LEO en la prensa de Zaragoza (la noticia no ha merecido interés, por lo visto, para justificar su transmisión al resto de España) que la Audiencia Provincial de aquella capital ha confirmado el sobreseimiento del sumario incoado a raíz del incendio del hotel Corona de Aragón, que tuvo lugar el 12 de julio de 1979 y en el que murieron más de setenta y cinco personas. Conviene aclarar enseguida, para los no iniciados en temas legales, que una causa puede sobreseerse (es decir, archivarse) por dos motivos: por no haberse probado suficientemente la perpetración de un delito o por no haber sido halladas las personas que, presumiblemente, pudiesen ser sus autores, cómplices o encubridores.

 

Aquella catástrofe de Zaragoza apareció muy confusa, desde sus primeros momentos. Habrá que recordar la profética frase del entonces gobernador civil de la capital, señor Laina, que cuando todavía estaban en todo su apogeo las llamas, ya aseguró que se trataba de un hecho puramente fortuito. No opinaron lo mismo los familiares de las víctimas, bastantes testigos presenciales e incluso, más de un técnico. Lo indiscutible es que nunca pudo probarse la voluntariedad del incendio ni menos todavía alcanzó a recaer indicio racional de criminalidad sobre ninguna persona concreta. La resolución judicial, por ello, resulta del todo correcta.

 

Pero está claro que la justicia humana no puede ser perfecta y actúa en función de las colaboraciones que se le presten. Sobreseído y bien sobreseído el sumario, la tragedia del hotel zaragozano quedará, por siempre (y pese a ello) envuelta en dudas y sospechas morales. Resulta, por ejemplo, harto extraño el escaso interés informativo que despertó en ciertos medios que, en cambio, se han ocupado exhaustivamente de otras desgracias mucho menos importantes. Llama asimismo la atención que nadie, en el Parlamento, creyese oportuno dirigirse al Gobierno solicitando aclaración sobre el tema: cuando tan frecuentemente se hace para conocer al detalle auténticas boberías. La propia actitud del Gobierno, huyendo del asunto desde un principio, no estuvo adecuada a su trascendencia. Setenta y cinco muertos son muchos muertos para cubrir con el olvido y el silencio aquella hecatombe.

 

El incendio del Corona de Aragón ya es, pues, historia y se incorpora a la historia negra de los misterios de la transición pacífica. Que ya son muchos; tantos, que el día de mañana tendrán los investigadores un campo abierto a su curiosidad y a sus hipótesis. Porque otro tema que lleva también camino de perderse en mutismos, silencios y olvidos, es el del aceite de colza. Una de las más grandes tragedias sanitarias de todos los tiempos, está ya siendo tratada por el poder público como cuestión antigua y sin vigencia. Mucho me temo que nos quedemos sin saber jamás por qué se han muerto casi trescientas personas, a qué se debió en definitiva el virus o la intoxicación o la epidemia o lo que sea y, sobre todo, quién tuvo la culpa de semejante desastre público. Un desastre que, en cualquier democracia seria, hubiese conllevado fulminantemente la crisis ministerial y que aquí ni siquiera le costó la cartera, en su momento, al titular del departamento de Sanidad.

 

La eficaz máquina propagandística del marxismo actúa implacablemente cuando el más mínimo daño afecta a sus militantes. Recuérdese la que armó el PSOE en una de sus primeras interpelaciones parlamentarias, a propósito de los dos guantazos que le sacudieron en Santander a un barbudo diputado socialista. No se diga la magnificación de los deplorables asesinatos del bufete de la calle de Atocha, convertidos en matanza. Fue un hecho incalificable, abyecto, del todo repudiable. Pero inferior, cuantitativa y cualitativamente, a muchas otras atrocidades, anteriores y posteriores, sobre las que se tendió con presteza el manto del olvido.

 

¿Qué sucedió, realmente, en la infinita tragedia del colegio de Ortuella? Aquella explosión ¿fue puramente fortuita'? Porque ya es raro que nada menos que el Papa, S.S. Juan Pablo II, pidiese públicamente en su dominical mensaje a los fieles congregados en la plaza de San Pedro, que se rezase por unos niños, víctimas del terrorismo criminal. Nadie volvió a hablar de aquellas pobres criaturas; también, en un caso tan sangrante, el silencio, el olvido, la desinformación se amontonaron sobre los recuerdos. Nadie, tampoco, llevó el tema a debate parlamentario. Un Congreso tan proclive a designar comisiones que investiguen sobre las presuntas torturas policiales a los asesinos convictos, se manifestó extrañamente ajeno al drama de Ortuella.

 

Y no hará falta recordar la rutinaria vulgaridad con que se informa acerca de los muertos de la Guardia Civil o del Ejército; en desdichado contraste con las inacabables campañas dedicadas a exaltar las figuras de los etarras caídos en enfrentamientos con las Fuerzas del Orden Publico. Los grandes misterios de la llamada libertad de información, alcanzan especial relieve cuando se aplican a disimular, a cubrir, a marginar esos otros grandes y penosos misterios: los de tantos muertos sin causa, sin gloria y sin explicación.

 

Hay veces en que llega uno a pensar si aquí, en estos casos, se está aplicando aquella vergonzosa gacetilla de infausto recuerdo que quitó hierro a la noticia de un descarrilamiento trágico, precisando que, por fortuna, todas las víctimas eran de tercera clase.

VIZCAÍNO CASAS

(Heraldo Español Nº 93, 1 al 7 de abril de 1982)

 

Por la transcripción Julio MERINO