Desde el 1 de abril de 1936 al 4 de mayo del mismo año hubo en España [i] 47 muertos por terrorismo político, 216 heridos, 38 huelgas, 53 bombas y petardos, 52 incendios (en su mayoría de iglesias), y 99 atracos, atentados, saqueos, etc.  En un clima similar, a finales de 1935 nació la UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista), formalmente para hacer frente a la UME (Unión Militar Española); surgió por medio de la fusión de la Unión Militar Antifascista (UMA) de origen comunista (fundada en 1934 por el capitán médico Miguel Palacios Martínez y el teniente coronel de Ingenieros Ernesto Carratalá, junto con el maquinista naval Eugenio Rodríguez Sierra), y la Unión Militar Republicana (UMR), socialista (fundada por el capitán de Infantería Eleuterio Díaz-Tendero, posterior creador del SIM republicano). El Comité Central de la UMRA estuvo formado por los oficiales citados pertenecientes a la UMA y la UMR, junto al comandante de Infantería José Luis Barceló y al teniente de Caballería Alfredo León Lupión. Todos estos oficiales pertenecían a la Masonería y, junto con otros «hermanos» (general Núñez Prado, coronel Puigdengolas, teniente coronel Mangada, teniente coronel maquinista de la Armada Antonio Parga, comandante de Infantería de Marina Ristori de la Cuadra, el ingeniero aeronáutico González Gil, capitán de Artillería Orad de la Torre, capitán Demetrio Fontán, segundo maquinista de la Armada José Sastre, etc.), formaron el núcleo de la UMRA [ii]; miembros de especial significación fueron el comandante Carlos Faraudo y el teniente José Castillo, ambos masones e instructores de las milicias social-comunistas MAOC, y que fueron muertos en atentado. Castillo, que personalmente había matado al falangista Andrés Sáenz de Heredia y al tradicionalista Luis Llaguno al disolver sendas manifestaciones, fue a su vez muerto, al parecer, por un oficial de afiliación falangista [iii]. A miembros de la UMRA, fundamentalmente, se les debe el reparto de armas al pueblo antes del 20 de julio de 1936, fecha en que el Gobierno legalizó el hecho consumado anterior [iv]. Por ejemplo: el citado teniente coronel Carratalá, jefe del Batallón de Zapadores acuartelado en Campamento (Madrid), fue muerto por sus oficiales la madrugada del día 19, cuando trataba de entregar cuatrocientos fusiles a unos milicianos. Según Juan Modesto [v], en Madrid había más de doscientos afiliados a la UMRA.

            César Vidal escribió que “la infiltración de la masonería en el ejército —incluso durante la Dictadura de Primo de Rivera— fue verdaderamente extraordinaria; botón de muestra de ello es que, aunque Primo de Rivera prohibió la celebración de un congreso masónico en Madrid, el general Barrera lo autorizó en Barcelona” [vi]. También hizo referencia a la sesión del Parlamento del 15 de febrero de 1935 en la que, hablando el diputado republicano independiente Cano López sobre infiltración de la masonería en el Ejército, se dijo que de los veintiún generales de División nueve era masones (López Ochoa, Miguel Cabanellas, Gómez Morato, Riquelme, Núñez del Prado, Gómez Caminero, Villa Abrille y Molero), y otros 12 generales de Brigada (Urbano, Llano, Miaja, Jiménez, López Gómez, Martínez Monje, Cruz Boullosa, Martínez Cabrera, Pozas, Castelló, Romerales y Fernández Ampón), ampliando la denuncia con otra lista de coroneles [vii]. Al respecto, Calvo Sotelo, en la sesión celebrada el 25 de enero de 1935, según consta en el, atacó a la masonería, había dicho estas palabras: “… lo digo con toda claridad y sin ningún género de veladuras, porque uno de los problemas fundamentales que tenemos planteado en España es éste de la infiltración tentacular de la masonería en todos los órganos del Estado, incluso en el de los militares...” [viii].

