En la tarde del 23 de febrero de 1981, un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Tejero ocupaba por la fuerza el Congreso de los Diputados, mientras se celebraba un pleno parlamentario, manteniendo retenidos a los diputados allí congregados durante largas horas, hasta que tras unas conversaciones con intermediarios del Estado, la fuerza ocupante decidió abandonar su propósito, rindiéndose a las autoridades. Estos hechos son archiconocidos, por lo que no cabe profundizar sobre ellos, excepto en cómo tal acontecimiento militar afectó a la agrupación política de Fuerza Nueva.

El partido de FN no tuvo nada que ver con la génesis y desarrollo de aquella intentona militar. Así lo reconoció Blas Piñar en sus escritos, cuando los delitos ya habían prescrito y no había temor en reconocer las complicidades habidas. Dice el notario madrileño lo siguiente, a propósito de unas impresiones particulares del general Sáenz de Santamaría: “Quienes fueron sus organizadores [el 23-F] nos excluyeron ab initio de toda invitación a sumarnos al mismo”(1). El desconocimiento de lo que se preparaba era absoluto; no en vano, la misma sede nacional del partido dio orden de esconder determinados ficheros de la organización cuando se inició el pronunciamiento militar(2). En cambio, lo que sí produjo el golpe del 23F fue una sincera simpatía por parte de no pocos activistas de Fuerza Nueva, que pudo deberse a múltiples motivos(3): paramilitarismo, persecución implícita de sus actividades, desagrado parlamentario, marginación política, etc. Hasta tal punto fue así que los medios informativos de la organización aludían a tales sucesos y a los principios castrenses de honor y obediencia, en clara referencia al 23F. Ello le valió a la organización el atributo de un nuevo sambenito: el de golpistas, por parte de sus adversarios políticos, en evidente connivencia con los terminales mediáticos de la época. Y es que el recuerdo de la intentona militar del 23 de febrero generó en amplias capas de la sociedad una sensación de expectación y temor, por lo que había ocurrido, que se tradujo en un rechazo electoral de determinadas planteamientos políticos.

Con todo, la persecución de las ideas y personas de Fuerza Nueva continuaba. Así, durante el año 1981, fueron asesinados tres militantes fuerzanovistas: Juan Vila Carbonell, muerto en la localidad oscense de Esplús, cuyo crimen fue reivindicado por los terroristas del GRAPO, Ángel Santos García, de Gavá (Barcelona), asesinado tras recibir varias amenazas de muerte, y Luis Pardo Villalta (guardia jurado), muerto en Aranjuez por unos cazadores furtivos. No hubo más muertes en dicho año, pero, en mayo, el delegado del partido de Lérida fue herido por unos izquierdistas que estaban pegando a un transeúnte en el pleno centro de Barcelona. Acudió en auxilio del perseguido y fue golpeado con una barra de hierro en la cabeza, necesitando varios puntos de sutura tras diagnosticarle contusión craneal.

Los locales sociales del partido sufrieron igualmente las iras de los antagonismos de la izquierda, en forma de asaltos y atentados. En concreto, fueron tres las sedes atacadas tras el pronunciamiento del 23F. Así, a principios de marzo, unos desconocidos violentaron las puertas de la sede de Fuerza Nueva en Melilla, destrozando el mobiliario y embadurnaron con pintura los cuadros y banderas. Un mes y pico más tarde, los izquierdistas forzarían de madrugada la entrada de la sede de Burgos, rompiendo muebles y objetos de la organización  y llevándose, obviamente, el dinero depositado… Y, un mes más tarde, la sede de Cieza fue apedreada, lanzándose varios botes de pintura contra la fachada de la misma, generando varios desperfectos.

Fuera de los locales de la organización, el acosamiento se mantuvo en parámetros parecidos al año anterior. Piñar enumera nueve incidentes ocurridos en Barcelona, Valladolid, Madrid, Mérida, Aranjuez, Valencia, León, Albadalejo de Cuende y Alcira. Los casos más graves fueron los que paso a comentar: en abril, fueron apaleados unos jóvenes de Fuerza Nueva de la Ciudad Condal, que gestionaban una mesa de venta, por los servicios de orden de una manifestación no autorizada; en julio, fueron tiroteados dos bares de Aranjuez, propiedad de activistas de FN; y, en el mes de noviembre, las naves donde guardaba los aperos de labranza el teniente alcalde del municipio conquense de Albadalejo de Cuende fueron incendiados por tratarse de un militante de Fuerza Nueva, causándole unas pérdidas de cuatro millones de pesetas. Como curiosidad, hemos de mencionar el telegrama amenazante que el Maestre del Gran Oriente Español remitió a la notaría de Blas Piñar en julio de 1981, siendo procesado por tal motivo.

