Oportunamente antes de que el partido socialista de su hermana Carmen aprobase la nueva Ley de Memoria Democrática, el historiador José Calvo Poyato publicó en 2018 un libro titulado El milagro del Prado, relatando la “incautación” del contenido de la pinacoteca por el gobierno de la II República española. Según el propio autor: “Puede considerarse un verdadero milagro que la operación, consecuencia de una decisión que, por política, tuvo mucho de irresponsable, no se saldara con mayores daños aún”. (Arzalia Ediciones, Madrid, 2018 p. 175). Por citar sólo algunos de estos daños, cabe citar los derivados de la vibración en el transporte; los provocados por el cambio brusco de temperatura durante un largo traslado a la intemperie; los “pasmados” o empañamientos de los barnices por el frío y la humedad; o también los destrozos por accidente –véase los sufridos por La carga de los mamelucos y Los fusilamientos del 3 de mayo–.  Téngase en cuenta que bajo la dirección de María Teresa León –mujer de Rafael Alberti–, más de cien cuadros fueron movidos a toda prisa, mal embalados o sin embalar siquiera. Y que sufrieron daños de distinta consideración obras como Carlos V en Mühlberg, de Tiziano; El Conde Duque de Olivares, La rendición de Breda, Las Meninas, Felipe IV a caballo y Las Hilanderas, de Velázquez; o La familia de Carlos IV, de Goya, entre muchas otras.

El citado texto pone sobre la mesa unos hechos que, aunque evidentes y gravísimos, vaya usted a saber por qué, no son de dominio público. Acaso tenga “algo” que ver en ello nuestro ideológicamente homogeneizado mundo docente, académico y periodístico, pero quién sabe. Ironías aparte, no puede negarse que la ocultación y tergiversación de todo lo relativo a la II República y en torno a la Guerra Civil ha sido un éxito. Y no cabe, pues, extrañarse de que hoy prevalezca, en torno al “asunto” del Prado, la consigna autoexculpatoria aventada por los comunistas según la cual los cuadros fueron “salvados” por la República. Dicha propaganda, difundida en democracia desde hace décadas en las escuelas, institutos y universidades y, por supuesto, en los medios de comunicación, es uno de los ejes sobre los que ha pivotado la infundada legitimación de la izquierda y su hiperlegitimación respecto a la oposición política, etiquetada globalmente como “derecha”. Hoy, como en los años treinta, esta “derecha” es estigmatizada igualmente como “fascista” y se ha creado, como entonces, un caldo de cultivo en el que puede ser agredida verbal y físicamente con la misma impunidad.

En tal contexto, es comprensible el miedo de cualquiera para atreverse a contar la verdad sobre el “viaje” de los cuadros del Prado. Y aunque sin duda esta presión explique algunas omisiones y cierta tibieza en las conclusiones del autor, o que éste no cargue las tintas sobre los responsables y su adscripción política, sin duda es digno de elogio su valor para divulgar este episodio.

Lo primero que cabe destacar de este libro es que sitúa la “incautación” del Prado en el contexto de “saqueo y vandalismo” promovido por la izquierda antes de la guerra. “Desorden” instigado y muy palpable ya en mayo de 1931, apenas un mes después de la proclamación de la II República, con la quema de conventos –junto a su valioso contenido– y la destrucción de monumentos. Véase, por ejemplo, en Madrid, el derribo del monumento ecuestre de Felipe III –obra de los maestros italianos del Renacimiento Giambologna y Pietro Tacca–, o de la estatua de Isabel II, realizada por José Piquer.

