Vengo señalando desde hace tiempo cómo durante la Segunda República estaba muy presente la composición regional de España y cómo se reflejaba en especial en la organización interna de diferentes partidos políticos, de izquierda y derecha. Conviene subrayar también que afirmar la existencia de unanimidad en la reivindicación durante la Segunda República de un estatuto de autonomía castellanoleonés en la submeseta norte es una auténtica falsedad.

     El reciente y riguroso trabajo de David Planchuelo, El regionalismo leonés en la Segunda República española, ha venido a esclarecer los aspectos relacionados con la presencia de la Región Leonesa triprovincial en la sociedad y la política española de aquel momento, así como a evidenciar la existencia de la reivindicación de un Estatuto Leonés para la misma, manifestada claramente desde el 9 de mayo de 1936 a través de El Adelanto de Salamanca y el Heraldo de Zamora por Mauricio García Isidro, un prestigioso abogado salmantino a la vez que vicepresidente de la Casa Charra en Madrid.

     Esta reivindicación estatutaria para la Región Leonesa se produce después de cinco años de proclamación de la Segunda República y tiene presente la existencia de reivindicaciones estatutarias en otras regiones españolas. Aunque no es explícito, contempla también la existencia de la trayectoria definida de demanda de un Estatuto para Castilla la Vieja, lo que deja abierta la puerta a la Región Leonesa a solicitar su propio Estatuto.

     Tal iniciativa viene ya de lejos; se había iniciado en el Ayuntamiento de Soria muy poco después del 14 de abril de 1931, a finales de ese mismo mes, a través de una proposición de los señores Robles y Marco que recoge la prensa: “Piden estos señores que se acuerde enviar a las demás provincias castellanas un manifiesto invitándoles a pedir del Gobierno Central la autonomía de Castilla”. De ese modo, el Ayuntamiento de Soria envía un oficio a los ayuntamientos de las demás provincias castellanas a fin de que se sumen a la petición de la autonomía de Castilla la Vieja.

     La llama de tal reivindicación prende con fuerza en las de Burgos y Santander en mayo de 1931. En concreto, varios ayuntamientos de la primera se dirigen al Ayuntamiento de Burgos y a la Diputación “rogando a estas corporaciones se dignen convocar una Asamblea de Municipios castellanos para que se redacte el Estatuto de Castilla que deba regular la autonomía federativa ante la República española.”

     El 16 junio de 1931, el Diario de Burgos informa de que “Se dio lectura de una moción presentada por la Alcaldía dirigida a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Burgos para que convoquen a una Asamblea de municipios burgaleses, y a ser posible de Castilla entera, con el propósito de que en la misma surja el Estatuto que ha de regular la Autonomía de Castilla la Vieja.”

     Todas estas iniciativas tienen lugar mientras se debate en las Cortes la Constitución de la República, que es aprobada el 9 de diciembre de 1931, y se intensifican a partir del 6 de marzo de 1932, cuando se inicia la discusión del Estatuto de Cataluña por las Cortes.

     Santander toma el testigo de la reivindicación de un Estatuto para Castilla la Vieja y así lo informa El avisador numantino el 17 de septiembre de 1932: “El Estatuto de Castilla. La Diputación de Santander ha acordado dirigirse a las Diputaciones de Ávila, Segovia, Valladolid, Palencia, Soria, Logroño y Burgos a fin de conocer su opinión sobre la elaboración de un estatuto que afecte a las provincias castellanas.”

     El año 1933 supone un hito en la vida de la Segunda República española. Las elecciones municipales de abril suponen una victoria para los partidos de la oposición de derecha (agrarios y republicanos conservadores). En mayo se debate la ley orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, Claudio Sánchez Albornoz defiende la inclusión de las provincias de Valladolid y Palencia en la región de Castilla la Vieja, lo que aprueban las Cortes en votación nominal por 90 votos contra 19. Las elecciones a vocales de dicha institución tienen lugar el 3 de septiembre; resultan elegidos por la Región de León (León, Salamanca y Zamora) Francisco Alcón Robles como titular y Vicente Tomé Prieto como suplente. Por Castilla la Vieja, el titular es Pedro Jesús García de los Ríos, y el suplente, don Vicente Rodríguez Paterna y Balazategui.

     Las elecciones generales tuvieron lugar el 2 de noviembre de 1933 y con la victoria radical-cedista se paralizó el debate y la concesión de Estatutos regionales.

     El Sol, el 3 de diciembre de 1933, recuerda el centenario de la división provincial de 30 de noviembre de 1833 con un extenso artículo del historiador soriano José Tudela, en el que afirma que se ha llegado “a crear una conciencia provincial, consolidando aquella arbitraria división administrativa. Por estas razones creemos que está fuera del campo de las posibles realidades políticas una rectificación de la división provincial. En cambio, apunta y gana cada día en probabilidades de realización una general estructuración de las provincias en regiones.”