Con todo, los incidentes fueron menos que el año anterior, si bien comenzaba a notarse la represión gubernativa contras los locales y actividades de los piñaristas. De hecho, los militantes bilbaínos que se hallaban en la sede provincial del partido el 29 de enero fueron obligados a permanecer en el edificio por orden de la Policía Nacional, sin mandamiento judicial alguno. En abril, el alcalde de Vich ordenó que fuese retirada la bandera nacional de la sede de FN y el Gobierno Civil de Asturias impuso a la sede de Gijón una multa de medio millón de pesetas por adherir un crespón negro a la enseña nacional en el día de la Constitución; protestó Piñar en el Parlamento por la astracanada catalana y FN recurrió la multa gijonesa ante los Tribunales, obteniendo sentencia favorable.

Como ya hemos referido Fuerza Nueva soportó sobre sus espaldas una represión económica, que hoy nos parece excesiva y fuera de lugar(4). Por ende, procede inventariar de forma sumaria las sanciones pecuniarias más relevantes por orden de importancia: San Sebastián, trece millones y medio de pesetas (1978); Valladolid, dos millones de pesetas en total (1981); Murcia, medio millón de pesetas (1981); Vitoria, medio millón de pesetas (1980); Madrid, homenaje a Calvo Sotelo, 250.000 pesetas (1980)… En este último caso, no se produjo ningún tipo de altercado; pues Piñar y otros dirigentes del movimiento acudieron en julio a la plaza de Castilla para depositar un ramo de flores en el monumento del que fuera tío del entonces ministro de Relaciones con las Comunidades Europeas. Ni esa circunstancia les evitó de ser sancionados por el Gobierno Civil de Madrid… Ítem más, se pretendió  sancionar a FN por el uso de la bandera nacional en la conmemoración del 18 de Julio, a instancia del parlamentario comunista  Enrique Curiel, sobre la base de una normativa que había quedado derogada tras la aprobación de la Constitución(5).

Como puede apreciarse, los hombres de UCD comenzaron a gobernar de forma despótica, incluso contra la memoria familiar de alguno de sus ministros, olvidando que FN permitió que algunos de sus militantes formaran parte de sus candidaturas en las elecciones municipales de 1979… Tampoco se portaron mejor los socialistas tras arribar a los ayuntamientos. De hecho, en mayo de 1982, la policía municipal de Madrid irrumpió en la sede nacional fuerzanovista de forma antirreglamentaria y con pistola en mano, siguiendo órdenes del Ayuntamiento socialista e imponiendo al partido una multa de medio millón de pesetas, por lo que FN recurrió a los tribunales, siendo anulada la sanción por la Audiencia Territorial de Madrid.

Con todo, lo más lamentable e impropio de una democracia fue el dispositivo desplegado por las autoridades de orden público para castigar a los miles y miles de compatriotas y extranjeros(6), que acudieron a la concentración autorizada del 20-N de 1981, movilizando efectivos policiales de otras provincias. Nunca se reunieron tantos ciudadanos y curiosos en la plaza madrileña de Oriente y aledaños como en aquel día soleado de otoño, en un ambiente claramente festivo y pacífico, como bien da fe de ello el reportaje especial del periódico El Alcázar. Pues bien, el gobierno ordenó -o como mínimo consintió- que la Dirección General de Tráfico impusiera multas a los conductores que mostrasen banderas o saludasen con el brazo extendido, con el subterfugio de conducción negligente. La prensa tibia y monárquica resumía las sanciones(7): 1.488 conductores sancionados a 20.000 pesetas por barba y a retirada del carné de conducir durante tres meses(8); veintitrés personas detenidas (incluso se le aplicó a una de ellas la legislación antiterrorista) y apertura de expediente sancionador a la Confederación Nacional de Ex Combatientes, como entidad organizadora, y a Fuerza Nueva… por uso indebido de uniformes y símbolos y por realizar desfiles paramilitares(9)… Se intentó, incluso, reclamar los hipotéticos desperfectos causados en la plaza de Oriente durante la celebración del acto multitudinario, pero la organización piñarista había levantado días antes un acta notarial que reflejaba su verdadero estado(10).

