HAN pasado ya bastantes días. Entonces, procuro enjuiciar con toda serenidad, con absoluta moderación las declaraciones hechas por los políticos del momento (con don Leopoldo Calvo Sotelo en cabeza) a las sentencias dictadas por el Consejo Supremo de Justicia Militar en el proceso del 23-F y por mucho que me freno, no logro evitar todavía una sacudida de indignación. Aclaro que pienso en jurista; con total marginación de pasiones personales o de inclinaciones ideológicas. Mi indignación es, por tanto, puramente profesional. Es la de un abogado con treinta y un años largos de ejercicio.

Imaginen ustedes si, a lo largo de todo ese tiempo, he conocido sentencias contrarias a mis deseos o a mis esperanzas o incluso, a mis creencias jurídicas. Estoy, pienso, suficientemente curado de espanto y la larga experiencia me ha acolchado contra las irritaciones. Siempre mantuve, por supuesto, un respeto total hacia el criterio de los jueces; hasta en aquellas ocasiones en que no lo compartía. Jamás critiqué un fallo, más que por el medio lícito que la Ley de Procedimiento pone en nuestras manos: el recurso. Tal fue también, siempre, la norma común entre los hombres de Derecho. No conozco (no conocía) ningún caso en que se arremetiese públicamente, con violencia y encono, contra la sentencia de un Tribunal.

Por eso tuve que frotarme los ojos y pellizcarme en los brazos, cuando apareció el señor Calvo Sotelo en la radio (después, en la televisión) y manifestó con increíble dureza sus opiniones contrarias a lo establecido por los jueces de la causa 2/81; es decir, por los jueces del proceso contra los inculpados por los hechos del 23-F. Bien es verdad que aquel personaje engreído y antipático, que ensartaba su memorial de agravios contra el fallo judicial, era ajeno enteramente a la carrera de Leyes. Pero estaba ejerciendo como Presidente del Poder Ejecutivo y había que suponerle unos mínimos conocimientos acerca del respeto a las decisiones del Poder Judicial. Máxime en un Estado de Derecho, constituido como Democracia, en el cual la independencia entre ambos ha de resultar absoluta.

Después, los llamados líderes políticos fueron desfilando sin parar. Todos traían su papelito, debidamente ordenado en distintos puntos. El orondo Cavero leyó las quejas de UCD, coincidentes en líneas generales (naturalmente) con las del presidente del Gobierno. El señor Cavero, que parece el modelo inspirador del Naranjito, leía calmosamente las protestas centristas por la sentencia. Y de pronto, caí en la cuenta de que aquel caballero que se manifestaba tan en desacuerdo público con un Tribunal, había sido ministro de Justicia. Igual que el señor Fernández Ordóñez, otro ex titular del mismo departamento, a quien, sin embargo, se debió uno de los más violentos alegatos contra el fallo y sus firmantes.

Repito que, al cabo de los días, he procurado moderar mis reacciones. He ido a buscar, en los viejos textos universitarios, alguna justificación para esas intervenciones públicas de quienes dicen regir la vida pública española. Sólo encontré argumentos contrarios a la desaforada exhibición recriminatoria. La separación de poderes, la independencia del Judicial frente el Ejecutivo, es doctrina constante en todos los tratadistas; más imperiosa todavía en los de matiz liberal o progresista. En cuanto a la tendencia favorable al reo, en cuanto a la benignidad como norma siempre recomendable en materia penal, en cuanto a la excitación a la generosidad en el juzgador, las coincidencias de los maestros del Derecho, desde Cicerón a Kelsen, desde Santo Tomás al mismísimo Jiménez de Asúa, resultan unánimes.

Sin embargo, aquí, de pronto, pareció como si una súbita locura se hubiese apoderado de muchas gentes que, por sus responsabilidades públicas, por sus cargos, incluso por su prestigio (en algunos casos) debieron meditar mejor sus reacciones. Aquí se ha coaccionado clamorosamente al Tribunal que ahora debe juzgar en casación los recursos que se han interpuesto contra la sentencia. Aquí, el Gobierno (o sea, el Ejecutivo) se ha manifestado rotundamente beligerante en un problema jurídico, interfiriéndose con ello en el ámbito del Poder Judicial.

Pero, sobre todo, aquí se ha dado por muchos una penosísima sensación de falta absoluta de generosidad, de carencia de la más elemental caridad cristiana, de encono personal, de rencores particulares hacia los reos de unos delitos. Curiosamente, después de extremar cautelas, bondades y hasta mimos con delincuentes comunes, convictos y confesos de atroces asesinatos, se concentra el rigor, la dureza, la violencia verbal contra quienes, autores de unos hechos ilícitos, presentan, sin embargo, historias personales y matices en su conducta merecedores de indudable comprensión.

Creo que, entre todos, han causado un daño irreparable a esa Democracia, por 1a que tanto dicen luchar. Por descontado que, humanamente, se han descalificado ante una opinión pública que, por principio, es más generosa que cruel, más tolerante que rigurosa. Pero, sobre todo (e insisto en ello con especial énfasis), desde una óptica exclusivamente jurídica, sus actitudes no pueden entenderse. Ni, por supuesto, justificarse.

 

VIZCAÍNO CASAS