Planteamiento

En enero de 2019, el Parlamento de Extremadura aprobaba la Ley de Memoria Histórica y Democrática, denominación muy rimbombante, pero que en puridad constituye el trasunto parlamentario de una operación propagandística, ideada por ciertos tecnócratas del izquierdismo; tan carentes de escrúpulos como de conocimientos históricos, pues tal empresa ni siquiera contempla la elaboración de un memorial de todas las víctimas de la guerra civil en las distintas comunidades autónomas, durante las difíciles décadas de 1930 y 1940 –como sería deseable-, al omitir cualquier referencia a los perseguidos por la izquierda regional, desde 1931 hasta 1951. Por lo demás, tampoco debiera catalogarse dicha disposición autonómica como auténticamente democrática, pues su contenido implica una evidente discriminación, en relación con los miles de ejecutados, martirizados, torturados, expoliados y encarcelados de signo antimarxista durante aquel periodo histórico; todo ello en conformidad con el articulado de nuestra norma constitucional, habida consideración que los dirigentes de aquellas masas extremeñas fueron en un su momento conducidas por Martínez Cartón o, incluso, por Margarita Nelken, entusiasta el primero de la URSS y agente secreto la segunda del NKVD… Pues bien, motivado por tales razones me permito elaborar un  prontuario sistemático de las crueldades y depravaciones más significativas cometidas por los radicales izquierdistas en dichos territorios del mediodía peninsular.

 

Cáceres

Las personas ejecutadas o asesinadas de la provincia cacereña suman unas 200, habida cuenta que la dominación roja se extendió, mayormente, por el partido judicial de Logrosán, correspondiendo el índice mayor de caídos en retaguardia a los ramos profesionales de obreros manuales, labradores y propietarios; resultando la localidad más castigada del ámbito provincial el municipio de Alía, con 92 víctimas identificadas en 1941 por el alcalde de dicho ayuntamiento. De hecho, noventa vecinos de Alía fueron extraídos de la cárcel y pasados por las armas en el término próximo de El Puente del Arzobispo, constituyendo la matanza provincial más notoria, pero no la más cruel. Con las correcciones oportunas y basándonos en los datos ofrecidos por la historiografía podemos establecer el siguiente listado de víctimas por localidad afectada: Alía, 92; Berrocalejo, dos; Berzocana, una; Bohonal de Ibor, cuatro; Campo Lugar, una; Cañamero, tres;  Escurial, una; Fresnedoso de Ibor, dos; Guadalupe, quince; Helechosa, seis; Logrosán, diez; Madrigalejo, once; Miajadas, siete; Navalmoral de la Mata, una; Navalvillar de Ibor, tres; Peraleda de la Mata, cuatro; Talavera la Vieja, cuatro; Valdelacasa del Tajo, 20; Villar de Pedroso, siete; y Zorita, cuatro. Con todo, el terror fue acompañado con diversos actos de pillaje contra la población civil, como en el término de Peraleda de la Mata donde las fuerzas rojas arramplaron con cuanto ganado lanar y vacuno encontraron a su paso, haciendo lo propio en Talavera la Vieja, municipio en el que también asaltaron casas y graneros, robándole, precisamente, a una vecina ocho mil duros.

En lo tocante a la persecución religiosa, la documentación eclesiástica informa que a causa de la contienda, la diócesis de Coria anotaría un mártir y la de Plasencia, 25; detallándose que tres iglesias de dichas jurisdicciones fueron totalmente destruidas y 25 devastadas en forma parcial.

 

Badajoz

Los homicidios en la jurisdicción de Badajoz llegan hasta los 1603 individuos fallecidos, entre ajusticiados y desaparecidos, en conformidad con los diversos informes que pueden cotejarse minuciosamente en la Causa General, y que fueron redactados a mediados de la década de los cuarenta por los instructores de esta causa informativa. Pues bien, podemos indicar que dicha lista mortuoria anota hasta dos centenares de personas de naturaleza piadosa e indefensa: como mínimo, 87 de los asesinados eran menores de edad; 48 resultaban ser mujeres, y 81, personal religioso. De hecho, los sacerdotes asesinados en la provincia serían 63, mientras que los pertenecientes a diversos institutos religiosos sumarían dieciocho personas en la circunscripción provincial; a los que hay que añadir dos seminaristas, tres sacristanes y un sochantre. Los edificios religiosos atacados por el fanatismo de las milicias de izquierda fueron las que siguen: doce iglesias destruidas y 125 devastadas parcialmente; incautándose, a mayores, los poderes social-comunistas de 97 iglesias parroquiales y 45 ermitas o santuarios. Con todo, un huracán de furia asoló el arte sacro de la diócesis pacense, pues fueron destruidos 81 cálices, 425 imágenes de talla, 346 retablos y 72 tablas pictóricas, pereciendo además el 33 por 100 del ajuar litúrgico de los templos, según un informe episcopal consultado por monseñor Montero Moreno en los años cincuenta.