Meses antes, Piñar denunciaba públicamente que se había creado una brigadilla policial para el seguimiento de las actividades ultraderechistas; si bien, desde 1979 funcionaba un servicio de observación de los grupos considerados extremistas de derecha, catalogados, como fascistas, por algunos medios de comunicación de carácter progresista, lo que suponía utilizar mucho la imaginación(11)… Con todo, la represión administrativa y policial contra FN se acentuaría a finales de 1980, coincidiendo, curiosamente, con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca.

La Policía, una vez permitida la persecución de la “ultraderecha” por parte de las autoridades centristas -según los informes de la CIA- practicó detenciones y abrió diligencias, cuando menos discutibles. Así, fueron detenidos varios elementos del partido, aplicándoles incluso la Ley Antiterrorista, como sucedió con dos dirigentes nacionales de Fuerza Joven detenidos en Vitoria en noviembre de 1980, pues portaban armas de fuego con licencia reglamentaria, tras prohibir el Gobierno Civil un mitin autorizado de FN una vez recibidas amenazas de las huestes aberzales(12)… Los detenidos fueron trasladados a Madrid, poniéndoles en libertad el juez correspondiente sin necesidad de prestar fianza… Otros, incluso, fueron torturados y amenazados, como sucedió en Valladolid, lo que propició que Piñar formulara en marzo una pregunta al Gobierno en sede parlamentaria(13). Meses después, varios activistas de Fuerza Joven fueron denunciados y encarcelados cuando estaban paseando por Mérida…, permaneciendo en camisa azul en la prisión provincial de Badajoz por espacio de ocho días. Esto ocurría durante el verano de 1981(14).

Lo cierto es que la Policía, tras recibir instrucciones terminantes, se mostró más insensible: en junio de 1981, por ejemplo, un vehículo antidisturbios arrolló en Valladolid un desfile de jóvenes de Fuerza Nueva que procedían de la catedral con banda de música, resultando herido de consideración un joven militante(15), tras una concentración en que intervino Blas Piñar en memoria del líder falangista Onésimo Redondo, al pie del monumento del cerro de San Cristóbal. Por efectuar tan insignificantes paradas y desfiles -lo mismo que hacían las cofradías locales durante la Semana Santa- el Gobierno Civil de Valladolid castigó a Fuerza Nueva con la máxima sanción administrativa: quinientas mil pesetas de la época... Como puede observarse, las autoridades centristas se sirvieron de un precepto de la Constitución, que ni siquiera había tenido desarrollo legislativo, como es la proscripción de las asociaciones paramilitares, para impedir el derecho de reunión a Fuerza Nueva y de paso desprestigiarla ante la opinión pública. Y es que el texto constitucional sí prohibía las asociaciones de tal matiz (artículo 22), pero no decía nada sobre las paradas o desfiles de carácter paramilitar, que pueden revestir diversas modalidades, no esencialmente políticas(16).

Pese a tantos inconvenientes, la organización piñarista seguía abriendo nuevas delegaciones; incluso el sindicato Fuerza Nacional del Trabajo creaba dos secciones: Fuerza Nacional del Campo y Fuerza Nacional del Mar. Tampoco las juventudes quedaban atrás, a pesar del castigo recibido, poniendo en marcha Fuerza Nueva Universitaria y Fuerza Nueva de Estudiantes. Resultaba admirable que tuvieran tanta actividad, pero el partido había sido ya herido electoralmente por tanto descrédito y persecución.

 

(1) Cf. Así Sucedió, FN Editorial, Madrid, p. 292.

 

(2) Observación del autor, febrero de 1981.

(3) Recién liberado Piñar del cautiverio parlamentario, comentaría en la sala de conferencias de la sede nacional que él desconocía los motivos por los que habían ocupado las Cortes los guardias de Tejero, pero que después de ordenar que los diputados se tirasen al suelo del hemiciclo, Piñar fue levantado por un número de la Guardia Civil que amablemente le dijo ¡Arriba España! Tras este comentario, el público asistente irrumpió en una salva de aplausos. La simpatía fue general en los círculos patrióticos del país, hasta el punto que, en una localidad de la provincia leonesa, un número concreto de jóvenes acudió al cuartel de la Guardia Civil para congratular y solidarizarse.

