia al Gobierno y a que nadie desacate sus órdenes, con el entusiasmo y la disciplina del pueblo.

Nos sentimos fuertes e invencibles. Mantendremos a raya a quien sea, pero es preciso que cada uno se contenga, sujetándose a las disciplina y a la consigna de los dirigentes. El Gobierno, desde este momento, obrará con energía inexorable para que nadie trate de perturbar ni pueda comprometer los patrióticos objetivos de su actitud.

Catalanes, la hora es grave y dolorosa. El espíritu del Presidente Maciá, restaurador de la Generalidad, nos acompaña.

Cada uno en su lugar, y Cataluña y la República en el corazón de todos.

Viva la República y viva la Libertad.»

 

Inmediatamente después de esta lectura, el procesado D. Ventusa Gassol, como Consejero más antiguo de la Generalidad y en nombre de los demás Consejeros, pronunció, en catalán, la siguiente alocución:

 

«Catalanes, ya habéis oído al Honorable Presidente de la Generalidad, D. Luis Companys. Sus palabras tienen hoy una resonancia histórica que nos recuerda que él es el ilustre sucesor del insigne e inmortal Francisco Maciá y el continuador de aquella historia de gestas gloriosas y de sacrificios ejemplares al servicio de Cataluña, de la República y de la Libertad. 

Yo, ahora, en nombre del Gobierno, os pido que os disperséis por Barcelona y por Cataluña para llevar la buena nueva de la proclamación del Estado catalán de la República Federal. Asistid a las fuerzas del Gobierno de Cataluña y ayudadlas para imponer el orden, que hoy es más indispensable que nunca. Defended con palabras y con actos las libertades contra cualquier agresión, cueste lo que cueste y venga da donde venga.

En este movimiento en defensa de la República del 14 de Abril, los catalanes han de estar siempre al lado de las izquierdas españolas. Nuestra Cataluña es inmortal.

Nuestra Cataluña es y será invencible, pero es preciso que cada uno esté alerta para seguir en cada momento la voz y las órdenes del Gobierno de la Generalidad.

Catalanes, ¡viva Cataluña!.
¡Viva la República Federal!»


Ambas alocuciones fueron radiadas por Unión Radio Barcelona, de cuyo servicio había acordado el Gobierno catalán incautarse el día anterior al de autos, y para cuyo efecto se hablan colocado micrófonos en el Palacio de la Generalidad y en la Consejería de Gobernación, propalándose desde el último de los micrófonos citados, durante toda la noche, noticias falsas sobre el desarrollo del movimiento revolucionario en toda España y excitaciones e instrucciones para la rebelión.

Momentos antes de que el Sr. Companys pronunciara la alocución mencionada, el General Batet fue llamado por el Presidente del Consejo de Ministros, D. Alejandro Lerroux, a conferenciar por el teletipo instalado en el Ministerio de la Gobernación, anunciándole el acuerdo adoptado por el Gobierno de la República de declarar el estado de guerra. Estando celebrándose esta conferencia, el propio General anunció al Presidente del Consejo que en aquellos momentos el Presidente de la Generalidad acababa de declarar al pueblo desde uno de los balcones del Palacio la proclamación del Estado catalán de la República federal española, noticia que al ser conocida por el Sr. Lerroux determinó la orden inmediata de la declaración del estado de guerra en Cataluña, retirándose el General Batet para darla cumplimiento con toda urgencia.

Constituido en la Comandancia militar, y presente el Auditor, se tomaron las primeras medidas para declarar el estado de guerra, siendo entonces requerido por el Presidente de la Generalidad, D. Luis Companys, para que, con todas las fuerzas que tuviera, se pusiera a sus órdenes, por haber proclamado el Estado catalán de la República federal española, anunciándole que esta comunicación la reproduciría por escrito, como efectivamente hizo, por conducto del Diputado del Parlamento catalán don Juan Tauler, estando ya declarado el estado de guerra y fijado el bando en la puerta principal de la Comandancia cuando llegó el portador de la misma.

Sin novedad se hizo la publicación del bando declarando el estado de guerra frente a la Comandancia militar y en Atarazanas, pero al pasar por la rambla de Santa Mónica, las fuerzas militares encargadas de hacer la publicación fueron violentamente tiroteadas, sufriendo algunas bajas; continuaron hacia la plaza del Teatro, y al llegar a ella, otra fuerte agresión les obligó a detenerse, con nuevas bajas, y ante el peligro que significaba continuar la publicación, se ordenó al Ayudante de la plaza que no fijase más bandos y se replegara hacia el paseo de Colón para proteger las piezas de artillería que se habían situado a la entrada del mismo.

