Otro de los logros de la propaganda del buenismo político de la izquierda es la de hacer creer que los primeros campos de concentración construídos en España datan de la inmediata posguerra y fueron una creación de los vencedores para someter a los vencidos. Sin embargo, esto no es sino otra de esas mentiras que la izquierda “intelectual” y política ha repetido miles de veces hasta convertirla en una realidad incuestionable para la mayoría de los españoles.

 

La verdad es muy diferente a esta historia edulcorada que nos han contado. Los campos de concentración, en el marco de la Guerra Civil, nacen en la zona republicana en diciembre de 1936. La Gaceta de la República recoge, el 27 de diciembre de 1936, un decreto de la Presidencia del Consejo e Ministros, firmada por el presidente de la República, Manuel Azaña, y el presidente del Gobierno, Francisco Largo Caballero, en el que se recoge la creación de “campos de trabajo para los condenados”.

El texto del decreto explica que la creación de estos centros de trabajos forzados surgen por la gran cantidad de presos condenados por los Tribunales Especiales Populares y por los Jurados de Urgencia. Estos órganos judiciales se encargaban de condenar a todas aquellas personas consideradas como desafectas a la causa republicana y por lo tanto eran condenados por el mero hecho de pensar diferente a los sindicatos y partidos que formaban parte del Frente Popular.

El mismo decreto reconoce que la gran cantidad de sentencias dictadas había hecho que se saturasen los centros penitenciarios. Además, tras varias semanas de sacas de prisioneros en Madrid, Barcelona o Valencia, los organismos internacionales habían presentado sus quejas por matanzas como las de Paracuellos, donde entre el 7 de noviembre y la primera semana de diciembre habían sido asesinados entre seis y ocho mil personas por ser desafectos a la causa republicana.

Estos campos de concentración se crearon, como señala el decreto, para internar a los “condenados por desafección al régimen”, es decir, para condenar a trabajos forzados a todas aquellas personas que no pensaban como los partidos miembros del Frente Popular. Esta medida se toma en el bando que la historiografía progresista insiste en calificar como el que defendió la democracia frente al totalitarismo. Por eso oculta sistemáticamente informaciones como esta, en la que queda claro el carácter soviético de sus medidas que se pueden calificar de cualquier manera menos democráticas.

Los internos en estos campos de concentración fueron obligados a realizar trabajos forzados, con unos índices de mortalidad que, como en el caso de Albatera (Alicante), superaban el 20% de los reclusos allí ingresados.

 

Para la gestión de estos campos de concentración se creó un patronato, dominado por los partidos y sindicatos izquierdistas, los mismos que en la retaguardia republicana estaban cometiendo los más terribles crímenes en las checas y las matanzas sistemáticas para reducir el número de presos que pudieran sumarse a una inexistente quinta columna.

Así, en ese patronato, junto al ministro de Justicia y el director general de prisiones, se encontraban dos miembros del sindicato anarquista CNT (Confederación Nacional del Trabajo), dos de la socialista UGT (Unión General de Trabajadores), un representante del Partido Comunista, otro del PSOE, otro de Izquierda Republicana y otro de Unión Republicana.

 

Del mismo modo, se creaba una guardia específica en estos campos de concentración en la que solamente podrían ingresar miembros de las milicias de los partidos anteriormente citados. Es decir, los mismos que durante los meses anteriores se habían dedicado a la detención, tortura y asesinato de cuanto derechista o católico encontraba a su paso.

Además, se dotaba un presupuesto para la construcción de estos campos de concentración. El primero en ser construído e inaugurado fue el ya citado de Albatera, en Alicante, con capacidad para entre 3.000 y 4.000 internos. Se inauguró en octubre de 1937 con la presencia de importantes personalidades republicanas: gobernador civil, inspector de prisiones, alcaldes de la zona y dirigentes socialistas, comunistas y anarquistas.

Según la documentación que obra en el Archivo General de la Administración (AGA), se construyeron siete campos de concentración en el territorio controlado por el Frente Popular. Complementaba la capacidad de las prisiones convencionales, las checas, los buques prisión y los centros incautados a los partidos políticos de derechas y a la Iglesia que fueron convertidos en cárceles. Solamente cuatro de ellos llegaron a entrar en funcinonamiento. El denominado Campo de Trabajo n.º 1 de Albatera (Alicante), del que ya hemos hablado; el Campo de Trabajo n.º 2 en Hospitalet de l’Infant (Tarragona); el Campo de Trabajo n.º 3 en Alcalá de Henares (Madrid), que se acondicionó en un centro de reclusión para vagos y maleantes creado por Azaña en 1933; y el Campo de Trabajo n.º 4 en Concabella (Barcelona).

 

En total tenían una capacidad para veinte mil internos. Pero por ellos pasaron muchos más porque los índices de mortalidad se situaban en una media que superaba el 25%. Estas muertes se debieron a tres causas principalmente: desnutrición, malos tratos y asesinatos camuflados como fugas.

Es muy significativo el hecho de que estos campos de trabajo, que supuestamente debían albergar a los condenados por los Tribunales Especiales Populares y los Jurados de Urgencia, acabaron por ser el lugar al que eran trasladados los presos desde las cárceles de partidos políticos de izquierdas (checas) y desde las prisiones locales improvisadas. La mayoría de estos presos no habían sido condenados, pero eran enviados a estos centros para que allí fueran asesinados o muriesen por desnutrición o enfermedades.

La mayoría de estos campos fueron reutilizados por el franquismo tras la Guerra Civil dándoles el uso de prisión para quienes habían participado en la guerra en el otro bando. Es decir, el mismo que había dado el Frente Popular, sin embargo, han corrido ríos de tinta sobre el uso que se hizo tras la guerra, pero se ha silenciado que fueron construídos y puestos en funcionamiento por los republicanos, también que su uso fue el de campo de concentración y, en muchos casos, de exterminio.