La represión socialista de carácter policial tiene una manifestación particular en la antigua provincia de Santander; y muy lúgubre. Me refiero concretamente al papel desempeñado por el comisario Manuel Neila durante la primera fase de la guerra, quien controló con sadismo y tácticas terroristas el orden público en gran parte del territorio provincial, convirtiéndose en uno de los personajes más siniestros de la contienda. Curiosamente, una de las pocas zonas excluidas de su peculiar jurisdicción fue la comarca montañosa de Reinosa, donde, como ya hemos referido en una colaboración anterior,  también funcionó una checa socialista de infausto recuerdo.

Por lo tanto, cabría preguntarse si las matanzas represivas del Santander republicano fueron debidas a la personalidad criminosa de Neila o al sistema represivo ideado por radicales socialistas para controlar el orden público y el Estado. Me temo que es más de lo segundo que de lo primero, habida cuenta la conducta decorosa de Manuel Neila, durante los años anteriores a la guerra y la exhibida durante su exilio mejicano. De hecho, su sectarismo político le llevó a perseguir con ahínco la religión católica durante la guerra civil, siendo asesinados 161 clérigos y destruidos 54 templos bajo su férula, cuando Neila tenía por entonces dos hermanas religiosas y otra más que abrazaría los hábitos…

La persecución izquierdista

La represión republicana en Cantabria comenzó muy pronto: el 20 de julio de 1936 se constituyó un tribunal especial en las dependencias municipales, dirigido por un fiscal aragonés, Juan Garzón, para pasar a ser gestionado, poco tiempo después, por el abogado socialista Roberto Álvarez Echeguren, sobrino de don Melquiades Álvarez, antiguo Presidente de las Cortes y decano del Colegio de Abogados de Madrid, quien sería asesinado en la Cárcel Modelo por las milicias izquierdistas. Su sobrino sería quien designaría a Manuel Neila como comisario policial, tras hacerse cargo de los ficheros y listas de aquellos ciudadanos contra los que iban a dirigirse las medidas represivas(1).

Por tanto, la responsabilidad de las autoridades socialistas no puede ser preterida con normativas de camuflaje como las aprobadas recientemente, teniendo en cuenta lo expuesto por la Auditoría del Ejército de Ocupación, una vez liberada la Montaña: Que los asesinatos que aterrorizaron a Santander en 1936-1937 no fueron obra de individuos o grupos aislados que actuaban por iniciativa o impulsos particulares, sino que todos los crímenes cometidos eran producto de la actuación oficial de quienes ejercían el Poder; y se dice en el informe del Instructor: durante los trece meses rojos tuvieron en Santander los socialistas la dirección y control de las funciones de Gobierno…

Pues bien, los dirigentes nacionales del socialismo bien sabían que las guerras civiles de la época no se sometían a las normas humanitarias de los tratados de Ginebra y, en consecuencia, cabía organizar limpias contra la población civil, por muy duras que fuesen, pues resultaban muy apropiadas para aplastar el hipotético enemigo interior.

La justificación aparente de tal proceder se hallaba en una presumible protección del orden público, concepto jurídico muy amplio, que iba desde la defensa policiaco-militar de cualquier régimen político hasta la mera tranquilidad social. A esto añadamos la persecución de la peligrosidad social, término ya utilizado por la legislación de vagos y maleantes de agosto de 1933, en consonancia con los planteamientos doctrinales de varios estudiosos y criminalistas por entonces en boga.

Este comportamiento represivo no era exclusivo de la izquierda, por cuanto conocemos ejemplos de otros regímenes políticos que se sirvieron de estas malhadadas interpretaciones para eliminar disidentes. En 1934, tanto la liquidación del nicaragüense Sandino en  Managua como el fusilamiento sin formación de causa de los líderes de las SA en la Alemania hitleriana fueron edulcorados con una pretendida protección del orden social; lo mismo que el rapto carcelario y ejecución extrajudicial en 1938 de Cornelio Z. Codreanu y demás dirigentes de la Guardia de Hierro rumana.