Sobre las nueve y media de la noche, el Comandante de Artillería don José Fernández Unzúe recibió, por conducto de su Coronel, orden del General Batet, de organizar una pequeña columna, con la que había de ir lo antes posible a la plaza de la República para tomar la Generalidad y el Ayuntamiento, con instrucciones concretas de recurrir, si fuese preciso, a la máxima violencia, y orden terminante de no disparar sino cuando fuesen agredidos.

A las diez y media llegó con su columna el señor Fernández Unzué, por la calle de Jaime I, a la plaza de la República, habiendo encontrado durante el camino grupos de paisanos armados. Salió a su encuentro el Comandante Jefe de los Mozos de Escuadra, D. Enrique Pérez Farrás – que, cumpliendo órdenes del Presidente de la Generalidad, había concentrado los Mozos de Escuadra en la tarde de aquel mismo día en el Palacio de la Generalidad, organizando la defensa del mismo a tenor de las instrucciones recibidas, fuese contra quien fuese – que preguntó al señor Fernández Unzúe: «¿A dónde vas?» «A tomar la Generalidad y el Ayuntamiento». Al replicar el señor Pérez Farrás que no se había declarado el estado de guerra, afirmó el Sr. Fernández Unzúe que sí se había declarado, y que llevaba la orden del General de la División. «No la tomarás», añadió el Jefe de los Mozos de Escuadra. «Ya lo veremos», contestó el Jefe de la columna. Inmediatamente, el capitán Kunhel, que mandaba la primera batería, gritó: «¡Viva la República española!», grito que repitieron las tropas con entusiasmo, y al que contestó el Sr. Pérez Farrás con el de «¡Viva la República Federal!».

Entonces, el Comandante Fernández Unzúe ordenó que las piezas fueran descargadas de los mulos, y en aquel momento, los Mozos de Escuadra que estaban al mando del señor Pérez Farrás y se encontraban en la plaza hicieron una descarga sobre las fuerzas leales, ocasionándolas sensibles bajas, refugiándose acto seguido en el Palacio de la Generalidad y algunos en el Ayuntamiento, desde cuyos edificios siguieron tiroteando a las fuerzas del Ejército, que con disparos de cañón y de mosquetón se defendían del ataque, así como del fuego que se les hacía desde calles, balcones y azoteas.

Al retirarse al edificio de la Generalidad, el Comandante Pérez Farrás, subió a dar cuenta al Gobierno de los hechos acaecidos, y con el mismo objeto se reunió con éste varias veces durante la noche.

Por la Vía Layetana bajaron elementos armados, que, a los gritos de «¡Viva la República federal y el Estat catalá!», hostilizaron a las fuerzas leales, tratando de envolverlas por retaguardia, impidiéndolo la artillería e infantería, pues a los artilleros del señor Fernández Unzúe se habían unido las dos Compañías del Regimiento de Infantería número 10, que eran también hostilizadas por un grupo de guardias de Asalto desde las azoteas del edificio de la Cámara de la Propiedad Urbana en la plaza del Ángel.

Ocupadas las casas y azoteas recayentes a la plaza de la República, y tomadas las medidas para la seguridad de las fuerzas del Ejército para al amanecer romper el fuego con toda violencia y asaltar los edificios oficiales que el General había ordenado tomar, al romper el día se adelantaron las piezas, disparando los obuses y varias granadas rompedoras a unos 30 metros.

A los diez o quince minutos de este intenso fuego de artillería, y siendo las seis, aproximadamente de la mañana, el Sr. Companys llamó por teléfono al general de la cuarta División pidiendo la suspensión del fuego, rindiéndose y haciéndose responsable de todo lo ocurrido. El General le indicó que la rendición era sin condiciones y «por radio diera conocimiento de su entrega a todo el país y que izara la bandera blanca y ordenase a los suyos siguieran igual conducta»

Aceptadas sus condiciones, el General ordenó al Comandante Fernández Unzúe que entrase en la Generalidad y en el Ayuntamiento, detuviese a los rebeldes y recogiese el armamento. Así lo hizo el Sr. Fernández Unzúe, entrando en el edificio del Ayuntamiento primero y después en el de la Generalidad, en los que ya se había izado bandera blanca, ocupándolos con las tropas leales, deteniendo, entre otros, a los hoy procesados, y comunicando por la «radio» al país la rendición del Gobierno de la Generalidad.