Por ende, hemos de precisar que la destrucción bolchevique se llevó por delante desde el magnífico retablo de Casas de Don Pedro, de factura castellana del siglo XVI -obra probable de Pedro de Rubiales-, hasta la cristalería del claustro de la catedral de Badajoz, de la misma época. De hecho, en 1938-1939, el agente de recuperación del Tesoro Artístico Nacional, don Adelardo Covarsí, redactó un inventario de todas las obras artísticas devastadas por la milicianada en el territorio provincial, afectando al patrimonio artístico de setenta localidades, infiriéndose por los resultados ruinosos de tales prácticas que se trataba de un plan preconcebido desde antes del estallido de la guerra. Pues bien, el valor de las pérdidas parece incalculable, no así los daños inferidos a los comercios e industrias de la provincia, que suman la friolera de unos cuarenta millones de pesetas, tal como se desprende del informe evacuado por la Cámara de Comercio e Industria en enero de 1941. Y es que el saqueo, la incautación y el atraco de los pacíficos comerciantes fue otra de las características de la persecución frentepopulista. No en vano, las incautaciones, desvalijamientos y perjuicios ocasionados a las diversas entidades bancarias arrojan un saldo negativo de cerca de dos millones y medio de pesetas, tras totalizar las apropiaciones indebidas de joyas, alhajas, metales preciosos, metálico y títulos valores depositados en tales centros financieros, en conformidad con un dosier del fiscal instructor de la Causa General en 1943.

 

Ávila-Salamanca

El piedemonte de la cordillera carpetovetónica que bordea la región extremeña por su parte septentrional también se vio afectado por el fanatismo de la izquierda de los años treinta y cuarenta, como fácilmente puede deducirse por la mera lectura de la novela de Hemingway, Por Quién Doblan las Campanas.

Así, la provincia de Salamanca contaría con uno de los primeros falangistas asesinados con ocasión del estallido del Movimiento: ocurría en la ciudad de Béjar recién proclamada la ley marcial en la jurisdicción salamantina. Por lo demás, las fichas eclesiásticas de la provincia anotan también un mártir por mor de la contienda y la Hermandad de Excautivos refiere 45 asesinados naturales o vecinos de la provincia, si bien la mayoría caería en zona republicana o en los frentes de guerra.

Con todo, fue la provincia de Ávila la más perjudicada por el terror republicano, pues los revolucionarios de izquierda dominaron durante el segundo semestre de 1936 parte de los partidos judiciales de Arenas de San Pedro, Ávila, Cebreros y Piedrahita, generando, seguramente, en la provincia más de quinientos homicidios hasta 1944 y unos daños superiores al millón de pesetas. Pues bien, el dominio territorial rojo duró en realidad poco tiempo, aunque ello no fue óbice para que la diócesis abulense contemplase el asesinato de 30 religiosos y la devastación de 60 iglesias, con pérdida de todo su mobiliario litúrgico, suponiendo un considerable perjuicio para el patrimonio artístico provincial.

 

Estadística ignorada de las jurisdicciones limítrofes de Córdoba, Toledo, Cuenca y Ciudad Real

El territorio de Córdoba sumaría unos dos mil trescientos asesinados por los rojos durante la contienda; tratándose de un cómputo provisional, habida cuenta que el inventario levantado por la diócesis cordobesa en los años cuarenta refería una cifra mayor de masacrados: unos tres mil individuos fallecidos. Por su parte, la provincia de Toledo contabiliza 4935 muertos por la violencia izquierdista en el período bélico, según el resumen provincial ofrecido por la Causa General; englobando entre los fallecidos 286 mártires de origen religioso, así como la destrucción de 22 iglesias y la devastación de casi todas las demás. En cambio, la sufrida diócesis de Cuenca arroja una cifra de asesinados de 1600, tras el recuento minucioso elaborado por el canónigo Cirac Estopañán en 1947, anotándose 200 millones de pesetas, en concepto de daños infligidos a los edificios de la Iglesia, habida cuenta que solamente tres templos resultaron indemnes, perdiéndose en el huracán izquierdista de la guerra el 97 por 100 del ajuar litúrgico diocesano. En tales territorios se cometieron asesinatos horribles, hoy completamente silenciados por la nomenclatura de los demócratas de palabra; valga como botón de muestra el martirio infligido, como represalia, a unos desdichados hermanos de la cárcel de Villacañas, a quienes vaciaron salvajemente los ojos antes de proceder a su muerte, amputándole a uno de los infelices el pie con un hacha porque no acertaba a caminar o el suplicio impuesto a un policía de Talavera de la Reina por una fanática muchedumbre, cortándole las orejas y los genitales y rematándolo a cantazos.