En la noche del 12 al 13 de julio de 1936, según testimonio del entonces capitán de Artillería Urbano Orad de la Torre [ix], afiliado al PSOE, masón y miembro de la UMRA, que intervino personalmente en los hechos, de la capilla ardiente del teniente Castillo, en el Cuartel de Asalto de la calle Pontejos, inmediato al Ministerio de la Gobernación, salieron varios hombres dispuestos a cumplir la decisión que habían tomado cuando murió Faraudo, el 9 de mayo. Capitaneaba el grupo no un guardia de asalto sino el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés [x] (la GC era entonces un cuerpo eminentemente militar), socialista y masón, que iba de paisano; estaba formado, además, por varios guardias de asalto y miembros de la escolta de Indalecio Prieto [xi]. Al decir de Orad, en la camioneta Hispano-Suiza nº 17 de la Guardia de Asalto (típico camión descubierto de hasta veinte plazas) fueron a buscar primero al monárquico Goicoechea y luego a Gil Robles, y, al no encontrarlos, se dirigieron al domicilio del diputado Calvo Sotelo, a pesar de no tener orden de arresto y gozar éste de inmunidad parlamentaria. Don José se dejó llevar, confiado por la presencia del capitán del benemérito instituto; ya en marcha el vehículo, el pistolero comunista Cuenca y miembro de la escolta de Indalecio Prieto le pegó dos tiros en la nuca. Pocos días antes, el Jefe del Gobierno y Ministro de la Guerra, el masón Casares Quiroga, le había amenazado de muerte públicamente en el Congreso [xii], como también lo hizo La Pasionaria (“este hombre ha hablado por última vez”); además, se da la circunstancia de que el Presidente de la República y Ministro de la Guerra (Manuel Azaña), el Presidente de las Cortes (Diego Martínez Barrio), el Ministro de Estado (Barcia), el Ministro de Marina (Giral), el Ministro de Gobernación (Juan Moles Ormella), el Director General de Seguridad (Alonso Mallol) y el comandante del Grupo de Asalto de Pontejos (Ricardo Burillo Stolle) también eran miembros de la Masonería. Según Ferrer Benimeli, 183 de los 458 diputados en la época eran masones, prácticamente el 40 % [xiii].

Recordemos que Calvo Sotelo, “la única esperanza de las derechas españolas”, según un documento masónico [xiv], había denunciado la infiltración de esta sociedad secreta en el Ejército [xv]. También que la creación por Calvo Sotelo del monopolio de Campsa, siendo ministro de Hacienda de Primo de Rivera, echó por tierra los planes de las petroleras más importantes, las del en torno de la Reserva Federal USA, el embrión entonces del Gobierno Mundial actual. La ojeriza del mundialismo, el odio de las logias y la enemiga de la izquierda revolucionaria le sentenciaron y asesinaron.

Esperemos que el paralelismo de descomposición nacional, corrupción política, primacía de la izquierda revolucionaria y clara preeminencia de la masonería, hoy Nuevo Orden Mundial, entre 1936 y nuestros días no produzca unos asesinatos similares.

 

 

[i]  Dictamen de la comisión sobre ilegitimidad de Poderes actuantes en 18 de julio de 1936, Pag. 62-63, Editora Nacional, Barcelona, 1939.    Ramón Salas Larrazábal,

[ii] El Ejército Popular de la República, Pag. 69, Ramón Salas Larrazábal, Editora Nacional, Madrid, 1973. Manuel de Paz Sánchez, Militares masones de España: diccionario biográfico del siglo xx, UNED, Valencia, 2004; este autor recoge las fichas (del Archivo de Salamanca) y biografías de 554 militares masones “confirmados” en 1936. Destacados comunistas fueron Barceló, Bueno, Ciutat, Cordón, J. M. Galán, R. Gil, I. Hidalgo de Cisneros, M. Márquez, F. Matz, etc. Don Hermenegildo Franco nos ha facilitado sendas relaciones utilizadas en plena guerra por el Estado Mayor y Secretaría Particular del Generalísimo, obtenidas en el Archivo de Salamanca, en las que los militares masones listados son 634 y 650, respectivamente. Llama la atención el modesto empleo (carabinero, cabo, auxiliar de artillería, peluquero naval, buzo, maquinista, practicante, escribiente, etc) de gran parte de ellos.

[iii] Revista Nueva Historia, nº 2, 1977. Castillo era masón, procedía de Infantería y estaba destinado en la Guardia de Asalto, cuerpo policial de choque creado y organizado en 1931 por el general Emilio Mola; había dado muerte a dos falangistas en los meses anteriores. Castillo fue asesinado el 12 de julio y Faraudo, también masón, lo había sido el 9 de mayo.

[iv] El comisariado político, Pag. 22 y ss. Eduardo Comín Colomer, Editorial San Martín, 1973. Este autor cita la Historia del Partido Comunista y confirma por sí mismo que, además de los 17 oficialmente comunistas, eran un total de 57 los “padres de la patria” plenamente bolchevizados. El Partido Comunista había creado el “Anti”, un “buró” dedicado a minar el Ejército, dependiente de la Comisión Político-Militar de la Secretaría General del Buró Político; organismos muy activos desde 1932, y que crearon numerosas células.

[v] Juan Modesto Guilloto, Soy del 5º Regimiento, Colección Ebro, 1969, Pag. 11.

[vi] Los masones, la sociedad secreta más influyente de la historia.