A consecuencia de los combates y agresiones antes mencionados, resultaron, además de numerosos heridos, 16 muertos, pertenecientes todos ellos a las fuerzas del Ejército y Cuerpos asimilados.

Todos los hechos que aparecen anteriormente relatados fueron consecuencia del acuerdo tomado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y hecho público desde un balcón de la misma el día de autos, acuerdo con el cual aparecen solidarizados todos los miembros de aquél, manteniendo esta solidaridad con su presencia y la falta de órdenes en contrario hasta el momento de la rendición del Gobierno de Cataluña en pleno.

 

Hechos probados.

RESULTANDOS


Resultando [1º]: Que el Sr. Fiscal de la República, en la representación que ostenta, en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como constitutivos de un delito de rebelión militar, comprendido en el artículo 237 del Código de Justicia militar, circunstancia cuarta, y reputando autores responsables del mismo a los referidos procesados, sin que sean de apreciar circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando se impusiera a cada uno de los procesados la pena de treinta años de reclusión mayor, accesorias y octava parte de las costas hasta el auto de apertura del juicio oral, y por séptimas partes las [costas] posteriores a dicho auto.

 

Resultando [2º] que la representación de los procesados señores Lluhí y Comorera, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos procesales como constitutivos de un delito contra la forma de Gobierno, definido en el articulo 167 del Código penal, y que sus patrocinados, en la más desfavorable hipótesis, sólo pueden ser considerados como «meros ejecutores» a que se refiere el número tercero del artículo 170 del mencionado Código, estimando que no existe culpabilidad en los actos realizados por los mismos, porque tal y como aparecían los acontecimientos ante la conciencia de los máximos representantes de la autonomía de Cataluña, no se les podía exigir otra conducta, y, por tanto, no siendo el hecho culpable no se les podía imponer pena alguna.

 

Resultando [3º] que las representaciones de los procesados Sres. Esteve y Gassol, Barrera y Mestres, en su conclusiones definitivas, calificaron lo hechos procesales como constitutivos de un delito contra la forma de gobierno, previsto en el artículo 167 del Código penal, del que sus patrocinados son meros ejecutores, a tenor del número tercero del artículo 170 del citado Código, concurriendo en favor de los procesados la circunstancia eximente séptima del artículo 8º del propio Código, y, alternativamente, la falta de dolo exigida por el artículo 1.º del mismo, por lo que no procede imponer pena alguna a sus defendidos.

 

Resultando [4º] que la defensa del procesado Sr. Companys, en sus conclusiones también definitivas, estimó que los hechos procesales no son constitutivos de delito, y que si lo fueran no podía ser otro que el reseñado en el artículo 167, número primero, en relación con el 171, ambos del Código penal, siendo evidente que en este caso es autor, y autor principalísimo, su defendido, concurriendo la circunstancia séptima del artículo 8.º del propio Código; por lo que procede, tanto en uno como en otro caso, la absolución de su defendido.

 


CONSIDERANDOS

 

Considerando [1º] que el artículo 237, circunstancia cuarta, del Código de Justicia militar establece que son reos del delito de rebelión militar los que se alcen en armas contra la Constitución que concurra la circunstancia de que hostilicen a las fuerzas del Ejército, antes o después de haberse declarado el estado de guerra, lo que hace indiferente la concurrencia de la declaración anterior de ese estado excepcional para la calificación del delito; los procesados se alzaron en armas contra esa Constitución, proclamando el Estado catalán de la República Federal española y dando órdenes de defenderlo por la fuerza; lo que no significa tan sólo reemplazar un Gobierno por otro, ni quedan limitados los defectos de aquel acto a despojar, en todo o en parte, a las Cortes o al Jefe del Estado de las prerrogativas o facultades que le competen, sino que, excediendo de esto, implica fundamentalmente la subversión del régimen constitucional en lo que a la organización nacional afecta, transformando las regiones autónomas en Estados miembros y la República integral en federativa, con alteración profunda de poderes, vinculaciones, competencias y relaciones; de cuya alteración aparece, como mera consecuencia y parcial efecto, las que sufren las prerrogativas de las Cortes, como la de todos los organismos estatales, políticos y aun muchos administrativos; por lo que es un ataque al régimen de la Constitución en su conjunto, del que sólo quedan libres aisladas disposiciones del texto constitucional, y que no cabe, por tanto, fraccionar, en razón de los numerosos efectos parciales que necesariamente ha de producir sobre particulares preceptos de aquel texto; todo ello aparte de que los poderes de todos los órganos de la República emanan del pueblo, según el artículo 1.º del texto constitucional, pretendiendo, no obstante, los rebeldes hacerlos derivar del poder faccioso de que se constituían en órganos, mediante el expresado delito.