Tampoco se queda atrás la jurisdicción ciudadrealeña en daños y homicidios perpetrados por los partidarios del Frente Popular, pues la persecución adquirió aquí tintes igual de dramáticos, propiciando un martirologio de unos tres mil asesinados -como mínimo-, pues el general Salas Larrazábal sostenía en 1977 el sacrificio de 2246 personas, muertas por la violencia socialista, pero el Servicio de Información Militar, en un informe reservado de 1938, hablaba ya de más de cuatro mil almas… Con todo, en la diócesis de Ciudad Real fueron liquidados físicamente 97 religiosos, destruyéndose por completo seis iglesias y parcialmente el resto de templos existentes al tiempo de estallar el conflicto bélico. En cualquier caso, ha de precisarse -por ser de justicia el recordarlo- que la persecución marxista en esta zona meridional de la Península resultó ser dantesca y horrorosa, observándose casos verdaderamente espeluznantes, y que un nieto de aquellas víctimas ha tenido hoy en día la santa paciencia de recopilarlos: me estoy refiriendo al letrado Luis Alberto de la Guía. Por lo demás, los daños económicos ocasionados al comercio y a los particulares de este territorio peninsular fueron, por regla general, bastante cuantiosos.

 

Brutalidades extremas

En la provincia de Badajoz también se cometieron acciones espantosas contra las personas de orden por parte de la izquierda revolucionaria: docenas de prisioneros encerrados y quemados vivos (Fuente de Cantos, Almendralejo, Burguillos del Cerro); sacerdotes enterrados en vida hasta la muerte y pisoteados por jinetes montando caballerías (Jerez de los Caballeros); palizas mortíferas contra un indefenso sacerdote por negarse a blasfemar (Higuera de la Llerena); un coadjutor obligado a pasear descalzo sobre cal viva antes de ser ejecutado (Azuaga); extracción de los testículos con tenazas a un padre de familia y mutilaciones horribles contra varios presos (ídem); sacerdote atado a un árbol bajo sofocante sol (Campanario); detenidos rematados a hachazos y pedradas (Burguillos del Cerro); tirados vivos a un pozo, cubriéndolo de piedras (ídem); dos jóvenes quemados vivos en una hoguera  a propósito (ídem); guardia civil enterrado vivo y sirviendo de blanco hasta quedar reducido a pedazos (Fregenal de la Sierra); asesinato de un vecino empleando como útil de tormento hasta un gato muerto (Peraleda de Zaucejo); asesinato en la vía pública de la madre de un preso cuando le llevaba comida (Santa Marta), etc.

No obstante, me permito comentar dos hechos no exentos de polémica: los sucesos luctuosos acontecidos en Villafranca de los Barros y los terribles crímenes de Granja de Torrehermosa. En el primer caso, cabe recordar que la llegada de las tropas nacionales evitó a buen seguro una matanza similar a la perpetrada en Fuente de Cantos, no en vano los rojos habían encerrado unos cincuenta derechistas en la iglesia parroquial con ánimo de matarlos con gasolina y fuego de fusilería. De hecho, tres días más tarde fueron fusilados sin trámite procesal los jefes falangistas locales en el cementerio de Fuente del Maestre por la columna de Martínez Cartón. Por su parte, los sucesos de Granja de Torrehermosa pueden perfectamente catalogarse como una de las vilezas más monstruosas consumadas en el mediodía peninsular. Treinta y cinco hombres, once mujeres y dos niñas de la citada villa fueron sacrificados por orden del comité local, aparte de saquearse todas las casas de las personas de orden y profanarse de paso los templos del término municipal. La familia de la Gala-Llera sufrió lo indecible: Don Sebastián fue muerto a hachazos; la niña de cinco años, lo fue por golpes contra el suelo y también por hacha; su hermana de diez años fue masacrada a porrazos y con signos de violación; y el resto de familia (cuatro hermanas adultas y la criada) junto con otras cinco mujeres fueron igualmente martirizadas con golpes y hachazos, siendo algunas de ellas ultrajadas sexualmente. Solamente les faltó devorarlas... Afortunadamente, una hija de don Sebastián de la Gala quedó malherida, logrando sobrevivir; pero, moriría en septiembre de 1943 por mor de las heridas sufridas, dejando viudo e  hijas.

