Antonio de Lorenzo entrevista al Capitán de la Marina Mercante, don Antonio J. Pérez de Madrid Simal, con una carrera profesional de más de 25 años de experiencia profesional en todo tipo de buques, tamaños y travesías, conocedor de los siete mares y Gestor de una multinacional del petróleo en su área de transporte por carretera, Diplomado en Dirección General de Empresas por la Cámara de Comercio de Madrid, Director de Centros de Formación en ADR Transporte de Mercancías Peligrosas y Consejero de Seguridad en esa misma materia. Observador y analista en medio mundo.

Pregunta .- En su análisis de la situación política actual española, ¿nos puede fijar un punto de partida para entender su propuesta?

Respuesta.- Llevamos décadas desde la aprobación de la Constitución, el  29 de diciembre de 1978,   por los artículos del 143 al 158 se establecen las Comunidades Autónomas en todo el territorio español, y en especial la aprobación de los Estatutos de Autonomía de la Comunidad Catalana, el 19 de noviembre de 1979 por el Congreso de Diputados y el 12 de diciembre del mismo año, por el Senado; y el del País Vasco el 22 de diciembre de 1979. Después lo harían el resto de las autonomías en sus respectivos territorios.

P.- ¿Qué ha pasado, desde entonces, en su opinión?

R.- Voy a referirme a dos territorios conocidos como históricos.  Sus gobiernos autonómicos no han dejado de asumir competencias de autogobierno: policía autonómica, competencias en ferrocarriles, medio ambiente, prisiones, puertos, aeropuertos, espacio aéreo, zona de vigilancia marítima, representación diplomática, recaudación de impuestos de todo tipo, sanidad, televisiones autonómicas o educación. Muchas veces invadiendo de forma continuada las competencias estatales y otras haciendo caso omiso de las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional, e incluso oponiéndose abiertamente a las mismos; y no hablemos de las mal llamadas consultas sobre la independencia de estos territorios del resto del conjunto de la nación española, prohibidas expresamente en nuestra Constitución.

P.- ¿Cómo califica esa actitud?

R.- La voracidad de sus gobernantes, en lo que a autogobierno se refiere, resulta desproporcionada y escandalosa. Todas sus peticiones, con criterio de equidad, deberían ser asumibles por el resto de los ciudadanos de todo el Estado, con una sola limitación: que sea igualitaria para todos los ciudadanos españoles. De ahí la frase: “Es más difícil inventar que copiar bien”; apliquemos, pues, la frase y copiemos bien.

P.- ¿Realmente, son tan grandes las diferencias en las competencias entre las distintas autonomías?

R.- No se trata de si son grandes o pequeñas, es que no deberían existir y es necesario aplicar la regla de no poner las cosas patas arriba; sería más eficaz y conveniente, no dejar ni una sola competencia arrogada por cualquiera de estas dos autonomías, o de otra cualquiera, que no pudiera ser asumida por aquella comunidad que desee modificar su estatuto en el mismo sentido.

P.- Pero el gobierno central seguiría perdiendo competencias...

R.- Así es, pero desaparecerían los agravios comparativos entre comunidades. Habría que establecer los criterios de reparto de fondos de todo tipo, estatales, autonómicos o locales, de una forma ordenada y equitativa entre todas las comunidades, sin que ninguna de ellas registrara preferencias sobre las otras.

P.- ¿Cree viable una reforma semejante de la Constitución?

R.- Hace falta mucha valentía para plantear esta reforma, si bien, entiendo, que tampoco sería preciso aplicar aquella reforma. Podría ser suficiente con modificar los Estatutos de Autonomía de las comunidades que lo deseen y a medida que lo vayan haciendo el resto de las comunidades, asumiendo competencias en cualquier campo que otras hayan aplicado.

P.- ¿Y cómo y quién asumiría esa iniciativa?

R.- La Comunidad de Madrid podría pilotar esta nueva política autonómica; política, demográfica y económicamente es la que más posibilidades tiene de llegar a buen puerto y terminar con los agravios, prebendas y preferencias de unas comunidades sobre otras. Tiene sus riesgos, pero merece la pena asumirlos.

P.- ¿No encuentra riesgos en su propuesta?

R.- Los verdaderos riesgos están en mantener las “Autonosuyas”: dotadas de unas estructuras sobredimensionadas en casi todos sus órganos: 17 gobiernos, 17 parlamentos, y dos ciudades autónomas inmersas en un caos legislativo, despilfarro de recursos humanos y económicos e innumerables desajustes de todo tipo.

P.- ¿No cree que las autonomías históricas aumentarían entonces sus exigencias independentistas?

R.- Lo que se pide es “café para todos”. Las históricas podrían perder mucho más, si persisten en el chantaje y sangría permanente. Si desean disfrutar de gastos extraordinarios, que lo paguen de su propio presupuesto, y no del de todos los españoles; salvo en los grandes proyectos nacionales. Es preciso frenar la deriva populista de las autonomías, si se desea la paz en España.