La represión político-social tolerada en la zona republicana durante la guerra civil de 1936-1939 no ha sido estudiada con rigor en las últimas décadas, salvo contadas excepciones. La mediatización política de carácter progresista ha sido la principal causa de dicha limitación carencial, al imponer sibilinamente su discurso político sobre la investigación histórica, contaminándola en exceso. Por ende, es hora de someter esa represión olvidada a una necesaria revisión histórica, merced a un seguimiento más exhaustivo y, por ende, esclarecedor.

Efectivamente, el Ejército se sublevó en julio de 1936, por temor a que España se convirtiera en un estado comunista, teniendo en cuenta las instrucciones reservadas de la III Internacional o Komintern y lo que prescribía los reglamentos y normas castrenses, como la Ley Constitutiva del Ejército de 1878. Sin embargo, la cruel represión política, perpetrada en la retaguardia del Frente Popular, no fue comunista en su integridad, ni siquiera en su mayor parte, pese a ser clasificada así.

Pues bien, para clarificar esta cuestión polémica basta con repasar someramente las grandes matanzas de las provincias de Madrid, Toledo y Ciudad Real, a fin de interpretar correctamente estos desastres humanitarios; sector del país en el que está concentrado el mayor porcentaje de víctimas de la izquierda radical de la pasada contienda, cometiéndose también barbaridades terribles contra indefensos disidentes.

Madrid y alrededores

La represión correspondió inicialmente a diversos organismos y comités de carácter socialista, habida cuenta que tales comisiones represivas estaban constituidas con representaciones de todos los partidos y sindicatos del Frente Popular: y en ese aspecto, el socialismo era mayoritario, al contar con representantes del partido, de la UGT y de las juventudes. Pues bien, para llevar a cabo labor tan oscura en la capital de España, el socialismo contó no sólo con la policía paralela creada por el secreto servicio de inteligencia del partido antes de la guerra, sino con la colaboración servil de algunos profesionales de la policía, de ideología claramente izquierdista, quienes también persiguieron a los funcionarios no adscritos a los partidos frentepopulistas.

Uno de esos elementos fue el funcionario policial José Raúl Bellido, amigo personal de José Giral Pereira, quien fuera presidente del Consejo de Ministros y futuro representante del gobierno republicano en el exilio. Por tanto –y como corroboración, - mostremos el informe redactado por la Jefatura Superior de Policía de Madrid en junio de 1941, sobre la conducta del citado Bellido, y que consta en la Causa General: José Raúl Bellido (…) ex-Agente  de 1ª Clase del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, antes del Glorioso Movimiento Nacional, era de ideas extremistas muy exaltadas hasta el extremo de que en más de una ocasión llegó a la agresión personal con los compañeros en defensa de su ideas. Pertenecía a las Juventudes Socialistas. Al iniciarse el Alzamiento fue nombrado jefe del Servicio de Información: en este cargo se dedicó a facilitar a las checas que actuaban en Madrid, cuantos antecedentes caían en sus manos de personas de derechas, las que después eran detenidas y asesinadas por dichas checas. Después fue miembro de comité de Salud Pública, en el que cobraba dinero por la libertad de las personas detenidas y que disponían de ello, no obstante se negaba a poner en libertad a sus compañeros de Cuerpo. También desempeñó el cargo de Jefe  de la Secretaría Técnica de la Dirección General de Seguridad (…) y finalmente fue jefe de la Brigada del Amanecer.

Añade dicho informe reservado las siguientes características sobre la perversidad de dicho individuo, que se comentan por sí solas: (…) hay que decir que al otro día del incendio de [la cárcel Modelo], se presentó en la secretaría de la Dirección General de Seguridad, diciendo que aquel era el día más feliz de su vida, porque habiendo ido a la Ciudad Universitaria se encontró entre los cadáveres el de su mayor enemigo D. Santiago Martín Baguenas, Comisario Jefe, al que hizo una brecha en el pecho por la que salía el corazón lleno de polvo y moscas; además era espectador de los fusilamientos en la Cárcel Modelo (…).