Con todo, las atrocidades no solamente se practicaron en la provincia de Badajoz, pues conocemos sucesos parecidos en Ávila y Cáceres. Por ejemplo, en la localidad abulense de Arenas de San Pedro, un sargento retirado fue rematado a golpes con una pala, tras ser herido con arma de fuego; en Poyales del Hoyo, una vecina fue violada en presencia de su marido maniatado; y, en Mombeltrán, arrojaron al cura párroco por un despeñadero, cortándole con un hacha los dedos de una mano del secretario del juzgado, antes de proceder al fusilamiento. Y es que la crueldad fue un signo distintivo de la persecución social-comunista en toda esta área territorial. Sin ir más lejos, en la localidad de Valdelacasa de Tajo, un vecino de 52 años fue muerto a hachazos, otros tres, por disparos y arma blanca y un sacerdote y su madre anciana, lo fueron a tiros, pero cuando se hallaban abrazados, despidiéndose.

Pues bien, los mayores responsables de todas estas bochornosas matanzas y crueldades regionales fueron, por regla general, los social-comunistas de 1936-1939; curiosamente, con las mismas siglas denominativas que los partidos políticos interesados en que la referida ley memorística fuese insertada cuanto antes en el Boletín Oficial del Estado. Maniobra insólita y sectaria, que quizás anuncie un retorcimiento en la conceptuación de la corriente positivista del Derecho, como Ius carente de cualquier moral y aequitas, lo que podría situarnos en los umbrales de un derecho de matriz totalitaria y de novísimo cuño, con iustitia y moralis invertidas.

 

Conclusión

La sangría izquierdista durante la guerra civil supera los dos mil doscientos decesos en el territorio castellano-extremeño que se extiende desde la cadena carpetovetónica hasta las estribaciones de Sierra Morena. Lo cierto es que a priori no parece una cifra tan estremecedora como las observadas en Madrid u otras capitales, pero no olvidemos que en el referido martirologio no se incluyen los soldados asesinados y ejecutados en los campos de batalla, ni tampoco los ciudadanos encarcelados ni expoliados, cuyas números exactos desconocemos. Empero, sí sabemos algunos casos de soldados eliminados en los frentes de Extremadura, así como el número de comerciantes perjudicados por el saqueo frentepopulista en la provincia de Badajoz para hacernos una idea cabal de cómo fue la persecución izquierdista en los territorios de Extremadura y proximidades. Simplemente, terrorífica. No se respetó la vida ni la propiedad, ni la edad ni el sexo, ni siquiera el arte; más bien se aniquilaron. Pues bien, con tales antecedentes negativos, la norma aprobada por la asamblea extremeña en 2019, puede conceptuarse como la típica de una satrapía o dictaduría modernas disfrazada de democracia; por no contemplar todos los supuestos y perjuicios de una guerra civil, pues ello está en clara discordancia con las enseñanzas del Derecho Natural, la equidad y el sentido común, al discriminar gravemente una parte considerable de perjudicados por una contienda concluida hace más de ochenta años, cuyas consecuencias penales desaparecieron en virtud del decreto-ley 10/1969, de 31 de marzo de 1969, y que paradójicamente omite el texto de 2019 como si nunca hubiera existido … En fin, un absoluto despropósito que no deja de ser una completa injusticia; es decir, el clima adecuado para que germine un  nuevo absolutismo de raíz tecnológico y tiránico.

Para terminar, permítaseme una digresión necesaria: si, en 1961, el escritor José María de Gironella consideraba que los homicidas de ambos bandos en la pasada guerra civil debían de considerarse como muertos de la contienda, por haber matado con su proceder su propio espíritu y  piedad… ¿cómo debiéramos catalogar entonces la conducta de los parlamentarios extremeños que han aprobado esta norma tan arbitraria? ¿Cómo autómatas soberbios? ¿Cómo imaginarios walking deads? o ¿cómo privilegiados sin escrúpulos? No me pronuncio, pardiez; que sean los lectores quienes decidan.

Screenshot_100

Guardia Civil de Baleares asesinado, con los ojos extraídos. 

Las fotos pertenecen a unos folletos de 1936, editados en Sevilla por el incipiente Estado Nacional.