 

Considerando [2º] que el ataque a la Constitución del Estado republicano, a que se refiere el artículo 237 del Código de Justicia militar, cuando aquélla es afectada en su conjunto, constituye un ataque a la forma misma del Estado, tal y como resulta instituida en la Constitución que la estatuye y protege, a cuya aplicabilidad se añade la concurrencia de la circunstancia cuarta del mismo, que cualifica este ataque como rebelión militar.

 

Considerando [3º] que la exclusión del federalismo en la Constitución, en los artículos 1.º y 13.º tiene tanto más valor cuanto más se suponga inclinados a él, y estimándolo factible o conveniente, algunos o muchos miembros o partidos de las Constituyentes, porque ello revelaría la ponderación y consciencia con que fue desechado, no por descuido o falta de atención hacia su significación y ventajas, sino, al contrario, por estimación reflexiva de todo el problema que los inclinó a la decisión final y única, vigente con legal fuerza de las autonomías regionales; como así lo demuestra, además de los artículos ya citados de la Constitución, la historia del artículo 1.º del Estatuto de Cataluña, en que se consagra aquélla como Región autónoma dentro del Estado español, por haber desechado las Cortes la propuesta del proyecto en que definía a Cataluña como Estado autónomo dentro de la República española; y pretender imponer por la violencia aquel régimen federal que la soberanía constituyente rechazara, no incidentalmente y de soslayo, sino después de haberlo considerado de frente, es un delito caracterizado en su significación moral por el valor que en este mismo orden hay que conceder a la repetida voluntad de aquellas Cortes.

Considerando [4º] que el artículo 61 de la ley de Orden público, y sus concordantes los artículos 53, 56 y 57 de la misma, al ampliar la competencia de la jurisdicción de Guerra no limitan la que por razón de la materia le corresponde, según el artículo 95 de la Constitución, en relación con el 7.º del Código de Justicia militar, sino que, antes al contrario, la amplía en los casos de declaración del estado de guerra a delitos comunes, haciendo aplicables a éstos, una vez transcurridos los plazos señalados en los bandos que hagan la declaración de aquel estado, o, en su defecto, el de veinticuatro horas establecido en el articulo 61, las penas del Código de Justicia militar, por lo que no afecta a los delitos esencialmente militares, el expresado plazo de veinticuatro horas.

 

Considerando [5º] que el hecho de que los procesados no hayan utilizado materialmente las armas frente al Ejército no impide que su acuerdo y la declaración hecha al público por el Presidente del Gobierno de Cataluña, en nombre del mismo, constituyan un eslabón esencial en la cadena de los actos que integran la rebelión militar, toda vez que este delito, por su carácter permanente, se está consumando desde que se inicia hasta que termina la persistencia en el estado antijurídico, y por tanto cualquier persona que realice un acto de esta naturaleza durante el período de consumación es responsable de este tipo de delito, como autor por ejecución; y ademas, la naturaleza y amplitud de la orden de defensa, dada al Jefe de las fuerzas armadas de la Generalidad, incluye evidente, aunque implícitamente, la posibilidad de tener que realizarse, como en efecto ocurrió, atacando a las fuerzas del Ejército regular; por lo que deben estimarse autores del indicado delito, en razón a haber tomado parte directa, material y voluntaria en su ejecución, a los procesados en esta causa, sin que aparezca individualmente caracterizado como Jefe ninguno de los responsables, porque todas las actuaciones personales han sido consecuencia y ejecución de una actitud colectiva, tomada por acuerdo de todos los procesados, en cuya realización no se ha mostrado la más mínima discrepancia.

 

Considerando [6º] que la no exigibilidad de la conducta como causa excluyente de la culpabilidad, destinada a completar, pero no a prescindir, de las valoraciones de la ley positiva, no podría, en todo caso, ser tenida en cuenta en el presente, en el que, frente a un deber de aquel carácter, aparecen, o un interés surgido de una interpretación de la Constitución contraria a su texto, o una mera aspiración política, que no puede pretender la fuerza imperativa necesaria para prevalecer, excusando la culpabilidad en la violación dolorosa de los deberes jurídicos que la legalidad constitucional impone, como así lo confirma el articulo 1.º de la ley de Orden público, según el cual, el normal funcionamiento de las instituciones del Estado es fundamento del orden público, como asimismo, por mandato del artículo 6.º de la propia Ley, todas las Autoridades de la República, tanto las pertenecientes al Poder central como a las Regiones, Provincias y Municipios, deben velar por la conservación del orden público, que no es el necesario para mantener la rebelión, sino el que imponen las leyes que la sancionan y castigan.

