Jorge García-Contell Muñoz (1962) es licenciado en Derecho y letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia y graduado en Ciencia Política y de la Administración por la UNED.

Colabora habitualmente en las páginas de diversas publicaciones periódicas, tanto en formato tradicional como digital. Entre ellas figuran: Galerna, de la A.C. Alfonso I; el portal en internet Posmodernia, del Centro de Estudios homónimo cordobés, y la revista de pensamiento La Emboscadura, de cuyo consejo de redacción forma parte. Ha escrito también en la revista de filosofía y metapolítica Nihil Obstat y en la Revista de Derecho Político, editada por la UNED.

En 2017 vio la luz una antología de sus artículos de opinión publicados en prensa, bajo el título de Textos imprudentes, de variada temática de actualidad. En 2019 publicó Democracia cronometrada, un ensayo sobre la limitación de mandatos y su dudosa utilidad para prevenir la corrupción política.

Jorge García-Contell busca la aproximación a la realidad desde un punto de vista inconformista, distante del pensamiento único característico de nuestro tiempo. De esta forma busca un sentido diferenciado -y con frecuencia antagónico- al que viene establecido por los grandes centros de producción y difusión del discurso cultural imperante.

¿Por qué decidió escribir un libro en el que desmitifica la legalidad de la II República?

Las razones son varias. En primer lugar, en este año 2021 se ha cumplido el 90º aniversario de la proclamación de un régimen que ha sido instalado en la leyenda rosa por una abundante historiografía progresista. Sólo el hecho de la propia efemérides merece un acercamiento.

Pero, además, se da la circunstancia de que el proyecto de Ley de Memoria Democrática -actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados- convierte la etapa republicana en una especie de Arcadia feliz, un paraíso de armonía y desarrollo social, malogrado bruscamente en 1936. Pienso que cada cual es muy libre de imaginar fantasías, de escribir y reescribir cuentos de buenos y malos; incluso, admito que quien lo desee puede llegar a creerse sus propias ensoñaciones. Pero de ningún modo es tolerable que se pretenda establecer un canon histórico políticamente correcto para imponerlo en todos los ámbitos sociales, comenzando por los planes de estudio de los centros de enseñanza.

Esa Ley de Memoria Democrática carecería de sustentación lógica sin la consideración de la II República española como uno de los períodos democráticos, pero realmente produjo una grave subversión de la democracia.

Sin duda alguna. Me parece legítimo que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez se ubique en las antípodas del franquismo, pero es de un maniqueísmo ridículo que ese prurito ideológico implique validar y bendecir un régimen tan poco ejemplar -ojo, poco ejemplar desde el punto de vista de estricto respeto a las normas y usos democráticos- como el de 1931. La ministra y exvicepresidenta Carmen Calvo, patrocinadora oficial del proyecto de Ley evidenció su ignorancia, en el mejor de los casos, o su sectarismo. A título personal, me atrevo a aventurar que doña Carmen es un ejemplo acabado de ambas carencias.

¿Era por tanto necesario abordar la redacción de esta monografía sobre la deficiente calidad democrática de la II República española?

Lo deseable habría sido que la II República quedase reducida a mero objeto de estudio estrictamente histórico. Ahora bien, cuando el PSOE ha decidido convertir un régimen liberticida en paradigma democrático, es obligado poner los puntos sobre las íes. Este caso es uno de los muchos en que se reproduce la paradoja del famoso cuento "El traje nuevo del Emperador"; nos presentan como modélicos demócratas a unos gobernantes instalados en el desprecio a la legalidad y los derechos políticos fundamentales. Alguien tenía que proclamar, alto y claro, que el Emperador está desnudo, o sea que aquella República reunió casi todos los elementos propios de las tiranías.

La II República se proclamó tras unas elecciones municipales, seguidas de graves coacciones a la familia Real... ¿Por tanto estas irregularidades la ilegitiman desde el punto de vista democrático?

Me temo que es muy difícil sostener lo contrario. Para empezar, antes del 14 de abril tuvo lugar una intentona de rebelión militar en Jaca, bastante chapucera y alocada, con la cual los dirigentes republicanos pretendían acabar con la monarquía por la fuerza de las armas. Posteriormente intentaron otro cuartelazo en Madrid, en el aeródromo de Cuatro Vientos, desde donde despegó un avión con intención de bombardear el Palacio Real. Como usted conoce, allí no sólo residía el rey Alfonso XIII sino también toda su familia: su esposa, sus hijos, su hermana... Además, trabajaba allí un numerosísimo personal administrativo y de servicios diversos, ajeno por completo a las esferas del poder. El intento de bombardeo fracasó, pero simplemente la idea no es que no deba considerarse fruto de mentes democráticas: ni siquiera puede considerarse civilizada.