Remite el autor, en este sentido, a otros antecedentes en el expolio del Patrimonio Nacional: desde el latrocinio de Godoy bajo el reinado de Carlos IV (iniciado en 1798) a los infinitos casos de pillaje a manos del ejército francés entre 1808 y 1814. Pero alude también a las medidas netamente anticlericales destinadas al reparto de bienes usurpados de la Iglesia; véase la desamortización decretada por el rey José I entre 1808 y 1813; la “impulsada por el ala radical del liberalismo durante el Trienio Constitucional (1820-1823)” y la llevada a cabo por Mendizábal en 1836. Se olvida en el libro mencionar la expropiación perpetrada por Madoz en 1855 y las famosas “maletas” del rey José, pero, no obstante, es riguroso al señalar los incendios de monasterios e iglesias –con la irreparable pérdida de libros y obras de arte– en Barcelona en verano de 1835 y en 1909 durante la conocida como “Semana Trágica”.

José Calvo Poyato hace referencia ¡incluso! a la ausencia de atentados contra el patrimonio en el bando nacional. Cierto que envuelto en una crítica y tímidamente, pero lo dice: “Las instituciones para la defensa del patrimonio (en el bando nacional) surgieron muy tardíamente –por comparación con las iniciativas tomadas en la zona republicana–, y quizá pueda explicarse porque en la zona nacional no se cometieron los desmanes que sufrieron las obras de carácter religioso en el bando republicano”. (Op. Cit. p. 19). Algo obvio pero sobre lo que, curiosamente, suele pasarse de puntillas. Parece lógico que los empeñados en defender la continuidad histórica de España protegiesen su patrimonio histórico artístico. Tan lógico como que los que pretendían la fragmentación de la nación –comunistas y separatistas–, se empeñaran en la destrucción y saqueo de ese mismo legado.

Pero sigamos con los hechos, empezando por el contexto inmediato a la Guerra Civil, y más concretamente sobre el traslado ordenado por las autoridades republicanas de las obras del Museo del Prado: “Entre los técnicos del museo la orden causó consternación. El temor era grande porque dudaban de que los riesgos que corrían las pinturas permaneciendo en el museo fueran superiores a los que suponía su traslado”.

Efectivamente, cualquier “evacuación” iba en contra de lo indicado por el Office International des Musées, organismo dependiente de la Sociedad de Naciones, que establecía como norma que, en tiempos de guerra, resultaba peligroso y contraindicado el cambio de ubicación de las obras.

Pero es que, además, pese a la excusa del “peligro” de la “amenaza fascista”, no había razones objetivas para el traslado: “Las obras comenzaron a abandonar el Prado antes de que un bombardeo –el único sufrido por la pinacoteca en el transcurso de la contienda– afectara al edificio, y ello con daños irrelevantes […]” (Op. Cit. p. 174). Recordemos que el Prado nunca fue objetivo militar y que los pretendidos por la propaganda “salvajes bombardeos de la aviación fascista” se limitaron a la explosión de un proyectil en el Paseo del Prado ¡a 60 metros de la entrada!, y al incendio de dos edificios próximos a la fachada posterior del Museo. (Atendiendo al testimonio del propio director del Museo, Francisco Javier Sánchez Cantón, cfr., p. 94).

Por otro lado, se suele pasar por alto que toda la operación para sacar los cuadros del Museo del Prado de España fue planificada y llevada a cabo por comunistas, y que éstos ocuparon los principales cargos de responsabilidad en el Gobierno tras el fraude electoral de febrero de 1936 que aupó a la presidencia a Largo Caballero –conocido como “el Lenin español”–. En esa nómina destacan: José Renau Berenguer, Director General de Bellas Artes; Jesús Hernández Tomás, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes –y autor del esclarecedor e inequívoco Yo fui un ministro de Stalin (1953)–; Wenceslao Roces, subsecretario del ministro de Instrucción Pública, y el propio Juan Negrín, sucesor de Largo Caballero al frente de la República.

Y es más que evidente que toda la salida de los cuadros –primero a Valencia, luego a Gerona, y finalmente hasta Ginebra– se enmarca en una operación de saqueo sistemático llevado a cabo desde el primero hasta el último minuto de la guerra. Repárese en que los cuadros del Prado salieron por la frontera francesa cuando la guerra estaba ya decidida, ¡pocos días antes del 1 de abril de 1939!