Como hemos indicado, Bellido fue el dirigente policial de la sección técnica de la DGS, organismo encargado del fichaje y clasificación de los detenidos en todo Madrid, donde se conservaban los ficheros de los partidos derechistas y las solicitudes de historiales políticos y oficios de las checas. Esta sección era netamente socialista, con Bellido como jefe, quien se había dejado las barbas al estilo de Lenin, el socialista vasco Barrenecha como subdirector, algunos policías izquierdistas y el grueso de miembros, provenientes todos de las Juventudes Socialistas Unificadas como testimonió años después el nacionalista vasco Galíndez desde Buenos Aires. En definitiva, se trataba de un organismo policial de naturaleza represiva perfectamente captado por el socialismo de acción.

Pues bien, el susodicho Bellido, como ocurrió con otros responsables de crímenes y latrocinios, salió de España al término de la guerra, refugiándose en La Habana para trasladarse posteriormente a Méjico.

Las sacas de presos políticos de Madrid para matarlos en el otoño de 1936 es un hecho histórico ya muy conocido. Efectivamente, posee un aroma comunista similar a los crímenes soviéticos de los bosques de Katyn, pero existe un substrato socialista autóctono.  Santiago Carrillo, consejero de Orden Público del Madrid sitiado, era por entonces el máximo dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas; el delegado del Orden Público que firmaba los volantes para ejecutar a los detenidos era otro dirigente de las juventudes socialistas y redactor del periódico caballerista Claridad, Segundo Serrano Poncela, habiendo pertenecido al plantel de El Socialista hasta entonces. Estos dos personajes socialistas han sido, efectivamente, los gestores efectivos de las órdenes por las que produjeron los sobrecogedores fusilamientos de Paracuellos del Jarama o Torrejón de Ardoz, dictadas por el organigrama administrativo republicano. Y aquí debemos referirnos tanto al Director General de Seguridad (DGS), el izquierdista Manuel Muñoz, como al Ministro de la Gobernación, el criminoso socialista Ángel Galarza. De hecho, las extracciones de presos para ser asesinados debían llevar el visto bueno de Muñoz, tras ser propuesta la ejecución extrajudicial por el Comité de Investigación Pública (la conocida checa de Fomento). Ítem más, refiere el comunista Ramón Torrecilla en 1939 ante las autoridades de la Causa General que Galarza tras marchar para Valencia a principios de noviembre, había telefoneado desde Tarancón a Serrano Poncela para que los presos políticos fueran trasladados, añadiendo en tono malicioso que quien mandaba la expedición ya tenía instrucciones de lo que había de hacerse con los presos, que era “una evacuación… definitiva”. Poco cabe decir al respecto, únicamente mencionar como constancia de lo expuesto las monografías de Casas de la Vega, de la Cierva o Martín Rubio. Por lo demás, los milicianos que participaron en toda esta “limpieza” carcelaria eran miembros de las milicias de vigilancia de la retaguardia, con mayoritaria significación socialista. No en vano, consta en la Causa General la declaración de un funcionario de la DGS que observó en la madrugada del seis de noviembre como se allegaba a la sede central de dicho organismo la diputada socialista Margarita Nelken, requiriendo a Manuel Muñoz el oficio oportuno para que fueran entregadas a las Juventudes Socialistas Unificadas numerosas personas detenidas en la Cárcel Modelo, lo que supuso el inmediato martirio de mil personas en aquella tristísima jornada madrileña. No obstante, las sacas de la muerte habían comenzado días atrás, habida cuenta que la DGS tenía perfectamente planeado traslados ficticios al penal de Chinchilla para desorientar a los familiares de los asesinados; y de todo ello se llevaba un archivo preciso en dicha Dirección General, tal como revelaría en 1945 un testigo de excepción como fue el nacionalista vasco Jesús Galíndez, encargado de la sección de presos y desaparecidos del gobierno vascongado. Como confirmación de lo expuesto, ha de recordarse que Ramiro Ledesma Ramos junto con otros reclusos de relieve aparecen en la documentación conservada de aquel espantoso otoño como evacuados a la prisión manchega antes aludida.