[vii] Historia De La Segunda República Española II, Joaquín Arrarás, Editora Nacional, tomo III, 1969.

[viii] Diario de Sesiones nº146, Pag. 5.763. Ver Causa General: Asesinato de Calvo Sotelo.

[ix] Ricardo de la Cierva, La Masonería invisible, Pag. 555 y ss, Editorial Fénix, Madrid, 2002. El propio Orad lo publicó en el diario El País el 26 de septiembre de 1978 (tomado de El Imparcial; luego, supuestamente, se desmintió). Orad tomó parte muy activa en el bombardeo artillero al Cuartel de la Montaña.

[x] Condecorado en África (VV. AA., La Guerra Civil española mes a mes, Pag. 53, , Tomo I, Grupo Unidad Editorial, Madrid, 2005, distribuido por el diario El Mundo), había tomado parte en la Revolución de Asturias: fue detenido en Madrid, encausado y condenado. Reingresado en el Ejército (Guardia Civil), estaba a disposición personal del presidente del Consejo (Hellmuth Günther Dahms, La guerra española de 1936, Rialp, Madrid, 1976, Pag. 13-15).

[xi] Ministerio de Justicia, Causa General, Madrid, 1943, Pag. 4 y ss, y www.causageneral.com. Formaban la tripulación de la misma, distribuida en cinco filas de cuatro/cinco asientos, además de Condés y Orad y otro desconocido, los guardias de asalto Orencio Bayo (conductor), José del Rey (antiguo pistolero y entonces escolta de la diputada socialista Margarita Nelken, que iba de paisano), Amalio Martínez, Enrique Robles, Sergio García, Bienvenido Pérez, Ismael Bueso, Ricardo Cruz y Aniceto Castro. También iban los paisanos Federico Coello (estudiante de medicina), Santiago Garcés y Francisco Ordóñez, socialistas y de la confianza de Indalecio Prieto; también se ha citado a Esteban Seco (VV. AA., La Guerra Civil española mes a mes, op. cit.). Pocos minutos después, salió detrás de la camioneta un turismo ocupado por los oficiales de Asalto (capitanes y tenientes) Antonio Moreno, Isidro Ávalos, Andrés León, Alfonso Barbeta y Máximo Moreno. Según Luis Cuenca y Hellmuth Günter (La Guerra Civil española mes a mes), era un pistolero a sueldo que había sido escolta del dictador cubano Gerardo Machado; había participado (y había sido condenado) por su actuación en la Revolución de Octubre, y ahora estaba en “La Motorizada”. Del Rey y Bueso serían promovidos poco después a comandantes de Milicias; Garcés fue jefe superior del SIM. Central; Ordóñez llegó a jefe supremo de la policía DEDIDE; el comandante Burillo, jefe del Grupo de Asalto de Pontejos, ascendió poco después a coronel.

[xii] “Causa General”: el 16 de junio de 1936 (Diario de Sesiones nº 45) el comandante de Carabineros José Muñoz atestiguó que el ayudante de Casares (José Luis Barceló, miembro de la UMRA y de la Masonería) decía que el Presidente le confió que daría muerte a Calvo Sotelo. Los dos policías de escolta de Calvo Sotelo, Rodolfo Serrano (amigo de Casares Quiroga) y José Garriga (masón), dejaron paso libre a Condés. Habían sustituido a los anteriores el 25 de junio de 1936 y, con posterioridad a esa fecha, Serrano, abrumado por su conciencia, hizo llegar a un diputado amigo de Calvo Sotelo que el jefe de Personal de la Dirección General de Seguridad, Lorenzo Aguirre, les había dicho que su misión era de espionaje y que, “caso de ocurrir un atentado, debían, si sucedía en un sitio céntrico, simular protección y abstenerse de ayudar en nada, y si era en descampado, ayudar a darle muerte”. No se detuvo ni a Condés ni a Cuenca. La investigación judicial fue entorpecida: por ejemplo, a una rueda de reconocimiento se enviaron personas distintas de las que fueron a la casa. Una vez comenzada la guerra, el 25 de julio, un grupo de milicianos sustrajo del Ministerio de la Gobernación, impunemente y a plena luz del día, lo actuado hasta entonces para el esclarecimiento de los hechos.

[xiii] Masonería Española Contemporánea, volumen II, José Antonio Ferrer Benimeli, Siglo XXI de España Editores, 1980.

[xiv] Mil días de fuego, Paf. 3, de José María Gárate Córdoba, Editorial Luis de Caralt, Barcelona, 1972.

[xv] El historiador Ricardo de la Cierva considera que este crimen, que provocó la chispa que desató la Guerra Civil, fue de origen masónico.