   Las elecciones de febrero de 1936 traen la victoria del Frente Popular y la reactivación de las reivindicaciones estatutarias. Es en ese momento histórico, a primeros de mayo, cuando se produce la reivindicación de un Estatuto para la Región Leonesa reconocida por la República: la integrada por las provincias de León, Zamora y Salamanca. La realiza Mauricio García Isidro, que es, no lo olvidemos, hijo de Luis García Romo, histórico republicano salmantino que había ocupado en 1935 la presidencia de la Diputación de Salamanca.

   La reacción por parte del Bloque Nacional de Calvo Sotelo y la CEDA de Gil Robles no se hace esperar, reivindican Estatutos para todas las regiones y, llamativamente, también un Estatuto común para las de León y Castilla la Vieja (o las dos Castillas y León) desde mediados de mayo de 1936. Con tal demanda pretenden matar dos pájaros de un tiro: erigir un feudo desde el que atacar y resistir al Frente Popular y, a la vez, reprimir la concreción de Estatutos regionales en la submeseta norte que puedan debilitarlo.

     La contestación desde Soria, a través de uno de sus diputados, Benito Artigas Arpón de Unión Republicana, es inmediata y proclama:

     “Los que hablan del Estatuto castellano incluyendo en él a León y Castilla quieren más el poder hegemónico sobre Castilla y León que darles un Estatuto.

     Castilla, nuestra Castilla la Vieja, tiene derecho a un Estatuto, pero no al Estatuto que propugnan quienes involucran a León y Castilla en persecución de igual fin.

   (…) León, con su grandeza, es distinto de Castilla”.

     El 25 de junio la prensa informa de que, desde Burgos, se retoma la iniciativa en favor de un Estatuto de Castilla la Vieja y de la constitución de una Comisión pro-Estatuto castellano que recorrerá todas las ciudades de Castilla la Vieja histórica:

     “La comisión de enlace nombrada para tratar la cuestión del Estatuto Castellano, integrada por los diputados a Cortes señores González Soto y Barrio Duque, el presidente de la Diputación, señor Vítores, el alcalde de la ciudad, señor García Lozano y el presidente de la Cámara de Comercio, señor Eguiagaray ha celebrado estos días varias reuniones encaminadas a encauzar el asunto y ha acordado visitar las ciudades que componen Castilla la Vieja histórica.

     El primer desplazamiento que hará la comisión será a Santander el 4 de julio próximo, para ponerse al habla con las autoridades de aquella capital y tener un cambio de impresiones con el fin de llevar a la práctica lo que anhelan las provincias interesadas.

     El 5 se trasladarán a Logroño y el 6 a Soria con el mismo objeto.

     En la misma semana marcharán los comisionados burgaleses a Segovia, Ávila y otras capitales, cuyos intereses son análogos a los de Burgos.”

     El 12 de julio tiene lugar la reunión, de la que se hace eco la prensa:

     “En Santander se recibió perfectamente la idea de ir a un estudio rápido para, de acuerdo en primer lugar con las demás provincias que constituyen la Castilla la Vieja tradicional, ir a un Estatuto castellano.

     Se nombrarán ponencias inmediatamente, así como comisiones de propaganda y probablemente se celebrará, en breve plazo, una magna asamblea en Burgos como Cabeza de Castilla la Vieja y en esta asamblea el proyecto de Estatuto quedará casi perfilado.”

   La prensa de Madrid y Barcelona da noticia de la reunión, ABC bajo el titular “El Estatuto de Castilla la Vieja señala la «conveniencia de ir rápidamente al estudio y a la petición de que a Castilla la Vieja le sea concedido su Estatuto.»

     El 18 de julio, el Diario de Burgos reseña la reunión celebrada el día anterior en el Ayuntamiento donde el alcalde informa de que se continuarán las gestiones relacionadas con el Estatuto castellano para «celebrar después una asamblea en Burgos a la que acudan todas las provincias que vayan a ir a ese Estatuto.»

     La Guerra Civil impide el proceso estatutario castellanoviejo que tuvo como protagonistas a las instituciones de Soria, Burgos y Santander y se manifestó también en Segovia. Desgraciadamente, la Región Leonesa sufre desde 1936 la presión unitarista y centralizadora del nuevo régimen a la vez que la imposición de una castellanización uniformizadora potenciada a lo largo de 40 años y, lo que es peor, incrementada desde mediados de los 70 mediante un proceso disautonómico y etnocida que le viene negando el acceso a la autonomía y el desarrollo de su propia personalidad.