Pues bien, el mismo Neila se encargaría de recordar esta máxima policial en un comunicado del 21 de agosto de 1936: Cuando los Frentes Populares de los Ayuntamientos de la provincia tengan noticia de la peligrosidad de algún ciudadano residente en su término policial, al que juzguen conveniente detener para poner a la República a cubierto de los peligros de actuación de aquél, lo pondrán en conocimiento de esta Comisión de Policía por escrito, formulando al propio tiempo los cargos que estimen pertinente hacer contra su conducta, y será esta Comisión de Policía el ÚNICO organismo que podrá ordenar y llevar a efecto la detención (…)(2).

Como puede inferirse de la lectura del anterior anuncio, es la comisión de Neila la que se encargaba de la vigilancia del orden público en toda la provincia cántabra, donde se cometerían crímenes espeluznantes. En consecuencia, concurre una ineludible responsabilidad de los dirigentes santanderinos del Frente Popular que nombraron la comisión presidida por el susodicho socialista; y que no se opusieron a los desmanes cometidos durante el desempeño del cargo. Y esos dirigentes, como demostraría la investigación posterior de la Auditoría de Guerra, eran todos de ideología socialista, desde el Gobernador Civil hasta la autoridad militar; a saber: el diputado de Guerra, Bruno Alonso; el Gobernador Civil y delegado del Gobierno, Juan Ruiz Olazarán; el alcalde, Cipriano González; el presidente del Frente Popular, Francisco Noreña; el Comandante militar, José García Vallas… No solamente serían las fuentes castrenses las que aseguran la competencia criminal de estos dirigentes; la investigación eclesiástica posterior referirá lo siguiente: la sangre abundantísima que aquí se derramó fue fruto, más bien, del cálculo frío de un puñado de cabezas revolucionarias, ajenas en mentalidad y procedimientos al sentir más común entre la población santanderina(3).

El mismo Gobernador Civil de la provincia, Ruiz Olazarán, se haría responsable del control del orden público y, por ende, de la persecución desatada contra los adversarios del bando republicano, una vez instalado en Valencia tras su huida de la capital santanderina:

En materia de orden público, fue siempre la delegada en mi autoridad la que ejerció la vigilancia en la provincia. Ni controles ni responsables. Únicamente la representación legal del Estado (…) Puedo afirmar que gracias a la política de orden público seguida se impidió la actuación de la “quinta columna”, no obstante tener presente que se trata de una provincia eminentemente derechista (…) La política de orden público seguida impidió la actuación de los enemigos y puedo asegurar que en ningún momento, mientras Santander permaneció leal, la “quinta columna”, participó en hechos que evidenciaran la existencia de una organización clandestina, organización desarticulada gracias a la acción de la policía encargada de dichos servicios(4).

Más aun, el propio instructor de la Causa General dejaría escrito la ficha de algunos de estos individuos y de otros correligionarios terribles. Juan Ruiz Olazarán, con varios hermanos delincuentes o con antecedentes penales, conferenciaba diariamente con Neila, perteneciendo tres de sus hermanos a la plantilla de este oscuro policía, y siendo su chofer, su automóvil y hasta su escolta personal (el ex croupier Juan San Cruz) partícipes habituales en los homicidios ordenados por Neila… El hijo de Bruno Alonso, miembro también de la cuadrilla policial de Neila, llegaría a teniente del Ejército republicano, asesinando a varios hombres en Bárcena de Ebro… Antonio Somarriba, socialista y consejero de la Casa del Pueblo, comisario de Guerra de Estado Mayor, es uno de los responsables de la penosa y gran matanza operada en el barco-prisión Alfonso Pérez en diciembre de 1936, pidiendo a la dirección de la cárcel la entrada de varios criminales “para hacer la justicia que pide el pueblo”… Pedro Rioyo, comandante que fue del citado barco, antiguo obrero mecánico y socialista, asesinaría al preso falangista Eduardo San Martín en alta mar, tras intentar envenenarle, y sería responsable de los múltiples asesinatos cometidos en el frente de Potes en octubre de 1936, matando meses después a siete infelices (entre ellas tres indefensas mujeres) el día anterior a que Mataporquera fuera tomada por las tropas franquistas… Ángel Sáiz, director de la Prisión Provincial, entregaba irregularmente determinados presos a los comandos de la muerte…También socialista era Mateo Pérez Rasilla, comandante de la brigada disciplinaria que no contento con los presos fallecidos habitualmente por castigos o trabajos forzados, daría muerte alevosa a un centenar de ellos tras evacuar Cantabria, ante el empuje de las tropas nacionales. El instructor de la Causa General da incluso el nombre y apellidos de varios socialistas, suboficiales u oficiales de ocasión, que expandieron el luto entre las familias de sus propios soldados de ideas derechistas o tibios: el chofer Cecilio San Emeterio, el músico de charanga Miguel Pacheco, el presidario Benito Gonzálvez, el camarero Eduardo Jordán, el estibador Paulino Fernández, el presidiario Antonio    García…

