La Comunidad de Madrid podría estar poniendo en peligro la vida de los alumnos de infantil y primaria a través de una resolución conjunta de las viceconsejerías de educación, con unas instrucciones propias de un negligente gobierno que deja en manos de los directores de los centros las competencias y responsabilidades que hasta hace pocas horas dictaba el gobierno de la nación.

En una resolución cobarde, pasiva y expresada de un modo condicional, nunca antes vista, Ayuso deja de asumir cualquier responsabilidad en materia educativa y propone que sean los gestores de cada centro los que decidan sobre las medidas a tomar en cuanto a seguridad se refiere, en relación con la pandemia que España está sufriendo y que nos ha dejado unas cifras oficiales que en cuestión de fallecimientos son inasumibles.

Obviando la literatura de la resolución, hay que dirigirse directamente a la instrucción segunda referida a las actividades de educación infantil y primaria, donde llama poderosamente la atención esa condicionalidad con la que la Presidenta de la Comunidad de Madrid deja al criterio de los progenitores, la decisión de mandar a los menores a las aulas. ¿Todas las garantías sanitarias? Después de muchas semanas de confinamiento absoluto en el que el los gobiernos se han dedicado a contar muertos, parece que todo pasó y que cualquier actitud frente al coronavirus es válida.

Esta pandemia ha enseñado a nuestros políticos una recurrente frase con las que se quitan cualquier responsabilidad: Siempre que se cumplan todas las garantías sanitarias. Los padres y tutores de los menores nunca tendrán la capacidad de valorar cuando se cumplen todas las garantías sanitarias sobre las que condicionan las resoluciones que parten de las consejerías, a la vez que ningún gobierno puede cargar ciertas responsabilidades en los funcionarios responsables de los centros educativos.

La ratio, por analogía con los criterios expuestos por el Gobierno de la Nación, será como máximo del 50% por cada grupo de edad. En el caso de superar la ratio máxima establecida y completar dicho aforo, el centro deberá adoptar las medidas organizativas dentro de su autonomía pedagógica y de gestión.

Este párrafo no ha pasado de largo por los grupos de directores e inspectores educativos, que se llevan las manos a la cabeza en cuanto a según parece y en el caso de que el ratio máximo del aforo de los colegios se supere, deberán de improvisar y tomar medidas de manera autónoma para salvaguardar la seguridad de los menores. Aulas, patios, gimnasios, vías de acceso, controles de entrada y salida, etc. ¿Isabel Ayuso ha pensado por un momento en cómo se gestiona un centro educativo? ¿La Presidenta de la Comunidad ha reflexionado sobre el control que se puede ejercer sobre un alumno de infantil?

Hacer política no es fácil. Hacer política en unas condiciones de pandemia y con casi 50.000 fallecidos en lo que llevamos de la misma, es todavía más difícil. Pero lo que es imposible de entender, es la forma que tienen de pensar nuestros políticos, en este caso los que están al frente de la Comunidad de Madrid y de sus consejerías, cuando leemos una resolución que manda a niños de tres años a la primera línea de fuego, de manera voluntaria y siempre que se cumplan todas las garantías sanitarias.