Mientras tanto, la Presidencia del Consejo de Ministros era ocupada desde principios de septiembre por un socialista madrileño, Francisco Largo Caballero, que consintió esta persecución gravísima contra la población de Madrid, cuando él tenía gran ascendencia sobre el proletariado y los sindicatos de la capital como para haberla reducido o mitigado. En realidad, sólo hubo un socialista revolucionario -Teodomiro Menéndez- que salvase vidas de personajes comprometidos en aquel Madrid temible; y eso que durante la guerra ocupó cargos políticos de escasa importancia.

Con todo, no resultará jactancioso el aludir siquiera al larguísimo martirologio propiciado por mor de dichas sacas irregulares. Pues bien, basta tener presente dos cifras indicativas: los aproximadamente nueve mil presos que menciona la Causa General, extraídos de las cárceles madrileñas para ser fusilados, cantidad que curiosamente coincide con la divulgada en 1940 por el archivero e historiador Arsenio de Izaga; y los catorce mil enterramientos de Paracuellos del Jarama, que refiere la asociación legalizada Familiares de Mártires de Madrid y su Provincia en un oficio de febrero de 1964.

Por lo demás, la relación causal del socialismo de la guerra civil con la mortandad generada por las checas operativas en el Madrid republicano también ha sido de consideración; y estamos hablando de una represión extrajudicial que aniquiló diariamente  docenas o centenares de vidas hasta finales de 1936. De hecho, las referencias fidedignas del que fuera fiscal de la Audiencia de Madrid, Leopoldo Huidobro, las del diplomático chileno Nuñez Morgado o, mismamente, las del personal de la Consejería de Orden Público interrogado por las autoridades judiciales son lo suficientemente expresivas.

Carrión de Calatrava (Ciudad Real)

Fue el libro del Ministerio de Justicia, La Dominación Roja en España, el que dio a conocer esta sima funeraria, localizada en el camposanto de la localidad referida, próxima a la capital provincial. En concreto, el cuestionario de la Causa General, completado por la alcaldía de Carrión, aseguraba en 1939 lo que sigue: 

Únicamente se sabe que de noche traían a personas procedentes de la cárcel de Ciudad Real, asesinándolas dentro del cementerio de esta población y echándolas en una noria que existe dentro del cementerio, calculándose que habrá en dicha noria, más dos zanjas, unos seiscientos cadáveres.

Solamente, en la checa frentepopulista del seminario de la capital, creada el 25 de julio de 1936, fueron albergados momentáneamente unos dos mil detenidos, asesinados y martirizados casi en su integridad, como certifica el fiscal instructor de la Causa General, tras ser interrogados sumariamente por este comité de salud pública, compuesto por los partidos dominantes; cifra a la que hay que añadir los mandados a la muerte por la checa instalada en el convento de las monjas dominicas de la ciudad, cuyos milicianos cobraran un plus diario por las ejecuciones efectuadas. En cualquier caso, el número de matados silenciosamente en la fosa de Carrión de Calatrava adquirió, según el mentado fiscal, “proporciones aterradoras”.

Por ende, la responsabilidad de tales expediciones carcelarias recae necesariamente en el Gobierno Civil, la institución que se encargaba del orden público en la provincia; y la persona que ocupaba el cargo de gobernador por aquella época era José Serrano Romero, miembro destacado del socialismo ciudadrealeño. Tanto es así que en septiembre de 1942, el fiscal instructor de la Causa General de la provincia remite oficio al Gobierno Civil, solicitando información en la que de una manera detallada y concreta se manifieste la actuación de los distintos Gobernadores Civiles que se sucedieron en época roja en esta capital, expresando si estaban por completo identificados con los dirigentes rojos y miembros de los comités de defensa y con las sacas de detenidos para ser asesinados… Semanas después, contestaría el Gobierno civil de esta guisa:

José Serrano Romero (…) era un elemento destacadísimo de la UGT y dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas, en cuyas organizaciones militaba con anterioridad al Movimiento Nacional, habiéndose distinguido en propaganda y mítines, en los cuales tomaba parte recomendando a los obreros el crimen, incendio y saqueo en todas sus formas. A los escasos días del 18 de julio de 1936, fue nombrado Gobernador Civil de la provincia en atención al historial antecedente siendo uno de los autores principales de gran número de asesinatos en las personas de ideal político derechista.