Los delitos de sangre fueron tantos que no puede darse una cifra de fallecidos con absoluta fiabilidad. En 1938, el instructor de la Causa General constata la muerte comprobada de 1212 personas, precisando que el número de víctimas era superior y la Policía de la capital cántabra refiere 3000 asesinados por Neila y sus colaboradores… En 1939, Armiñán Odriozola hablaría hasta de 5000 muertos; y, en 1942, Arrarás alude a millares de defunciones, sin atreverse a ofrecer una cifra aproximada…

Y, paradójicamente, esta elevada mortandad no fue debida a la actuación de ningún tribunal formalmente constituido. Mismamente, los Tribunales Populares dictaron solo 40 penas de muerte, mayoritariamente contra reos ausentes, contabilizándose únicamente siete ejecuciones. Por su parte, los Tribunales de guerra comenzaron a funcionar en abril de 1937 y fallaron solamente unas 120 causas…Por lo demás, fueron detenidas unas seis mil personas, permaneciendo hacinadas en las cárceles, penales o en el barco-prisión antes mencionado en unas condiciones humanas verdaderamente deplorables(5). De hecho, las palizas y torturas quizás superasen los tres mil casos y las amenazas e injurias fueron también numerosísimas, debiendo mencionarse la amenaza de muerte que soportó el mismísimo cónsul de la República de Cuba.

Y esta colosal represión político-social fue acompañada de un daño tremendo contra la propiedad privada y el dominio eclesiástico. De hecho, la diócesis de Santander sufriría la pérdida de 102 iglesias y ermitas; el desmantelamiento de otras 175; la destrucción de 765 retablos artísticos y un total de 3217 imágenes inutilizadas, así como la pérdida de todo el ajuar litúrgico… En fin, los atentados contra el patrimonio histórico-artístico fueron tan grandes que se llevaron por delante hasta dos iglesias románicas… Por tanto, los perjuicios económicos ocasionados a la Iglesia fueron elevadísimos, no en vano los policías de Neila se apoderaron de los valores que la Diócesis tenía en depósito y que totalizaban 14.749.737 pesetas: aproximadamente, unos 21 millones de euros.

Como ocurrió en otras regiones, el expolio contra los titulares de cuentas y depósitos bancarios fue enorme, lo mismo que el cometido contra las empresas particulares de la provincia, incautándose más de 230 compañías y empresas privadas, entre ellas algunas de gran importancia, como la cooperativa agrícola-ganadera SAM, el balneario de Solares o la constructora de maquinaria eléctrica de Reinosa. Solamente, del Banco Mercantil, los policías socialistas y milicianos se llevaron valores por un importe de más de 397 millones de pesetas de la época; y del Banco de España, valores por un importe superior a los 184 millones… Esta misma entidad bancaria tuvo que conceder un empréstito forzoso a favor del Frente Popular de 4.150.000 pesetas, soportando incluso la incautación de 412.574 pesetas-oro y de 515.000 pesetas-plata, cuando las tropas enemigas estaban a punto de tomar la capital santanderina en el verano de 1937. Obviamente, se forzaron y saquearon numerosas cajas de alquiler de las entidades crediticias y, por supuesto, los milicianos y policías se apropiaron del dinero y valores de personas pudientes, así como las pertenencias de las personas derechistas y neutras que bien les pareció, apropiándose también del ganado vacuno que les dio en gana (más de veinte mil cabezas). Como botón de muestra, basta referir que las oficinas del consulado de Bolivia fueron asaltadas por los policías de Neila y por los hermanos del gobernador civil…