Por otra parte, las elecciones del 12 de abril de 1931 eran simplemente municipales y, según la lógica democrática jamás tenían que haber producido un cambio de régimen. Sucedió que el llamado Comité Revolucionario movilizó con gran sentido de la oportunidad e indiscutible éxito a las masas en algunas ciudades -principalmente, en Madrid- y las multitudes desfondaron la moral de los prohombres de la monarquía, reducida a apenas una cáscara vacía. Alcalá-Zamora llegó incluso a amenazar a Romanones al sugerir que, de no abandonar Alfonso XIII España, no podría garantizarse la integridad física de la familia real. Esto puede denominarse amenaza, intimidación, motín, sedición... pero en ningún caso proceso democrático.

¿Cuáles son las principales cartas que pone boca arriba en el libro?

En primer lugar, levanto la carta de lo que podemos llamar la "legitimidad de origen" del régimen. Se trató de una proclamación revolucionaria, de una toma o conquista del poder (no tan pacífica como suele decirse) según acabo de comentar.

En segundo lugar, pongo boca arriba la carta de las restricciones de derechos mediante una legislación jacobina y sectaria que negaba en la práctica las libertades que la Constitución había proclamado y que aspiraba a expulsar de la vida política a la mitad de los españoles.

Seguidamente, levanto el naipe de las intentonas armadas. Abrió la veda en 1932 un reducido sector monárquico que promovió el golpe ("minigolpe", más bien) del general Sanjurjo. Posteriormente, en 1933, la izquierda en bloque se negó a aceptar el triunfo electoral de la CEDA y en octubre de 1934 socialistas, anarquistas, separatistas de ERC y comunistas trataron de dar un golpe de Estado que hubo de ser sofocado en Barcelona y en Asturias por el ejército. El baño de sangre se llevó por delante 1.400 vidas y destruyó innumerables infraestructuras y bienes culturales.

Por último, muestro la carta del triunfo del Frente Popular mediante un auténtico pucherazo electoral y valiéndose, de nuevo, de la violencia y la intimidación. En aquella ocasión, a escala nacional y de modo sistemático.

¿Por qué usted califica la defensa de libertades de la república como sui generis?

Resumie​ndo mucho los datos que proporciono en mi libro, porque la clase política republicana se llenaba la boca de palabras muy grandes y muy redondas -libertades, derechos, igualdad, progreso- y al mismo tiempo, mediante leyes como la de Defensa de la República, la de Orden Público o la de Vagos y Maleantes, impuso un régimen que puede considerarse abiertamente represivo. Personajes como Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero y -sobre todo- Manuel Azaña poseen un rostro siniestro que la propaganda progre siempre se ha esforzado en maquillar y disimular.

Si la república empezó mal en sus orígenes fue degenerando de tal manera hasta que en 1936 se hizo insostenible... ¿Cuáles fueron las principales fases?

En el libro el lector encontrará un desarrollo más completo, pero en este momento me atrevería a hablar de una fase de exclusión del adversario, que comienza el propio 14 de abril de 1931, una fase de subversión desde 1934 y una última etapa de desbordamiento a partir de las elecciones de 1936. Parafraseando a García Márquez, podríamos hablar de la crónica de un suicidio anunciado.

¿La violencia anticlerical, el terrorismo anarquista y la revolución socialista justificaban el alzamiento?

¡Caramba, qué pregunta más difícil me hace usted! Creo que lo ecuánime es precisar que el clima de violencia y de desprecio de la legalidad republicana por la propia clase política republicana hace entrar en barrena al régimen cuando los propios poderes públicos se inhiben, se desentienden del cumplimiento de su deber ​constitucional o, mucho más grave incluso, cuando llegan a establecer una connivencia irresponsable con las facciones abiertamente revolucionarias.

¿Por qué son tan importantes estos libros para evitar el blanqueamiento de esta siniestra época de la historia de España?

¡Qué voy a decir yo, que soy el autor de este "Cartas boca arriba"! Soy un firme convencido de la importancia crucial, decisiva, determinante, de plantear una batalla, sostenida en el tiempo, en el orden cultural o metapolítico. Desde mayo del 68 hasta nuestros días, el progresismo ha tejido una tupida red en el mundo de las artes plásticas y escénicas, de la literatura, la música y las ciencias sociales que propicia su hegemonía social. Revertir esa hegemonía es un alto deber cívico. Hasta me atrevería a decir que se trata de un deber moral inexcusable.