Con todo, había sido su antecesor en el cargo quien había comenzado con las sacas irregulares de las cárceles y centros de detención de la capital. Sobre el citado comenta otro oficio de 1942 del Gobierno Civil (negociado de Orden público), lo siguiente:

Francisco Maeso Caravilla (…) perteneció al Partido Radical Socialista y después al de Izquierda Republicana desde muchos antes del 18 de julio de 1936 (…) y en los primeros días de agosto y a mediados de septiembre desempeño interinamente el Gobierno Civil, en cuyo periodo de tiempo fueron asesinados multitud de personas de derechas. El citado Maeso firmaba las órdenes de libertad de los detenidos y acto seguido se ponía de acuerdo con los milicianos rojos, los cuales asesinábanlos. Igualmente fue depositario de las alhajas robadas en las iglesias y de las pertenecientes a personas asesinadas, y así mismo en su calidad de depositario del Comité de Gobernación recibía las cantidades en metálico que se obligaba a entregar a los principales capitalistas de la provincia, que posteriormente eran asesinados.

Camuñas (Toledo)

La primera dificultad que posee el estudio de los homicidios llevados a cabo por las milicias izquierdistas en el municipio toledano de Camuñas es concretar los lugares posibles donde se practicaron las matanzas. Únicamente, se han analizado los restos hallados en una de las bocas de la mina El Quijote, la cual fue cubierta con una fuerte lápida coronada por una cruz horizontal después de la contienda*. La sociedad de ciencias Aranzadi que exploró esta sima hace trece años también observó restos de municiones de guerra al borde de las otras dos bocas, una auxiliar de la principal y otra completamente cegada. Con todo, en el paraje de las Cabezuelas existe otro pozo minero de unos veinte metros de profundidad, según el estudio mineralógico de López Jerez y Jiménez Martínez, por lo que desconocemos si las indagaciones judiciales de la Causa General, cuando en ésta se emplea el término de las Cabezuelas, se refieren a los pozos de El Quijote o a otros próximos.

En cualquier caso, ciñendo nuestro estudio al pozo principal de la mina El Quijote, hemos de decir que dicha explotación fue convertida desde principios de la guerra civil en un gigantesco patíbulo extrajudicial. Pues bien, algunas publicaciones consideran esta explotación minera de origen romano, y lo cierto es que no se hallan rastros de ella en las registraciones de la Corona de Castilla del siglo XVI, pero sí en el Diccionario Geográfico de Madoz, de 1846, como explotación antigua**. Por lo tanto, pudo estar operativa, al menos como mina de plomo, desde el siglo XVII hasta aproximadamente finales del XVIII, pues aún en el año 1876 se hacía referencia a ella en un plano de demarcación de una concesión particular (López Jerez, J. y Jiménez Martínez, R. [2013]). Más tarde, en 1908-1917, el mencionado pozo principal fue aprobado como punto de partida para dos concesiones mineras de explotación de hierro, señalándose al respecto una profundidad de 40-60 metros.

La segunda incógnita que posee esta mina toledana es determinar el número exacto de represaliados que pudo acoger en su seno. La sociedad de ciencias Aranzadi individualizó 41 esqueletos diferentes en la prospección instada por el Arzobispado de Toledo, precisando a la prensa el doctor Etxeberría que los muertos pudieran ser “muchísimos”. No en vano, la alcaldía de la localidad cercana de Herencia remitió informe en 1943 a la Causa General, en los siguientes términos: Al parecer, resulta de todo punto imposible, hacer la exhumación de los cadáveres depositados en la citada mina de las Cabezuelas, desconociendo el número de arrojados a la misma, aunque se supone que el número de ellos, excede de los dos mil y, como es consiguiente, de varios pueblos de España, especialmente de esta región.