Llama la atención que Calvo Poyato no cite el robo del oro del Banco de España –las ¡595 toneladas! del “oro de Moscú”– en octubre de 1936, siendo presidente Largo Caballero y ministro de Economía Juan Negrín. Sobre todo teniendo en cuenta que tanto el saqueo del Banco de España como el secuestro de los bienes del Patrimonio –incluidos los del Museo del Prado, pero en absoluto los únicos–, coinciden temporalmente en su origen con la apresurada huída del Gobierno comunista de la República a Valencia.

Algo que se evidencia en un dato que pretenden orillar muchos historiadores y que, de hecho, pasa desapercibido habitualmente. Esto es, la consideración de los bienes artísticos no como bienes culturales, sino únicamente como bienes materiales. De ahí la orden del ministro de Hacienda el 2 de noviembre de 1936 y del director general del Tesoro, Francisco Méndez Aspe para sacar del Gabinete Numismático específicamente la colección de monedas de oro y plata –es decir, atendiendo únicamente al valor crematístico de las piezas–, y en sacarlas del Museo por vía de urgencia, a punta de pistola y sin inventariar. Del mismo modo que el 5 de abril de 1938, por un decreto de carácter reservado emitido por la Presidencia del Gobierno, los cuadros depositados en Valencia pasaban a depender no del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, sino del Ministerio de Hacienda: “El decreto tenía carácter reservado y suponía que todo lo relacionado con el patrimonio histórico artístico pasaba a ser considerado un recurso material […]” (Op. Cit. p. 130).

Explica el autor con detalle el Expolio del Museo Arqueológico Nacional, y muy específicamente de su Gabinete Numismático el 4 de noviembre de 1936: “Las monedas que salieron del Museo Arqueológico Nacional […] suponían casi todas las acuñadas en oro de la época romana, la colección de monedas griegas, alguna cartaginesa y las ptolemaicas. Particularmente valiosa, por ser única en el mundo, era la colección de piezas visigodas. Si el valor del oro de las monedas era importante, el numismático era incalculable”. (Op. Cit. p. 65).

Todo este tesoro desapareció en Méjico robado por Indalecio Prieto a Juan Negrín –a cual más ladrón–, tras ser transportado allí a bordo del yate Vita. Cargado no sólo con lo robado del Arqueológico, sino con el dinero y joyas de muchos particulares depositadas en el Banco de España y en las Cajas de Ahorro o Montes de Piedad, igualmente saqueados; así como las piezas sustraídas de la Casa de la Moneda y objetos procedentes del saqueo de la catedral de Tortosa, de la catedral de Toledo o de la Capilla Real de Madrid, todas ellas igualmente rapiñadas por orden del Gobierno. 

Un caso de “evacuación” por mar que no fue único o excepcional. El autor recuerda también el caso del buque Midol, que partió en 1937 cargado con obras “incautadas” de Velázquez, Murillo, Zurbarán o el Greco y que fue retenido en el puerto de El Havre.

Un dato: “En total viajaron a Valencia quinientas veinticinco obras entre el 10 de noviembre de 1936 y el 5 de febrero de 1936”. (Op. Cit., p. 118). Pero no sólo provenientes del Museo del Prado, sino “de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, del Real Monasterio del Escorial y del Palacio de Liria”. (Op. Cit., p. 132).

Y otro ejemplo para terminar de desmentir la monserga preferida por los profesores socialistas que todavía justifican el expolio del Patrimonio Nacional con el pretexto de su protección. En la penúltima parada de los cuadros en su odisea hasta Ginebra, fueron depositados en tres destinos en Gerona: el castillo de Figueras, el de Peralada y en la mina de La Vajol. “Al igual que el castillo de Figueras, el de Peralada también se convirtió en depósito de armamento”. (Op. Cit., p. 132). Por la seguridad de las obras, ¡claro que sí!

…Acaso esos docentes deberían explicar también en sus clases que lo de esconder obras de arte robadas bajo tierra, en minas, no fue un invento de los nazis sino de los camaradas hispanos de la hoz y el martillo.