En las elecciones generales españolas del 8 de marzo de 1871, el Carlismo obtuvo un gran éxito, logrando 52 diputados y convirtiéndose en la tercera fuerza política de las Cortes. Y prácticamente era la segunda, ya que la segunda fuerza con más diputados era el Partido Republicano Federal, de Pi y Margall, con 53 diputados, apenas uno más que los carlistas. Era la época del reinado de Amadeo de Saboya, monarca masón italiano, que había sido traído a España por el general Prim. El periodo comprendido entre 1868, cuando Isabel II fue derrocada por la llamada “Revolución Gloriosa” y 1874, el último año de la I República, es conocido por la historiografía izquierdista como el “Sexenio Democrático”. En realidad, fue un periodo de fuerte influencia masónica, marcado por la radicalidad laicista de los gobiernos, que impusieron una multitud de normas legales contrarias a la Iglesia.

Por ello en aquella época la Iglesia y los católicos españoles eran abrumadoramente carlistas. Tanto que el Carlismo era conocido entonces a veces simplemente como el “Partido Católico”. Sin embargo, en las siguientes elecciones generales, celebradas el 3 de abril de 1872, el Carlismo (que se presentaba bajo la denominación electoral de “Comunión Católico Monárquica”, obtuvo solo 38 diputados, perdiendo catorce, cuando todo parecía indicar que el Carlismo vivía un auténtico período de auge y expansión. Las sospechas de fraude electoral fueron inmediatas, como reconocen numerosos historiadores. Era evidente que el gobierno de izquierdas de la época presidido por el masón Práxedes Mateo Sagasta, no estaba dispuesto a permitir que el Carlismo continuara creciendo “democráticamente” en las Cortes. Por otra parte, la historia posterior de Sagasta, durante la Restauración borbónica liberal demostraría su acreditada trayectoria como manipulador electoral.

Viendo los carlistas que nada podían hacer por vías pacíficas dentro del sistema liberal revolucionario, se aceleraron los preparativos para un nuevo alzamiento carlista que se planificó para el 2 de mayo de 1872. La insurrección iba a comenzar por el levantamiento de algunas guarniciones militares en Cataluña, Navarra, Vizcaya, Valencia y Aragón. La consigna dada por el pretendiente (o quizá mejor dicho, el rey legítimo) Carlos VII era :” Abajo el extranjero ( o sea Amadeo de Saboya), Viva España”. Carlos VII entró en España por Navarra, pero su incipiente ejército fue sorprendido por el general gubernamental Moriones, y derrotado a pesar del entusiasmo de los voluntarios carlistas, en la batalla de Oroquieta (Navarra), el 4 de mayo. Solo murieron 38 soldados carlistas, pero más de 700 fueron hechos prisioneros. Carlos VII repasó de nuevo la frontera.

Consecuencia de la batalla de Oroquieta fue el llamado “Convenio de Amorebieta”, firmado el 24 de mayo, entre el entonces presidente del Gobierno, el general Serrano, y los líderes carlistas de Vizcaya. Este acuerdo preveía que los militares carlistas volverían a reintegrarse en el Ejército con sus grados y condecoraciones y el Gobierno mantendría intactos los Fueros de Vascongadas y Navarra, a cambio de que los carlistas depusieran las armas. Parecía que el Carlismo quedaba neutralizado, pero no fue así. Al final, el Convenio de Amorebieta, que pretendía ser una nueva versión del Abrazo de Vergara de 1839, fue rechazado tanto en las Cortes por los partidos liberales, como por los principales dirigentes carlistas.

En esos días tuvo lugar una asamblea de los representantes forales vascongados en la localidad guipuzcoana de Zumárraga. Una asamblea dónde se pronunció una frase que se haría célebre: “Sálvese la Religión, aunque perezcan los Fueros”. Esta frase sería después muy recordada por los liberales vascongados de la época, que eran igual de foralistas que los carlistas, para evidenciar que la causa foralista no era exclusivamente carlista. Es decir, parece bastante claro que la causa principal de la Tercera Guerra Carlista no fue la defensa de los fueros, sino la defensa de la Religión contra un gobierno laicista al servicio de una dinastía extranjera pro masónica.