 

Considerando [7º] que el estado de necesidad, alegado en el presente caso como un conflicto de deberes, no puede ser reconocido, por cuanto que el supuesto mal a evitar, consistente en una determinada solución de una crisis política por vías constitucionales, no pone a nadie en el deber o necesidad de evitarlo por medios violentos, ni puede afirmarse que aquella solución legal sea un mal, en el sentido de que implique privación cierta de bienes jurídicos, sino, a lo más, postergación justificada de intereses o aspiraciones políticas que, en el momento de ser apreciados en la solución de la crisis, no habían conquistado la extensión e intensidad necesarias para predominar en el juego de las fuerzas de aquella clase, que tiene además modos legales de manifestarse y de adquirir la supremacía política, supuesto necesario para la implantación legal del régimen que propugnan; y por cuanto que la excitación por parte de la opinión pública catalana, que, al igual que su afín del resto de España, manifestara su protesta contra la solución de la crisis de Octubre, no representaba una fuerza de presión de mediana intensidad siquiera, ya que, aun contando con el estímulo que para ellas representaba su coincidencia con el criterio del Consejo de la Generalidad, fue reducida en breve plazo por la actuación de escasas fuerzas del Ejército, que, aparte de los incidentes de primera hora, no tuvieron ya que intervenir con la energía y violencia inherentes a su empleo específico.


Considerando [8º] que, por las razones anteriormente expuestas, en el presente caso no es de apreciar circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal:

Considerando [9º] que de todo delito o falta nace acción penal y puede surgir también acción civil, según los términos del artículo 100 de la ley de Enjuiciamiento criminal, como en efecto surgió en favor de cada uno de los lesionados por el delito de rebelión que ahora se sanciona, aunque el número de ellos no aparece en la causa ni ésta ofrece base bastante para fijar el importe de las indemnizaciones que se deban, y todos los interesados pueden hacer valer esa acción ante el Tribunal de Garantías; por lo que procede resolverles esa acción para que la ejerciten, si quieren, ante el Tribunal que corresponda:

 

Vistos, además de los citados, los artículos 1.º, 3.º, 11, 14, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 49 y 111 al 114 del Código penal común; 237 y 238 del Código de justicia militar, y los artículos 142, 239 al 241, 741 y 742 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y demás pertinentes y de general aplicación.

 

Fallamos que debemos condenar y condenamos a cada uno de los procesados 

  1. Luis Companys Jover, 
    don Juan Bautista Lluhi Vallescá, 
    don Martín Esteve y Guau, 
    don Martín Barrera Maresma, 
    don Pedro Zoilo Mestres Albert, 
    D. Buenaventura Gassol Rovira y 
    D. Juan Comorera Solé, 

como autores de un delito de rebelión militar, a la pena de treinta años de reclusión mayor, con las accesorias de interdicción civil durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta, y al pago de las costas procesales en la proporción de una octava parte hasta el auto de apertura del juicio oral, y por séptimas partes las posteriores, siéndoles de abono, para el cumplimiento de la condena, todo el tiempo de prisión provisional sufrida.

Se reserva a los ofendidos y perjudicados por el delito de rebelión que se sanciona la acción civil que pueda corresponderles contra los culpables, y se aprueba el auto de insolvencia parcial dictado por el juez de Instrucción número 4 de los de Barcelona, en quien delegó el Tribunal para la tramitación de la pieza de responsabilidades civiles. 

Publíquese esta sentencia en la «Gaceta de Madrid».

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

Y para que conste y publicar en la «Gaceta de Madrid», en cumplimento de lo acordado, expido la presente, que firmo y sello en Madrid a 6 de Junio de 1935


—Joaquín Ferrero.
—Fernando Gasset Lacasana.
—Manuel Miguel Traviesas.
—Francisco Alcón Robles.
—Francisco B. González.
—Pedro J. García de los Ríos.
—Luis Mafflote de la Roche.
—Francisco Mahíquez Máhiquez.
—Carlos Martín y Álvarez.
—Eduardo Martínez Sabater.
—Gonzalo Merán Navia.
—José Manuel Pedregal.
—Víctor Pradera Larrumbo.
—Carlos Ruiz del Castillo.
—José Sampol Ripoll.»

 

El Presidente Companys cumpliría su condena en el penal del Puerto de Santa María, Cadiz, hasta el triunfo del Frente Popular de 1936 que fue puesto en libertad.