En los últimos días del año 1932, los braceros del municipio pacense de Castilblanco se encontraban movilizados por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), una sección de la socialista Unión General de Trabajadores (UGT). La fuerza que el sindicalismo anarquista estaba obteniendo en el mundo rural español llevó a que, para no perder militantes, el sindicato socialista se radicalizase en la petición de mejoras laborales.

 

Tres huelgas y manifestaciones se sucedieron los días 20, 30 y 31 de diciembre. La primera fue disuelta por la Guardia Civil, la segunda se disolvió pacíficamente, pero la tercera terminó en el linchamiento brutal y salvaje, a golpes, de cuatro miembros del Instituto Armado -un cabo y tres guardias- que murieron intentando hacer cumplir la legalidad, por mucho que la izquierda los tilde de represores.

 

Los hechos de Castilblanco son claros y, gracias a la minuciosa investigación y el juicio que se abrió tras el asesinato de los cuatro agentes, se han podido recomponer los hechos.

Poco antes del mediodía del 31 de diciembre de 1932, un grupo de 500 personas se agolpaban junto a la Casa del Pueblo, sede del sindicato FNTT, para iniciar una manifestación que recorriera el centro del municipio hasta llegar al ayuntamiento. La marcha no había sido autorizada por el alcalde, Felipe Mangano López, miembro del Partido Republicano Radical, lo que llevó al edil a enviar al cabo de la Guardia Civil, José Blanco Fernández, a comunicar la prohibición a los jornaleros antes de que diera comienzo la marcha.

José Blanco se dirigió a la Casa del Pueblo en compañía de tres agentes: Agripino Simón, Francisco González y José Matos. Una vez allí, el cabo se dirigió al presidente del centro socialista, Justo Fernández López, para comunicarle la decisión del alcalde. Se dirigió solo, con su fusil reglamentario al hombro, es decir, sin hacer uso de el para evitar encrespar los ánimos. Mientras tanto, sus tres compañeros esperan a cierta distancia por si deben intervenir.

 

Los hombres congregados ante la Casa del Pueblo contestaron al aviso del cabo con insultos, empujones y gritos de consignas políticas. A la vez, varias esposas de los allí congregados, que se encontraban detrás de los otros tres agentes, intentaron sumarse a la concentración. En ese momento, el guardia Agripino Simón se descolgó el fusil del hombro y lo puso en paralelo a las mujeres para contener su paso. Una de ellas forcejeó con el agente y se produjo un disparo fortuito que hirió mortalmente a uno de los vecinos allí congregado, Hipólito Corral.

En ese momento, los quinientos braceros y las mujeres se lanzaron contra los cuatro guardias civiles que fueron linchados a golpes, patadas, garrotazos y navajazos. La documentación elaborada por el médico forense que realizó las autopsias el 4 de enero siguiente es clara describiendo el ensañamiento con el que se comportaron los vecinos convocados por el sindicato socialista. El mismo general Sanjurjo, responsable máximo de la Guardia Civil, aseguró tras ver las fotografías del estado en el que habían quedado los cuerpos que: “ni siquiera en las cabilas más salvajes de Marruecos he visto cuerpos tan brutalmente mutilados”.

 

Los autores del asesinato de los guardias eran conscientes de su culpabilidad, lo que les llevó a esconderse, algunos se encerraron en sus casas, pero los que más participación habían tenido escaparon al monte para intentar evadirse de la actuación de la Justicia.

La investigación policial, dirigida por el coronel Pedro de Pereda Sanz, acabó con 45 detenidos, que contaron con todas las garantías legales y tuvieron como abogado defensor a Luis Jiménez de Asua, que había presidido la comisión parlamentaria que había redactado la Constitución republicana y que había entrado en vigor unos días antes de estos hechos.

 

El juicio, que se celebró bajo la jurisdicción militar, se celebró en el verano de 1933 y en él fueron acusados formalmente 22 de los 45 detenidos. De ellos veinte eran hombres y dos mujeres. La sentencia, dictada el 19 de julio de aquel año, condenó a siete de ellos a pena de muerte y a otros seis a cadena perpetua, aunque posteriormente se les conmutó, a los primeros por cadena perpetua y a los segundos por 20 años de prisión.

 

Curiosamente, la mayoría de estos condenados fueron indultados tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. El nuevo Gobierno revolucionario de mayoría socialista consideró a estos asesinos como presos políticos.