Como hemos indicado, el saqueo continúo hasta la llegada de las tropas nacionales a la capital de la Montaña. No en vano, consta en la Causa General las transferencias de importantes cantidades efectuadas por determinados dirigentes, a favor de entidades bancarias situadas en territorio republicano durante los días previos a la liberación de Santander por las huestes de Franco. He aquí las operaciones: transferencia de dos millones de pesetas a la c/c de José Montero, en Barcelona; ídem de medio millón, a la de Félix Astigarraga; ídem de dos millones a la c/c de Antonio Vayas, Vicente del Solar y Félix Astigarraga; transferencia de quince millones de pesetas, a la c/c de Manuel Neila abierta en Valencia. Rapiña particular pero que equivaldría en la actualidad a unos 38 millones de euros…

En resumen, la rapacidad del frentepopulismo no tuvo límites en Cantabria, habida cuenta su importante riqueza. De hecho, fueron extraídos de las diversas entidades bancarias que operaban en el territorio provincial los siguientes fondos: en títulos valores, un total de 582.087.253 pesetas; en oro y plata, un importe global de 967.574 pesetas; en empréstitos no reintegrados, una cantidad total de 4.150.000 pesetas; en talones al portador fraudulentos, una suma global de 20.040.000 pesetas; y en cuentas corrientes, un total conocido de 21.487.556 ptas. En fin, un expolio gigantesco, que nunca fue reintegrado, y que equivaldría hoy a más de mil doscientos millones de euros.

El patrimonio cultural también sufrió de lo lindo, sobre todo el religioso, con pérdidas muy notables, al ser atacados docenas de templos, algunos antiquísimos, por lo que   desaparecieron valiosas obras de arte sacro, como tallas policromadas, capiteles, retablos, orfebrería, cartularios, cuadros, estatuas, etc. Se violentaron importantes bibliotecas y se dispersó el archivo de la catedral, con saqueo de miles de volúmenes, empleándose incluso pergaminos e incunables para fabricar pasta de papel. Parte del palacio episcopal fue devastado, lo mismo que colecciones particulares de arte y numismática. El puente romano de Puente Viesgo fue destruido, al igual que el magnífico de San Vicente de la Barquera, construido por iniciativa de los Reyes Católicos…

Y a la par que el hacha y el fuego terminaban con palacios, templos y propiedades particulares, el alcalde socialista de la capital ordenó demoler varias manzanas de casas, sin sujeción a trámite alguno y sin pagar ningún tipo de indemnización, así como descarnar los cimientos de la catedral, horadando túneles que hacían peligrar su estabilidad. Justificó tales barbaridades, argumentando que era más barato destruir que construir… Pues bien, el fanatismo y la ignorancia propiciaron que en la provincia fueran destruidos decenas de inmuebles; de hecho, 184 edificaciones (casas, fábricas, almacenes) perecieron pasto de las llamas, 44 casas urbanas fueron demolidas por la alcaldía de Santander y medio centenar de templos católicos resultaron atacados de forma inmisericorde, lo que totaliza cerca de 300 edificios absolutamente aniquilados por el furor frentepopulista. En gran parte, por motivaciones exclusivamente terroristas.

 

(1) Historia de la Cruzada Española, vol.VI, t. XXV, Ediciones Españolas, Madrid, 1942, p.412.

(2) Cf. El Cantábrico, Santander, (22.08.1936), p. 1.

(3) Cf. Montero Moreno, A. (1961): Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939, B.A.C., Madrid, p. 348.

(4) Informe del socialista Juan Ruiz Olazarán para la Asesoría jurídica del Ministerio de Defensa Nacional, a propósito de la pérdida militar de Santander (Valencia, 7 de octubre de 1937).

(5) Cf. “Ocho garbanzos al día y cien gramos de arroz para toda la semana”, Diario de Córdoba, (25.02.1937), p. 2.