(4) Las multas contra FN comenzaron en plena era de Franco: en 1971, el ministerio de la Gobernación les impuso una multa de 50.000 pesetas por organizar una manifestación en Madrid en desagravio de José Antonio, cuyo monumento de Valencia había sido destruido por un atentado.

(5) “Fuerza Nueva multada por el uso de la Bandera Nacional en el acto del 18 de Julio”, cf. Mediterráneo, Castellón, (23.07.1980), p. 11. Curiosamente, el Real decreto 2749/78, de 24 de noviembre, prohibía el uso de la bandera nacional por los partidos políticos, lo que suponía una reacción parlamentaria draconiana contra los actos multitudinarios de FN, pero quedaría derogado por la Constitución aprobada un mes más tarde. Aun así, en octubre de 1979, el ayuntamiento de Guadalajara abrió expediente sancionador contra Fuerza Nueva por uso de la bandera nacional en el municipio, pese a la oposición de varios concejales…

(6) Principalmente, europeos y americanos.

(7) Cf. ABC, Madrid, (22.11.1981), p. 4.

(8) Las sanciones impuestas a esos casi mil quinientos conductores suponían una cantidad de 29.760.000 pesetas; o sea un montante actual de unos 662.087 euros, atendiendo al incremento del IPC. Sea como fuere, me parece inaudito para una manifestación que tenía todos los permisos en regla.

(9) El uniforme empleado por FJ era la camisa azul de la vieja Falange, con la boina roja de los viejos carlistas; lo mismo cabe decir de las banderas de la Falange y la Tradición. Estos distintivos pasaron al Movimiento Nacional tras el decreto de Unificación de 19 de abril de 1937. No obstante, la Secretaria General del Movimiento fue disuelta por decreto de abril de 1977 y las leyes del Movimiento Nacional quedaron inoperantes con la entrada en vigor de la Constitución en 1978. Por ende, tales signos podían ser utilizados libremente. Únicamente, FE de las JONS empezó a reivindicar tales distintivos a FN, lo que fue aprovechado por el Gobierno Civil de Madrid para servirse de este contratiempo, en perjuicio de Fuerza Nueva y castigarla con multas desorbitadas. No obstante, la concentración fue convocada por la Confederación de ex combatientes, de la que formaban parte los soldados de la guerra civil; entre ellos los famosos Tercios del Requeté y las Banderas de Falange, por lo que cualquier asistente a la manifestación podía utilizar sus signos y banderas. Lo expuesto pone de manifiesto hasta qué punto los asesores del gobierno estudiaron la posibilidad de asfixiar económicamente al partido de Blas Piñar.

(10) Se llegó incluso a sancionar por desórdenes públicos a personas que no se hallaban ni siquiera en el lugar de los hechos, lo que nos mueve a pensar que los dirigentes policiales se sirvieron de listas de activistas de la ultraderecha para imponerles sanciones inexistentes. Curiosamente, un pariente del ministro Calvo Sotelo fue sancionado por portar banderas en su automóvil.

(11) Cambio 16, Madrid, (20.05.1979), pp. 18-25. Sin embargo, esta revista puntualizaba que tanto FN como los inoperativos Guerrilleros de Cristo Rey nada tenían que ver con la irrupción de grupos juveniles de tendencia neonazi y neofascista, de carácter violento. El mismo Sánchez-Covisa precisaba que los adolescentes que pululaban por ahí con tales insignias, cometiendo acciones violentas, estaban siendo manipulados por agentes gubernamentales para desacreditar los que como ellos eran leales al régimen del 18 de Julio. Fuente: CIA-RDP82-00850R000100060052-7.

(12) El Gobierno Civil reconoció que ante las protestas de grupos separatistas y clandestinos [eufemismo que aludía a ETA] decidió prohibir el mitin de Vitoria previsto. Piñar tachó de cobarde al gobernador y hasta le quiso entregar unos rollos de papel higiénico. Seguidamente, los nombres y domicilios de los detenidos de FN fueron revelados por el Gobierno Civil, lo que les convertía en posibles objetivos del terrorismo, tras retirarles las armas, recibiendo múltiples amenazas por tal delación. Lo cierto es que los asistentes al acto, que pasearon la bandera nacional por la capital alavesa, fueron insultados y apedreados.