En enero de 1980, la revista Fuerza Nueva publicó un interesante reportaje sobre esta sima olvidada, dando a conocer por primera vez en España el holocausto perpetrado en este paraje toledano, indicando que los muertos podían ser quizás quince mil personas, atendiendo a los testimonios orales y documentales conocidos en esta zona de la Mancha. Lo cierto es que las estadísticas de la Causa General, confeccionadas en la posguerra, constatan más de cuatrocientos desaparecidos durante la dominación roja en la provincia de Toledo, que bien pudieran hallarse diseminados por las simas de las Cabezuelas; en la provincia de Ciudad Real, donde la documentación certifica ejecuciones de vecinos de Herencia y Alcázar de San Juan en dicho paraje, los desaparecidos también fueron considerables, pues los asesinados bien pudieran aproximarse a las cuatro mil víctimas, según los datos de la Auditoría del Ejército de Ocupación. A mayor abundamiento, consta documentalmente alguna expedición de presos andaluces que se pierde en las proximidades... De hecho, los recuentos efectuados por los obispados de Jaén y Córdoba, recién concluida la contienda, refieren 12000 y 3000 asesinados respectivamente por provincia, cantidades que superan incluso las muertes violentas numéricamente comprobadas por la Causa General en 1945.

Sea como fuere, lo que nos interesa en este modesto prontuario es intentar clarificar quién o quiénes dieron las órdenes para cometer tal limpieza política en los campos de la Mancha. Me temo que nunca se sabrá, pues la documentación correspondiente debió ser destruida antes de concluirse la contienda -como insinuaba el artículo mencionado de Fuerza Nueva- ya que los vertidos de tierra, cal y piedras pretendían únicamente camuflar los cadáveres y, en cualquier caso, a nadie se le escapa que una operación represiva de tanta magnitud tuvo que generar variados documentos, al tratarse de una actividad logística considerable y constituir una gigantesca movilización policiaco-penitenciaria.

Pues bien: la responsabilidad mayor recae sobre el socialismo regional, al copar dicho movimiento político, tras el alzamiento militar, la mayoría de instituciones y organismos represivos de la comarca, tal como me comunica el letrado Luis Alberto de la Guía, quien recientemente ha publicado un estudio pormenorizado sobre la persecución izquierdista en la comunidad autónoma de Castilla -la Mancha***.

De hecho, la villa de Camuñas tenía como alcalde en el instante de estallar el Movimiento al socialista Francisco Redondo García, contando el municipio con milicias socialistas armadas desde antes de iniciarse la guerra, cuyo número ascendía a unos 300 elementos, según informe redactado por la Guardia Civil en 1942. Precisamente, en dicha información se dan los nombres de aquellos activistas socialistas más representativos del término municipal, entre los cuales distinguimos varios individuos que igualmente aparecen en las respuestas dadas por esta alcaldía toledana a la Causa General, como ejecutores de determinados vecinos cuyos cuerpos fueron impulsados al fondo de la mina a partir del trágico agosto del 36****.

Cuando la mencionada revista publicó el citado reportaje aún se percibía en el semblante y en las declaraciones de los testigos el pánico vivido en esta zona de la Mancha durante el pasado conflicto bélico. Curiosamente, la prospección efectuada por el Arzobispado hallaría varios objetos religiosos dispersados por los alrededores y en el interior de la fosa. Imaginemos, por tanto, el sufrimiento aterrador que supuso para los desdichados reos -la mayoría de ellos católicos devotos- el hallarse al borde de un abismo estremecedor, acaso sin poder confesarse y en medio de blasfemias y miradas de odio. Quizá la representación terrenal más parecida al Infierno.

* La mina está situada a seis kilómetros de esta villa y desde muchísimo tiempo abandonada, habiéndose iniciado por el Sr. Cura Regente de esta Iglesia ver la forma de que en dicho lugar se erija un monumento que perpetúe la memoria de tanto mártir arrojado en dicho sitio (Juzgado Municipal de Camuñas, Causa General, 10 de diciembre de 1941).

** á la der. de la carretera hay una montaña sobre cuya cima se registran 3 bocas de minas ant., entre las cuales la una es profundísima, con grandes concavidades (tomo V, p. 386).

*** Cf. De la Guía Escobar, L. A. (2021): Víctimas del Odio; la Memoria Silenciada 1936-1939, Ediciones Esparta, Madrid.

**** En este término municipal existe una mina abandonada, y a la misma han arrojado bastantes cadáveres, no sólo de los pueblos colindantes, sino –según rumor público-, hasta de Madrid. Dicha mina está situada a un km de la margen derecha de la carretera de Madrid a Cádiz (Estado número 2, Camuñas, Causa General, 15 de mayo de 1939).