En cualquier caso, la defensa del foralismo era, sin duda, uno de los principios fundamentales del Carlismo. Carlos VII, de hecho, restauraría los Fueros de Aragón, Cataluña y Valencia, pero sería un error considerar que el foralismo era el principio más importante del Carlismo, y menos aún el único. El foralismo era un punto esencial del Carlismo, pero dentro del conjunto del programa político carlista donde principios esenciales como la defensa de la Religión, de la unidad católica de España, el patriotismo español basado en la Monarquía tradicional no liberal, y el foralismo formaban un bloque inseparable. Y si había algún principio que primara era la Religión.

La I República, proclamada en febrero de 1873, supuso una fuerte radicalización del proceso revolucionario que vivía España desde 1868. La llegada al poder de los republicanos federales de Pi y Margall, laicistas sectarios y cuyo programa amenazó seriamente la unidad nacional, significó un gran revulsivo para el Carlismo. A partir de 1873 se reprodujo el alzamiento carlista con mucha más fuerza que un año antes. El ejército carlista, formado por miles de voluntarios de toda España, pero sobre todo de Navarra, Vascongadas, Cataluña, Aragón y Valencia, consiguió importantes victorias y llegaría a dominar amplias áreas de varias de esas regiones, mientras que en territorios tan importantes como Castilla y Andalucía surgían también  contingentes voluntarios de considerable importancia, que mantuvieron frentes abiertos en numerosas zonas. La guerra duraría hasta 1876.

Carlos VII fue una de las figuras más atractivas de la historia del Carlismo y una de las personalidades más importantes de la España del siglo XIX, como reconocen los historiadores. A diferencia de Don Carlos María Isidro, durante la Primera Guerra de 1833-1840, Carlos VII fue un militar de talento y un líder valeroso, que estuvo al frente de sus tropas en numerosos combates, viviendo como un soldado más. También se implicó en la redacción y coordinación de los programas políticos y electorales del Carlismo.  Un historiador de tanto prestigio como Stanley G Payne ha llegado a escribir que Carlos VII puede ser considerado como el líder de un potente nacionalismo español contrarrevolucionario. Aunque quizá sería más preciso considerar el Carlismo como un movimiento patriótico, más que nacionalista, español, católico y tradicional.

Finalmente, quizá por desgracia para España, se acabó imponiendo la monarquía borbónica liberal, encarnada en Alfonso XII. El principal promotor de la Restauración borbónica liberal   fue Antonio Cánovas del Castillo, que se convirtió en la principal figura política del nuevo régimen, siendo presidente del Gobierno durante casi 15 años, a lo largo de diferentes períodos. Fue un sincero patriota español y se consideraba profundamente católico a su manera. Pero fue un católico liberal. Conservador, pero dentro de un esquema totalmente liberal y enemigo del Carlismo. Se le ha considerado el padre de la derecha liberal española o incluso como parte de lo que se ha denominado nacionalismo español liberal del siglo XIX, en su vertiente conservadora.

Sin embargo, a largo plazo su ingenuidad política fue considerable, como la historia contemporánea de España demuestra. Su política fue clave para atraer a los católicos españoles y a la Iglesia en nuestro país hacia el sistema liberal. La Constitución de 1876, que es obra política principal de Cánovas abrió totalmente la puerta hacia el retorno de las políticas laicistas y masónicas, durante los gobiernos de Sagasta, la otra figura política clave de la Restauración. El liberalismo canovista, tan conservador como parecía al principio, acabaría derivando en la caída de la monarquía, la llegada de la II República y todos los horrores revolucionarios a partir de 1936.

Por tanto, las consecuencias de la Restauración de Alfonso XII y sobre todo de la vinculación entre catolicismo y liberalismo, aún las estamos pagando en nuestros días.